Esta tesis relaciona la conducta antagónica que el presidente Alberto Fujimori mantuvo con el MRTA durante la crisis de los rehenes, ocurrida entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997, con algunos conceptos conservadores del jurista y filósofo alemán Carl Schmitt, particularmente el de la distinción amigo-enemigo. Si bien Fujimori no fue precisamente cultor de las ideas schmittianas, sí lo fueron muchos de sus colaboradores en el poder, entre políticos, militares y miembros de los servicios de inteligencia. El desconocimiento de Fujimori no sería una desventaja: según Julien Freund, la decisión del gobernante y la distinción amigo-enemigo de Schmitt se miden por sus resultados. Fujimori entorpeció la labor de los garantes y de los organismos nacionales e internacionales que apostaban por una solución pacífica. Además, ideó operativos armados que no se ejecutaron, construyó los túneles que después posibilitaron el rescate y hostigó militarmente al MRTA, antes de formalizar el diálogo con los emerretistas. El MRTA era un enemigo al que había que derrotar y eliminar, y no un equivalente con el que se podía dialogar o negociar. Las acciones de Fujimori tejieron un tropismo hacia la solución violenta, y eso quedó evidenciado públicamente. Este trabajo se justifica en la trascendencia histórica y política del suceso, y porque en el Perú, las acciones militares siempre son debatidas bajo perspectivas liberales y no conservadoras. Metodológicamente se recurrió a la revisión histórica de prensa y literatura referidas al secuestro, y también a entrevistas a politólogos y juristas, con el fin de identificar rasgos schmittianos en las acciones que Fujimori desarrolló contra el MRTA. Basado en la distinción amigo-enemigo de Schmitt, podría decirse que la enemistad entre el Estado y el MRTA se fue agravando con el tiempo, y que el punto más alto de esa conflictividad fue la operación militar Chavín de Huántar, diseñada desde Palacio de Gobierno con la orden de no dejar sobrevivientes. Esta tesis sostiene que el gobierno (o Fujimori) jamás deseó una salida pacífica, sino la eliminación total del enemigo. Dentro de esa lógica, la ejecución extrajudicial de emerretistas rendidos es perfectamente posible, tal como determinaron investigaciones del Ministerio Público y de la policía. Ciertamente, el pensamiento schmittiano podría justificar una decisión tan radical como esa, siempre y cuando el soldado que tomó la decisión de jalar el gatillo haya afrontado un contexto excepcional de apremio y de peligro que pusiera en riesgo su vida, la de sus compañeros o la de los objetivos del rescate. / Tesis

El presente trabajo de tesis pretende identificar y explicar el comportamiento de los medios de comunicación, en particular de los diarios: El Comercio, La República, Correo, El Popular, Trome y Ajá respecto a la difusión de la sentencia de Alberto Fujimori, por los crímenes de La Cantuta y Barrio Altos. La sentencia que condena a Fujimori a 25 años de prisión fue emitida el 7 de abril de 2009 y tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación señalados antes y después de su divulgación. El objetivo de esta tesis es analizar las informaciones publicadas entre el 4 y 15 de abril de 2009 y de esta forma identificar la tendencia de la información antes y después de producido el hecho a través del análisis de los diarios: El Comercio, La República, Correo, El Popular, Trome y Ajá. Así y a través de las informaciones publicadas en las portadas, editoriales, columnas de opinión, entrevistas, reportajes, noticias así como el apoyo gráfico en cada una de ellas se podrá establecer la importancia que otorgaron los medios de comunicación a esta noticia y determinar si la postura mostrada por los diarios guarda relación con la línea editorial de cada grupo periodístico al que pertenecen. La metodología del trabajo que se presenta se basa en el análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo. Asimismo, se presenta un marco teórico y contextual que permite entender mejor la implicancia y aporte de esta investigación en el campo del periodismo. / Tesis

Esta tesis analiza las polémicas desarrolladas entre 1994 y 1998 en los medios limeños en torno a la planificación familiar y la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. A lo largo del trabajo, se demuestra que las polémicas mediáticas desempeñaron un papel de extraordinaria importancia, tanto para que los casos de violaciones de los derechos humanos de miles de mujeres peruanas atribuidos al programa pasaran desapercibidos por parte de la sociedad, como para que, más tarde, se pusiera fin a ellos. Para ello, se estudian las declaraciones y opiniones de diversos sectores acerca del tema; la forma en la que aparecieron en los medios, especialmente los escritos, y su lugar dentro del contexto mayor de la política peruana de la segunda mitad de la década de 1990, que estuvo marcado, precisamente, por la notable importancia política de los medios de comunicación. / Tesis

