El presente informe jurídico analiza el pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante la Resolución 0858-2013/SDC-INDECOPI, donde se pronuncia sobre la denuncia interpuesta por Industrias Willy Busch S.A. contra Filtros LYS S.A. por la presunta comisión de infracciones al Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Concretamente, por el despliegue de una estrategia de abuso de procesos legales, así como la emisión de una serie de anuncios publicitarios dirigidos a denigrar o compararse indebidamente con la denunciante. El objetivo principal de este informe es determinar si la interpretación que el órgano colegiado de segunda instancia hace de la aplicación de la cláusula general, es congruente con la naturaleza de las normas de represión de la competencia desleal y, a su vez, compatible con lo establecido en las normas de libre competencia, que también recogen esta conducta bajo la prohibición relativa. Para esto, se analizarán los principales problemas jurídicos detectados en el caso, para luego contrastar la forma en que la Sala decidió sobre el particular recurriendo a la jurisprudencia pertinente en la materia, así como a la posición de la doctrina nacional e internacional. Este trabajo se justifica en la complejidad de la imputación principal del caso y la trascendencia de la decisión, dado que esta definió la forma de compatibilizar los regímenes de defensa de la competencia y represión de la competencia desleal al momento de postular una conducta de abuso de procesos legales / This legal report analyzes the decission issued by the Specialized Chamber for the Defense of Competition of INDECOPI through Resolution 0858-2013/SDC INDECOPI, where it rules on the complaint filed against Filtros LYS S.A. by Industrias Willy Busch S.A. for the alleged commission of violations under the Legislative Decree 1044, Peruvian Unfair Competition Law. Specifically, for the deployment of a sham litigation strategy, as well as the issuance of a series of advertisements aimed at denigrating or unduly comparing itself with the complainant. The main objective of this report is to determine whether the interpretation that the administrative court makes of the application of the general clause is consistent with the nature of the rules of unfair competition law and, in addition, compatible with the provisions of the antitrust laws, which also prohibits this conduct under the relative prohibition rule. For this purpose, the main legal problems detected in the case will be analyzed, to then contrast the way in which the Chamber decided on the issue by resorting to the relevant jurisprudence on the matter, as well as the position of the national and international doctrine. This work is justified by the complexity of the main charge of the case and the relevance of the decision, since it defined the way in which the antitrust and unfair competition laws should be made compatible when dealing with a case of abuse of legal process.

En el presente informe se analiza el laudo arbitral contenido en la Resolución N° 92 que resuelve la controversia surgida entre SERPAR y Consorcio Som Lima Norte. La primera parte servirá para identificar los hechos relevantes del caso, los problemas jurídicos y la posición preliminar del candidato. La segunda parte desarrolla las categorías jurídicas como potestad administrativa, intervención económica y resolución contractual con el respectivo detalle del caso en particular. Al final se ofrecen conclusiones y recomendaciones. / This report analyzes the arbitration award contained in Resolution No. 92 that resolves the controversy that arose between SERPAR and Consorcio Som Lima Norte. The first part will serve to identify the relevant facts of the case, the legal problems and the preliminary position of the candidate. The second part develops the legal categories such as administrative power, economic intervention and contractual resolution with the respective detail of the particular case. Finally, conclusions and recommendations are offered.

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

La presente investigación se centra en identificar el rol de la denominada “cláusula de allanamiento a futuro” en el proceso de desalojo como técnica de sumarización insertada por la nueva regulación del artículo 594 del Código Procesal Civil dispuesta por la Ley 30201. También tiene el propósito de analizar su contraste con otras instituciones del derecho procesal como la acumulación procesal, el derecho de defensa y el derecho a la prueba. Para ello, se busca establecer las formas y características que la sumarización de procesos adopta sobre el derecho de contradicción en la doctrina y legislación comparadas, así como analizar la estructura del proceso de desalojo establecida por la Ley 30201 y su aplicación conforme a la judicatura de nuestro país. La línea de investigación a la que corresponde este trabajo es la establecida como “Tutela jurisdiccional diferenciada y procesos especiales” y el criterio para recoger y seleccionar la información es afín al método histórico –dogmático, con análisis de las instituciones procesales referidas a nivel doctrinario, de legislación comparada y de su aplicación por nuestra judicatura. Luego de finalizada la misma, se consigue comprobar que el texto establecido en el artículo 594 del Código Procesal Civil, refleja una falta de precisión por parte del legislador en cuanto a la sumariedad aplicada a través de la cláusula de allanamiento a futuro en los contratos de desalojo; asimismo, se ha encontrado que las interpretaciones del artículo 594 del Código Procesal Civil efectuadas por la judicatura otorgan a la referida cláusula de allanamiento a futuro es de distinta naturaleza jurídica, lo que repercute en la efectividad de la decisión final. / This investigation focuses on identifying the role that the rule 594 of the Peruvian Civil Procedure Code -that introduced since 2014 a so-called prospective submission clause for eviction- plays for summary remedies theory and to comprehend its application and influence onto other aspects of procedural law. To fulfill this goal, first we seek to establish the common specialists’ consensus regarding how summary remedies should be elborated, the basis and the accepted ways how fundamental rights, as the right of defense, can be legitimately affected when looking for efficiency; then, we analyze the new structure of the eviction procedure established since the 2014 amendment and the way how the judicial branch applies it in real cases. This work can be labeled as a research in "Differentiated judicial protection and special procedures" issues, and the criteria for collecting and selecting the information is akin to the historical-dogmatic method, with an analysis of procedural issues in specialists’ opinion, comparative law and judicial branch’s applying. Concluding this research, it is possible to assure that the new rule 594 of the Civil Procedure Code represents a regulation lacking of precision about how summary procedures principles should be applied; likewise, it has been found that there is an unclear interpretation of the submission clause for eviction by the judicial branch, which affects its efficiency.

