El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978. Entre las diversas obligaciones a las que quedó sometida el Estado peruano, destaca la prohibición de aumento de causales para implementar la pena de muerte para delitos no contemplados al momento de la ratificación. Pese a su adopción, esta disposición ha seguido generando diversas opiniones sobre la posibilidad de un aumento a causales, planteándose su implementación a través de un retiro parcial y la denuncia sobre el Pacto de San José. Ante las constantes propuestas de ampliación de causales previstas en nuestra legislación para la pena de muerte, evaluaremos la posibilidad de hacerlo en el marco la legislación vigente y la o las medidas que habría que adoptar de quererse implementar efectivamente. / Peru ratified the American Convention on Human Rights on July 12, 1978. Among the various obligations to which the Peruvian State was subjected, it highlights the prohibition of increased grounds to implement the death penalty for crimes not contemplated at the time of ratification. Despite its adoption, this provision has continued to generate various views on the possibility of a causal increase, with its implementation raised through a partial withdrawal and denunciation of the San José Pact. Faced with the constant proposals for the extension of causes provided for in our legislation for the death penalty, we will assess the possibility of doing so within the framework of the legislation in force and the measures to be taken if it were to be implemented effectively.

En el Perú existe una insuficiente definición de tortura en el Código Penal y la aplicación de esta afecta los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Mediante el análisis del reciente caso de Azul Rojas Marín ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se busca demostrar cómo el Estado no ha tomado las medidas correctas con respecto al tratamiento del delito de tortura a la población LGTBIQ al interpretar este delito de manera limitada y no acorde a las normas del Derecho Internacional, omitiendo principalmente el enfoque de no discriminación. / In Peru, there is an insufficient definition of torture in the Peruvian Criminal Code and its application affects the fundamental rights of LGTBIQ people. Through the recent analysis of the Azul Rojas Marín case at the Inter-American Court of Human Rights, we seek to demonstrate how the State has not taken the correct measures with regard to the treatment of the crime of torture to the LGTBIQ population by interpreting this crime in a restrictive way and not in line with the regulations of International Law, mainly omitting the non-discrimination perspective.

Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos que viven en sociedad y se relacionan entre sí. Estos deben ser garantizados por parte del Estado; sin embargo, este no suele contar con las herramientas suficientes para lograr su cumplimiento, especialmente el de las poblaciones más vulnerables. Dentro de las consecuencias de esto, se tiene que la población no cuenta con los espacios adecuados para realizar sus prácticas culturales, las cuales son de suma importancia, ya que son vehículos fundamentales para la creación, transmisión y reinterpretación de los valores, actitudes y convicciones a través de los cuales los individuos y las comunidades transmiten el significado que le dan a sus vidas y su propio desarrollo. Es así que la comunicación tiene un papel clave en la cultura, porque implica directamente a las personas y a las comunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus propias vidas y al desarrollo futuro. Por ello, el presente proyecto plantea trabajar, desde la comunicación para el desarrollo, la generación de espacios de participación comunitaria dirigidos a los stakeholders1 inmediatos del proyecto de cultura viva comunitaria “Quijote para la Vida”, ubicado en el AA. HH. de Santa Rosa en el distrito de Puente Piedra, Lima, Perú. Este proyecto tiene como propósito formar niños y niñas líderes con la capacidad de ejercer una ciudadanía democrática a través del arte y la cultura. Esto tras haber identificado que el problema comunicacional de esta organización es la ineficiencia de espacios de participación en los que se articulen con sus stakeholders para conocer los intereses de los mismos en torno a actividades culturales. Para ello, se optó por aplicar dos metodologías que garanticen la participación activa y el compromiso del público objetivo del proyecto con el desarrollo de las actividades planteadas en este. En primer lugar, se aplicó la metodología participativa para la comprensión de actores sociales, la cual busca comprender las dinámicas individuales y colectivas. En segundo lugar, se aplicó la metodología de eduentretenimiento, el cual reforzará los conocimientos y habilidades del público mediante elementos educativos con el fin de promover cambios en su comportamiento de manera didáctica y creativa. Al lograrse esto, el “Proyecto Quijote para la Vida” se convertirá en un agente clave de espacios de participación comunitaria dentro de su comunidad y sus stakeholders inmediatos podrán aplicar lo aprendido en estos espacios, en pro de la transformación de su propio desarrollo y el de su entorno. / Human rights are norms that recognize and protect the dignity of all human beings living in society and are interrelated. These must be guaranteed by the State; however, it does not usually have sufficient tools to achieve compliance, especially for the most vulnerable populations. Among the consequences of this, the population does not have adequate spaces to carry out their cultural practices, which are of paramount importance, since they are fundamental vehicles for the creation, transmission and reinterpretation of values, attitudes and convictions through which individuals and communities convey the meaning they give to their lives and their own development. So communication plays a key role in culture, because it directly involves individuals and communities in decision-making processes that affect their own lives and future development. Therefore, the present project proposes to work, from the communication for development, the generation of spaces of community participation aimed at the immediate stakeholders of the community living culture project "Quijote for Life", located in the AA. HH of Santa Rosa in the district of Puente Piedra, Lima, Peru. This project aims to train child leaders with the ability to exercise democratic citizenship through art and culture. This after having identified that the communicational problem of this organization is the inefficiency of spaces of participation in which they articulate with their stakeholders to know their interests around cultural activities. To this end, two methodologies were applied to ensure the active participation and commitment of the project's target audience to the development of the activities proposed in the project. First, the participatory methodology was applied for the understanding of social actors, which seeks to understand individual and collective dynamics. Secondly, the edutainment methodology was applied, which will reinforce the knowledge and skills of the public through educational elements in order to promote changes in their behavior in a didactic and creative way. When this is achieved, the "Quijote para la Vida” will become a key agent of community participation spaces within its community and its immediate stakeholders will be able to apply what they have learned in these spaces, in favor of the transformation of their own development and that of their environment.

El presente trabajo versa, fundamentalmente, sobre los problemas jurídicos y políticos de la aplicación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Preliminarmente se realiza una breve reseña histórica de la Doctrina y se analizan los principales elementos teóricos y normativos que la componen. Con dicha base jurídica la investigación se avoca a determinar si la Responsabilidad de Proteger puede fundamentar el uso de la fuerza unilateral por parte de un Estado en respuesta a violaciones graves y sistemáticas de Derechos Humanos en otro Estado. Con este objetivo central, se analizan los tres ejes problemáticos que enfrenta la Responsabilidad de Proteger, esto es, el jurídico, el político y el práctico. Para dicho análisis se contrastan las dos posturas enfrentadas más importantes sobre la R2P: a favor (o la primacía de los Derechos Humanos) y en contra (o de rechazo al intervencionismo). / This paper focuses mainly on the legal and political problems of the application of the Responsibility to Protect (RtoP) doctrine. A brief historical review of the doctrine is made in advance and the main theoretical and normative elements that compose it are analyzed. With this legal foundation, the investigations seeks to determine whether the Responsibility to Protect can be used as a basis for the unilateral use of force by a State in response to serious and systematic human rights violations in another State. With this central objective in mind, the three problematic lines that the Responsibility to Protect faces are examined: the legal one, the political one and the practical one. In this analysis, the two most important conflicting positions on the issue are contrasted: in favor (or the primacy of the defense of human rights above everything else) and against (or the rejection of interventionism).

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.

