La comunicación estratégica para la incidencia política ha sido pocas veces estudiada, pero muchas veces procurada y empleada en las acciones desplegadas por movimientos sociales. A esto se suma la necesidad de sistematizar casos de incidencia para generar evidencia de los aprendizajes. Esta tesis busca analizar el proceso estratégico de comunicación de la iniciativa Reforma Trans PUCP, considerada la primera iniciativa por el reconocimiento de la identidad de género en una universidad peruana. Para ello se parte de las consideraciones teóricas de los Nuevos Movimientos Sociales y la propuesta iberoamericana de la Nueva Teoría Estratégica. La metodología empleada es el estudio de caso, y es enfocada en la descripción y análisis de las tres etapas clave del proceso de incidencia: la formulación y planificación de la estrategia comunicacional, las dinámicas de comunicación generadas al interior del grupo impulsor y el vínculo desarrollado con los aliados y opositores de la Reforma Trans. Para ello se realizaron entrevistas y grupos focales a miembros de la agrupación y entrevistas a los aliados y opositores. Se analizan las contribuciones que generó la intervención comunicativa en la estrategia de incidencia. Así mismo, se destacan las reflexiones que problematizan sobre las capacidades desarrolladas al interior de la agrupación para el liderazgo de la iniciativa y de las vocerías, así como para la apropiación de la misma por parte de los miembros y el cuidado entre ellos. Esta investigación pone en evidencia la importancia de una visión estratégica de la comunicación para la incidencia que se adapte a nuevas problemáticas, nuevas iniciativas y nuevos contextos. Reforma Trans es un caso en el que los parámetros estratégicos de la incidencia y la comunicación se reconfiguran y generan nuevos aprendizajes tanto para los que impulsan las iniciativas como para los que analizan y estudian estos casos

Desde 2016, la educación sexual ha sido un tema recurrente en la agenda pública nacional del Perú. En ese contexto, esta investigación busca determinar si esta resulta exigible al Estado peruano con base a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y de ser así, establecer si viene cumpliendo con ello. Con ese propósito, este trabajo comienza determinando la naturaleza jurídica de la educación sexual en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Seguidamente, analiza si los cuestionamientos que suelen presentarse contra ella tienen una respuesta desde esta rama del Derecho. Finalmente, esclarece si el Estado peruano tiene una obligación respecto de la educación sexual, determina a qué se encontraría obligado y analiza las acciones que ha emprendido en la materia. La hipótesis de la que se parte es que a pesar de los argumentos que suelen presentarse en contra de la educación sexual, esta tiene sustento en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos adquiridas por el Estado peruano. Consecuentemente, este debe asegurar que se brinde una educación sexual que sea integral, y adecuada para la edad y etapa de desarrollo de sus interlocutores. Para ello, debe orientar sus acciones a las obligaciones generales de derechos humanos y las características que han sido establecidas por el DIDH respecto de los bienes o servicios a los cuales se tiene derecho, adaptándolas al contexto específico de la educación sexual. Si bien viene tomando medidas en ese sentido, aún persisten desafíos para el cumplimiento efectivo de esta obligación

El presente informe trata sobre el derecho fundamental a la educación en una zona rural de la selva del Perú. Es un caso muy importante porque pone en evidencia la precariedad del servicio educativo en el Perú y la postura del Tribunal Constitucional frente a la dificultad para acceder al ejercicio de un derecho fundamental que el Estado Peruano no está en capacidad de garantizar. El problema principal del caso consiste en evidenciar si se vulneró o no el derecho a la educación de las demandantes (dos hermanas con 18 y 19 años) al no contarse con centros educativos idóneos en la zona rural en la que vivían y, al impedírseles la matrícula en un centro de educación básica regular por ser mayores de edad. El TC declaró fundada la demanda señalando que las leyes deben interpretarse a la luz de la Constitución y no a la inversa de modo que, si bien la Ley General de Educación, Ley 28044 y, la Directiva 014-2012- MINEDU/VMGP “Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2013 en la educación básica” establecían los criterios para el acceso a .los centros educativos de educación básica regular y de educación básica alternativa, dichas normas debían aplicarse siguiendo los lineamientos constitucionales que regulan los derechos fundamentales y no al revés. Además, la sentencia declaro el estado de cosas inconstitucional. El derecho a la educación es un derecho fundamental regulado -entre otros- en los artículos 13, 14,16 y 17 de la Constitución y en el Perú, además, los derechos humanos se interpretan, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, siguiendo los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. / This report deals with the fundamental right to education in a rural jungle area of Peru. It is a very important case because it highlights the precariousness of the educational service in our country and the position of the Constitutional Court regarding the poor access this fundamental right has and that the Peruvian Goverment cannot guarantee. The main problem in the case is whether or not the educational right of the applicants (two sisters aged 18 and 19) was violated by the lack of suitable educational centres in the rural area in which they lived and by preventing them from enrolling in a regular basic education centre because they didnt have the legal age. The Constitutional Court declares the claim to be well founded on the grounds that the laws must be interpreted following the Constitution and not vice versa, so that, evenlthough the General Educational Law establishes criteria for access to regular basic education and alternative basic education centers, these norms must be applied following the constitutional guidelines that regulate fundamental rights and not vice versa. The Courts also declared the unconstitutional state of affairs. The educational right is a fundamental right regulated -among others- in articles 13, 14, 16 and 17 of the Constitution and in Peru, in addition, human rights are interpreted, in accordance with the Fourth Final and Transitory Provision, following international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

