A lo largo de la historia, los migrantes se han encontrado carentes de un trato respetuoso y libre de sesgos, siendo en innumerables oportunidades blanco de injusticias y persecuciones. En materia jurídica, actualmente existen distintas leyes y mecanismos que le brindan protección al migrante. Sin embargo, casos como el de Jesús de Mesquita Oliviera demuestran que, en el Perú, aún se producen vulneraciones a los derechos de los migrantes. Lo cierto es que en este particular caso, el fallo inicial que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió sienta un precedente en el cual no solo los derechos de los migrantes son transgredidos, sino también los derechos humanos, derechos de protección a la familia, derecho al debido proceso y de defensa. El objetivo del presente informe jurídico es dilucidar si se debe declarar fundado el recurso de agravio constitucional, en favor de Jesús de Mesquita Oliviera y su menor hija. Posterior al estudio de la situación vivida por los migrantes en el país y el análisis del caso "Migrantes", la conclusión es que la resolución inicial representa una amenaza para el derecho de protección a la familia del agraviado y discrepan con el principio de interés superior del niño en perjuicio de su menor hija. Asimismo, es vulnerado su derecho al debido proceso, y se pone en evidencia el estado inconstitucional de las cosas de la Ley de Extranjería cuando tal sentencia es emitida, así como también del Decreto Legislativo N°1236, pues seguía sin establecer un proceso en el cual el migrante obtenga garantías al recibir una sanción administrativa en su contra.

La presente tesis busca establecer, por un lado, las bases teóricas en relación al discurso de odio en el Perú y en el mundo - tanto en espacios de la vida pública real como en la interacción vía on line - y, por otro lado, su incorporación en la agenda pública y su adecuado tratamiento legislativo. El discurso de odio es una figura atentatoria de las normas que protegen la equidad, la justicia y la dignidad, por lo que resulta necesario su regulación en la legislación nacional. En contextos como el actual, el discurso de odio es paticularmente perturbador de la convivencia pacífica en las sociedades del siglo XXI, sociedades cada vez más multiculturales y diversas, por ello la necesidad de abordar el problema, más aún, cuando organismos internacionales han solicitado la implementación de este tema en la agenda y legislación nacional. En los últimos años, la sociedad peruana ha presenciado crisis políticas, demandas por la igualdad de género, la pandemia del COVID-19, elecciones generales muy politizadas, lo cual alienta preocupantes procesos de precarización social, crisis económicas, desempleo, aumento de la violencia, crisis migratorias, etc que constituyen precisamente los principales argumentos del discurso de odio. Ello sumado a la experiencia humana en el espacio digital que implica el incremento de humillación, denigración y violencia contra grupos, colectivos y personas que se ven cada vez más expuestos al discurso de odio. En un escenario así, resulta imperativo plantear las condiciones y fundamentos para el tratamiento legislativo del discurso de odio en el Perú. La investigación en esta perspectiva, plantea estrategias para incorporar el discurso de odio en la agenda pública y política nacional. Se busca con ello un fortalecimiento de medidas que protejan a las víctimas del discurso de odio, entendiendo que se sopesará un adecuado equilibrio entre las normas que protegen la equidad, la justicia, la dignidad y la libertad de expresión. / This thesis seeks to establish, on the one hand, the theoretical bases in relation to hate speech in Peru and in the world - both in real public life spaces and in online interaction - and, on the other hand, its incorporation in the public agenda and its adequate legislative treatment. Hate speech is a figure that violates the norms that protect equity, justice and dignity, so it is necessary to regulate it in national legislation. In contexts such as the current one, hate speech is particularly disruptive of peaceful coexistence in 21st century societies, societies that are increasingly multicultural and diverse, hence the need to address the problem, especially when international organizations have requested the implementation of this issue in the national agenda and legislation. In recent years, Peruvian society has witnessed political crises, demands for gender equality, the COVID-19 pandemic, highly politicized general elections, which encourages worrying processes of social precariousness, economic crises, unemployment, increased violence, migratory crises, which are precisely the main arguments of hate speech. This, added to the human experience in the digital space, implies an increase in humiliation, denigration and violence against groups, collectives and individuals who are increasingly exposed to hate speech. In such a scenario, it is imperative to raise the conditions and foundations for the legislative treatment of hate speech in Peru. In this perspective, the research proposes strategies to incorporate hate speech in the national public and political agenda. It seeks to strengthen measures to protect the victims of hate speech, with the understanding that an adequate balance between the norms that protect equity, justice, dignity and freedom of expression will be weighed. Keywords:

El presente trabajo tiene por finalidad discutir la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional, emitida a raíz de la demanda de habeas corpus interpuesta por Alberto Fujimori en el Expediente 02010-2020-HC/TC. A través de dicha sentencia se ordenó anular la Resolución Nº 10 del 3 de octubre de 2018 que dejó sin efecto el indulto humanitario otorgado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Se revisa los argumentos esgrimidos por el colegiado respecto a la competencia del Juzgado Supremo para emitir la mencionada resolución, los límites de la discrecionalidad presidencial para el otorgamiento de derechos de gracia y la obligatoriedad de cumplir con las Resoluciones emitidas por la Corte IDH. En ese sentido, se cuestiona la suficiencia de los argumentos esgrimidos en la Sentencia en cada uno de los puntos señalados y el cambio repentino de postura respecto a la integración de las resoluciones provenientes de tribunales internacionales. Finalmente, se dan alcances de un análisis que, además de considerar el contexto político en el que se desarrollaron los hechos, aborda la labor de verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de un indulto, adaptando estos últimos en la medida que sean necesarios para asegurar la constitucionalidad y convencionalidad de la decisión. / The purpose of this paper is to discuss Judgement 78/2022 of the Constitutional Tribunal, issued following the habeas corpus petition filed by Alberto Fujimori in Case File 02010-2020-HC/TC. Through this judgement, the annulment of the Resolution Nº 10 of October 3, 2018, which nullified the humanitarian pardon granted to Fujimori by former president Pedro Pablo Kuczynski in 2017, was ordered. This paper reviews the arguments presented by the court regarding the jurisdiction of the Supreme Court to issue said resolution, the limits of presidential discretion in granting such clemency, and the obligation to comply with resolution issued by the Inter-American Court of Human Rights. In that sense, the sufficiency of the arguments presented in the Judgement on each of the indicated points is questioned, as well as the sudden change in stance regarding the incorporation of resolutions from international courts. Finally, this paper provides insight into an analysis that, besides considering the political context in which the events took place, examines the task of verifying the proper fulfillment of the requirements for granting a pardon, adapting these as necessary to ensure both the constitutionality and conventionality of the decision.

El 8 de marzo de 2019, los señores Alejandro Huilca Pinares, Julián Ochoa Aysa, Alejandra Ochoa Puma y Rodmy Cabrera Espinal fueron sentenciados por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos en agravio del Estado; en consecuencia, se les condenó a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 2 años, se establecieron reglas de conducta y se fijó una reparación civil de 2 mil soles. Esta condena, en los hechos, se basó en la interrupción de una carretera situada en la comunidad campesina de Quehuira, la cual duró aproximadamente 20 minutos, no tuvo muestras de violencia y no generó afectación al Estado o a cualquier otro ciudadano. Los sentenciados apelaron dicha decisión, pero la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac confirmó la sentencia. Por ello, promovieron el recurso de casación frente a esta última decisión; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte de Justicia de la República, declaró infundado el recurso de casación y confirmó la sentencia de primera instancia indicando expresamente que el derecho a la protesta trasluce un desvalor debido a que impone, en cualquier circunstancia, una determinada opinión, incluso aunque ello requiera del acto de lesionar o dañar deliberadamente. Frente a ello, el objetivo del presente informe es analizar si la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte de Justicia de la República se alinea a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / On March 8, 2019, Messrs. Alejandro Huilca Pinares, Julián Ochoa Aysa, Alejandra Ochoa Puma and Rodmy Cabrera Espinal were sentenced for the crime of obstructing the operation of public services to the detriment of the State; consequently, they were sentenced to 4 years of prison suspended for the term of 2 years, rules of conduct were established and a civil reparation of 2 thousand soles was set. This sentence, in the facts, was based on the interruption of a road located in the rural community of Quehuira, which lasted approximately 20 minutes, had no signs of violence and did not affect the State or any other citizen. The defendants appealed the decision, but the Criminal Appeals Chamber of the Superior Court of Justice of Apurimac confirmed the sentence. However, the Permanent Criminal Chamber of the Court of Justice of the Republic declared the appeal unfounded and upheld the first instance sentence, expressly stating that the right to protest has a devaluation because it imposes, in any circumstance, a certain opinion, even if it requires the act of deliberately injuring or damaging. In view of this, the purpose of this report is to analyze whether the decision of the Permanent Criminal Chamber of the Court of Justice of the Republic is in line with the standards of International Human Rights Law.

