La tesis que ahora presentamos como informe final de nuestras indagaciones se organiza en función de dos partes. La primera, se ocupa del análisis dogmático y político criminal de la pena de multa en el derecho comparado y nacional. En ella se aborda el estudio de los aspectos generales de la pena de multa (evolución, concepto, naturaleza jurídica, ventajas, desventajas y clasificaciones) y de la función sustitutiva que se le asigna en el contexto de la privación de libertad de corta duración. También se presenta de modo específico la problemática y características del sistema de días-multa; y, en un capítulo aparte, se explica el sistema de días-multa en el derecho penal peruano (evolución, procedimiento de determinación del número de días-multa, extensión del promedio del número aplicable, criterios utilizados para la definición de la cuota diaria, reglas especiales, plazo y modalidades de pago de la multa, medidas alternativas aplicables a la multa, cómputo de la detención, prescripción, rehabilitación, cobranza de las multas impuestas en el Poder Judicial, entre otros).

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En esta tesis se realizó un estudio analítico de la metodología de cálculo de multas por infracciones a las normas de seguridad minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN con el propósito de formular propuestas de solución a las oportunidades de mejora relacionadas con su contenido y aplicación. En tal sentido, se analizaron los fundamentos económicos y legales relativos a la determinación y graduación de sanciones administrativas, el modelo general de cálculo de multas diseñado por dicha agencia reguladora, metodologías de cálculo elaboradas por otras entidades públicas, así como diversos casos en los cuales se refleja la aplicación de la metodología objeto de estudio. Los resultados de dicho examen evidenciaron múltiples deficiencias relacionadas con los alcances y operativización o cálculo de los componentes utilizados en la graduación de las multas, tales como: beneficio ilícito, probabilidad de detección, daño y factores agravantes y atenuantes. Es así que, la investigación propone alternativas de solución para cada una de las oportunidades de mejora identificadas, tomando en consideración el basamento teórico económico y legal, así como la práctica administrativa estudiados; ello, en procura optimizar la metodología aplicable al sector minero y fortalecer la función fiscalizadora y sancionadora del regulador. / Tesis

La imposición de multas en materia de defensa de la libre competencia es una herramienta que busca evitar la realización de conductas anticompetitivas. En particular, el objetivo de la multa en el ordenamiento jurídico peruano es desincentivar la realización de este tipo de conductas como parte un esquema de incentivos que muestra a los infractores que no les resultará ventajosa su actuación anticompetitiva. Para tal efecto, la autoridad de competencia suele considerar al beneficio anticompetitivo obtenido como elemento inicial para el cálculo de la multa. Considerar al beneficio anticompetitivo obtenido le otorga un sentido compensador a la multa y señaliza que la multa prioriza la devolución de lo obtenido ilícitamente por parte del infractor. Sin embargo, el marco teórico utilizado por la autoridad de competencia para la determinación de la multa señala que la multa debe desincentivar la sola realización, independientemente de los resultados y devoluciones que correspondan, situación que se puede obtener al considerar al beneficio anticompetitivo esperado en lugar del obtenido como elemento inicial para el cálculo de la multa final. En ese sentido, el trabajo se centra en desarrollar una alternativa que permite considerar al beneficio anticompetitivo esperado como elemento inicial para el cálculo de la multa final, y lograr una mejor aproximación al desincentivo de la realización de conductas anticompetitivas. La propuesta desarrollada indica que la multa disuasiva debe considerar el valor real del beneficio indebido obtenido por el agente infractor desde, por lo menos, el inicio de la recepción del beneficio, en particular, indexando (deflactando) la suma de los beneficios obtenidos al periodo de inicio de la recepción, lo que le otorga a dicha suma mayores características de beneficio esperado e incrementa el efecto disuasorio de la multa final. Los ejercicios de estimación realizados sobre casos efectivamente resueltos por la autoridad de competencia, demuestran que la aplicación de la metodología propuesta muestra un mejor alineamiento con el esquema de incentivos orientado a disuadir la realización de conductas anticompetitivas sobre la base de que mayores montos de sanción tiene mayor efecto disuasorio sobre la realización de prácticas anticompetitivas.