La educación con enfoque de género no fue analizada bajo los parámetros del rol del Estado Peruano en materia educativa, toda vez que la sentencia emitida en el proceso de acción popular que cuestionó su constitucionalidad y legalidad, no tomó en cuenta el contenido constitucionalmente protegido de los derechos en juego de los niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, el análisis solo se centró en referirse a los derechos de los padres, madres e instituciones educativas privadas, poniéndolos como principales actores en lo referente al derecho a la educación y desconociendo la labor del Estado en lo que significa garantizar una educación con enfoque de género. Por tanto, es vital realizar una diferenciación entre enfoque de género e ideología de género, para así evidenciar que la influencia de los grupos conservadores en el ámbito jurídico, fue la que detuvo la implementación del enfoque de género en la educación. Y si bien, en teoría, este ha sido determinado como una herramienta de uso obligatorio para todas las instituciones educativas, todavía se siguen sobreponiendo aquellos valores personales que terminan desplazando el rol del Estado. Sin embargo, la imposición del enfoque de género en la educación, es constitucionalmente válida, en la medida que pondera valores de suma relevancia para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, no solo en la educación, sino también, en sociedad. / Education with a gender focus was not analyzed under the parameters of the role of the Peruvian state in educational matters, since the judgment issued in the popular action process that questioned its constitutionality and legality did not take into account the constitutionally protected content of the rights of children and adolescents at stake. On the contrary, the analysis only focused on referring to the rights of fathers, mothers and private educational institutions, placing them as the main actors regarding the right to education and ignoring the work of the state in what it means to guarantee a genderfocused education. Therefore, it is vital to differentiate between gender focus and gender ideology, in order to demonstrate that the influence of conservative groups in the legal sphere was what stopped the implementation of the gender focus in education. And although, in theory, this has been determined as a mandatory tool for all educational institutions, personal values that end up displacing the role of the state are still superimposed. However, the imposition of the gender approach in education is constitutionally valid, to the extent that it weighs values of utmost relevance for the integral development of children and adolescents, not only in education, but also in society.

Esta tesis busca dar respuesta a la pregunta sobre cómo el Estado peruano debe articular el Derecho Internacional de les Refugiades (DIR) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en el ámbito interno para prevenir violaciones de los derechos humanos de les solicitantes LGBTQIA+ en el transcurso del procedimiento de refugio. Nuestra hipótesis partió reconociendo que el DIDH exige al Estado regular y conducir el procedimiento de manera tal que el mismo constituya una vía efectiva para otorgar protección internacional frente a severas violaciones de derechos sobre la base de OSIG; así como garantizar que el mismo no se convierta en un nuevo escenario de vulneración de derechos en razón de esas categorías. No obstante, durante el desarrollo de la investigación, descubrimos que una mirada exclusivamente jurídica no era suficiente para abordar este tema, sino que es necesario complementarla críticamente a través de perspectivas queer. A partir de ello, nos trazamos como objetivo explicar cómo el Estado debe aterrizar esa complementariedad crítica entre el DIDH, el DIR y las teorías queer en el procedimiento de refugio. Para alcanzar ese fin general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, abordados cada uno en un capítulo: (i)explicar de qué maneras el DIR y el DIDH se complementan entre sí; (ii), analizar críticamente las principales vulneraciones de derechos humanos que las personas LGBTQIA+ enfrentan en el procedimiento; (iii) argumentar sobre las medidas específicas que debe adoptar el Estado para prevenir estas violaciones. La metodología seguida es de tipo documental y explicativa, complementada con una solicitud de acceso a la información pública sobre el estándar de calificación y tratamiento dado a les refugiades LGBTQIA+ en el sistema de refugio peruano. Concluimos que, queerizar la protección internacional requiere la adopción de tres enfoques –de derechos humanos, de diversidad sexual y de género, y de interseccionalidad– transversalizados en tres medidas específicas: (i) aprobar un protocolo específico; (ii) implementar capacitaciones especializadas; (iii) y establecer un sistema de revisión periódica de prácticas institucionales.

