La gestión de políticas públicas requiere muchas veces que Ministerios y Servicios Públicos deban coordinarse para entregar una respuesta eficiente y coherente a problemas complejos y multidimensionales. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: duplicidad de funciones, incoherencia de acciones e irracionalidad en el uso de recursos. En seguridad ciudadana la situación no es muy distinta, y desde el 2006 al 2011 se discutió en el Congreso una propuesta que introduce cambios al marco institucional vigente. Para analizar esta propuesta, esta investigación comenzó desarrollando a nivel teórico una sistematización e integración de la discusión teórica formulada desde distintas disciplinas respecto de la coordinación, definiérndola como una práctica circunscrita a un marco institucional, organizacional e individual; y de la cual se propone la caracterización de al menos 16 fallas, agrupadas en dos vertientes: cuando existen problemas en sus marcos referenciales o bien cuando estos son insuficientemente compartidos. Un segundo elemento a destacar, es que este estudio aprovechó la contingencia de la discusión de la ley y la relevancia de la seguridad pública para construir un análisis durante el proceso mismo, profundizando en los problemas de coordinación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde la perspectiva de su marco institucional. Para ello, se utilizó un enfoque analítico crítico y una metodología de investigación cualitativa, con la cual se analizó la discusión legislativa desde la perspectiva de las fallas de coordinación y se entrevistó a parlamentarios y expertos protagonistas del debate. A partir de estos insumos, utilizando el análisis genealógico de las diversas propuestas de marco institucional y su redefinición, se fueron discutiendo y caracterizando los nuevos problemas de coordinación que surgían de cada rediseño. El análisis develó que la nueva institucionalidad en materia de seguridad pública resolvió algunas fallas pero también puede hacer surgir nuevas trabas. Los principales avances se lograron a partir de la creación de una norma exclusiva; se explicitaron roles y funciones; se institucionalizó la coordinación y un propósito estratégico, la Política Nacional de Seguridad Pública; y se incorporaron mecanismos de “governance” para cumplirla mediante el Consejo Nacional, los Consejos Regionales de Seguridad y las dos Subsecretarías (de Interior y Prevención del Delito). También se incorporó la autorización de planes y programas como un mecanismo para concretar la coordinación; sin embargo su gestión queda poco clara y puede originar nuevas trabas burocráticas que dificulten su concreción. Otras dificultades también pueden surgir con la delimitación de problemas complejos y multidimensionales, producto de la agencialización de las drogas y el alcohol en el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; o bien en el ámbito de la seguridad donde convive la prevención, el control, la sanción y la rehabilitación, porque participan múltiples servicios y entidades públicas y privadas. También se evidenciaron fallas propias de la seguridad pública, producto de las diferencias de culturas entre el mundo uniformado con el civil y el político. Todo lo cual permite afirmar que mejorar la coordinación, es un proceso que sin duda requiere introducir mejoras en sus tres marcos referenciales (institucional, organizacional y personal), de modo de avanzar desde la coordinación a la concertación. En este sentido, el principal desafío para el nuevo Ministerio, es lograr darle sentido a la acción de los sujetos para que implementen esta nueva institucionalidad, dada la envergadura del cambio y la complejidad de la coordinación entre actores en el ámbito de la seguridad pública.