El Perú, entre los años 1980 y 2000, vivió un periodo de violencia política, de acuerdo con lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento estableció la violación de derechos humanos en miles de personas y recomendó que las denuncias sean investigadas por el Ministerio Público La labor se realizó desde 2004, tras la constitución de un subsistema especializado en la materia. Empero, de un estudio al año 2020, se detectó casos que continuaban en trámite correspondiente al periodo de violencia, ante lo cual se infirió la posible “inoportunidad”, así como un inadecuado desempeño de los servicios fiscales. Se identificó el problema público: “Inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980-2000, vigentes al 2020”. Al jerarquizar las causas, se verificó que la carencia de información actualizada y exacta genera mayor impacto en el problema, al impedir su impulso. Esta investigación plantea una solución innovadora para enfrentar el problema identificado: crear una Oficina General Especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, que asuma el rol de diseñar, proponer y evaluar la situación de casos de violación de derechos humanos. También sugeriría estrategias para viabilizar el impulso de las investigaciones y procesos en instancias fiscales o judiciales, y contribuiría con la asunción de un rol efectivo del Ministerio Público, en favor de la sociedad. / In Perú, between 1980 and 2000, a period of political violence occurred. This is in accordance with the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission, which recommended that complaints regarding alleged human rights violations be investigated by the Public Ministry. Work has been ongoing since 2004, with the establishment of a specialized subsystem. However, a study conducted prior to 2020 revealed that there were cases still being processed from that period, indicating alleged delays and inadequate service. This led to the identification of a public problem: “Inopportune attention to complaints in the field of Human Rights by the Public Ministry at the national level, related to the period of political violence from 1980- 2000, valid until 2020" To address this issue, a thorough analysis identified that the lack of updated and accurate information was the root cause with the most significant impact on the problem. This lack of information hindered the development of strategies and initiatives to address the issue effectively. As a result, this study proposes an innovative solution to tackle the identified problem. It suggests the establishment of a General Office Specialized in Human Rights within the Public Ministry. This office would be responsible for designing, proposing, and evaluating cases related to human rights violations and associated crimes. It would also recommend strategies to facilitate investigations and legal proceedings, thus enhancing the Public Ministry's role in these cases and benefiting society as a whole.

El objetivo principal es determinar el grado de desarrollo e institucionalización en la formación y enseñanza de la seguridad y defensa en el Perú entre el 2000 y el 2011. Toma como unidades de análisis tres reformas llevadas a cabo durante las gestiones de los ministros de Defensa Aurelio Loret de Mola (2002-2003), Roberto Chiabra León (2003-2005) y Allan Wagner Tizón (2006- 2007); así como las propuestas surgidas desde la sociedad civil. Esta investigación considera necesario evaluar las relaciones civiles-militares por su impacto en el grado de institucionalización en la formación y educación en seguridad y defensa. La investigación es básica, exploratoria, no experimental u observacional; haciendo uso de fuentes documentales y de gabinete; aplicando un enfoque cualitativo. La investigación forma parte de los estudios de política comparada. Las unidades de observación fueron las instituciones públicas –civiles y militares- y privadas dedicadas a la formación y educación en seguridad y defensa. Las fuentes fueron un conjunto de investigaciones en historia, ciencia política comparada, sociología política y sociología militar. Se realizó en la ciudad de Lima y se recopiló información de bibliotecas públicas y privadas. De la investigación realizada se concluye que las reformas educativas estuvieron condicionadas por el estado de las relaciones civiles-militares y el financiamiento externo; lo que limitó su institucionalización tanto en el sector público como en el sector privado; así como la conformación de una comunidad académica civil-militar especializada y una burocracia estratégica al servicio del Estado. / The main objective is to determine the degree of development and institutionalization in the training and teaching of security and defense in Peru between 2000 and 2011. It takes as units of analysis three reforms carried out during the administrations of the Ministers of Defense Aurelio Loret de Mola (2002-2003), Roberto Chiabra León (2003-2005) and Allan Wagner Tizón (2006-2007); as well as the proposals arising from civil society. This research considers it necessary to evaluate civil-military relations due to their impact on the degree of institutionalization in training and education in security and defense. The research is basic, exploratory, non-experimental or observational; making use of documentary and cabinet sources; applying a qualitative approach. The research is part of comparative politics studies. The observation units were public - civil and military - and private institutions dedicated to training and education in security and defense. The sources were a set of research in history, comparative political science, political sociology and military sociology. It was carried out in the city of Lima and information was collected from public and private libraries. From the research carried out, it is concluded that the educational reforms were conditioned by the state of civil-military relations and external financing; which limited its institutionalization in both the public and private sectors; as well as the formation of a specialized civil-military academic community and a strategic bureaucracy at the service of the State.

