El presente informe tiene por objetivo realizar una valoración jurídica con enfoque de género de los aspectos sustantivos del caso Gladys Carol Espinoza Gonzáles vs. Perú. En 1993, Gladys Carol fue detenida, procesada y condenada durante la vigencia de una legislación antiterrorista de emergencia que suspendió garantías procesales y concedió máximas licencias a las fuerzas armadas y policiales, instituciones hiper masculinizadas y violentas. Para ello, tras la exposición de los hechos del caso (fondo, contexto y procedimiento) e identificar los problemas jurídicos, se procede a realizar el análisis del caso a partir de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la materia. Se encuentra así que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por incumplir la obligación de proteger y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección contra penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Gladys Carol. Interesa, a efectos de este trabajo, conocer los impactos diferenciados de estas vulneraciones en la vida de las mujeres desde un análisis interseccional, así como visibilizar nuevas aristas del caso que no fueron apreciadas en la resolución.

El objetivo principal de este trabajo de investigación es demostrar que el Estado peruano vulnera el derecho a la salud de las personas con PTP, solicitantes de la condición de refugiado y personas en situación de irregularidad, debido a que no cuentan con acceso al SIS. La metodología para alcanzar este objetivo se basa, principalmente, en aplicar un análisis dogmático, sistemático y teleológico de la normativa nacional e internacional; así como también la revisión de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Este trabajo inicia identificando el derecho a la salud como un derecho humano por los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y conociendo el uso correcto de los términos de la migración internacional. En la segunda parte, se identificará el reconocimiento del derecho a la salud y el sistema migratorio en el cuerpo normativo peruano. Además, se conocerá la organización y estructura del sistema de salud peruano, con la intención de entender por qué el SIS es el servicio de salud al que las personas de los grupos objetivos deben tener acceso. La tercera parte tiene como enfoque principal exponer cómo el Estado peruano vulnera el derecho a la salud de las personas migrantes mediante la violación de los estándares de igualdad y no discriminación; disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; y acceso a medicamentos esenciales, a través de barreras que no permiten a los grupos objetivos acceder a servicios brindados por el SIS.

No es posible hablar de democracia y justicia social en un contexto donde la defensa del ambiente es obstaculizada, perseguida y estigmatizada. Se hace imprescindible que el Estado adopte medidas para la protección del ambiente y para compensar los efectos negativos del cambio climático, y como parte de ello, debe garantizar la labor de las y los defensores ambientales. Como parte de las obligaciones nacionales e internacionales, el Estado peruano adoptó el denominado “Plan Nacional de Derechos Humanos” (En adelante Plan, Plan Nacional o PNDH) y el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” (En adelante Protocolo o PPPDDH). Esta investigación brinda un diagnóstico sobre la eficacia de dichos instrumentos, en relación con las necesidades de las personas defensoras del ambiente en Cajamarca. Para ello, se ha examinado: el diseño del Plan y el Protocolo a la luz de las normas y estándares nacionales e internacionales; la actuación del Estado y el Gobierno Regional en la implementación del Plan Nacional y el Protocolo; y finalmente la percepción y valoración de los actores sociales involucrados en la protección y garantía de las y los defensores ambientales en sus territorios. La investigación es un estudio de caso, de tipo cualitativa toda vez que intenta definir si el Estado ejecuta de manera eficaz el Plan Nacional y el Protocolo para la protección de defensores. Frente a esta problemática, lo que encontró la investigación es que tanto el Plan Nacional como el Protocolo, constituyen un avance importante en el reconocimiento del rol de las y los defensores; sin embargo, hay enormes vacíos en la implementación de las acciones previstas, pues no responden a necesidades ni enfoques del territorio. Es evidente que el proceso de elaboración no fue participativo en los territorios y, por lo tanto, hay desconocimiento de este en Cajamarca, en donde las y los defensores no se sienten incluidos, ni reconocidos. También se encontró que no hay recursos económicos y técnicos destinados por parte del Estado para la implementación de los mecanismos establecidos y falta articulación interinstitucional en a nivel nacional, regional y local. Por otro lado, queda establecido que hay profunda desconfianza en entidades como la Policía nacional y la fiscalía, lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de las autoridades al momento de elaborar estos mecanismos y establecer roles y medidas, pues es fundamental crear confianza, canales de comunicación y legitimidad para su actuación. Finalmente, se encontró que el Estado debe comprometerse con la adopción de una política pública para la prevención y protección de carácter integral, y que tenga un enfoque diferencial, territorial y de género construida desde los territorios.