Desde que nació en 1804, Haití tuvo pocos momentos de estabilidad política, y su historia está marcada por una sucesión de regímenes autoritarios y por protestas sociales recurrentes. Hoy día, más de 200 años después de su independencia, este país es conocido por su violencia política y la pobreza de su población, que diariamente, se proyectan en los medios de comunicaciones a través del mundo. También se proyecta la imagen de un país incapaz de asegurar el orden dentro de su frontera, puesto que, dos veces en el espacio de diez años, se desarrollaron dos intervenciones de las Naciones Unidas para asegurar la paz entre facciones políticas y sociales. Pero, al igual que la mayoría de los países de la región, Haití inició una transición democrática en los ochenta, en particular en 1986, cuando el dictador Jean Claude Duvalier dejo el poder. Desde este momento sin embargo y hasta 2004, el país entró en un círculo de crisis políticas marcadas por golpes de Estado, crisis electoral y de gobierno, por lo que se consideró que era un Estado ingobernable. Este trabajo trata de explicar por qué Haití tuvo esta trayectoria de la gobernabilidad durante su transición. La discusión teórica realizada sobre el tema, llevó a plantear que el nivel de gobernabilidad depende dos grandes variables: la capacidad de los actores estratégicos para hacer consenso en torno a los grandes desafíos que plantea la transición y, la capacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad. Distintos niveles de consenso y de capacidad, pueden llevar a una amplia gama de condiciones de la gobernabilidad, de las cuales es posible desprender cuatro grandes categorías: condiciones favorables, difíciles, frágiles y hostiles. Aplicado al caso de Haití, hemos encontrado que el país hizo frente a unas condiciones hostiles para la gobernabilidad a lo largo de la transición. Estas condiciones son producto, por una parte, de la falta de consenso que se ha logrado entre los actores estratégicos en torno a los tres grandes desafíos que planteaban la transición: elaborar una nueva constitución que definen las reglas del juego político capaces de facilitar los acuerdos y así reducir los históricos conflictos políticos y sociales, realizar elecciones que permitirían poner de pie las primeras instituciones democráticas y lograr acuerdos para gobernar; y por otra parte, de la poca capacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad debido principalmente a sus limitaciones económicas y administrativas. Este panorama deja poco espacio para unas perspectivas prometedoras. Pese a que, desde 2004, los actores han manifestado una mejor disposición para dialogar, y que se ha logrado algunos avances en el fortalecimiento de la capacidad del Estado, las limitaciones estructurales como la corrupción, la debilidad de institución electorales y la fragilidad de la estabilidad del gobierno y del parlamento persisten. En este contexto, la implementación de reformas que permiten fortalecer las instituciones políticas y la administración pública se vuelven . 3 imperativas. Finalmente, a pesar de que la calidad de las políticas públicas se encuentra generalmente afectada por la gobernabilidad, constituyen una herramienta que pueden permitir al gobierno mejorar su desempeño y reducir sus debilidades. Desde este punto de vista, las políticas públicas pueden ser claves en la nueva experiencia que inició Haití con las elecciones de 2006.

El presente Estudio de Caso propuesto al Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Chile, fue desarrollado gracias a un convenio suscrito entre el Programa Multidisciplinario para el Diálogo Social de la Universidad y Oxfam - Chile. En este contexto la ponencia tiene un énfasis en la política pública de fomento productivo, que estimula la innovación y la asociatividad en relación con una cadena de valor. Con la finalidad de aumentar la competitividad de un conglomerado de empresas y, desde luego, redefinir su participación en los mercados tanto a nivel local como global. Para comenzar el análisis se establece como objeto de estudio el Programa Territorial Integrado (PTI): Vitivinícola del Maipo. Iniciativa gubernamental promovida por la Corporación de Fomento Productivo (CORFO), en la Región Metropolitana, cuyo objetivo es impulsar la formación y desarrollo de un cluster vitivinícola entre los pequeños y medianos viñateros del Valle del Maipo. Respecto a la metodología utilizada, ésta consistió en el análisis de bibliografía existente y de la información proporcionada por expertos, los que fueron entrevistados para conocer tanto su opinión como el saber práctico de los propios actores involucrados en el PTI, en términos de innovación y capital social, puesto que su visión del mundo productivo y social tienen una lógica propia, la que muchas veces no es reductible a la del conocimiento teórico. En cuanto a los resultados obtenidos, una vez conocidos los diferentes enfoques y la experiencia acumulada por el PTI, se pudo concluir que en el sector vitivinícola del Maipo, a nivel de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), se asumió un largo proceso de aprendizaje evolutivo, que hizo posible, con la ayuda del Estado e instituciones especializadas de apoyo, la reconversión productiva y la creación de una masa crítica de trabajadores. Desde luego, quienes tomaron la decisión de asociarse y cooperar para competir fueron los viñateros. Ellos se agruparon tempranamente en un Proyecto de Fomento (PROFO) y luego en torno al PTI, con la firme intención de formar un cluster vitivinícola en el Maipo, construir valores y elaborar una estrategia de mercadocomún. A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer algunos desafíos para el Programa, que implican un gran esfuerzo por reducir la insularidad del PTI, con respecto a otras iniciativas asociadas al sector, por ejemplo, el Programa de Certificación de Competencias Laborales, ejecutado por la Fundación Chile y, a la vez, impulsar, junto a otros organismos del Estado y la Agencia Regional Desarrollo Productivo una Agenda Vitivinícola, puesto que la coordinación entre las distintas iniciativas puede promover una mayor vinculación entre innovación tecnología, competitividad y equidad.