El tema trata de las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fujimori con la cúpula del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en el contexto del Referéndum constitucional de 1993. La finalidad de obtener un beneficio electoral al difundir el pedido de Acuerdo de Paz por Abimael Guzmán y como Alberto Fujimori se legitimó con el Referéndum constitucional de 1993 en cuanto a su actividad política, siguiendo recomendaciones internacionales de los Estados Unidos, los países europeos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que le aceptaron cambiar el marco constitucional para lograr salir de la crisis política y económica que dejó Alan García Pérez entre 1985-1990, obteniendo apoyo de la ciudadanía en su nuevo proyecto constitucional la cual fue aprobada por estrecho margen consiguiendo mayores atribuciones presidenciales y reduciendo el accionar fiscalizador del Poder Legislativo, con lo cual se acentuó el carácter autoritario de su gobierno que estuvo revestido de un ropaje democrático que le permitió competir con los partidos políticos, de controlar los medios de prensa, legitimar su lucha antisubversiva, particularmente luego de la captura de Abimael Guzmán al proclamar la derrota de PCP-SL como un triunfo sobre el terrorismo. Sin embargo, Alberto Fujimori no derrotó a la subversión definitivamente mientras tuvo la oportunidad ya que no aprovechó la situación de los años 1993-1994 para derrotar a los remanentes del PCP-SL. Por no haber tomado la iniciativa militar y de inteligencia cuando lo requería, por lo que los remanentes subversivos que se encuentran en los Valles del Río Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga permanecen hasta la actualidad. Mientras que el PCP-SL después de la captura de su líder se dividió en 2 grupos: los acuerdistas que buscaban una solución política derivada de su guerra con el Estado (que seguía la línea de Guzmán y su dirigencia); y los de la facción Proseguir que proseguían acciones militares contra el Estado representado por Feliciano. Estos 2 grupos del PCP-SL siguieron con sus diferencias inclusive en prisión. La única ventaja de Abimael Guzmán que tuvo con el gobierno de Fujimori fue mantener intacta parte de su organización subversiva hasta la actualidad manteniendo su posición de “una solución política derivada de los problemas de la guerra”. / Tesis

La presente investigación trata sobre el golpe de Estado producido en el Perú, el cual fue encaminado a destruir y transformar la estructura fundamental de la organización y de las instituciones del Estado, suspender el funcionamiento de la constitución, empezando por la disolución del poder legislativo, de los partidos políticos y de ir en contra de libertades públicas y privadas. Se habla sobre la experiencia política autoritaria vivida en 1992, donde existió el control de las instituciones desde el poder central y la corrupción. Se hace una pequeña línea desde el año 80 hasta el 90 para explicar la década con períodos democráticos formales, en donde se creía la perdurabilidad de la democracia, sin embargo, el país entraba nuevamente en un camino de serios problemas que fueron capaces de frenar el afianzamiento institucional y el orden democrático. Además se explica las consecuencias del golpe de Estado, siendo las instituciones democráticas las más afectadas como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, El Tribunal de Garantías Constitucionales y los partidos políticos, debido a la pérdida de la institucionalidad y la poca confianza que generaron luego de dicha crisis, por lo que se hace una evaluación de las principales instituciones y órganos democráticos en el Perú, y cuáles fueron las consecuencias o secuelas que dejo dicho período autoritario vivido en nuestro país.