En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la necesidad de adoptar el criterio de responsabilidad subjetiva en el régimen sancionador de las contrataciones del Estado. Como se verá en el desarrollo del referido análisis, el criterio de responsabilidad subjetiva es mucho más garantista de los derechos de los administrados, en comparación con su contrapartida, la responsabilidad objetiva. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no aspiramos a sugerir que la responsabilidad subjetiva prime en todos los tipos infractores establecidos en la normativa en materia de contrataciones del Estado; sino, a través del estudio de las tendencias adoptadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus resoluciones emitidas durante el primer trimestre del año 2020, establecer, qué tipo de régimen es el más conveniente para cada infracción, desde una perspectiva de eficiencia. Ello debido a que, si bien el criterio de responsabilidad subjetiva es el más garantista de derechos, importa también tener claro si conviene o no aplicarlo a ciertos tipos infractores o si es que su empleo es irrelevante para la determinación de responsabilidad de los administrados. / In the following research aims to demonstrate the need to adopt the criterion of subjective liability in the sanctioning regime of State Contracting. As will be seen in the development of the aforementioned analysis, the criterion of subjective liability is much more guaranteeing of the rights of the administered, in comparison with its counterpart, objective liability. Notwithstanding this, it is important to point out that we do not aspire to suggest that subjective liability prevails in all types of infringement established in the regulations on State Contracting; but, through the study of the trends adopted by the State Contracting Court in its resolutions issued during the first quarter of 2020, establish what type of regime is the most convenient for each infraction, from an efficiency perspective. This is due to the fact that, although the criterion of subjective liability is the most guarantor of rights, it is also important to be clear about whether or not it should be applied to certain types of offenders or whether its use is irrelevant for determining the liability of the administered.

El presente trabajo académico, tiene por finalidad analizar y desarrollar la aplicación del principio de razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores en materia acuícola de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización y Sanción a propósito de la Resolución Directoral Nº 069-2020-PRODUCE/DS-PA que versa sobre una infracción administrativa en materia acuícola. Para ello, se realiza una breve descripción jurídica sobre el principio de razonabilidad en su desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, uno de los objetivos del presente artículo es buscar una reflexión jurídica sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual contiene intrínsecamente al principio de razonabilidad, en la actividad de fiscalización que realiza el Ministerio de la Producción. Asimismo, el presente artículo académico se justifica en el pronunciamiento administrativo que emite el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de su órgano de línea, en mérito al ejercicio de su potestad sancionadora durante la aplicación del principio de razonabilidad en el momento de la graduación e imposición de una sanción pecuniaria, como una multa. De este modo, el objetivo del presente artículo es realizar un análisis sobre la sanción que impone el PRODUCE y de cómo se realiza la aplicación de los criterios de graduación para la imposición de una sanción. Además, si el PRODUCE cumple con la aplicación del principio de razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en nuestro marco normativo vigente. Finalmente, después de realizado el referido análisis se obtiene como una de las principales conclusiones del presente artículo que no hay una aplicación correcta y exhaustiva del principio de razonabilidad por parte del PRODUCE, durante la imposición de la sanción materializada en su resolución administrativa que se analizara en el desarrollo del trabajo académico.

El presente informe jurídico analiza la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y América Móvil Perú S.A.C. a raíz de la solicitud formulada por esta empresa que tenía como finalidad la regularización de una infraestructura de telecomunicaciones instalada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Dicha solicitud fue denegada fácticamente por la municipalidad puesto que no se habrían cumplido con ciertos requisitos. Al respecto, América Móvil Perú S.A.C. consideró que dicha denegatoria fue ilegal debido a que la municipalidad no habría hecho efectiva la aplicación del Silencio Administrativo Positivo por lo que, tras presentar el recurso correspondiente, la controversia llegó a instancias judiciales. En ese sentido, postulamos como principal hipótesis que no correspondía aplicar el Silencio Administrativo Positivo toda vez que sí ha existido una actividad material por parte de la municipalidad, la cual a su vez desembocó en un acto administrativo. Dicho acto, pese a su ilegalidad manifiesta, produjo efectos jurídicos debido a la presunción de validez del acto administrativo. Dicho ello, al haber existido un pronunciamiento denegatorio por parte de la municipalidad correspondía la interposición de recursos impugnatorios. Para llegar a dicha conclusión, recurrimos, en primer lugar, a revisar el marco normativo del sector telecomunicaciones vigente durante el acaecimiento de los hechos, así como el ordenamiento jurídico relativo a las funciones y competencias de los gobiernos locales. Posteriormente, se analizó la naturaleza jurídica del acto administrativo con la finalidad de verificar la validez jurídica de los actos y declaraciones emitidas por la Municipalidad. Finalmente, analizamos la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo para poder conocer sus principales características y formular nuestra toma de posición respecto a la principal controversia tramitada en este expediente.