Las economías que han logrado exitosamente diversificar y agregar valor a sus recursos naturales sugieren que la innovación debe estar en el centro de las reformas políticas y económicas. Esta preocupación ha adquirido importancia en la agenda del gobierno de Chile en las últimas décadas, y se han logrado cambios en varias dimensiones. No obstante, aún existen debilidades sustanciales al interior del Sistema Nacional de Innovación (SNI). Una de las más relevantes es la relación entre el conocimiento y la capacidad productiva, y dentro de ella el vínculo entre la universidad y la empresa (UE). El objetivo principal de este estudio es describir y analizar el debate sobre las relaciones UE en Chile al interior del SNI. Para tal fin se construyó un modelo de incentivos y barreras que recopiló las diversas percepciones y evaluaciones hechas por instituciones y expertos, con énfasis en la participación del Estado en su rol subsidiario, de información y fomento. Esto se ha hecho teniendo como referentes teóricos al SNI, corriente que estudia las realidades nacionales como estructuras integrales de aprendizaje a partir de las cuales se construyen institucionalidades para el desarrollo de la innovación, y el modelo de Triple Hélice, que se enfoca en las interacciones entre los participantes, así como los nuevos roles que pueden tener a partir de ella. Se trata de un estudio exploratorio y analítico que propone una manera de comprender y sistematizar relaciones complejas en las que cada una de sus esferas requiere una indagación profunda y particular. La hipótesis es que el esfuerzo colectivo puede ser potenciado si los agentes conocen, por un lado, sus diferentes trayectorias y limitaciones, y por el otro, sus fortalezas para lograr una mejor articulación, con nuevos instrumentos, y sobre todo con lógicas de coordinación y acercamiento para continuar la maduración hacia un sistema integral. Se detectaron condicionamientos históricos de los agentes, su evolución institucional, sus percepciones sobre el proceso, y los principales retos para una mayor participación conjunta. En la universidad, aunque existen respuestas heterogéneas, la tercera misión es incipiente; los incentivos académicos y la gobernanza no promueven la interacción con el sector externo; las estructuras de interfase, en tanto, no logran reducir las asimetrías. En la empresa hay baja absorción de capital humano, pocas rutinas y redes de innovación, y escasos criterios de riesgo y de largo plazo. El Estado muestra fragmentación y duplicación de instrumentos de apoyo, y tiene baja incidencia en la difusión y evaluación de su oferta. Aunque se gestan cambios positivos, estos agentes requieren un ambiente de confianza y retroalimentación. A partir de este escenario se proponen mejoras para lograr una institucionalidad propia donde los cambios se adhieran a la práctica y puedan ser asimilables por los actores sociales. Entre las recomendaciones principales que se desprenden del análisis, destacan la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, con mayores atribuciones y visión de Estado, además de optimizar la difusión de la oferta de apoyo y la coordinación entre los entes implementadores; en la empresa, fomentar los criterios de asociatividad y la capacidad de absorción de capital humano, así como facilitar la creación de empresas de base tecnológica; por último, en la universidad, enfatizar la tercera misión mediante oficinas de transferencia tecnológicas funcionales, criterios de coparticipación con el sector privado y la reestructuración del sistema de recompensas académicas.