Actualmente, dentro de los procesos, la acción de amparo se ha convertido la vía idónea por parte de los contribuyentes para salvaguardar lo que consideran una vulneración a sus derechos con la aplicación de intereses moratorios, alegando en la mayoría de los casos, la vulneración al plazo razonable. En los últimos años, con las resoluciones en sentencias, concretamente acciones de amparo han dado diversos pronunciamientos que, bien dejan sin efecto las resoluciones emitidas, o bien, para que se confirmen el pago de los mismos, bajo un criterio unívoco del Tribunal. Sin embargo, hasta el momento el Tribunal Constitucional, al no seguir una línea argumentativa uniforme – al contar con votaciones divididas – no ha podido señalar una directriz a seguir en los procesos, ya que ninguno de sus fallos tiene la naturaleza de precedente vinculante, por lo que, al no haber podido crear una tendencia jurisprudencial, fija dentro de los administrados una suerte de “inseguridad jurídica” con relación a los intereses moratorios. El presente trabajo tiene como objetivo por un lado exponer la naturaleza de los intereses moratorios en materia tributaria, así como las causales por las que se considera que el cobro de los mismos estaría vulnerando el derecho constitucional al plazo razonable, y su consecuente desnaturalización, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, basando el presente informe en la Sentencia N° 04532-2013-PA/TC, la cual también buscará analizar la diferencia en aplicación de la jurisprudencia y el precedente vinculante. / Currently, the “Amparo Process” has become the ideal way for taxpayers to safeguard what they consider a violation of their rights with the application of default interest, alleging in most cases, the violation of the reasonable term. In recent years, with the resolutions in sentences, specifically amparo actions, various pronouncements have been made to annul the resolutions issued, or to confirm their payment. However, to date, the Constitutional Court, by not following a uniform argumentative line – having divided votes – since none of its rulings have the nature of binding precedent, so it has not been able to create a jurisprudential trend. The objective of this paper is, on the one hand, to determine the nature of default interest in tax matters, as well as the causes for which it is considered that the collection of the same would be violating the constitutional right to a reasonable term, in view of the jurisprudence. of the Constitutional Court, basing this report on Judgment N° 04532-2013-PA/TC, which will also seek to analyze the difference in application of jurisprudence and binding precedent.

En el presente informe se analiza la Resolución N° 006-2013-OEFA/TFA, el mismo que confirma la Resolución de sanción emitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA contra la empresa Pluspetrol Norte S.A. por el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental. Al respecto, tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) y la DFSAI concluyeron que la empresa no culminó, en el plazo establecido en el cronograma del Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8, con las actividades de remediación de suelos y lagunas del yacimiento Yanayacu. Este yacimiento se encuentra ubicado dentro del área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, departamento de Loreto. En el procedimiento administrativo sancionador se advierte que ambas instancias no desarrollan adecuadamente figuras jurídicas relevantes que justifican su decisión. Así, no se ha explicado por qué se la aplicación de la responsabilidad objetiva, la naturaleza jurídica de la opinión emitida por Sernanp y la aplicación de los principios de razonabilidad y debida motivación cuando se procede a calcular la multa. En ese sentido, el objetivo del informe es abordar y explicar estos problemas jurídicos, partiendo de la base normativa empleada al momento de ocurridos los hechos (años del 2009 al 2013) y la normativa vigente; así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano; y doctrina peruana y comparada. El empleo de estas fuentes del derecho será fundamental para proporcionar una postura coherente y sólida respecto a la decisión del OEFA. / This legal report analyses Resolution N° 006-2013-OEFA/TFA, which confirms the sanction resolution issued by the "Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos" (DFSAI) of the OEFA against the company Pluspetrol Norte S.A. for non-compliance with the commitments assumed in the Environmental Management Instrument. In this regard, both the "Tribunal de Fiscalización Ambiental" (TFA) and the DFSAI concluded that the company did not complete the soil and lagoon remediation activities at the Yanayacu field within the timeframe established in the schedule of the Complementary Environmental Plan (PAC) for Lot 8. This oilfield is located within the Pacaya Samiria National Reserve, department of Loreto. In the present administrative sanctioning procedure, it is noted that both instances do not adequately develop relevant legal figures that justify their decision. Such is the case of the application of objective responsibility, the legal nature of the opinion issued by Sernanp and the application of the principles of reasonableness and due motivation when calculating the fine. In this sense, the objective of the report is to address and explain the legal problems that arise in the case, based on the normative basis used at the time of the events (years from 2009 to 2013) and the current regulations; as well as jurisprudence of the peruvian Constitutional Court; and peruvian and foreign doctrine. The use of these sources of law will be essential to provide a coherent and solid position on the OEFA decision.

