Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo, se desarrollará el análisis de tres figuras jurídicas: El delito de desaparición forzada en abstracto, sin limitar el análisis a un caso en particular; y su consagración en La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Realizamos este análisis con el objeto, primero, de determinar qué debemos entender por el delito de desaparición forzada. Segundo, analizaremos la primera convención que Chile suscribió en la materia, y que se inscribe dentro de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con el objeto de entender el contexto regional en que la práctica de la desaparición forzada se desarrolló y el importante paso que dio Chile al suscribirla y ratificarla. Finalmente, con el análisis de la segunda convención suscrita por Chile, dejamos en consideración las limitaciones del sistema interamericano, concluyendo que, al encontrarse ambas en vigor y ser ambas jurisdicciones aplicables, pareciera ser más completa y favorable la última Convención ratificada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Monografía podría resumirse como un intento conciente de responder una sola pregunta: “¿Qué se puede esperar de un mecanismo de solución amistosa?”. En efecto, este trabajo de investigación aspira a servir como justificación teórica de aquellas muchas soluciones amistosas que ya se han gestado en la práctica y que podrían seguir aumentando en número en el futuro en la medida que este particular mecanismo sea efectivamente considerado por los distintos operadores jurídicos del Sistema Interamericano como: i) una forma racional y pacífica de resolución de conflictos; ii) una forma de reforzar una educación para la paz en la región americana; iii) una alternativa real para el acceso de la víctima a la justicia interamericana; y iv) una herramienta que logra armonizar la justicia de la solución con la economía de los recursos del Sistema

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El 5 de Febrero de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la censura de la película "La Ultima Tentación de Cristo", quedando de tal forma expuesta la responsabilidad internacional de nuestro país. Con la dictación de esta sentencia se culminó entonces un proceso que se habia iniciado en 1988 con la prohibición de dicha película por el Consejo de Calificación Cinematográfico. El problema que surgió de inmediato, una vez agotada la última "instancia" que nuestro ordenamiento jurídico señala, fue el de establecer la forma de cumplir con dicho fallo en pos de reparar debidamente el daño causado a los recurrentes e indirectamente, como miembros de ella, a toda la sociedad chilena. Esta situación se debió específicamente a que el Estado chileno, a través del poder judicial infringió disposiciones internacionales consagradas en la Convención Americana de Derecho Humanos referentes a la libertad de expresión e información, y por no haber modificado su ordenamiento jurídico con el ámbito internacional.