El presente informe busca dar respuesta a la interrogante de si el Estado de Ecuador ha vulnerado los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de la menor Paola Guzmán Albarracín, a raíz de los acontecimientos ocurridos en una institución educativa pública de dicho país durante el año 2002. Para alcanzar dicho objetivo, se revisó la normativa interna de Ecuador, que incluyó a la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, así como leyes y decretos ejecutivos. Ello con la finalidad de determinar si se agotaron todas las instancias internas antes de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se analizó la normativa internacional y jurisprudencia relacionada con los derechos humanos de las niñas, especialmente en lo que respecta a la protección que deben recibir en el entorno educativo y judicial; y se hizo referencia a la doctrina desarrollada en relación a los principales problemas jurídicos planteados en este caso. Todo ello se realizó con la finalidad de demostrar de manera concluyente que, efectivamente, el Estado de Ecuador vulneró los derechos de la menor Paola Guzmán Albarracín, en particular, su derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con ello se espera contribuir al análisis crítico de la situación jurídica y de derechos humanos de la menor Paola Guzmán Albarracín en el contexto del sistema legal ecuatoriano y reflexionar en base a las obligaciones internacionales que asumió el Estado de Ecuador. / This paper aims to address the question of whether the State of Ecuador has failed to comply with the rights recognized in the American Convention on Human Rights in the case of the minor Paola Guzmán Albarracín, as a result of the events that occurred in a public educational institution in that country in 2002. To attain this purpose, Ecuador's domestic legislation was reviewed, which included the Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, as well as laws and executive decrees. The purpose was to determine whether all domestic instances had been exhausted before bringing the case before the Inter-American Court of Human Rights. In addition, international legislation and jurisprudence related to girls' human rights were analyzed, especially with regard to the protection they should receive in the educational and judicial environment; and reference was made to the doctrine developed in relation to the main legal problems raised in this case. All of this was done with the purpose of conclusively demonstrating that, effectively, the State of Ecuador infringed the rights of the minor Paola Guzmán Albarracín, in particular, her right to a life free of sexual violence in the educational environment, to judicial guarantees and to judicial protection. The aim is to contribute to the critical analysis of the legal and human rights situation of the minor Paola Guzmán Albarracín in the context of the Ecuadorian legal system and to discuss the international obligations assumed by the State of Ecuador.

El presente trabajo de investigación analizará los derechos humanos vulnerados de Igmar Landaeta Mejías y Eduardo Landaeta Mejías a manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua en Venezuela. Los hechos tuvieron su desarrollo entre noviembre y diciembre de 1996, pero encontraron respuesta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de agosto del 2014, cuando se concluyó que el Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por haber violentado los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, protección judicial, garantías judiciales y derechos del niño de los Hermanos Landaeta Mejías. Tal análisis se desarrollará tomando en cuenta el contexto de hostigamiento policial ocurrido en contra de las víctimas y que conllevaron a la muerte de ambos hermanos. Finalmente, se concluirá con que el uso de la fuerza de los agentes policiales no fue proporcional y su ejercicio no tomó en cuenta los estándares de derechos humanos reconocidos no sólo en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en la Convención contra la tortura, Derechos del Niño y etc. De la misma forma, se determinará que las actuaciones judiciales de los tribunales de justicia de Venezuela no fueron las correctas, al no procurar la diligencia, eficacia e idoneidad de sus decisiones. / This research paper will analyze the human rights violations of Igmar Landaeta Mejías and Eduardo Landaeta Mejías at the hands of the Security and Public Order Corps of the State of Aragua in Venezuela. The facts took place between November and December 1996, but found a response from the Inter-American Court of Human Rights on August 27, 2014, when it concluded that the State of Venezuela is internationally responsible for having violated the rights to life, personal integrity, personal liberty, judicial protection, judicial guarantees and children's rights of the Landaeta Mejías brothers. This analysis will be developed taking into account the context of police harassment that occurred against the victims and that led to the death of both brothers. Finally, it will be concluded that the use of force by the police officers was not proportional and its exercise did not take into account the human rights standards recognized not only in the American Convention on Human Rights, but also in the Convention against Torture, the Rights of the Child, and others. In the same way, it will be determined that the judicial actions of the courts of justice in Venezuela were not correct, as they did not seek diligence, effectiveness and appropriateness of their decisions.