Los organismos reguladores tienen funciones que modelan el comportamiento no deseado de los agentes económicos como, por ejemplo, el ejercicio de poder de mercado, las afectaciones a los derechos de los consumidores o a diversas especificaciones técnicas. Para ello, el regulador debe alinear los incentivos con los objetivos mediante el establecimiento de multas y otras medidas. Las normas que regulan el comportamiento de los agentes se enmarcan dentro del derecho administrativo peruano, uno de cuyos principios establece que incumplir las normas no debe resultar más beneficioso que cumplirlas. Por el lado de la economía, desde los trabajos de Ronald Coase y Gary Becker, entre otros, se ha desarrollado un marco teórico para analizar el comportamiento infractor desde el punto económico. El OSINERGMIN aplicó este cuerpo teórico al diseño de sus escalas de sanciones y, en 2017, se utilizó en la determinación del valor monetario de las infracciones llamadas coercitivas. Este trabajo desarrolla el análisis empleado para determinar el valor pecuniario de las infracciones a las medidas administrativas. Este Informe muestra una forma en la que el análisis económico del derecho puede contribuir a la legitimidad y eficiencia de la institucionalidad jurídica en el País.

El presente informe jurídico tiene como finalidad determinar si la Administración Pública, específica la entidad reguladora Osinergmin, tiene competencia para aplicar mecanismos de ejecución forzosa para asegurar el cumplimiento de las resoluciones emitidas en el marco de un procedimiento administrativo trilateral. En este contexto, se analizará el caso contencioso-administrativo contenido en el expediente judicial 18478-2008-0-1801-JR-CA-05, con especial énfasis en la Resolución N° 19 – Sentencia de Vista, que cambió el enfoque de la Sala al determinar erróneamente que el organismo regulador tiene la facultad de imponer multas coercitivas en procedimientos trilaterales. Ante esto, se remitirá a la normativa vigente durante la aplicación de las multas coercitivas contra la empresa concesionaria de electricidad Electronoroeste S.A., así como a la doctrina especializada, para demostrar que Osinergmin no actuó conforme a la ley. Para demostrarlo, primero se probará que aunque el organismo regulador contaba con la facultad de imponer multas coercitivas, la ley limita esta facultad a casos donde las obligaciones contenidas en las resoluciones beneficien a la entidad. Asimismo, se precisará que el procedimiento de reclamos de usuarios es efectivamente de carácter trilateral cuando se presenta el recurso de apelación. Finalmente, se reflexionará sobre la falta de vías administrativas en las cuales la Administración puede ejercer su potestad de autotutela; sin embargo, esto no significa que no deba actuar conforme a la ley. / The purpose of this legal report is to determine whether the Public Administration, specifically the regulatory entity Osinergmin, has the authority to apply enforcement mechanisms to ensure compliance with resolutions issued within the framework of a trilateral administrative procedure. In this context, the contentious-administrative case contained in judicial file 18478-2008-0-1801-JRCA- 05 will be analyzed, with particular emphasis on Resolution N° 19 - Judgment of Appeal, which changed the focus of the Court by erroneously determining that the regulatory body has the power to impose coercive fines in trilateral proceedings. In response to this, reference will be made to the current regulations governing the application of coercive fines against the electricity concessionaire Electronoroeste S.A., as well as specialized doctrine, to demonstrate that Osinergmin did not act in accordance with the law. To prove this, it will first be established that although the regulatory body had the authority to impose coercive fines, the law limits this authority to cases where the obligations contained in the resolutions benefit the entity. Additionally, it will be clarified that the procedure for user claims is indeed trilateral when an appeal is filed. Finally, there will be a reflection on the lack of administrative avenues through which the Administration can exercise its power of self-guardianship; however, this does not imply that it should not act in accordance with the law.

En esta tesis se realizó un estudio analítico de la metodología de cálculo de multas por infracciones a las normas de seguridad minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN con el propósito de formular propuestas de solución a las oportunidades de mejora relacionadas con su contenido y aplicación. En tal sentido, se analizaron los fundamentos económicos y legales relativos a la determinación y graduación de sanciones administrativas, el modelo general de cálculo de multas diseñado por dicha agencia reguladora, metodologías de cálculo elaboradas por otras entidades públicas, así como diversos casos en los cuales se refleja la aplicación de la metodología objeto de estudio. Los resultados de dicho examen evidenciaron múltiples deficiencias relacionadas con los alcances y operativización o cálculo de los componentes utilizados en la graduación de las multas, tales como: beneficio ilícito, probabilidad de detección, daño y factores agravantes y atenuantes. Es así que, la investigación propone alternativas de solución para cada una de las oportunidades de mejora identificadas, tomando en consideración el basamento teórico económico y legal, así como la práctica administrativa estudiados; ello, en procura optimizar la metodología aplicable al sector minero y fortalecer la función fiscalizadora y sancionadora del regulador. / Tesis