El presente trabajo académico, tiene por objeto principal analizar y determinar la eventual aplicación del impedimento para contratar con el Estado tipificado en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros, a los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando aquellos ejercen la función docente en una institución educativa superior. Asimismo, de manera complementaria, se pretende establecer si resulta extensible la infracción administrativa por presentar información inexacta, entre otros, a la Entidad, en el marco de las contrataciones realizadas por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. Dichos objetivos se abordarán a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 1259-2020- TCE-S1 del 26 de junio de 2020, emitida por la entonces Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la que se emite pronunciamiento respecto al concurso de infracciones por contratar con el Estado pese a estar impedido para ello, así como por presentar información inexacta a la Entidad.

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) está próximo a cumplir 24 años de creación, el cual, tuvo como objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Previsional peruano. Después de experimentar las reformas de los años precedentes, hoy ese fin previsional con el que fue creado parece desnaturalizarse. Si bien es cierto el SPP no es Seguridad Social en sí mismo, éste, por mandato y reconocimiento constitucional, forma parte de la Seguridad Social en el Perú, el cual admite la participación de empresas privadas. Estas empresas, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), fueron constituidas como sociedades anónimas con evidentes y entendibles fines de lucro que aunque carentes de los principios básicos de la Seguridad Social, (Universalidad, Integralidad, Solidaridad y Unidad) forman parte de ella, pues así está contemplado en los artículos 10º, 11ª y 12º de la Constitución de 1993, al considerar su existencia como parte de la Seguridad Social en el Perú, cuyos fondos son intangibles, con un estricto carácter previsional, por lo cual, la función supervisora y reguladora del Estado también les alcanza.

El presente informe analiza lo dispuesto por la Resolución del Tribunal Fiscal (en adelante TF) de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente al expediente N° 13187-2014 que resolvió Recurso de Apelación presentado por la empresa Albis S.A.- Boticas Arcángel (en adelante la empresa) contra las Resoluciones de Determinación giradas por aportaciones al régimen contributivo de EsSalud y Resoluciones de Multa. Los instrumentos utilizados para realizar el análisis de la resolución fueron las normas aplicables al caso en concreto, la doctrina y jurisprudencia laboral. Como conclusión, sin perjuicio de coincidir en el resultado final del TF, se constata que este último debió desarrollar en su resolución una argumentación enfocada en el contenido laboral (doctrinal y jurisprudencial), a fin de sustentar correctamente sus pronunciamientos sobre normas sustantivas laborales. Asimismo, el TF en el presente caso pierde de vista la oportunidad de declarar la desnaturalización de conceptos no remunerativos aplicando el principio de primacía de la realidad en los supuestos de simulación. Finalmente, se identifica la necesidad de activar la regla general de colaboración y cooperación, establecida en la Ley General de Procedimientos Administrativos (en adelante LGPA) entre SUNAT y SUNAFIL, a fin asegurar la correcta comprensión e interpretación normativa de las normas laborales y efectuar acciones conjuntas de supervisión y/o fiscalización para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales. / This report analyzes the provisions of the Resolution of the TF (hereinafter TF) dated September 21, 2018, corresponding to file No. 13187-2014 that resolved Appeal filed by the company Albis SA- Boticas Arcángel (hereinafter the company) against the Determination Resolutions issued by contributions to the EsSalud tax regime and Fine Resolutions. The instruments used to carry out the analysis of the resolution were the rules applicable to the specific case, the doctrine and labor jurisprudence. In conclusion, without prejudice to agreeing on the final result of the TF, it is found that the latter had to developped in its resolution an argument focused on the labor content (doctrinal and jurisprudential), in order to correctly support its pronouncements on substantive labor standards. Likewise, the TF loses sight of the opportunity to declare the denaturing of non-remunerative concepts applying the principle of primacy of reality in the simulation cases in this case. Finally, the need to activate the general rule of collaboration and cooperation, established in the General Law of Administrative Procedures (hereinafter LGPA) between SUNAT and SUNAFIL, is identified, in order to ensure the correct normative interpretation of labor standards and carry out joint actions of supervision and inspection to ensure compliance with labor obligations.