A raíz de 1) la problemática en el plano empírico sobre el alarmante incremento y recurrencia de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas que ha generado una crisis mundial, regional y nacional; junto a 2) la problemática en el plano jurídico-conceptual en el SIDH respecto a la ceguera conceptual de la Corte IDH sobre los casos de criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, se propone una herramienta conceptual para un análisis más completo de los casos de criminalización de estos defensores en la Corte IDH: el enfoque estructural. Se elabora esta herramienta conceptual como un marco de cinco elementos a seguir por los operadores jurídicos para la identificación y análisis de estos casos: 1) la identificación de aspectos comprendidos bajo el concepto interamericano de “criminalización”, 2) la pertenencia a uno de los grupos de defensores más afectados: defensores de DPI, 3) la identificación de los principales actores que ejercen o promueven la criminalización, 4) las principales formas de criminalización y 5) los efectos de la criminalización de defensores de DPI. Finalmente, se demuestra un análisis más completo de casos sobre la criminalización de estos defensores de usarse la herramienta conceptual propuesta mediante la ejemplificación de las ventajas de este enfoque en casos pasados analizados de forma incompleta por la Corte IDH. No obstante, esta respuesta conceptual a la doble problemática de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas no pretende agotar la solución, asimismo, aun presenta conceptualmente oportunidades de desarrollo a futuro.

Este informe es un análisis de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 01833-2019-HC que declara fundada la demanda de habeas corpus y resuelve cesar la privación de libertad de una persona con discapacidad mental. Este informe se realiza a la luz de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad del Sistema Universal de Derechos Humanos, que servirá de guía del presente trabajo, así como de las leyes internas sustantivas nacionales que estuvieron vigentes durante su internamiento (2017-2018) y el Código Procesal Constitucional del año 2004. Se concluye que hubo vulneraciones a sus derechos e involucró la resistencia de un paradigma que anulaba la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en centros psiquiátricos. La importancia de este informe radica en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. / This report is an exam of the sentence of the Constitutional Court 01833-2019-HC that declares the habeas corpus claim founded and resolves to cease the deprivation of liberty of a person with mental disabilities. This report is based in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the Universal Human Rights System, which will serve as a guide for this work, as well as the national substantive internal laws that were in force during the 2017-2018 period. and the previous Constitutional Procedure Code of 2004. It is concluded that there were fundamental rights violations that involved a change in the paradigm that persisted in the legal system and in justice operators. Its importance lies in the recognition of the rights of people with disabilities.

El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia dentro del sistema jurídico internacional. Más aún, busca ser un espacio para la reflexión sobre la importancia de la incorporación de un sentido transformador en las reparaciones, dado por la Corte IDH a partir del caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, así como la incorporación de un enfoque de género. El caso Campo Algodonero consituyó un momento clave en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana y permitió el desarrollo de reparaciones cuyo objetivo está enfocado en lograr un impacto en la discriminación estructural que se presenta en nuestra sociedad, respecto a ciertos grupos vulnerables como las mujeres y niñas. Solo mediante un enfoque transformador y de género es posible contar con reparaciones que tengan realmente un efecto trascendental y positivo hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, quienes son víctimas constantes de violencia. Esto último debido a que el origen del problema radica en la propia estructura de la sociedad y en los estereotipos de género en los que la misma se sostiene. Las reparaciones tienen la finalidad de resarcir a las víctimas. Pero, ¿cómo podría ser posible esto si únicamente restituimos a las víctimas a una situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos si ya desde antes vivían en una situación de desigualdad y vulnerabilidad? Sólo tomando en consideración un enfoque transformador, donde el enfoque de género se encuentre presente, se podrá consolidar una reparación adecuada para las mujeres que hayan visto vulnerados sus derechos. Para los fines de este trabajo se hará uso de la metodología documental.