No description available.

No description available.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio es una contribución al desarrollo de metodologías de permitan evaluar el impacto que ha tenido la implementación del Sistema de Información para la Gestión (SIG) en los procesos de toma de decisiones al interior de los organismos públicos chilenos. Una evaluación en profundidad realizada al PMG en el 2007 por el Banco Mundial, estableció que el programa a contribuido significativamente al mejoramiento de la gestión, sin embargo, una de sus principales debilidades tiene relación con cierto grado de rigidez en su diseño e implementación, ya que se trata de un instrumento estándar aplicado a servicios públicos heterogéneos. En particular, respecto al sistema de planificación y control de gestión (uno de once sistemas) concluye, preliminarmente, que una de sus principales debilidades se relaciona con el bajo uso de la información generada por el sistema de información (SIG) y el carácter formal del instrumento. Así, considerando como hipótesis dichas conclusiones preliminares, el estudio se basó fundamentalmente en el desarrollo de dos productos. En primer lugar, se elaboró un modelo conceptual y metodológico, que pretende servir como base para futuras investigaciones de campo orientadas a estudiar el funcionamiento y relevancia del SIG en el proceso de toma de decisiones. En este marco, se plantea un modelo de análisis que define como sistema de toma de decisiones la interrelación de tres elementos: a) enfoque y proceso de toma de decisiones (institucionalidad que regula la toma de decisiones), b) competencias directivas (pensamiento estratégico, liderazgo y capacidad decisional, como habilidades críticas) y c) sistema de información (apropiación y relevancia del SIG, calidad de los indicadores y existencia de reportes). A su vez, el modelo de análisis reconoce la existencia de un conjunto de factores organizacionales que condicionan la toma de decisiones, entre los que destacan: definiciones estratégicas, procesos, estructura y perfiles. Este modelo de análisis constituye un marco flexible e integral que propone una mirada sistémica para entender con mayor profundidad la relación entre el SIG y el proceso de toma de decisiones públicas. Por otra parte, el segundo producto consistió en la elaboración de un instrumento que permite medir el grado de madurez o capacidad organizacional de los servicios públicos. Aparte de las diferencias intrínsecas entre los servicios, derivadas de sus diversos modelos de negocio, el nivel de madurez organizacional genera también una diferenciación que constituye un factor relevante al momento de implementar un programa de mejoramiento de la gestión. Así, el reconocimiento de las capacidades organizacionales permitiría implementar sistemas no necesariamente estándares que consideren el tipo de organización y sus particularidades. En este contexto, se propone un conjunto de factores para clasificar la madurez organizacional de los servicios sobre la base de cinco dimensiones: Políticas y Estrategias, Liderazgo Directivo, Procesos, Organización y Personas y Sistemas de Información. Esta propuesta generaría entre otros beneficios la posibilidad de diseñar instrumentos de gestión acordes a la realidad de cada servicio, aumentar la racionalización y focalización de los recursos. Considerando que ambos productos constituyen un avance significativo en la generación de un marco metodológico que sustente futuros estudios, es conveniente que éstos sean testeados, ajustados y validados, para posteriormente ser aplicados.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Las actividades productivas que privan a las niñas, niños y adolescentes de su potencial y de su dignidad – de su propia infancia o adolescencia, son agrupadas bajo la categoría de trabajo infantil y adolescente. El objetivo central del presente estudio de caso es cuantificar y caracterizar el trabajo infantil y adolescente en Bolivia. Este análisis fue realizado en base a la Encuesta de Trabajo Infantil (ETI), que captura información sobre la participación en actividades económicas y domésticas y las condiciones laborales de los niños y adolescentes de 5 a 17 años de Bolivia. La definición estadística del trabajo infantil tiene dos marcos de referencia. a) El de las actividades económicas, que incluye: i) trabajo por debajo de la edad mínima, 14 años, ii) peores formas de trabajo infantil: trabajo peligroso. b) El de las actividades productivas, incluye, además de las categorías mencionadas, a las labores domésticas peligrosas. El estudio muestra que 93.1% de los niños y adolescentes de 5 a 17 años estudiaron, 85.3% realizaron labores domésticas y 27.9% estuvieron ocupados. La incidencia de niños ocupados en el área rural es mayor en comparación al área urbana (64.9% en el área rural y 17.0% en el área urbana). Los resultados muestran que el 24.6% de la población total entre 5 y 17 años están ocupados en actividades económicas peligrosas. Por otro lado, el 36.5% realiza labores domésticas peligrosas. Analizando la asociación entre el trabajo infantil y adolescente con factores socioeconómicos: el trabajo en actividades productivas está asociado positivamente a los shocks socioeconómicos, a la pérdida de la cosecha o del ganado, a la pérdida de empleo de los padres, el bajo nivel de educación de la madre y el tamaño sobredimensionado del hogar. Al comparar los niveles de acumulación de capital de los niños y adolescentes, los niños y adolescentes que trabajan en actividades peligrosas tienen menor acumulación de capital humano que aquellos que no trabajan. Para erradicar el trabajo infantil y adolescente se recomienda: i) privilegiar la educación como una alternativa frente al trabajo infantil, ii) estandarizar los procedimientos metodológicos para medir el trabajo peligroso, iii) monitorear el trabajo infantil y consolidar los sistemas de información, iv) revisar los planes de intervención vigentes; v) articular las intervenciones entre los actores, y vi) generar espacios para la difusión, socialización y comunicación.

El presente Estudio de Caso describe el desarrollo de la política de incentivo a las plantaciones forestales con fines productivos en Colombia, y evalúa su desempeño a través de la eficacia del Programa “Certificado de Incentivo Forestal” de reforestación (CIF). Analiza además, aspectos relevantes de su diseño y gestión para el periodo 1994 –2007. Para hacer esta investigación se analizó información actualizada de fuentes primarias y secundarias sobre el sector forestal colombiano. Así mismo, para efectuar la evaluación de eficacia fue necesario realizar una reconstrucción a nivel de antecedentes y de resultados del Programa, pues éste contó con un diseño de acuerdo con una metodología de formulación. En este sentido, este proceso se adelantó tomando elementos fundamentales de la metodología de Marco Lógico y particularmente de la estructura de evaluación de programas gubernamentales, utilizada por Ministerio de Hacienda de Chile. El CIF es el principal instrumento económico del Gobierno colombiano orientado a promover la forestación con fines comerciales en el país. Éste se materializa mediante la entrega por cinco años de una compensación a los productores, equivalente a un porcentaje de sus costos de plantación y mantenimiento, como reconocimiento por su participación en una actividad que genera externalidades positivas; para este caso, servicios ambientales. Así, se busca motivar el incremento sostenible de la superficie forestada, la mayor producción de servicios ambientales y el aumento de la competitividad. Los resultados obtenidos indican que el desempeño del Programa a nivel de eficacia no ha sido satisfactorio, y que su contribución al cumplimiento de las metas de largo plazo se encuentra por debajo de lo esperado, al ser la herramienta gubernamental más importante para fomentar esta actividad. Lo anterior, teniendo en cuenta el enorme potencial forestal de Colombia sustentado en 25 millones de hectáreas (has) de suelos de aptitud forestal y en el hecho que existe la meta de plantar 1,5 millones de has. para el año 2025. Sin embargo, desde su creación en 1994 hasta el 2007, solamente fueron forestadas 220.679 has. en todo el país; de estas, el 57,3% fueron efectuadas a través del CIF, lo que equivale al 8,34% de la meta asignada. Estas cifras demuestran que aunque el CIF ha logrado mantener una dinámica de forestación, representada en una inversión estatal de USD 45 millones para el periodo de análisis, esta no ha sido significativa para contribuir a hacer de Colombia un país competitivo y líder en materia forestal. Lo anterior es producto de múltiples factores que han afectado su desempeño a nivel de eficacia y eficiencia. A nivel de diseño, se evidenció falta de focalización del fin y propósito del Programa CIF, hoy orientados a cumplir múltiples objetivos en lo social, ambiental y productivo. Así mismo, a nivel de gestión, se constató la inexistencia de un presupuesto fijo para financiarlo y su gran variabilidad de una vigencia a otra. En esta misma línea, también se verificaron dificultades relacionadas con el control de la gestión, asociadas a la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos. Así, aunque se evidencia que se han realizado importantes ajustes a su operatividad y focalización, al orientarse a la consolidación de Núcleos Forestales competitivos y al concentrar cada vez más su gestión en el Ministerio de Agricultura, se concluye que el Estado debe comprometerse aún más en generar las condiciones que propicien el cumplimiento de los logros definidos en su diseño. Este sentido, se recomienda revisar y priorizar sus objetivos, mejorar la focalización y acotar las metas de acuerdo a la capacidad institucional existente; aumentar y ser más eficiente en uso del presupuesto e incrementar el liderazgo del Ministerio en la implementación y evaluación del Programa. Lo anterior enfocado a mejorar la satisfacción de los beneficiarios, para que esto se traduzca en una mayor y mejor superficie forestada, que genere los beneficios ambientales y económicos esperados.

La figura de los consejos asesores presidenciales utilizados durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia es un avance hacia la mayor integración social y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, esta fórmula de participación fue más favorable a la inclusión de technopols (tecnócratas expertos de política) que a grupos de la sociedad civil. Este estudio analiza la experiencia del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE) y tuvo como hipótesis que dicho mecanismo posibilitó efectivamente una participación social más amplia, y no solo de “expertos”, pero no permitió la deliberación y decisión de estos actores en el diseño de la política pública. Se levantó información que posibilitó conocer esta experiencia participativa utilizando para ello bibliografía ad-hoc y la aplicación de entrevistas a ex miembros del CAPCE. Se Indagó en sus percepciones sobre este proceso participativo para extraer aprendizajes posibles de ser integrados en una propuesta de mejoramiento de mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas. Los hallazgos de esta investigación confirman la hipótesis planteada, y desde la voz de los ex miembros del CAPCE se percibe que la intención discursiva del gobernante a favor de la participación ciudadana no parece concretarse cabalmente en los hechos. Si bien este es un esfuerzo inclusivo de una gran amplitud de actores, está más cercano a la vía instrumental que a la verdadera convicción política por la cesión de parte del poder que promueve el ideario democrático participativo; los mecanismos de participación ciudadana que se han ensayado en Chile aún están lejos de satisfacer las expectativas que la sociedad civil tiene, en donde hay muchos actores, como los de este consejo asesor, que expresan su plena “convicción deliberativa” y favorable a la existencia de potentes y estables mecanismos de participación ciudadana. Una recomendación importante que surge de esta investigación es la necesidad de avanzar hacia mejores mecanismos participativos que conduzcan a políticas públicas más inclusivas, abarcando todo su ciclo de desarrollo (diseño, implementación, evaluación), y que se contemple a la participación ciudadana como un derecho social legalmente reconocido. Si bien este estudio se une a otros pocos que han analizado experiencias de participación ciudadana en políticas públicas, se propone abundar en revisiones analíticas sobre procesos participativos desarrollados en Chile, exitosos y fracasados, que permitan avanzar en el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana que funcionen eficazmente. Finalmente, se concluye que existe una opinión ampliamente favorable en cuanto a que la inclusión de la ciudadanía en la construcción de las soluciones a sus propias problemáticas, contribuye no sólo al desarrollo social sino que a un mejor desempeño de un sistema político que necesita, de manera urgente, dar los pasos necesarios hacia una mejor democracia.

En el mundo entero existe incertidumbre y preocupación por los altos precios de los combustibles fósiles y por los impactos ambientales negativos que se producen día a día por su uso intensivo principalmente en el sector transporte. Por esta razón, es que los biocombustibles líquidos como el bioetanol y el biodiesel han tomado un rol protagónico gracias a que cuentan con características de producto sustituto y son compatibles para ser mezclados con combustibles fósiles. El desarrollo de los biocombustibles en Chile en relación con otros países como Brasil o Estados Unidos es reciente. Si bien nuestro país cuenta con una normativa de carácter voluntario que regula y autoriza su uso, distribución y comercialización, los biocombustibles aún no están presentes en nuestra matriz energética. El presente estudio de caso buscó determinar cuál es el estado de desarrollo acual de los biocombustibles en Chile y profundizar respecto a las barreras que limitan su incorporación en nuestra matriz. Para esto se sistematizó la información disponible en los diferentes estudios realizados por la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía de Chile y se aplicó una entrevista semi estructurada a los principales actores de este mercado donde se recogió su opinión sobre las acciones que hoy en día y a futuro deben tomarse para que Chile pueda tener biocombustibles en su matriz energética. Sobre el estado actual de desarrollo es posible señalar que estos se encuentran aún en una etapa de I+D, principalmente por el camino que ha tomado nuestro país en cuanto a desarrollar biocombustibles de segunda generación. En relación a las principales barreras que afectan el desarrollo de los biocombustibles podemos destacar entre otras, la baja disponibilidad de terrenos para cultivos agrícolas tradicionales que pueden ser destinados a la producción de biocombustibles, los altos costos de inversión en infraestructura para almacenamiento distribución y comercialización de biocombustibles y la resistencia de la industria petrolera estatal (ENAP) a los cambios que significa introducir biocombustibles en su proceso productivo. Por lo tanto, Chile requiere definir una Política de Biocombustibles que sea capaz de agrupar las diferentes visiones e iniciativas que sectorialmente y de forma aislada se encuentran en curso y que se transforme en una guía para el desarrollo futuro de esta industria a nivel nacional.

El presente estudio tiene como propósito identificar los factores de éxito para la implementación de un sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en Chile, caracterizada por una tramitación integrada de ingreso, salida y tránsito de mercancías, desde y hacia el país, por medio de una plataforma única y electrónica que considera la estandarización y homogenización de la transferencia de datos y documentos. Los principales impactos de la VUCE son una importante reducción de tiempo y costos asociados al comercio exterior, que a nivel mundial, tiende a aumentar cada año con más intercambios y acuerdos comerciales, es por ello que la VUCE es un desafío para los gobiernos, al tener que crear procesos más eficientes y efectivos que permitan una mayor facilitación comercial sin disminuir sus niveles de control y seguridad. La metodología utilizada en este estudio fue de carácter descriptivo-analítico, dividida en cuatro etapas. Primero una revisión bibliográfica de las razones que impulsan a las economías de implementar una VUCE, el concepto, modelo de negocio y principales cambios que requiere su puesta en funcionamiento; segundo una descripción de la experiencias de la VUCE en Perú, Colombia y Costa Rica con el fin de considerar los elementos más importantes para el caso chileno; en la tercera y cuarta etapa se realizó un análisis integrado de la información recopilada y de la perspectiva de los principales actores para las dimensiones de institucionalidad, normativa, tecnología, gestión del cambio y control y fiscalización. Del análisis realizado, se pudo determinar que el modelo VUCE permite realizar una gestión más eficiente de los procesos de importación, exportación y tránsito de las mercancías, que requieren el cumplimiento de requisitos y autorizaciones no arancelarias. En relación con la implementación de la VUCE se pudo detectar como factores críticos de éxito la voluntad y colaboración de los actores para realizar los cambios procedimentales y de procesos que se requieran, condición fundamental para poder unificarlos, eliminando la redundancia de información y la duplicidad de funciones, transformándose en menos días y costos para cada trámite. La VUCE contará con una plataforma informática de intercambio de datos y documentos, denominada Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), la que soportará en forma adecuada la toma de decisiones y que éstas, sean monitoreadas por los respectivos involucrados. En relación al desarrollo e implementación del SICEX, se pudo determinar que ésta no es solo una tecnología de la información, sino que su éxito dependerá de que cuente con una institucionalidad sólida, un modelo de negocio establecido y difundido, una gestión del cambio y una política y gestión pública que logre unificar la visión de todos los actores. Por último, es necesario reforzar algunos elementos dentro de las dimensiones establecidas, que permitirán fortalecer la gestión que debe llevarse a cabo en el proceso de implementación, entre ellas definir claramente las atribuciones de cada actor y realizar los cambios necesarios, con el único fin de entregar al usuario final que son los exportadores e importadores, un proceso más eficiente y oportuno.

El Estudio de Caso presenta un análisis de los últimos 15 años en materia de descentralización en Nicaragua, y muestra los principales hitos, avances y nudos críticos del proceso a nivel municipal, desde la perspectiva de los actores involucrados. La investigación ha utilizado un enfoque descriptivo y analítico, con uso de técnicas de análisis cualitativo que involucró entrevistas semi-estructuradas a actores relevantes, y metodología de investigación documental de información primaria y secundaria, respectivamente. De este análisis se puede concluir que el proceso de descentralización presenta logros muy importantes en el marco de la democratización del poder y la autonomía municipal, lo que ha permitido avances considerables en la gestión local. Sin embargo, luego de la aprobación e implementación de la Ley de Transferencias Municipales (Ley 466) en el año 2004, se observa un avance escaso del proceso debido a la falta de voluntad política y consenso en las posturas del Gobierno Central y los partidos políticos para apoyar la descentralización municipal. Por otra parte, el centralismo del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos y del aparato público, es reforzado por el concepto errado de autonomía de los gobiernos municipales, la heterogeneidad de las realidades económicas locales y la desconfianza en sus capacidades. Esto se expresa en el afloramiento de una serie de temores relacionados con la ingobernabilidad financiera, la escasa participación ciudadana y de la sociedad civil y actualmente por la rivalidad de estos con los Consejos del Poder Ciudadano. En el ámbito más amplio del proceso de descentralización, se destacan los siguientes nudos críticos: la ausencia de un modelo claro y consensuado, ambigüedades legales que dificultan la gestión, coordinación y relación entre los dos niveles de gobierno, falta de mecanismos de seguimiento de la eficiencia de la gestión municipal, entre otros. Estos elementos no pueden analizarse de forma aislada, ya que estos actúan y se refuerzan de forma sistémica, lo que hace perceptible la complejidad del problema y su solución. El estudio finaliza realizando una serie de recomendaciones necesarias para continuar avanzando en el proceso de descentralización en Nicaragua. Dentro de estas se destaca: el diseño y discusión de un modelo de descentralización definido y consensuado entre los actores, modificación y articulación de las competencias a nivel central y municipal, construcción de una estrategia de implementación gradual de descentralización, divulgación y unificación de la información relevante para evaluar el desempeño municipal, fortalecimiento de los Gobiernos Municipales creando conciencia de responsabilidad política (accountability) de las autoridades locales. De todas las propuestas mencionadas, lo principal es mejorar la gestión municipal a través del recurso humano. Es necesario apuntar a la modernización de la gestión de los recursos humanos del aparato público local, variable clave en el proceso estudiado; así como mejorar la calidad de los gobiernos municipales para que puedan asumir nuevos desafíos como competencias, atribuciones y funciones. De lo contrario, el proceso de descentralización continuará sin rumbo, lleno de conflictos y contradicciones legales.

El objetivo del presente estudio consistió en realizar un análisis de la gestión fiscalizadora aduanera en el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de Chile, que permitiera determinar sus principales fortalezas y debilidades, a efectos de generar recomendaciones para la Institución, así como la obtención de hallazgos que eventualmente puedan ser aplicados como aprendizajes por otras administraciones aduaneras. Dicho análisis se realizó en el marco del contexto mundial actual, donde se han dado grandes cambios en el comercio internacional, tanto en ritmo, volumen, como en su complejidad, demandando así, nuevas formas de control aduanero. En esta línea, el análisis de la gestión fiscalizadora que ejerce el SNA de Chile, reviste especial interés, primero porque actualmente Chile muestra una posición económica, política y social ventajosa, con respecto a otros países de América Latina, por lo que supone una mayor solidez institucional; y segundo, por las características particulares relacionadas con su política de apertura comercial. La metodología aplicada fue de carácter descriptivo-analítico, la cual se dividió en tres etapas: 1) se realizó un análisis de temas tales como: apertura del comercio, institucionalidad, nuevos ámbitos de fiscalización y facilitación comercial; 2) se describió y analizó la estructura organizacional e institucional del SNA, enfatizando su labor fiscalizadora; 3) se realizó un análisis integrado de la gestión fiscalizadora aduanera de Chile, a través de los principales actores y mediante las dimensiones: solidez institucional, facilitación del comercio y estructura funcional de la gestión fiscalizadora. De acuerdo al análisis realizado, en términos generales se determinó que el SNA muestra una solidez institucional que le ha permitido ejercer su labor fiscalizadora de manera satisfactoria, afrontando así los nuevos desafíos que le imponen los cambios del comercio. Como hallazgos del estudio, se determinaron ciertos aspectos claves que caracterizan positivamente la gestión fiscalizadora aduanera del SNA de Chile; entre los principales están: la focalización en las actuaciones hacia los nuevos ámbitos de fiscalización aduanera (propiedad intelectual, origen, drogas, seguridad entre otras); la adecuada aplicación del modelo de gestión de riesgos; el uso de mecanismos efectivos en la fiscalización de mercancías falsificadas; la existencia de una baja percepción de corrupción en el ámbito aduanero; el manejo apropiado del equilibrio entre la tensión facilitación y fiscalización; la aplicación de mecanismos efectivos de articulación público-privada. Sin embargo, también se determinaron ciertas deficiencias sobre las cuales se emitieron una serie de recomendaciones, las que se enmarcan dentro de los siguientes temas: foco de la Institución, orientación estratégica, procesos aduaneros y estructura organizacional y funcional. Por último, y acorde a las fortalezas y debilidades del SNA manifestadas en la investigación, resulta importante señalar que el indicador “efectividad en la detección de hallazgos sobre el total de lo fiscalizado”, el cual para el año 2008 fue, “12.61% de efectividad”, refleja uno de los principales fines de la Institución, por lo tanto, se considera determinante que como visión y desafío institucional, se enfoquen integralmente todos los esfuerzos para mejorarlo.