La presente investigación expone, desde una aproximación cualitativa y cuantitativa, el desarrollo del derecho a la integridad personal desde el ámbito jurisprudencial nacional e internacional. Se sostiene tanto de la revisión de un conjunto de sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, así como también de las provistas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los objetivos de esta investigación están orientados, en primer lugar, a revisar la construcción del derecho a la integridad personal desde sus más antiguos antecedentes: los Diarios de Debates de las Comisiones Constitucionales en la Asamblea Constituyente (1979) y el Pleno del Congreso (1993). En segundo lugar, a explorar la jurisprudencia pertinente en ambos fueros peruano e interamericano e identificar qué conceptos resultan indesligables para la construcción del derecho fundamental a la integridad personal. Y, por último, en tanto existe mediado consenso sobre la construcción constitucional de la dimensión física de la integridad, revisar con mejor detenimiento la posición constitucional y de derechos humanos que han tomado las dimensiones psíquica y moral del derecho estudiado. Esto último nos permitirá observar si las construcciones de derechos humanos del fuero interamericano podrían ser recogidas -o si lo fueron- en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.

La presente investigación busca abordar la problemática de la discriminación en la ciudad de Ica, como vulneración a los principios y derechos de la igualdad y no discriminación, a través de sus diversas manifestaciones como son la discriminación por origen, lugar de residencia, racismo, homofobia, entre otros. Asimismo, se verifica las hipótesis planteadas: i) de que en la sociedad iqueña, se vive de manera muy profunda la discriminación en sus diversas manifestaciones, y que la misma ciudadanía trata de verlo como una situación "normal" y muchos no aceptan su existencia o haber sufrido en algún momento un trato discriminatorio; y, ii) la falta de denuncias formales es debido al desconocimiento de las normas que nos protegen de todo tipo de discriminación, así como la ausencia de políticas públicas contra la discriminación.

busca estudiar la atención brindada en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/Sida del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). La importancia de la atención brindada en la Estrategia radica en que una buena atención favorece la adherencia al TARGA. Esta atención puede medirse en base al cumplimiento de los estándares, a la calidad de los insumos y a la calidez del servicio. Esto último resulta de suma importancia ya que la calidez implica el trato directo persona a persona. Así, ella se evalúa a través de estudios comunicacionales tal como el que se realiza en la presente tesis. De este modo se busca comprender la relación comunicacional existente entre personal de salud y personas viviendo con VIH en la atención brindada en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Para realizar el análisis de la investigación se optó por una metodología cualitativa que incluyó observación directa no participante, entrevistas a profundidad semi estructuradas y entrevistas informales. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 19 de enero y el 12 de abril del 2010. La selección de una metodología cualitativa responde a la necesidad de conocer el punto de vista de los informantes directamente en campo. En efecto, el interés de la presente investigación no se encuentra en tomar mediciones exactas sino en conocer la atención brindada en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA del HNAL y así comprender los mecanismos y causas de los conflictos y las estrategias de comunicación desarrolladas por las personas viviendo VIH. En conclusión, existen problemas tanto en la infraestructura ofrecida por el HNAL, la relación establecida con el personal de salud, la concepción existente del derecho a la atención en salud, y la calidez en el servicio; siendo esta última la que posee mayores problemas, lo que limita la adherencia de las personas viviendo con VIH al tratamiento., y así, pone en riesgo el objetivo perseguido por la Estrategia. Esta calidez del servicio es sólo medible a través de un análisis comunicacional de la relación que se establece entre el personal de salud y las personas viviendo con VIH que ahí se atienden y por lo tanto, se constituye en el principal problema comunicación de la Estrategia.