El presente estudio se fundamenta, por un lado, en el alto índice de trabajo infantil y adolescente (TI) en Nicaragua, actividad que vulnera los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes nicaragüenses, perjudicando además su desarrollo y, por otro, en los incipientes estudios que permiten identificar el nivel de influencia de los factores críticos que explican el ingreso de los infantes al mercado laboral. Considerando estos antecedentes, el objetivo de este estudio de caso es identificar los principales determinantes del TI en Nicaragua, de manera que se pueda generar una propuesta de diseño de política para su erradicación progresiva. Para tales fines, el estudio se desarrolla con un enfoque cualitativo analítico, análisis estadístico y econométrico a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente ENTIA 2005, desarrollada por el Ministerio del Trabajo de Nicaragua, así como en la revisión documental y análisis de política pública con buenos resultados ejecutada en Colombia. El uso de estos instrumentos permite una mejor descripción de la problemática analizada, contribuyendo a establecer patrones de influencias en la decisión del infante de ser partícipe en el mercado laboral, así como adquirir aprendizajes para el planteamiento de potenciales soluciones. Los hallazgos del estudio muestran que los principales factores de riesgo que influyen en una mayor participación laboral infantil son: el hecho de ser hombre (sexo), el habitar en la zona rural, la edad (a mayor edad mayor riesgo), el poseer niveles bajos de escolaridad y la falta de recursos económicos en el hogar. Por lo contrario, entre los factores de protección están: la asistencia a la escuela y el nivel educativo del jefe del hogar. Adicionalmente, se observó que los hombres poseen mayor presencia laboral en el rubro agrícola y las mujeres en el de servicios, actividades que, en su mayoría, no son remuneradas como consecuencia del bajo requerimiento de educación aunado a que los servicios son brindados a familiares. Finalmente, se encontró que los infantes activos poseen un alto nivel de desconocimiento del riesgo laboral. El estudio concluye que la problemática de TI en Nicaragua va más allá de la carencia de ingresos, dado que involucra múltiples ámbitos y sectores de intervención, siendo requerido para su apaleamiento políticas de acción que contengan elementos de sostenibilidad y legitimidad; que los patrones culturales existentes en el país influyen significativamente en la existencia de TI y en consecuencia se requiere utilizar herramientas estratégicas que incidan permanentemente en dichos patrones. Encadenado a ello, se crea la necesidad de una mayor sensibilización de los actores relacionados a la problemática, como son los padres de familia, las autoridades públicas y la sociedad, acción que contribuiría a la internalización de la problemática y a la creación de mayor responsabilidad de éstos para con los infantes activos. Dada la multicausalidad del TI, se recomienda la creación de un Plan Nacional participativo, en el que se involucre a los principales actores relacionados a la problemática, dando ello a la creación de un Comité Nacional, que estaría a cargo de la ejecución del Plan. Se propone que el objetivo del Plan Nacional sea: prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil y adolescente en Nicaragua, así como la eliminación de sus peores formas y otorgar a demás, protección al adolescente trabajador; siendo sus principios orientadores, el enfoque de derecho, la equidad de género y el enfoque de reducción de la pobreza. Así mismo, se recomienda la creación de una Secretaría que contribuya a una adecuada coordinación y retroalimentación entre las instituciones del Comité en todos los niveles, así como a la generación de sinergias entre el Plan y los programas existentes. Finalmente, producto del aprendizaje adquirido, los alcances y limitaciones del presente estudio, se recomienda que futuros trabajos en materia de TI en Nicaragua, se enmarquen en el análisis de sus peores formas así como en el proceso de la formulación de políticas.