Desde su formación, la Corte IDH ha atendido un largo número de casos de violaciones de derechos humanos, entre los que ha analizado investigaciones sobre presuntas violaciones sexuales y la comisión de violencia institucional. En dicho contexto, surge la necesidad urgente de adecuar la legislación interna de los Estados para abordar estos temas. El presente artículo tiene como objetivo exponer las obligaciones establecidas jurisprudencialmente por la Corte IDH sobre legislación para prevenir y erradicar la violencia sexual e institucional. Así, a partir de un análisis de los casos históricos de la Corte, se identificaron diversos tipos de estándares interamericanos correspondientes al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención Americana y la Convención Belém Do Pará. Todos estos expresan deberes relacionados a la creación, modificación y derogación de normativa con la finalidad de promover la igualdad legal y prevenir la comisión de violencia sexual e institucional. / Since its formation, the Inter-American Court has heard a large number of cases of human rights violations, among which it has analyzed investigations into alleged sexual violations and the commission of institutional violence. In this context, there is an urgent need to adapt the domestic legislation of States to address these issues. The objective of this article is to expose the obligations established jurisprudentially by the Inter-American Court on legislation to prevent and eradicate sexual and institutional violence. Thus, based on an analysis of the Court's historical cases, various types of inter-American standards were identified corresponding to compliance with the obligations assumed by the States parties to the American Convention and the Belém Do Pará Convention. All of these express duties related to the creation, modification and repeal of regulations with the purpose of promoting legal equality and preventing the commission of sexual and institutional violence. / Trabajo académico

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer las representaciones sociales que se tienen sobre las reparaciones simbólicas en profesionales que trabajan temas sobre derechos humanos en Ayacucho. De manera específica, la investigación busca describir y explorar las creencias, actitudes y prácticas que comprenden tales representaciones. Para ello, se realizó un estudio cualitativo con 14 profesionales que se encontraban trabajando en Ayacucho, en donde se aplicó una entrevista semiestructurada elaborada por la investigadora. Los resultados describen la reparación simbólica a través de tres áreas de análisis: Verdad, Justicia y Memoria. Los resultados son discutidos en relación a las particularidades que enfrentan ciertos países después de un contexto de violencia. Asimismo se realizan comparaciones con estudios que ponen en debate el uso de rituales de justicia transicional, desde las particularidades contextuales donde se llevó a cabo la implementación de las reparaciones por la violencia en el departamento de Ayacucho. / The primary objective of this study is to understand the social representations of symbolic reparations among professionals that work in human rights issues in Ayacucho. The researcher seeks to describe and explore the beliefs, attitudes and practices in relation to this theme. Employing qualitative research methods, the study includes 14 professionals working in Ayacucho, who all participated in semi-structured interviews developed by the researcher. The results describe the symbolic reparations through three areas of analysis: Truth, Justice and Memory. The results are discussed in relation to the formative period countries go through following episodes of violence, and they are compared with studies that discuss the use of transitional justice rituals, specifically where reparations are implemented in the department of Ayacucho.

En los últimos años vienen presentándose dos procesos paralelos y en constante tensión en el continente americano, especialmente en América Latina. A partir de los años noventa se ha promovido la inversión como parte del modelo de desarrollo, lo cual ha aumentado significativamente las inversiones privadas como consecuencia, entre otros factores, del fomento hecho por los Estados a través de la desregularización de la actividad empresarial y la ausencia de estricta fiscalización y supervisión. De otro lado, desde la década de los noventa, en varios países de la región ha tenido lugar el reconocimiento a nivel constitucional de derechos de los pueblos indígenas, lo que se suma al rápido desarrollo del reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el plano internacional y en particular, de sus derechos sobre los territorios ancestrales y recursos naturales en el ámbito interamericano. Para los Estados ello ha supuesto importantes desafíos vinculados no solo a su obligación de adaptar sus ordenamientos internos, y a la creación de brechas importantes entre avances constitucionales o legislativos, sino también a la efectiva aplicación de las normas, la funcionalidad institucional y la vida diaria de los pueblos indígenas del continente. Por ello, el reto recae en gran medida en la implementación normativa y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también hay causas estructurales que están en la base de muchas de las violaciones a sus derechos, como la existencia de una profunda discriminación, enraizada a lo largo de siglos de historia, la cual permea el aparato estatal. La falta de consulta para la imposición de una hidroeléctrica a pesar de las miles de vidas humanas en riesgo, la destrucción de comunidades enteras para la implementación de proyectos económicos, la venta a terceros de tierras históricamente ocupadas por pueblos indígenas, son expresiones acostumbradas de esta discriminación, traducidas en desinterés e indiferencia.

El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.

El estudio contiene un análisis conceptual y normativo del derecho a la alimentación adecuada, y expone las principales características de las políticas alimentarias en Sudamérica. Efectúa un monitoreo del cumplimiento de las obligaciones del Estado paraguayo con relación al derecho a la alimentación adecuada, en base al PIDESC y a las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación de la FAO.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)