[pt] A implementação das decisões da Corte IDH no Brasil é o tema central deste trabalho. O objetivo é compreender a aparente contradição entre os esforços despendidos pelos estados na assinatura de Tratados, bem como o desenvolvimento de regimes internacionais de proteção dos direitos humanos e sua correspondente ineficiência em cumprir internamente as sentenças prolatadas pela Corte IDH. Indutivamente, a primeira observação é a de que empiricamente não há uma continuidade entre as ordens jurídicas interna e internacional, obstaculizada exatamente pela atuação do estado. Por conseguinte, há a necessidade de estudar mais afundo a organização política do estado em si, na tentativa de encontrar uma justificativa para o recorrente bloqueio do estado no cumprimento das sentenças da Corte IDH, já que em nenhum dos casos houve a declaração expressa de cumprimento das sentenças. Por isso, exploram-se as considerações teóricas de Tilly (1996), segundo o qual os estados cursariam trajetórias políticas próprias, não necessariamente seguindo os mesmos passos da Europa. Além disso, em coerência com a argumentação teórica do autor, segundo a qual a guerra seria um importante catalisador de transformações políticas do estado, atribui-se especial importância aos desdobramentos históricos da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista ser a última guerra mais importante com repercussões profundas e abrangentes.Associando as teses de Tilly com as transformações decorrentes da Segunda Guerra Mundial, é possível apontar teoricamente pelo menos dois fatores capazes de influírem no cumprimento das decisões das sentenças da Corte IDH. O primeiro deles está relacionado à incorporação de instituições, oriundas do modelo europeu de formação do estado, em circunstâncias bastante diferentes e o segundo associado à relação entre estado e população/povo/cidadãos. Após tais constatações, os casos específicos de condenação contra o Brasil são analisados, bem como as medidas tomadas uma a uma. O objetivo passa a ser, então, compreender o problema inicialmente proposto, a partir do fundamento teórico apresentado. / [en] The implementation of the decisions of the IACHR in Brazil is the central theme of this work. The goal is to understand the apparent contradiction between efforts by states creating treaties and developing international regimes for the protection of human rights and their corresponding inefficiency in meeting internally the judgments issued by the Court. Inductively, the first observation was that empirically there is no continuity between the domestic and international legal systems, exactly hindered by the actions of the state. Therefore, it is necessary to study further deepen political organization of the state itself, as an attempt to find a justification for blocking of the state in compliance with the judgments of the IACHR, since in neither case were the express declaration of compliance sentences . Therefore the theoretical considerations of Tilly (1996) is explored, whereby the states would enroll own political careers, not necessarily following the same steps in Europe. Furthermore, in accordance with the theoretical arguments of the author, to which the war would be an important catalyst for policy change in state, it is possible to attribute special importance to the historical developments of World War II, in order to be the most important last war with deeper and more comprehensive impact . Associating with Tilly s theses changes resulting from the Second World War, it is theoretically possible to identify at least two factors that have influence in implementing the decisions of the judgments of the Court. The first one is related to the incorporation of institutions , derived from the European model of state formation in very different circumstances and the second associated with the relationship between state and population / people / citizens. After these findings, specific cases of condemnation against Brazil were analyzed as well as the measures taken one by one . The objective becomes, then, to understand the problem first proposed from theoretical foundation presented.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Angulo Losada vs Bolivia. Dicha sentencia evalúa el caso de Brisa de Angulo Losada, quien a los dieciséis años sufrió abuso sexual por parte de su primo E.G.A., diez años mayor que ella, así como otros obstáculos y vulneraciones a lo largo de la investigación y el proceso judicial seguido para denunciar el abuso. Para dicho análisis se emplearon diversos instrumentos jurídicos internacionales, incluidas la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará, así como jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, además de las vulneraciones sustentadas y argumentadas por la Corte Interamericana, se sustenta en el informe la vulneración del derecho al acceso a la justicia de Brisa De Angulo a través de la presencia de violencia institucional. Dicho tipo de violencia se expresa en la forma en que las autoridades legislativas tipificaron los delitos relativos a la violencia sexual en Bolivia, excluyendo el elemento de consentimiento como eje principal y al no seguir los estándares internacionales requeridos. Ello generó, en consecuencia, la vulneración de los derechos de Brisa y la responsabilidad internacional de Bolivia

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

El presente informe de suficiencia profesional se enfoca en el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. La cuestión principal se centra en determinar la responsabilidad del Estado de Honduras ante el sistema interamericano por la falta de juzgamiento y el fallecimiento de Vicky Hernández debido a su condición de mujer trans. El enfoque metodológico se basa en la aplicación de instrumentos internacionales, incluyendo la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación e Intolerancia y la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relevantes, como Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duque vs. Colombia y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Además, se considera la doctrina pertinente que aborda los derechos vulnerados en el presente caso. Como conclusión, se determina que el Estado de Honduras es responsable ante el sistema interamericano por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida, integridad personal, garantias judiciales, protección judicial, reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de expresión, vida privada y nombre de Vicky Hernández en su condición de mujer trans, en virtud de los estereotipos y prejuicios existentes en relación a las trabajadoras sexuales trans. / This professional sufficiency report focuses on the ruling issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Vicky Hernández et al. Honduras. The main issue focuses on determining the responsibility of the State of Honduras before the inter-American system for the lack of trial and the death of Vicky Hernández due to her status as a trans woman. The methodological approach is based on the application of international instruments, including the Convention of Belém do Pará, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination and Intolerance and the American Convention on Human Rights. Likewise, the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in relevant cases, such as Atala Riffo and Girls vs. Chile, Flor Freire vs. Ecuador, Duke vs. Colombia and Azul Rojas Marín and another vs. Peru. In addition, the pertinent doctrine that addresses the rights violated in the present case is considered. In conclusion, it is determined that the State of Honduras is responsible before the inter-American system for the violation of the rights to equality and non-discrimination, life, personal integrity, judicial guarantees, judicial protection, recognition of legal personality, freedom of expression, private life and name of Vicky Hernández as a trans woman, due to existing stereotypes and prejudices in relation to trans sex workers.