En el clímax de la historia que relata J. M. Coetzee en su novela Esperando a los bárbaros, el viejo magistrado trata, en vano, de evitar una brutal escena de violencia contra los “bárbaros” perpetrada por el ejército de “El Imperio”. Mientras lo arrastran malherido a su celda, reflexiona: ¿Hubiera osado enfrentarme a esa multitud en demanda de justicia para esos ridículos prisioneros bárbaros con el trasero al aire? ‘Justicia’: una vez que se ha pronunciado esa palabra, ¿hasta dónde nos conducirá? Más fácil es gritar ‘¡No!’ Más fácil es ser apaleado y convertido en mártir. Más fácil es poner la cabeza en el tajo que defender la causa de la justicia para los bárbaros: porque ¿adónde puede llevarnos esta causa sino a deponer nuestras armas y abrir las puertas del pueblo a aquellos cuya tierra hemos invadido?2 (Coetzee 2013: 159). La reflexión de este personaje se convierte en una dolorosa tragedia por dos motivos: porque la dice solo para sí, sin hacerla pública, y porque la pasión silenciosa de donde surge es una mezcla de indignación e impotencia extrema y desgarradora. El magistrado solo enuncia, a pesar de que su cargo le exige que se haga justicia, y por ello su reflexión es más cruda. Y es que si, a pesar de su evidente necesidad, la justicia ha sido ignorada tanto tiempo, descubrir que se tiene responsabilidad por su ausencia cuando es demasiado tarde puede ser abrumador; ejercerla en ese momento puede sonar descabellado, temerario. Sin embargo, la reflexión del juez no se asume aquí como una revelación o una solución que prevenga, por ejemplo, el abuso y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es imposible, debido a la estructura política, jurídica y social, y a las relaciones que vinculan a estos pueblos con las sociedades llamadas modernas en un mundo globalizado. Pero aún así, en el momento de más angustia y desesperanza, ¿quién no reclamaría la mayor retribución para quienes hemos visto sufrir y ser agraviados?, ¿quién no reclamaría justicia? Entonces, el objetivo debería ser evitar llegar a aquel momento de angustia y concebir la justicia que se demanda mientras exista posibilidad de reparar el agravio, de compensarlo al menos y no solo reconocerlo y lamentarlo. Con la intención de brindar una herramienta para ello, este trabajo explora la postura histórica que ha tenido y tiene el Tribunal Constitucional (TC o Tribunal), una de las instituciones de justicia más importantes de gran parte de los actuales Estados modernos, sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Naturalmente, este análisis se realiza en el marco de su especial función jurisdiccional y, por ende, a través de su jurisprudencia 3 histórica sobre el tema. Lo que se pretende es desenhebrar el razonamiento del Tribunal en el desarrollo de sus sentencias desde que empezó a ser receptor de las demandas de justicia de los pueblos indígenas o en aquellos casos en los que no hubo demandas explícitas, pero en los que existió un perjuicio que se pudo evitar o remediar. Éste puede haber oscilado entre un enfoque asimilacionista, expresado en la desasistencia más corrosiva, u otro intercultural, que supone un reconocimiento más inclusivo. Descubrir y analizar críticamente cuáles fueron y son los enfoques privilegiados por el TC permitirá tener una mayor claridad sobre su devenir jurisprudencial respecto del tema en cuestión. De hecho, el recorrido que se hace aquí a través de las 21 sentencias consideradas aquí de temática indígena nos revela dos cosas: la sinuosidad de la ruta trazada por el Tribunal en la búsqueda de su propia tendencia sobre los derechos de estos pueblos (incluso en periodos en los que su composición es básicamente la misma), y su peligroso encauzamiento hacia una postura multicultural muy limitada e incluso restrictiva. Ambas afirmaciones se evidencian por revelaciones expresadas en las distintas y constantes contradicciones del TC, sea en la argumentación de una misma sentencia en particular (entre su retórica y sus fallos), o entre sus propias sentencias. A partir de este análisis, se puede elaborar un discurso argumentativo orientado a redirigir la postura más circunscripta o fortalecer la más progresista. Al final, tal vez no podamos evitar sentir la misma angustia del magistrado de Coetzee, pero por lo menos secundaremos las demandas de justicia, las enunciaremos sin vacilaciones, sabiendo que lo hemos hecho a tiempo. Por último, el título de este trabajo no solo alude a las contradicciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha tenido el Tribunal, especialmente entre su discurso y las consecuencias de sus fallos, también hace referencia al antiguo dios romano Jano, a su funcionalidad dual, compartida por el Tribunal. En efecto, el doble potencial del TC (a veces contradictorio) implica una misión hegemónica y contrahegemónica, de afirmación del status quo y de cambio, siempre en pugna A continuación se señalan algunas precisiones metodológicas sobre los criterios usados para el análisis de las sentencias, para luego presentar la estructura de este trabajo.

