Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación pretende desentrañar el alcance del deber de motivación de las sentencias penal, con el objeto de explicar la importancia y las implicancias de esta exigencia. El trabajo se inicia con una reflexión en torno a la relevancia del deber de motivación de las sentencias, primero como garantía constitucional, y luego como consecuencia lógica de la naturaleza cognoscitiva del proceso penal. Conjuntamente, repasamos cómo el recurso de nulidad es la principal garantía de esta garantía, toda vez que se presenta como principal arma de impugnación de los fallos que adolecen de este vicio. Posteriormente, el trabajo delimita histórica, teórica y jurídicamente qué significa exactamente fundamentar una sentencia, con el objeto, primero, de definir el alcance de esta exigencia dentro de nuestro sistema jurídico, y segundo, para remarcar aún más la diferencia, que en el primer capítulo se explica, entre valorar la prueba y motivar una sentencia. Por último, esta tesis de grado exhibe los resultados, cuantitativos y cualitativos, del análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de la configuración del vicio de falta de fundamentación de la sentencia, previa exposición de las bases metodológicas de la investigación

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la denuncia interpuesta por la señora Carla Marilú Pérez Palomino en contra de la empresa Los Portales S.A. ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 del INDECOPI, por presuntas infracciones al deber de idoneidad regulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor: (i) por no haber cumplido con entregar el título de propiedad a pesar de la cancelación de la totalidad del precio de venta del inmueble adquirido; y, (ii) por no haber cumplido con extender la minuta y la escritura pública del inmueble a fin de que sea inscrito en los Registros Públicos. Con el análisis que realizaremos, intentaremos responder a las siguientes interrogantes: ¿Los Portales vulneró el Deber de Idoneidad en el presente caso?, ¿Las medidas correctivas impuestas por la Comisión de Protección y Defensa del Consumidor fueron razonables?, ¿En qué momento operó la transferencia de propiedad del Inmueble en favor de la Denunciante?, ¿Los Portales siguió el procedimiento adecuado para la inscripción de la habilitación urbana ante los Registros Públicos? Lo interesante del análisis de este expediente es que abarca diferentes especialidades y subespecialidades del derecho (derecho de protección al consumidor, derecho urbanístico, derecho civil contractual, derechos reales), pudiendo observar directamente cómo interaccionan tanto el derecho público con el derecho privado.

La inconstitucionalidad de normas constitucionales es un novísimo tema dentro de la rama del Derecho Constitucional, a pesar de esto, dicha teoría no es ampliamente aceptada, por ello nosotros intentaremos brindar nuestra posición sobre dicha controversia, como un mecanismo de solución para estas antinomias. El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, en los cuales abarcaremos las nociones básicas sobre el Estado Constitucional; la inconstitucionalidad dentro de la Constitución, como los tipos de estas antinomias; y por último los mecanismos de Control Constitucional para tratarlas en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Sostenemos por ello que es posible la existencia de este tipo de antinomias, cuando el principio de armonización de la Constitución es insuficiente para poder interpretarlas y solucionarlas. Una vez demostrado esto, proponemos dos medios de resolución de estas antinomias: Uno ideal que consiste en la reforma constitucional de los preceptos incongruentes; y una alternativa, que consiste en la declaratoria de inaplicabilidad de estas normas por parte del Tribunal Constitucional.

El propósito de este Informe es estudiar una serie de instituciones jurídicas en las áreas del Arbitraje y Derecho de la Construcción, a través del análisis de las posiciones de las partes y de la decisión del Tribunal Arbitral, en el expediente del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL. El objetivo es estudiar las instituciones (i) arbitrales de partes signatarias, partes signatarias por referencia, partes no signatarias y arbitraje multicontrato; y, (ii) del derecho de la construcción, de riesgo de ingeniería básica, cronograma contractual, time bar clauses y derecho a extensión de plazo. La metodología utilizada para estudiar estas instituciones es bibliográfica, en base al análisis de doctrina especializada, jurisprudencia y decisiones arbitrales, con una aproximación dogmática y funcional para la interpretación de los contratos celebrados por las partes y las normas aplicables, con especial atención a los usos y costumbres arbitrales y de la práctica constructiva. La conclusión principal del Informe es que el Tribunal Arbitral del Caso Arbitral N° 2879-2014-CCL hizo un uso adecuado de las instituciones arbitrales y del derecho de la construcción necesarias para resolver la disputa entre las partes, por lo que los laudos emitidos (Laudo Parcial y Laudo Final) en el caso fueron correctos. Para efectos de este Informe, estas decisiones y su sustento nos permiten estudiar las instituciones jurídicas desarrolladas para la mejor resolución de casos posteriores.

La presente investigación gira en torno al hecho de que el elemento “concertar” del delito de Colusión, al ser tratado como un elemento descriptivo, es decir, como un acuerdo de voluntades, contendría una alta dificultad de probanza para demostrar que los sujetos intervinientes dialogaron, conversaron, se conocieron, etc. por lo que se le debería comprender desde la perspectiva normativa. Para lograrlo, se ha dividido la presente investigación en tres capítulos. En el primer capítulo se explica la estructura del delito de Colusión con el fin de comprenderlo y se hace énfasis en el verbo “concertar”, pues éste es el principal elemento del citado tipo penal. En el segundo capítulo se define a la concertación desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial, advirtiéndose que es considerada tanto un elemento descriptivo como un elemento normativo. Por último, en el tercer capítulo se explica a la concertación como un elemento normativo del delito de Colusión. En esta investigación se establece criterios para aplicar la concertación como un elemento normativo en el delito de Colusión que permita una correcta configuración del mismo y conlleve a evitar los grados de impunidad que puedan advertirse por su alta dificultad de probanza si es considerado como un elemento descriptivo. En consecuencia, la concertación se debe entender como un elemento normativo, sujeto a un juicio de valor bajo los parámetros de determinados criterios, para lo cual se deberá prescindir de los conceptos naturalísticos y optar por conceptos normativos, ello con el fin de evitar que muchos casos sean absueltos al no poder probarse el pacto colusorio visto desde un aspecto descriptivo.