El presente estudio se basa en el reconocimiento de que el desarrollo de las competencias profesionales de los profesores es una variable significativa que influye en los resultados y aprendizajes que alcanzan sus alumnos. Por ello, este estudio intenta analizar de manera exploratoria el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Competencias Docentes, diseñado por el Programa de Gestión Escolar de la Fundación Chile. La aplicación de las herramientas del Sistema permite la identificación de competencias, y su nivel de desarrollo en los docentes, así como la realización de planes de acción para su fortalecimiento. El estudio de caso se orientó a responder las siguientes preguntas: ¿Por qué se considera importante la evaluación de las competencias de los profesores?; ¿Cómo está funcionando actualmente el Sistema de Evaluación de Competencias Docentes diseñado por la Fundación Chile?; ¿De qué manera influye la aplicación de este Sistema en los establecimientos educativos?. Para dar respuestas a estas preguntas, el estudio se desarrolló con una metodología cualitativa y con un enfoque analítico y descriptivo, contemplando una revisión bibliográfica pertinente. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a Directores, Profesores y Jefes de Unidad Técnica Pedagógica, de una muestra de establecimientos que participan del Sistema de Evaluación de Competencias. Los hallazgos del estudio indican que tanto en los establecimientos particulares pagados, como particulares subvencionados, se reconoce la necesidad de evaluar las competencias docentes, a fin de detectar aquellas competencias funcionales o conductuales menos fortalecidas, y a partir de ello generar planes de acción que contribuyan al desarrollo de la labor pedagógica. Los actores valoran como útil y práctico, que el Sistema cuente con una herramienta online, ya que facilita adecuar los tiempos de los diversos actores al momento de completar los cuestionarios. También se detectó la importancia de evaluar a los profesores a fin de no dejar sin acompañamiento su labor, teniendo en cuenta que la gestión de los directivos de establecimientos, busca acompañar la labor de los maestros. La investigación concluye que, tanto los establecimientos particulares pagados y subvencionados demuestran interés por evaluar las competencias profesionales de sus profesores; que las herramientas del Sistema diseñadas por el Programa de Gestión Escolar de la Fundación Chile cuenta con fortalezas y debilidades; y, que es un instrumento útil de gestión para los directivos, ya que contribuye a la tarea de seguimiento y acompañamiento de la labor docente. El estudio también muestra que el desarrollo de las potencialidades de los profesores repercute indirectamente en el aprendizaje de los alumnos, siendo muy valorado por los actores entrevistados, la definición de perfiles docentes, y la existencia de la distinción entre competencias conductuales y competencias funcionales. Por otra parte, atendiendo al desafío de contar con políticas para la formación continua de profesores en Chile, que contemplen la formulación de planes de desarrollo profesional de los docentes, se evidenció en las entrevistas, que los resultados que arroja el Sistema de Evaluación de Competencias Docentes, son significativos para orientar medidas de mejoramientos en los establecimientos educativos, a través del desarrollo de competencias profesionales, lo cual se considera pertinente para analizar el diseño e implementación de una política pública, que facilite el desarrollo y ejecución de éste tipo de programas de evaluación, especialmente en colegios particulares subvencionados y particulares pagados, atendiendo que en el sector de colegios municipales, existe actualmente un proceso de evaluación de desempeño docente.

Las iniciativas para reformar el Estado en Chile datan desde hace 40 años aproximadamente. Iniciativas estructurales como las reformas económicas y sociales de la dictadura, la creación de instituciones del gobierno de Patricio Aylwin, el Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública en la administración de Eduardo Frei, el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) para cargos del gobierno central en el período de Ricardo Lagos, y la creación del Sistema de Protección Social y la Reforma Previsional de Michelle Bachelet, reflejan una tendencia de instauración de cambios vía consensos de largo plazo que permitan continuidad en el trabajo independiente de la orientación política del gobierno de turno. El desafío actual es el logro de una descentralización pertinente a las necesidades y capacidades del país mediante el traspaso de mayores funciones, atribuciones y recursos desde el gobierno central, hacia gobiernos regionales y locales. Los organismos receptores, por su parte, deben certificar una mejor gestión y transparencia y para esto es clave poder contar un sistema que contribuya a mejorar la capacidad de directivos públicos. Atendiendo este requerimiento, este estudio desarrolla la arquitectura de un Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) Municipal, buscando dar soporte a alcaldes en el reclutamiento, selección, formación y evaluación de directivos públicos municipales. En base a revisión bibliográfica, el criterio de expertos en temas municipales y encuestas aplicadas a directivos públicos de municipios del país, esta tesis identifica las componentes esenciales de un SADP Municipal, sus características y las relaciones entre ellas. Junto con esto, se establecen las propuestas estratégicas para el desarrollo de un SADP Municipal por cada dimensión que compone el Sistema. Las componentes constitutivas del SADP Municipal corresponden a su gobernanza, es decir, la distribución de responsabilidades y atribuciones derivadas del mismo; el soporte, relativo a la provisión de insumos críticos para su gestión; el control de gestión, consistente en la identificación de objetivos estratégicos del Sistema, la formulación de métricas para analizar su cumplimiento y la retroalimentación derivada de indicadores; y la relación son los stakeholders, en donde a partir de su identificación, se pueden establecer medidas de difusión, promoción y membresía. Dentro de las propuestas elaboradas según cada elemento del Sistema destaca la creación de un Consejo de Alta Dirección Pública Central y uno Zonal, el empoderamiento de Alcaldes en la selección de postulantes para cada cargo directivo, la certificación de instituciones de educación superior para poder impartir formación directiva municipal, el rediseño de los mecanismos de evaluación existentes y el aumento de remuneraciones de directivos municipales por medio de asignaciones monetarias por sobre su salario en municipios que se acojan al SADP Municipal, entre otras.