¿Son necesarios los beneficios tributarios en el Impuesto General a las Ventas a las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad se encuentran obligadas a incurrir en la adquisición de bienes o contratación de servicios para poder vivir en igualdad de condiciones. En ese sentido, el gravamen a dichas transacciones puede considerarse un sobrecosto al sobrecosto, ya que, de no encontrarse en situación de discapacidad, no deberían incurrir en estos. Así, es necesario remitirnos a las obligaciones estatales contenidas en la Convención de Personas con Discapacidad y a la Ley General de la Persona con Discapacidad para responder a dicha intriga. En ese contexto, el presente trabajo de investigación busca cuestionarse si el Perú necesita regular beneficios tributarios para las personas con discapacidad en el Impuesto General a las Ventas con la finalidad de cumplir con las obligaciones internacionales y evitar una discriminación indirecta mediante el Sistema Tributario. Para ello, se buscará delinear la estrecha entre la Política Tributaria y los Derechos Humanos por medio de tres vertientes: (i) la recaudación de recursos públicos para la concreción de los Derechos Humanos; (ii) la utilización de la función extrafiscal para reasignar costos y modificar conductas; y, (iii) la injusticia producto del diseño de un Sistema Tributario neutro que no toma en cuenta las desigualdades en la sociedad

El presente estudio analiza las posturas adoptadas por la Corte IDH en la sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú en la determinación de categorías jurídicas, así como en la aplicación de normas jurídicas convencionales sobre las cuales se erige el SIDH. El propósito es problematizar los efectos operativos de dichas posturas en el litigio de casos similares ante el SIDH, evidenciando inconsistencias con su propia jurisprudencia. Este trabajo ofrece comentarios y aportes destinados a fortalecer una línea jurisprudencial más coherente en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. Nos valdremos de la metodología de investigación basada en la teoría analítica y el enfoque crítico propuestos por Olivier Corten para examinar tres problemas jurídicos. Estos son: 1) ¿El tribunal incumplió su obligación de examinar la excepción preliminar presentada por el Perú sobre el no agotamiento de los recursos internos, así como de aplicar las excepciones previstas en el artículo 46.2(a)(b) de la CADH para justificar el examen conjunto de dichas excepciones junto con el fondo de la controversia?, 2) ¿Existe una violación al deber de motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso en relación con la valoración de la prueba y el estándar de prueba aplicado en el contexto y las condiciones de la detención de Azul? y 3) ¿Es la reparación transformadora la opción más adecuada para contrarrestar la violencia institucional y la violencia por prejuicio experimentadas por Azul, considerando la determinación previa de la existencia de ambos tipos de violencia, así como la categorización del caso como tortura por discriminación?

La escuela es un espacio institucionalizado de socialización, y dentro de ella se establecen un conjunto de relaciones que son propias del proceso de formación de valores y de adquisición de normas sociales, en donde los miembros de la comunidad educativa pueden aprender a ser ciudadanos y ejercitar democracia. Creemos que la democracia es una utopía, pero a la vez es un proceso de construcción social. Para esta tarea de construcción permanente de la democracia, se necesitan ciudadanos y ciudadanas que participen activamente. Coincidimos con José Antonio Encinas en que la más alta misión del docente es formar ciudadanos. Por eso, consideramos muy importante conocer lo que acontece al interior de la escuela, cómo se dan las relaciones entre los diferentes actores de la comunidad educativa, de qué manera se promueven o no relaciones que contribuyan a cimentar la democracia, es decir, cómo la escuela prepara o no para la vida y para vivir en democracia, todo ello como parte de su tarea de ser formadora de sujetos con valores y actitudes democráticas.