Los plenos Jurisdiccionales Supremos Laborales Previsionales son figuras jurídicas que nacieron con la finalidad de generar predictibilidad en las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta lo expuesto es importante determinar el rol que juegan en nuestro sistema jurídico, si los mismos constituyen fuentes de derecho, sin embargo al no ser de obligatorio cumplimiento los Plenos Jurisdiccionales Supremos Laborales Previsionales no se constituyen como fuentes de derecho. / The Jurisdiccionales Supremos Laborales Previsionales are legal figures that were born with the purpose of generating predictability in judicial decisions, taking into account the above, it is important to determine the role they play in our legal system, if they constitute sources of law, however at Not being mandatory, the Supreme Labor Pension Jurisdictional Plenary Sessions are not constituted as sources of law. / Trabajo académico

Este trabajo tiene el objetivo de analizar el laudo emitido en el caso CIADI ARB/10/24 a fin de determinar si existieron violaciones a los derechos invocados por el inversionista turco, IÇKALE İNŞAAT LIMITED ŞIRKETI, por parte de la República de Turkmenistán. Dicho análisis incluirá a los laudos más relevantes y vinculantes a Turquía y Turkmenistán en materia de inversión, a fin de consolidar una opinión jurídica integral de las decisiones de tribunales arbitrales sobre la interpretación del procedimiento de solución de controversias pactado en el artículo VII del Acuerdo de Promoción Recíproco y Protección de inversiones suscrito entre la República de Turquía y la República de Turkmenistán. Los instrumentos jurídicos internacionales utilizados para este trabajo han sido esencialmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Acuerdo de Promoción Recíproco y Protección de Inversiones suscrito entre la República de Turquía y la República de Turkmenistán, sin perjuicio de utilizar referencias a otros tratados y a laudos arbitrales de relevancia para el análisis del presente caso. Finalmente, sin perjuicio de ofrecer una respuesta al problema principal del caso, también se identificará cual es el impacto en las nuevas controversias internacionales de inversión en Turkmenistán y en otros arbitrajes de inversión; en particular, en el caso peruano

El presente trabajo de investigación aborda la calificación del hurto en instalaciones de la concesionaria como caso fortuito o de fuerza mayor, como eximente de responsabilidad por la interrupción del servicio público de distribución eléctrica. Para ello, se analizarán conceptos que guardan relación con la motivación de la sentencia emitida por la Primera Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente No. 1504-2007. Así, principalmente, el examen de la resolución No. 11 recaerá en la interpretación del artículo 1315 del Código Civil peruano, así como en la distribución de riesgo y deber de cuidado de las instalaciones, en tanto parámetros a considerar en el procedimiento regulado en mediante Resolución No. 010-2004-OS-CD por la que se aprobó la directiva para de calificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución. El trabajo es de carácter documental, pues recurre a la observancia de posturas doctrinarias y al sistema de fuentes del Derecho administrativo a fin de sustentar una postura opuesta a la de la Gerencia General de Osinergmin, en tanto órgano decisor en sede administrativa, y a la decisión adoptada en sede jurisdiccional; esto es, la investigación realizada defiende que el hurto de instalaciones de la concesionaria sí califica como causa no imputable en función al modelo de estado garante, los deberes asumidos por las partes y las normas jurídico administrativas pertinentes para la interpretación del contrato público de concesión de distribución

En el presente informe jurídico se analiza la controversia existente respecto al pago de una indemnización por daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo mortal en la Empresa de Generación Eléctrica de Machupicchu S. A. a favor de Carmen Alicia Boni Ordoya, en su calidad de madre y única heredera del trabajador Mario Emilio Pacheco Boni. En la demanda, la señora Carmen Boni reclama ante el juzgado civil la reparación del daño emergente y lucro cesante, al afirmar que la muerte de su hijo se produjo porque la empresa no adoptó las medidas de protección necesarias. La relevancia del informe radica en poder analizar cuatro problemas jurídicos con relevancia laboral, procesal y civil, que no son muchas veces tomados en cuenta de forma integral desde una perspectiva conceptual y procedimental. Asimismo, en el desarrollo del informe se analiza (a) si los juzgados laborales o civiles son competentes para resolver demandas presentadas por los sucesores, (b) si en 1999 existió un deber implícito al deber de protección, (c) si los informes periciales pueden ser una herramienta que permita cuantificar objetivamente las indemnizaciones y (d) si es posible que los sucesores reclamen las remuneraciones dejadas de percibir del trabajador fallecido como una indemnización de lucro cesante. Para responder a los problemas jurídicos planteados se partirá de una definición conceptual de las instituciones jurídicas, luego se tomará en cuenta el desarrollo doctrinal y jurisprudencial a nivel nacional, internacional y emitida por el Organismo Internacional del Trabajo (OIT). Los resultados de la investigación y análisis realizados evidencian que existe una inadecuada comprensión por parte de los juzgados civiles y laborales sobre el deber de protección, las normas de competencia procesal, informe pericial, prueba de oficio y los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Este uso inadecuado de las instituciones jurídicas fomenta a que se generen perjuicios, no solo al demandante sino a la empresa demandada que tiene que pagar excesivas indemnizaciones.