El presente trabajo de investigación busca analizar cómo se asocian los discursos feministas sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con respecto a lo desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema se justifica en que, dada la dinámica social de desigualdad que siguen experimentando las mujeres en el ámbito de su sexualidad y reproducción, hay una necesidad de profundizar en el estudio de las soluciones que brinda el Derecho ante ello. Y así determinar en qué medida estas soluciones son acertadas en tanto involucran un enfoque sociológico, al acoger las demandas y planteamientos de aquellas que son quienes enfrentan la opresión social en el día a día. En este análisis, se realiza una aproximación general del estado de la cuestión de los referidos discursos feministas y, luego, se analiza dos sentencias de la mencionada Corte Interamericana en las que se abordó, de modo significativo, temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Se concluye que la referida Corte Interamericana se mantiene en la defensa de las nociones básicas de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ligados al derecho a la vida íntima, a formar una familia, entre otros; pero aun no alude a aquellos contenidos más “transgresores” de dichos derechos que involucran prácticas sexuales no reproductivas, como el derecho al placer sexual de la mujer o las prácticas de esclavitud sexual, entre otros. Con ello, los discursos feministas siguen estando en avanzada en comparación al desarrollo jurisprudencial de la mencionada Corte.

Al concluir mis estudios universitarios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú consideré, como modalidad para optar el grado de abogado, realizar una investigación que signifique un valor agregado al pensamiento jurídico y cuya repercusión sea de utilidad al leitmotiv de mi formación profesional: la persona humana. De esta manera, el desarrollo de la presente investigación, que asume la modalidad de Memoria Profesional porque involucra el desarrollo de mi experiencia profesional en la Defensoría del Pueblo de Perú en la mediación de los conflictos sociales, tiene un pie en la perspectiva de la reflexión y el otro en la acción. Históricamente, el conflicto, la disputa o controversia han sido lo que más han impulsado al ser humano hacia la evolución. En igual sentido se encuentran los conflictos sociales que constituyen espacios de incertidumbre tanto para las personas como para el Estado. Desde que empezó el siglo XXI, el Derecho no es ajeno al impacto del conflicto social que por su complejidad y novedad en la realidad social, constituye un desafío al pensamiento jurídico y a su efectividad.

El presente trabajo aborda la aplicación de los estándares interamericanos de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ por Perú a través del control de convencionalidad. En ese sentido, nos centraremos en sus dos manifestaciones ("erga omnes" e "inter partes") con base en el análisis de los avances normativos y las sentencias desarrolladas por el Tribunal Constitucional en materia de identidad de género y matrimonio igualitario; así como, aquellas sentencias en las que Perú es parte material del proceso respecto a casos de violencia contra personas LGBTIQ+ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. / The present paper addresses the application of inter-American standards for the protection of the rights of LGBTIQ+ persons by Peru through conventional control. In this regard, we will focus on its two manifestations ("erga omnes" and "inter partes") based on the analysis of the normative advances and the judgments developed by the Constitutional Court on gender identity and equal marriage; as well as those judgments in which Peru is a material part of the process regarding cases of violence against LGBTIQ+ persons before the Inter- American Court of Human Rights. / Trabajo académico