De acuerdo a las convenciones internacionales contra la corrupción y el principio Constitucional de proscripción de la corrupción el proceso penal peruano tiene los fines de perseguir y sancionar los delitos y con mayor razón si se trata de gran corrupción, juzgando a los responsables en los plazos establecidos y sancionarlos dando un mensaje a la sociedad de confiabilidad en el sistema democrático. Es probable que en el Perú el procesal penal contra la gran corrupción presente obstáculos que conlleve a que la población tenga desconfianza en la administración de justicia y se cree un clima de impunidad no evitando que la gran corrupción llegue a vulnerar derechos humanos si no es sancionada en su oportunidad. Para identificar ello este trabajo desarrolla que debemos entender por gran corrupción y porque su naturaleza procesal es compleja describiendo sus características y su tratamiento procesal penal como una organización criminal de acuerdo a la ley No 30077, siendo que los obstáculos que se han presentado de acuerdo al modelo acusatorio- adversarial, es el Ministerio Público y sus fiscales quienes deben afrontarlos para obtener elementos de convicción y asegurar la prueba para construir un caso que sea llevado a juicio con éxito y cumplir con los fines del proceso penal. / According to the international conventions against corruption and the Constitutional principle of proscription of corruption, the Peruvian criminal process has the purpose of prosecuting and punishing crimes and even more so in the case of grand corruption, judging those responsible within the established deadlines. and punish them by giving a message to society of reliability in the democratic system. It is probable that in Peru the criminal procedure against grand corruption presents obstacles that lead the population to have distrust in the administration of justice and a climate of impunity is created, not preventing grand corruption from violating human rights if it is not sanctioned. at your opportunity. To identify this, this work develops that we must understand grand corruption and because its procedural nature is complex, describing its characteristics and its criminal procedural treatment as a criminal organization according to Law No. 30077, being that the obstacles that have arisen according to the accusatory-adversarial model, it is the Public Ministry and its prosecutors who must face them to obtain elements of conviction and secure the evidence to build a case that is successfully brought to trial and fulfill the purposes of the criminal process. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene por finalidad discutir la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional, emitida a raíz de la demanda de habeas corpus interpuesta por Alberto Fujimori en el Expediente 02010-2020-HC/TC. A través de dicha sentencia se ordenó anular la Resolución Nº 10 del 3 de octubre de 2018 que dejó sin efecto el indulto humanitario otorgado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Se revisa los argumentos esgrimidos por el colegiado respecto a la competencia del Juzgado Supremo para emitir la mencionada resolución, los límites de la discrecionalidad presidencial para el otorgamiento de derechos de gracia y la obligatoriedad de cumplir con las Resoluciones emitidas por la Corte IDH. En ese sentido, se cuestiona la suficiencia de los argumentos esgrimidos en la Sentencia en cada uno de los puntos señalados y el cambio repentino de postura respecto a la integración de las resoluciones provenientes de tribunales internacionales. Finalmente, se dan alcances de un análisis que, además de considerar el contexto político en el que se desarrollaron los hechos, aborda la labor de verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de un indulto, adaptando estos últimos en la medida que sean necesarios para asegurar la constitucionalidad y convencionalidad de la decisión. / The purpose of this paper is to discuss Judgement 78/2022 of the Constitutional Tribunal, issued following the habeas corpus petition filed by Alberto Fujimori in Case File 02010-2020-HC/TC. Through this judgement, the annulment of the Resolution Nº 10 of October 3, 2018, which nullified the humanitarian pardon granted to Fujimori by former president Pedro Pablo Kuczynski in 2017, was ordered. This paper reviews the arguments presented by the court regarding the jurisdiction of the Supreme Court to issue said resolution, the limits of presidential discretion in granting such clemency, and the obligation to comply with resolution issued by the Inter-American Court of Human Rights. In that sense, the sufficiency of the arguments presented in the Judgement on each of the indicated points is questioned, as well as the sudden change in stance regarding the incorporation of resolutions from international courts. Finally, this paper provides insight into an analysis that, besides considering the political context in which the events took place, examines the task of verifying the proper fulfillment of the requirements for granting a pardon, adapting these as necessary to ensure both the constitutionality and conventionality of the decision.

La política exterior del Perú en la segunda fase del régimen de Alberto Fujimori (1995- 2000) consistió en el acercamiento a los Estados Unidos, la reinserción al sistema financiero internacional y la solución de conflictos limítrofes con Ecuador y Chile. Sin embargo, se consolidó un sistema autoritario en el país, el cual profundizó un esquema de corrupción generalizada, y se denunció a distintos elementos del régimen por violaciones a los DDHH. Por el otro lado, este autoritarismo se dio a la par del giro normativo de la comunidad internacional hacia la promoción de la democracia y los DDHH. En ese sentido, esta tesis plantea: ¿cómo se explica la proyección de un poder blando la segunda fase del gobierno de Alberto Fujimori, que consistió en la defensa de una visión particular de democracia y DDHH en la esfera internacional? Se sostiene que se dieron críticas provenientes de Estados, instituciones multilaterales y ONG que motivó a que el régimen de Fujimori proyectase un poder blando para posicionar una imagen democrática ante la comunidad internacional, pues no era sostenible adoptar una figura autoritaria abierta en ese contexto. Así, se argumenta que el poder blando ejercido por el régimen fujimorista consistió en dos elementos: el uso de discursos, que enfatizaron tanto una estrategia conflictiva como cooperativa, frente a determinados actores internacionales; y a ejes de acción en política exterior que apoyaron a consolidar su imagen. A su vez, en el caso de la relación Perú-OEA en este periodo, se propone una división basada en una fase cooperativa (1995-1998) y una conflictiva (1999-2000), basada en la crítica de esta institución hacia el gobierno de Fujimori y la respuesta recibida. El análisis se elabora a través de la teoría del poder blando y de la diplomacia pública, ejercida por actores políticos específicos, la Presidencia y la Cancillería. Finalmente, se evalúa la eficacia del poder blando del régimen de Fujimori en base a los indicadores descritos en el marco teórico. Finalmente, se presentan factores para entender la crisis de este poder blando ejercido por el régimen de Fujimori, que fue un elemento relevante para su posterior caída.

Esta tesis analiza las polémicas desarrolladas entre 1994 y 1998 en los medios limeños en torno a la planificación familiar y la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. A lo largo del trabajo, se demuestra que las polémicas mediáticas desempeñaron un papel de extraordinaria importancia, tanto para que los casos de violaciones de los derechos humanos de miles de mujeres peruanas atribuidos al programa pasaran desapercibidos por parte de la sociedad, como para que, más tarde, se pusiera fin a ellos. Para ello, se estudian las declaraciones y opiniones de diversos sectores acerca del tema; la forma en la que aparecieron en los medios, especialmente los escritos, y su lugar dentro del contexto mayor de la política peruana de la segunda mitad de la década de 1990, que estuvo marcado, precisamente, por la notable importancia política de los medios de comunicación.

El tema trata de las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fujimori con la cúpula del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en el contexto del Referéndum constitucional de 1993. La finalidad de obtener un beneficio electoral al difundir el pedido de Acuerdo de Paz por Abimael Guzmán y como Alberto Fujimori se legitimó con el Referéndum constitucional de 1993 en cuanto a su actividad política, siguiendo recomendaciones internacionales de los Estados Unidos, los países europeos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que le aceptaron cambiar el marco constitucional para lograr salir de la crisis política y económica que dejó Alan García Pérez entre 1985-1990, obteniendo apoyo de la ciudadanía en su nuevo proyecto constitucional la cual fue aprobada por estrecho margen consiguiendo mayores atribuciones presidenciales y reduciendo el accionar fiscalizador del Poder Legislativo, con lo cual se acentuó el carácter autoritario de su gobierno que estuvo revestido de un ropaje democrático que le permitió competir con los partidos políticos, de controlar los medios de prensa, legitimar su lucha antisubversiva, particularmente luego de la captura de Abimael Guzmán al proclamar la derrota de PCP-SL como un triunfo sobre el terrorismo. Sin embargo, Alberto Fujimori no derrotó a la subversión definitivamente mientras tuvo la oportunidad ya que no aprovechó la situación de los años 1993-1994 para derrotar a los remanentes del PCP-SL. Por no haber tomado la iniciativa militar y de inteligencia cuando lo requería, por lo que los remanentes subversivos que se encuentran en los Valles del Río Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga permanecen hasta la actualidad. Mientras que el PCP-SL después de la captura de su líder se dividió en 2 grupos: los acuerdistas que buscaban una solución política derivada de su guerra con el Estado (que seguía la línea de Guzmán y su dirigencia); y los de la facción Proseguir que proseguían acciones militares contra el Estado representado por Feliciano. Estos 2 grupos del PCP-SL siguieron con sus diferencias inclusive en prisión. La única ventaja de Abimael Guzmán que tuvo con el gobierno de Fujimori fue mantener intacta parte de su organización subversiva hasta la actualidad manteniendo su posición de “una solución política derivada de los problemas de la guerra”.