El presente informe busca dar respuesta a la interrogante de si el Estado de Ecuador ha vulnerado los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de la menor Paola Guzmán Albarracín, a raíz de los acontecimientos ocurridos en una institución educativa pública de dicho país durante el año 2002. Para alcanzar dicho objetivo, se revisó la normativa interna de Ecuador, que incluyó a la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, así como leyes y decretos ejecutivos. Ello con la finalidad de determinar si se agotaron todas las instancias internas antes de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se analizó la normativa internacional y jurisprudencia relacionada con los derechos humanos de las niñas, especialmente en lo que respecta a la protección que deben recibir en el entorno educativo y judicial; y se hizo referencia a la doctrina desarrollada en relación a los principales problemas jurídicos planteados en este caso. Todo ello se realizó con la finalidad de demostrar de manera concluyente que, efectivamente, el Estado de Ecuador vulneró los derechos de la menor Paola Guzmán Albarracín, en particular, su derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con ello se espera contribuir al análisis crítico de la situación jurídica y de derechos humanos de la menor Paola Guzmán Albarracín en el contexto del sistema legal ecuatoriano y reflexionar en base a las obligaciones internacionales que asumió el Estado de Ecuador. / This paper aims to address the question of whether the State of Ecuador has failed to comply with the rights recognized in the American Convention on Human Rights in the case of the minor Paola Guzmán Albarracín, as a result of the events that occurred in a public educational institution in that country in 2002. To attain this purpose, Ecuador's domestic legislation was reviewed, which included the Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, as well as laws and executive decrees. The purpose was to determine whether all domestic instances had been exhausted before bringing the case before the Inter-American Court of Human Rights. In addition, international legislation and jurisprudence related to girls' human rights were analyzed, especially with regard to the protection they should receive in the educational and judicial environment; and reference was made to the doctrine developed in relation to the main legal problems raised in this case. All of this was done with the purpose of conclusively demonstrating that, effectively, the State of Ecuador infringed the rights of the minor Paola Guzmán Albarracín, in particular, her right to a life free of sexual violence in the educational environment, to judicial guarantees and to judicial protection. The aim is to contribute to the critical analysis of the legal and human rights situation of the minor Paola Guzmán Albarracín in the context of the Ecuadorian legal system and to discuss the international obligations assumed by the State of Ecuador.

La doctrina del control de convencionalidad supone, entre otras, una contestación de la Corte IDH a la pregunta sobre el valor jurídico de su jurisprudencia. En síntesis, afirma que la exégesis sobre la CADH y otros tratados interamericanos, contenida en sus sentencias y opiniones consultivas, tiene un carácter vinculante y un efecto erga omnes en aquellos Estados que han reconocido su competencia (contenciosa o consultiva). Por ello, dirá la Corte IDH, que toda autoridad nacional, sin excepción, debe cotejar su ordenamiento y prácticas domésticas a la luz de los pronunciamientos interamericanos y, de haber contradicción, decantarse por estos segundos. Desde entonces, se ha producido una divergente respuesta tanto al interior de las altas cortes nacionales como de la doctrina académica. La presente investigación, no solo pretende narrar la historia de esta figura, para luego categorizar su concepto (capítulo II), sino también presentar el vigente debate judicial y académico que ha generado (capítulo III). Asimismo, intenta poner en discusión, desde el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional, aquel extremo que señala a la jurisprudencia interamericana como parámetro obligatorio y de efectos “frente a todos” (capítulo IV). Finalmente, busca comprender cómo la reconfiguración del concepto de “soberanía” estatal y la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, terminada la II Guerra Mundial, ha hecho posible que arribemos a reflexiones y controversias de este tipo (capítulo I). La conclusión principal a la que llegamos es que, sin poner en duda la importancia del rol interpretativo que desenvuelve la Corte IDH, la fundamentación con la que se pretende respaldar a la doctrina del control de convencionalidad es endeble e insuficiente. Es más, no solo existen inconsistencias teóricas al interior de la propuesta, sino también inminentes riesgos para el desenvolvimiento de un régimen democrático en un Estado Constitucional de Derecho.