En general, las Constituciones han definido la normatividad de los estados de excepción, en función de períodos en que la necesidad de proteger intereses supuestamente hace necesario suspender el imperio de cierteas garantias. En el caso del Perú es fiel reflejo de esta constatació por tratarse de un país cuya herencia constitucional es importada, con profundos desajustes entre los textos y la realidad. Ello ha ocasionado que dicha esencial parte de toda constitución esté en nuestro medio legislada superficial y a veces irresponsablemente. Al estar en juego los derechos básicos del individuo, se comprende el por qué de la necesecidad de regular minuciosamente la protección constitucional de los mismos.

La protección jurisdiccional de los derechos humanos durante el estado de excepción, no es, a pesar de que nuestra realidad podría indicar lo contrario, un tema desarrollado por la doctrina y jurisprudencia nacionales. La novedad viene de Argentina, donde tras un largo proceso de violaciones a los derechos humanos, el Poder Judicial decide verificar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas en relación a las acciones de garantía que se venían presentando.

Crecimiento sustancial. Con estas dos palabras muy bien podríamos describir el rápido progreso económico que viene experimentando nuestro país en la última década. El nivel en que ha crecido nuestro Producto Bruto Interno nos ubica por encima de la mayoría de nuestros pares latinoamericanos. El 2008 lo cerramos con un espectacular crecimiento de 9.8% y el año pasado, aun en medio de una crisis mundial, pudimos terminar con cifras “en azul”. Sin embargo, también existen otros datos. Unos que no se celebran con tanta algarabía, no se anuncian con bombos y platillos por los gobiernos, y no suelen ocupar las primeras planas de los diarios: el Perú sigue siendo un país en extremo desigual. Para el 2008 –aquel año en que el crecimiento superó todo tipo de expectativas y proyecciones– se calcula que el ingreso promedio per cápita del primer decil (el 10% de la población más pobre) era apenas el 4% del ingreso del décimo decil (el 10% de la población más rica). La ciudad de Lima no es ajena a esta tendencia, donde el ingreso promedio per cápita, al año 2008, del primer decil era, exiguamente, el 6.79% de los ingresos del décimo decil

La presente investigación se divide en cuatro capítulos que desarrollan, desde el punto de vista del derecho constitucional, el concepto y alcances del control de convencionalidad en el derecho peruano y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Un elemento presente a lo largo de la tesis es que el control de convencionalidad es un deber que atañe a las jurisdicciones nacionales –en específico el caso del juez constitucional peruano– y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien es cierto, la competencia de la Corte IDH se activa de forma subsidiaria y son los jueces nacionales los primeros llamados a llevar a cabo este tipo de examen normativo en el marco de su jurisdicción, también se puede afirmar que existe una relación de coordinación, cooperación y complementariedad entre la justicia constitucional y la justicia interamericana que se refleja en la constante interacción entre ellas –todo ello es distinto al concepto de concurrencia de jurisdicciones –. En ese sentido, la investigación plantea que a través de este control las jurisdicciones constitucional e interamericana cumplen un rol de garantes frente a las acciones u omisiones del legislador y de los jueces nacionales. Asimismo, se establece que el control de convencionalidad se desarrolla en un contexto de constante diálogo entre la judicatura nacional y la Corte IDH.

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU

Esequiel Pacheco Tavera. 34 años. Casado y con 3 hijos. Proveniente de una familia en situación de pobreza, trabajaba lavando carros en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima. Un día, fue atropellado por un auto. En la posta médica le dijeron que sólo tenía un leve hematoma. No obstante, luego de un par de meses, su situación se agravó. Le era difícil poder comunicarse; su familia lo veía comportarse de manera extraña. Un día salió a la calle sin vestimenta alguna, por lo que fue detenido por un agente policial que lo vio. Luego de forcejear con dicho policía, Esequiel fue llevado a un centro penitenciario, donde fue golpeado y aislado en una pequeña habitación. Dos semanas después, fue hallado muerto debido a que no recibió atención médica. Nunca le dijeron las razones de su detención, ni fue llevado ante una autoridad para determinar la validez de la misma. Ignacio Soldevilla Reátegui. 10 años. Vivía con sus padres y asistía a una escuela privada de educación primaria. Su profesora se empezó a dar cuenta de que Ignacio no prestaba atención durante las clases y que su rendimiento académico era muy bajo. El problema radicaba en que desde que empezó el colegio, siempre mostró esa conducta, solo que ahora se había acrecentado. Un par de semanas después de un examen, dos agentes de una institución mental estatal acudieron a su casa y se lo llevaron a dicho centro. No pudo comunicarse con sus padres durante la primera semana, ya que los médicos argumentaban que estaban “verificando” la salud del menor. El proceso judicial para determinar su situación ha durado un año y medio y todavía no hay resolución firme. Asimismo, se le ha impedido participar de las actuaciones procesales.

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial.

Los derechos humanos son considerados como aquellos atributos que tiene el ser humano en su condición de tal. En las últimas décadas, el debate concerniente a la forma en la que las empresas impactan sobre estos y la responsabilidad que ello conlleva ha ido creciendo y cobrando mayor importancia a nivel internacional. Las empresas, como sabemos, se han convertido en un actor muy importante a nivel internacional que, en muchos casos, influye en las actuaciones de los Estados y llegan a afectar su soberanía. Si bien distintas iniciativas han buscado regular ello (ya sean provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos u otros), ninguna ha generado un cambio real. Mientras tanto, una gran cantidad de personas ha sido víctima del desarrollo de las operaciones empresariales, sean del sector minero, textil, hidrocarburos, construcción, banca, salud, entre otros. A nivel nacional e internacional, el sector privado vulnera los derechos humanos y son muchos los Estados (principalmente los subdesarrollados) que han experimentado las complejidades inherentes a la gestión y regulación de este aspecto. Frente a ello, en 2011 (y tras algunas iniciativas poco exitosas de regulación) surgieron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante Principios Rectores), iniciativa impulsada por la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU). Este instrumento buscó, desde un principio, brindar lineamientos para los Estados y las empresas en tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, en miras a evitar una vulneración de los derechos humanos por parte del sector privado.

En derecho, la prescripción es la regla y la imprescriptibilidad la excepción. Si bien el debate en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal no es nuevo, con la modificatoria del artículo 41° de la Constitución proclamando la imprescriptibilidad de los “supuestos más graves”, es necesario abordar el sentido detrás de la controvertida fórmula. Por ello, a través del presente trabajo abordaremos el desarrollo de la fórmula “supuestos más graves” bajo el análisis del fundamento de la institución de la prescripción, el nexo entre corrupción y derechos humanos - incidiendo en la identificación de la relación de causalidad y la identificación del nivel de víctima – y su impacto diferenciado en personas o grupos en especial situación de vulnerabilidad. / Trabajo académico

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación.