La teoría de la descentralización dice que el uso de transferencias es fundamental para lograr objetivos de eficiencia y equidad entre las jurisdicciones subnacionales; no obstante, la evidencia empírica muestra que detrás de las decisiones del gobierno central no están siempre dichos objetivos, sino existe una racionalidad que busca maximizar la utilidad de los políticos que gobiernan. En el Perú, las transferencias constituyen la principal fuente de financiamiento de los gobiernos subnacionales y buena parte de ellas se asignan de forma discrecional. En ese contexto, esta investigación busca identificar y explicar los factores determinantes de la asignación de transferencias fiscales intergubernamentales de tipo discrecionales hacia los gobiernos regionales durante el período 2004-2010 que podrían mejorar los objetivos de equidad regional de la política fiscal. Con información detallada y poco explorada sobre las regiones peruanas se recurre a la técnica de datos de panel, que permite disminuir los problemas derivados del número reducido de períodos con que cuentan las series históricas y facilitar parcialmente el análisis de los comportamientos dispares que pueden presentar las transferidas hacia los diferentes gobiernos regionales. El modelo relaciona las transferencias por recursos ordinarios, que son discrecionales, como una función de variables rezagadas de tipo fiscal, político y socioeconómico. Tanto los resultados de los efectos por área (regiones), así como por el de tiempo (años) se identifican en el contexto de un enfoque de economía política. Por un lado, un ciclo político claro se puede observar a través de los años de la muestra. Por otro lado, el papel de los conflictos regionales políticamente relevantes, el efecto de la presión que realizan los grupos organizados de base regional civil, así como el tamaño de la población electoral, entre otros, parecen ser estadísticamente significativas en las estimaciones. De acuerdo a los hallazgos, se recomienda establecer presupuestos plurianuales que desvinculen la asignación de transferencias del ciclo político. Asimismo, la fijación de reglas claras de reparto con criterios compensatorios que prioricen a las regiones más pobres podría mejorar el desempeño de los recursos transferidos.

El estudio de caso permite desarrollar una revisión de la aplicación del Sistema de Gestión Territorial Integrada (GTI) como un aporte al mejoramiento de la gestión y modernización del sector público para el buen gobierno en regiones, en el contexto del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Pone énfasis en la revisión del aporte que le hace este sistema de gestión al proceso de planificación territorial de la región del Biobío en el ámbito del fomento productivo silvo-agropecuario. Es un estudio de carácter analítico, basado en entrevistas semi estructuradas, realizadas a los actores que han estado más cerca del proceso de diseño e implementación de esta política. A esto se suma una revisión de antecedentes encontrados en la literatura y en las oficinas de los servicios en los que se indagó. Del estudio se desprende la importancia que tiene el proceso de entrega de facultades y desarrollo de la institucionalidad para generar gobierno en el territorio a través de herramientas que potencien la buena gestión y coordinación intersectorial para un uso eficiente de los recursos, con procesos participativos, de manera de responder a las expectativas ciudadanas en el territorio (regiones). En efecto, al revisar el proceso de formulación y diseño, es posible apreciar que no todos los actores políticos han participado, se ve falta de compromiso con el trasfondo de la gestión territorial (políticas para la descentralización). Además, las expectativas regionales para la descentralización y una gestión integrada no son recogidas por el sistema de gestión de los recursos en el modelo que sostiene la DIPRES, el sistema de cuentas nacionales por sector. Este sistema, le otorga poco margen de gestión a los gobiernos regionales y a los servicios para generar presupuestos y estrategias regionales que integren recursos y capacidades para responder a demandas, antes de la aprobación de presupuestos anuales. El sistema de gestión territorial integrado, tal como está diseñado en el PMG se focaliza en el cumplimiento de sus exigencias como requisito para un incentivo económico a los funcionarios, aportando muy poco al desarrollo del fomento productivo. Desde el punto de vista de las propuestas, a nivel regional se requiere ampliar la institucionalidad para la gestión de los recursos de manera integrada y coordinada mejorando el diseño y aplicabilidad de este instrumento o estableciendo en su reemplazo un sistema de gestión que trascienda la sectorialidad de cada servicio, impulsando un modelo de gestión territorial de mayor alcance, en el que todos los sectores confluyan con recursos y capacidades para la gestión estratégica integral de los recursos del territorio. Solo así se puede entender un aporte al proceso de desarrollo y fomento productivo de la región. En su aplicación regional, este sistema de gestión, tal como está diseñado, apela a condiciones particulares de los actores, su liderazgo, iniciativa y compromiso con el desarrollo regional y al conocimiento y capacidad de usar sus atribuciones y facultades. Para esto se plantea elegir y nombrar autoridades con las competencias adecuadas, de manera de resolver la falta de continuidad de los procesos, especialmente cuando se produce el cambio de autoridades en el sistema de gobierno de nuestro país.

El presente estudio de caso indaga sobre la relevancia de los factores políticos en la negociación de tratados de libre comercio (TLC) entre países desarrollados y países en desarrollo, tomando como referencia la experiencia del TLC entre Chile y Estados Unidos. El estudio fue desarrollado desde la perspectiva de Chile, a partir de una metodología de carácter descriptivo y analítico, tomando como fuente de información una serie de entrevistas a expertos en la materia y a actores relevantes que participaron en el proceso de negociación. Se contextualizaron las circunstancias bajo las que se negoció el Tratado para lograr una mejor comprensión del proceso, con esta finalidad se elaboró una reseña de la política comercial chilena a partir de los años 40. Chile dejó de ser una economía con un modelo de sustitución de importaciones, para convertirse en una de las economías más abiertas y con mayor número de TLCs en la región. En los años 90 cuando inician las intenciones de negociación del Tratado, Chile pasaba por un período de transición política retornando la democracia luego de 17 años de gobierno militar, periodo en el que se dieron una serie de cambios en la economía chilena. A partir del modelo de Negociación de Doble Nivel de Putnam, se explicó la interacción que se da entre las distintas partes involucradas en la negociación de un tratado de libre comercio, el modelo plantea que este tipo de acuerdo es el resultado de dos negociaciones paralelas, una con los grupos de interés a lo interno del país (Nivel I) y la otra a nivel internacional con la contraparte (Nivel II). Entre los hallazgos obtenidos, destacan las percepciones de los entrevistados acerca de las expectativas que tenía Chile ante la negociación del tratado con Estados Unidos. De esto se puede decir, que si bien obtener ventajas comerciales era un tema que estaba presente, no era el único. También se pretendían obtener otro tipo de resultados detectándose 4 efectos principales que se esperaban del acuerdo: 1) El TLC mantendría el modelo económico liberal que se venía desarrollando en el país; 2) este acuerdo podría ayudar a la reinserción de Chile en la arena internacional luego del periodo de dictadura en el que estuvo aislado en materia política; 3) se perseguían certezas jurídicas consideradas necesarias para la protección de un país pequeño y en desarrollo ante posibles arbitrariedades de un país desarrollado en temas como el comercial; y 4) éste simbolizaría un sello de calidad que certificara a Chile como un país confiable. Finalmente, a través del estudio se lograron develar y analizar elementos políticos y simbólicos que ayudan a comprender la naturaleza de la negociación de un TLC como un tema complejo que va más allá de contemplar sólo aspectos comerciales. Cabe destacar además, que el proceso de negociación dejó siganificativos aprendizajes institucionales para el país, alcanzando profundos conocimientos sobre la situación chilena en los temas tratados y siendo una importante preparación para seguir adelante con otros acuerdos de la misma índole.

El presente estudio de caso analiza la gestión del Sistema de Protección Social “Chile Solidario” para el periodo 2005-2007. El estudio intenta responder ¿qué factores provocan debilidades en la gestión del Sistema Chile Solidario?. Para llegar a una respuesta satisfactoria, se analizó el proceso de producción de los bienes y servicios que el Programa entrega. Los aspectos positivos más importantes, contenidos en el “diseño” del Sistema son los siguientes: usa una matriz de riesgo social como forma de análisis de la vulnerabilidad de la extrema pobreza; proyecta un cambio en la política pública social, de una política reactiva a una preventiva y de protección; presenta un cambio en el rol que desempeña el Estado en la superación de la pobreza, es decir, transita desde un rol pasivo a uno proactivo, coordinando una red de instituciones y servidores que identifican y buscan a las familias beneficiarias; por último, se ha reemplazado el foco de intervención centrado en el individuo, por un foco de intervención centrado en la familia como núcleo de apoyo. No obstante las bondades del diseño, las conclusiones del estudio muestran “debilidades en la gestión” atribuibles a errores de diseño y baja capacidad de la estructura organizacional y administrativa, necesaria para cubrir todas las funciones determinadas. Lo anterior, es resultado de instalar un “excelente diseño de política pública”, en un “oxidado sistema de gestión pública”. Se observan debilidades en: la coordinación entre los diferentes Programas que comparten la población objetivo; falta de estándares de calidad en las condición mínima dadas (o no) por cumplidas; exceso en la carga de trabajo de Apoyos Familiares; multifuncionalidad de Jefes de Unidad Familiar Municipal; heterogeneidad de la demanda y baja oferta local para el cumplimiento de condiciones mínimas; bajo impacto de los Programas de Empleo con Aporte Fiscal; baja eficacia de las OMIL; entre otras. Todas ellas, repercuten en el cumplimiento de los objetivos de Chile Solidario. Dichas conclusiones, enfatizan en la urgencia de reformar el Sistema. En base al diagnóstico, se propone una serie de recomendaciones, las cuales pueden ser agrupadas en tres ámbitos: primero, aumento de recursos monetarios que permita profesionalizar y especializar el Sistema de Gestión Pública por el cual se ejecutan las políticas públicas sociales, por ejemplo: la contratación de administradores cuya única función sea coordinar a Chile Solidario (JUIF y nivel de administración regional); la contratación jornada completa de ejecutores especialistas en asistir familias gravemente deterioradas en el ámbito social; contratación de especialistas cuya función única sea el seguimiento y monitoreo de la calidad de las condiciones mínimas ejecutadas (sistema de auditorias). El segundo ámbito refiere a una mejora en el diseño, por ejemplo: automatizar el registro de prestaciones que dan, a los beneficiarios de Chile Solidario, las instituciones participes del tercer componente; crear un “Sistema de Garantías de Calidad” para el cumplimiento de Condiciones Mínimas; mejorar el método de selección de las familias beneficiadas según índices de riesgo social. Y el tercer ámbito refiere a mejorar y aumentar la oferta local de prestaciones para satisfacer la demanda de condiciones mínimas de las familias, por ejemplo: activar la coordinación entre agentes públicos y privados, por formato de “Concesión” se integraría a la Red Social, privados expertos en determinadas áreas relacionadas con las Dimensiones de Chile Solidario. Los tres ámbitos están relacionados y deben ponerse en marcha simultáneamente.

El reconocimiento de los beneficios de la inversión pública, en programas para la protección y el desarrollo integral de la primera infancia, es cada vez mayor y se sustenta en múltiples estudios que indican que es la mejor manera de superar las brechas socioeconómicas. En Colombia existen experiencias de políticas públicas para la protección a la primera infancia. Sin embargo, la situación de la primera infancia colombiana, se caracterizada por altos niveles de pobreza (78,6% de la población menor de 5 años), una elevada tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna (26,5 por 1.000 n.v y 72,7 por 100.000 n.v, respectivamente) con importantes diferencias a nivel de departamentos y municipios, requiere el diseño e implementación de políticas y programas que logren mejorar estos indicadores y avanzar hacia un sistema de protección a la infancia. Los antecedentes antes presentados motivaron el desarrollo de esta investigación, cuyo objetivo principal es el de analizar los procesos de diseño e implementación del sistema “Chile Crece Contigo”, con el propósito de extraer aprendizajes de políticas sobre protección integral a la primera infancia que puedan ser adaptados a Colombia. “Chile Crece Contigo” es un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia, que forma parte del Sistema de Protección Social chileno, el cual es coordinado por el Ministerio de Planificación. El objetivo principal de este sistema es generar y articular diversos mecanismos de apoyo a niños, niñas y sus familias, que en su conjunto permitan igualar oportunidades de desarrollo. Este sistema es de gestión descentralizada y está siendo adoptado en la mayoría de las comunas del país. Los objetivos específicos de este estudio de caso están particularmente asociados a estudiar ¿Cómo se garantiza la correcta implementación del sistema en todas las regiones, considerando la heterogeneidad de necesidades y de recursos disponibles en los municipios? y ¿Cómo se logra integrar a Ministerios y otras instituciones a favor de una política de protección integral a la primera infancia?, por considerar que son dos aspectos fundamentales que requeriría Colombia para la consolidación de una política que pretenda atender requerimientos locales y posicionar la integración intersectorial como mecanismo de trabajo en red. El enfoque metodológico de este estudio, contempló el análisis de información primaria y secundaria, que permitió configurar el marco conceptual base, sobre el cual se estructuró el análisis final del que se desprenden ocho lecciones, vinculadas a factores críticos de éxito en políticas públicas dirigidas a la primera infancia, entre los que se distinguen: la integralidad para el abordaje simultaneo de los distintos ámbitos del desarrollo de los niños, la sostenibilidad para obtener resultados permanentes, la capacidad para trabajar articuladamente en red con otras instituciones y el empoderamiento de los beneficiarios. El estudio finalmente concluye que Colombia, para adaptar un sistema de las características del sistema Chile Crece Contigo, requiere contar con un diagnóstico crítico de la situación real de la primera infancia en el ámbito local, para focalizar la inversión de recursos a atender inicialmente las necesidades más urgentes de la población, que permitan disminuir los altos índices de mortalidad materna y en menores de 5 años, para posteriormente ampliar la oferta de las prestaciones y elevar la calidad de las intervenciones. Para esto deberá activar las redes interinstitucionales que existen en la actualidad, exigiéndoles metas y evaluación de resultados.

El desarrollo económico y social de un país está relacionado con el crecimiento de la producción de bienes y servicios que permite a su población generar condiciones para alcanzar un mejor bienestar. Una de las formas en que los gobiernos promueven el desarrollo es ocupándose del fortalecimiento y competitividad de los complejos productivos que generan tales bienes y servicios. En materia de desarrollo, se reconoce la existencia de dinámicas regionales que tienden a generar desequilibrios a nivel territorial, los cuales se ven agravados por las diferentes dotaciones iniciales de recursos de que disponen las regiones, esta situación determina la existencia de políticas públicas que permiten un desarrollo más equilibrado y no concentrado geográficamente. El presente estudio de caso tiene por objetivo conocer la condición de los actores implicados en el desarrollo del turismo en la Región de La Araucanía, específicamente en lo relacionado con las acciones de fomento productivo que realizan, a partir del surgimiento de un marco nacional general de Política de Desarrollo Productivo Regional que, durante la segunda mitad de los años 90, inició un proceso de relevamiento de los aspectos territoriales del desarrollo productivo y que cada región debía adecuar a sus realidades y prioridades. Mediante un enfoque principalmente descriptivo, que comprendió la revisión de fuentes secundarias y la realización de entrevistas semi-estructuradas a actores claves involucrados en la aplicación del instrumental de fomento y la implementación de los lineamientos relacionados con la Política de Desarrollo Productivo Regional en el sector turismo de la Región de La Araucanía. Las preguntas que guiaron la investigación están referidas a identificar las estrategias que, a nivel regional, emplearon las agencias públicas de fomento para mejorar específicamente el desempeño del turismo; y cuáles eran los grados de asociatividad al interior de este sector, ello bajo el supuesto de una adecuación de la Política de Desarrollo Productivo a las características de la Región de La Araucanía. Entre los resultados arrojados en el estudio se verifica una notoria desarticulación entre los agentes públicos implicados en el desarrollo del sector; una negativa imagen sobre el sector empresarial de parte de las órganos de fomento; la falta de una visión de largo plazo; así como una variada aplicación de instrumentos de fomento sobre el sector sin ajustar estos a sus complejidades y especificidades propias. Se concluye que el órgano público especializado en el sector turismo, es percibido como un ente carente de recursos para coordinar acciones entre los sectores público y privado. A partir de lo anterior, se hacen recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de los liderazgos locales privados y públicos, la adopción de un rol más protagónico por parte de los municipios; y la promoción de foros de conversación a nivel subregional o local (Destino) como espacios naturales de diálogo en el caso del turismo.

A partir de la producción escrita durante los últimos 20 años por intelectuales de las ciencias sociales de distintas posiciones políticas, se buscó saber si sus propuestas sobre la sociedad deseada postulan un ideal político educativo. Se parte de la base que la educación contribuye a hacer posible el proyecto socio-político que se persigue, el cual a su vez, orienta -o debiera orientar- sus decisiones políticoprácticas y el tipo de ser humano que forma. Pues, abordar los problemas que el sistema educativo chileno presenta –de igualdad, calidad y participación democrática- exige reflexionar sobre asuntos técnicos, pero también sobre los principios y valores que fundan las políticas educativas. Para responder a este problema se analizaron 15 libros pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales, escritos durante 1988 a 2008, que pronuncian con claridad el proyecto de sociedad esperado para Chile. Se clasificó cada obra según la posición política del autor, en obras de ‘derecha’, ‘centro’, ‘centro izquierda’ e ‘izquierda’. Para los cuatro grupos, se analizó la idea de sociedad –principalmente, cómo debe ser la sociedad futura- y la función de la educación en ella –económica, política y personal-. Su importancia se calificó de ‘ninguna’ cuando no hay referencias explícitas al tema; ‘genérica’, cuando el autor alude a la educación, pero no profundiza en sus condiciones o función; y ‘especifica’ si analiza algún aspecto del sistema y se proponen cambios o mejoras. Los resultados indican que: i) un tercio de los trabajos no incluye el tema educación –todos los de ‘izquierda’, uno de ‘centro’ y otro de ‘centro izquierda’-. ii) Seis obras le asignan ‘importancia específica’ y todas, con más o menos énfasis, subrayan su función económica; o sea, la de formar el capital humano para la producción y el crecimiento económico del país. iii) Según posición política, la ‘derecha’ indica la función económica, conforme a un modelo ideal de sociedad que se estructura en torno al mercado; el ‘centro’, que otorga igual valor al mercado y al Estado como mecanismos reguladores del orden social, agrega a la económica, la función sociopolítica de la educación para la integración y el orden social; la ‘centro izquierda’ quiere una sociedad democrática participativa, siendo central el Estado y la ciudadanía; por consiguiente, acentúan el rol de la educación para la formación ciudadana. iv) Es escaso el desarrollo y concreción de esta última función, de forma que no se señalan las características de un sistema educativo que sea favorable a un orden democrático e igualdad ciudadana. En consecuencia, para el conjunto de las obras, se advierte una vinculación parcial entre la visión de sociedad y el rol de la educación, concebido principalmente como uno económico. Expresión de este diagnóstico son las políticas educativas implementadas, en las que ha predominado un enfoque economicista y orientación hacia la producción, marginalizando su contribución al desarrollo de la democracia y la ciudadanía. Es preciso que la reflexión sobre la sociedad que queremos incorpore el sentido y función que la educación tiene en este proyecto. Bajo un ideal de sociedad que se quiere más justa, democrática y con mayores grados de igualdad, será posible juzgar las políticas educativas y sus consecuencias conforme a estos principios orientadores, evitando que ellas se realicen de forma automática, sin orientación ni sentido.

La orientación de las políticas públicas hacia la infancia con discapacidad en Chile se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también enmarcan la acción de la principal institución responsable de la infancia vulnerada en este país, el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Es en este marco institucional y normativo donde funciona el Programa Ambulatorio en Discapacidad (PAD), uno de los programas que vincula el trabajo con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y vulneración de derechos. Tradicionalmente, las políticas dirigidas a la infancia vulnerada en Chile han operado con una articulación entre Estado y sociedad civil. SENAME opera mediante la externalización de la implementación de sus programas, como lo es el caso analizado del Programa Ambulatorio de Discapacidad (PAD), que se ejecuta mediante la acción de organismos de la sociedad civil de trayectoria en el campo de la infancia con discapacidad. La externalización requiere un rol regulador de SENAME, por lo que es relevante conocer las competencias y capacidades de esta institución para regular a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que prestan los servicios de atención a la población, específicamente en el caso del PAD. En ese sentido, conocer ¿cuáles eran las competencias, responsabilidades y principales recursos con los que cuenta el SENAME para la orientación, regulación y fiscalización, en la implementación del PAD desde un enfoque de derechos?, fue la pregunta de investigación que orientó este estudio. El objetivo principal de investigación fue analizar, a través del Modelo de Análisis de Política Pública, la implementación del PAD, estableciendo la corresponsabilidad de ésta con el diseño de políticas públicas de derechos de la infancia con discapacidad y de externalización de servicios, identificando los actores que participan en la gestión, así como sus roles y recursos y las reglas institucionales en las que interactúan. A través de una metodología cualitativa de tipo exploratorio descriptivo se buscó responder a la pregunta y objetivos de investigación para lo cual se analizaron fuentes primarias y secundarias; se aplicaron entrevistas semi estructuradas a funcionarias del SENAME y de los organismos colaboradores y se desarrollaron entrevistas grupales con padres o responsables de los/as usuarios/as, en las dos regiones donde se concentra la mayor cantidad de usuarios/as. Los principales resultados de la investigación muestran: 1) ausencia de una política pública nacional que oriente las acciones en el marco de la infancia vulnerada con discapacidad; 2) hay divergencias entre la misión institucional del SENAME y la implementación del PAD, pues éste asume responsabilidades sociales que van más allá del ámbito de competencia institucional; 3) el PAD es un programa creado como respuesta a la necesidad institucional de ajustar programas ya existentes a una nueva normativa y no como una oferta inclusiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sin que exista claridad sobre su responsabilidad como institución en el proceso de inclusión; 4) el PAD no guarda total correspondencia con la labor de SENAME, pues si bien atiende población infantil vulnerada, muchas de sus acciones se orientan más al abordaje de las necesidades derivadas de la discapacidad no son cubiertas por el Estado y 5) existen deficiencias en el rol regulador de SENAME que muestra un bajo nivel de competencias técnicas para orientar la intervención de los organismos colaboradores, en infancia vulnerable con discapacidad, desde el marco normativo de derechos de la infancia y de la discapacidad. Las recomendaciones apuntan a: 1) mejorar la coherencia y complementariedad de la externalización con las convenciones internacionales, mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales de regulación de la externalización, establecimiento de mecanismos de coordinación internos y de capacitación de funcionarios/as en la temática de discapacidad y 2) generar acciones que le permitan delegar en otras entidades del Estado, las responsabilidades que van más allá de su misión institucional, sin violentar los derechos de la población con discapacidad.

La Seremitt es un órgano territorialmente desconcentrado del Estado de Chile, cuya función es representar al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en la región y colaborar con el Intendente. Hasta el año 2010, se dedicaba mayoritariamente a tramitar solicitudes de naturaleza administrativa y rutinaria, pero a partir de mediados de 2010 el escenario cambió, porque se hace responsable de implementar el Programa de Subsidios para la operación de los servicios de transporte público de regiones. Dicha política no surge como consecuencia de un problema que necesite una solución, sino que es el resultado de la condición que pusieron los parlamentarios para aprobar los recursos para subsidiar el Transantiago, por lo cual han aparecido una serie de problemas derivados de su falta de planificación y de su diseño nacional con implementación subnacional. Ante este desafío, surgen las siguientes interrogantes ¿qué impactos organizacionales ha tenido la implementación de dicha política pública? y ¿cuáles han sido los éxitos y problemas más relevantes en su implementación? Para dar respuesta a estas interrogantes, se tuvo como objetivo obtener los principales éxitos y problemas de la referida implementación y analizar desde el punto de vista sistémico sus interacciones y desde allí sugerir acciones correctivas y preventivas. Para esto se desarrolló una metodología de investigación analítica y evaluativa. Se aplicó cuestionario con consultas abiertas a los 15 Seremitts y se entrevistó mediante dos instrumentos de recolección de información complementarios entre si, un cuestionario estructurado y una pauta de entrevista en profundidad de corte semiestructurado, a actores del entorno de la Seremitt de O’Higgins. Del análisis, se concluyó que existieron dos errores en la etapa de diseño (i) el no haber considerado las particularidades de las regiones y (ii) no haber considerado los recursos operacionales necesarios para su implementación. Asimismo, la investigación reveló problemas de gestión en la organización, tales como, procesos confusos, descoordinación interna, retraso en la toma de decisiones, falta de recursos, aumento en la carga de trabajo y la inexistencia de mecanismos de evaluación del Programa. Como recomendaciones, se mencionan cinco objetivos estratégicos para paliar los problemas detectados en la investigación (i) Avanzar en la descentralización otorgando facultades de decisión y ejecución a los Seremitts; (ii) Contar con sistemas de información y tecnología que la soporte; (iii) Incorporar sistema tecnológico en los vehículos que apoye el control-fiscalización de los servicios que poseen subsidios; (iv) Implementar un sistema adecuado de seguimiento, control y evaluación del Programa y (v) Fomentar la adecuada cultura organizacional que posee la Seremitt.

No description available.