El mejoramiento de la competitividad de nuestra economía aparece como uno de los objetivos fundamentales hoy en día para alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo que desea obtener el país. Para ello, diversos planteamientos teóricos y basados en experiencias prácticas sugieren que el territorio (y lo local) debe ser considerado como una fuente para la obtención y desarrollo de ventajas competitivas dinámicas, las cuales se derivan de rasgos económicos, sociales y/o culturales que lo caracterizan y lo diferencian de otros lugares. Considerando eso y el hecho de que las municipalidades son los organismos públicos que, por la forma en que realizan su acción, tienen una relación más cercana con la ciudadanía a nivel territorial, mediante este trabajo se busca analizar la pertinencia e importancia que tiene la acción de las municipalidades en el mejoramiento de la competitividad y, sobre esta base, proponer un modelo para su incorporación en la institucionalidad pública dispuesta para ello. Para cumplir con ese propósito, se efectuó un análisis de fundamentos teóricos que relevan la importancia de la competitividad como factor de desarrollo y al territorio como el lugar más adecuado para su mejoramiento. Esa contextualización fue complementada con el análisis de las principales definiciones de política que existen en la materia y con una caracterización de la situación de las municipalidades, en diversos aspectos relacionados con su desempeño. Luego, se analizaron algunas experiencias internacionales en donde las municipalidades han tenido roles exitosos en acciones relacionadas con mejoramiento de la competitividad, lo que finalmente fue enriquecido mediante la realización de entrevistas a actores del ámbito académico y público que están involucrados en el tema y a través de la revisión de las definiciones que contienen algunos PLADECOs, en materia de desarrollo económico. A través de esa metodología se buscó comprobar la hipótesis central de este trabajo, la cual afirma que mediante el potenciamiento de la acción municipal en las iniciativas que se impulsan para mejorar la competitividad de la economía del país, sería posible aprovechar en mayor medida las ventajas competitivas que posee el conjunto de su territorio y, además, mejorar la calidad de esas acciones, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo que tiene cada localidad. Fruto de su aplicación, se logró comprobar que existen diversos fundamentos, sustentados tanto en planteamientos teóricos como en experiencias prácticas y en opiniones de actores involucrados en temas de desarrollo económico y gestión municipal, que permiten afirmar que es conveniente potenciar la acción municipal en las iniciativas que se están impulsando para mejorar la competitividad del país. Para ello, no obstante, es necesario considerar, entre otros factores, que el tipo de rol y su alcance está condicionado por las capacidades de cada municipio y a las características de su entorno, lo que sin embargo no impide que asuman funciones en la materia. Teniendo presente esta condición, y considerando la acción que se está realizando para el mejoramiento de la gestión municipal, existen espacios para que las municipalidades puedan abordar de manera específica aquellos aspectos que limitan su acción y el aprovechamiento de las oportunidades que ella representa para potenciar un desarrollo más diverso y sostenible del conjunto del territorio que tienen a su cargo.

Este estudio analiza el rol de la gestión en educación municipal en Chile y en algunas de sus comunas, y pretende contribuir a mejorar la calidad de su oferta pública en educación primaria y secundaria. En la primera parte se expone el rol que la normativa legal asignó a los municipios, el ambiente de la gestión pública en Chile y modelos eficaces de gestión en educación. Luego se presenta una caracterización de los Departamentos de Educación de las comunas San Miguel, La Cisterna, La Florida y Peñalolén, construida a base de entrevistas sostenidas con sus jefaturas en noviembre de 2009. Finalmente el foco se dirige a la comuna de San Miguel, abordando la gestión en el ámbito curricular, realizada por el Departamento de Educación y por sus establecimientos dependientes, mediante el análisis de los Planes Anuales de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM) de los años 2007 al 2010 y de los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación SIMCE desde 2006 al 2008. La investigación reveló una confusión sobre el rol de gestión que le corresponde al nivel municipal en educación. Los Departamentos de Educación visitados carecían de una definición explícita, respecto de la gestión curricular, de elementos tales como procesos, objetivos, metas e indicadores; omisiones que limitan la evaluación de su gestión. En el caso del Departamento de Educación de San Miguel, se advirtieron debilidades y falta de precisión en definiciones estratégicas, centros de responsabilidad, metas e indicadores; que atentan contra una buena gestión. Aunque los planes anuales de esta comuna declararon reiteradamente el propósito de mejorar los aprendizajes, no hubo avances sustantivos: establecimientos con buenos y malos resultados en 2006 los mantuvieron en 2007 y 2008. El estudio propone recomendaciones específicas para el Departamento de Educación de San Miguel y para la Corporación Municipal de la cual depende, entre ellas: adoptar las definiciones estratégicas ausentes, asumir el desafío de liderar con sentido de urgencia la mejora de los aprendizajes y desarrollar un rol más activo en el monitoreo y rendición de cuentas del sistema. Además se sugieren medidas para el Ministerio de Educación, que pretenden impactar al conjunto de las unidades municipales del país que están a cargo de la educación: incorporación de nuevos elementos en su evaluación a los PADEM y la estandarización de los procesos de planificación y supervisión.

El estudio de caso tiene por objetivo realizar una descripción de la política pública de fomento a la innovación para la competitividad a partir de los procesos y coyunturas políticas, sociales y económicas que han favorecido y/o dificultado su diseño e implementación, en el contexto de un modelo de desarrollo determinado por elementos como la ideología de los policymakers, el contexto político y económico y el proceso de reforma del estado y la gestión pública. Por lo anterior, el presente estudio es de tipo descriptivo y analítico. En su dimensión descriptiva, relata una secuencia de los principales hechos ocurridos durante el periodo estudiado, incorporando en la narración las experiencias de algunos observadores o involucrados. En su dimensión analítica, el estudio se orienta hacia los determinantes de los hechos descritos para entender el proceso y, a partir de ahí, obtener conclusiones generales para explicar la forma y contenido de la acción pública de fomento a la innovación tecnológica durante el periodo analizado. El levantamiento de información se realizó a través de revisión bibliográfica, consulta en bases de datos y entrevistas semiestructuradas. El desarrollo del estudio fue guiado por preguntas de investigación dirigidas a identificar los principales cambios en la acción pública de fomento a la innovación para la competitividad entre 1990 y 2005, bajo el supuesto que ese proceso desemboca en el diseño de la Estrategia Nacional de Innovación a partir del año 2006. Analizando el proceso, se intenta identificar los factores determinantes de dichos cambios y, de igual forma, explicar por qué no se produjeron otros hechos susceptibles de ocurrir dadas las condiciones que en el estudio se describen. A partir del análisis de los determinantes del proceso se caracteriza la acción pública de fomento a la innovación durante el periodo, bajo la hipótesis de que esos mismos determinantes producen el giro desde una política más bien subsidiaria hacia una más activa en el ámbito del fomento a la innovación competitiva, hecho ocurrido a partir de la creación del Fondo de Innovación para la Competitividad y el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Con todo, se concluye que la principal característica de la acción pública de fomento a la innovación para la competitividad durante el periodo fue su naturaleza más bien residual y esencialmente correctiva de fallas de mercado, dada la carencia de una estrategia explícita de desarrollo que incluyera dentro de sus componentes una política manifiesta de fomento a la innovación tecnológica. Dicha naturaleza estuvo determinada por la forma en que se estructuró el problema del apoyo a la innovación, el sentido de la urgencia que tuvo el asunto en la agenda gubernamental, el desempeño de la economía chilena y el paradigma predominante en la clase dirigente sobre el rol del estado en la economía. Por otro lado, la naturaleza de la acción pública se fue modificando en virtud de la acción de las comunidades de política vinculadas a la materia, los cuestionamientos al modelo de desarrollo a partir de la crisis asiática, la evaluación de los resultados de la implementación de programas de fomento y la evidencia internacional (evaluaciones y efecto demostración de otras economías).