El artículo nos presenta una aproximación doctrinal al concepto de discrecionalidad y nos describe sus presupuestos técnicos. Seguidamente, el artículo hace hincapié en que resulta necesario que se incorpore, en todos los actos administrativos, alguna referencia racional que permita colegir con facilidad los argumentos lógicos de los que trae causa dicha resolución administrativa. Se constituye así, en la otra cara de la moneda, la motivación de la discrecionalidad, pues de lo contrario estaríamos entrando en el mundo de la arbitrariedad.

La presente Tesis tiene como finalidad analizar una institución creada por el supremo intérprete de nuestra Constitución, denominada “Control Difuso Administrativo”, teniendo como base el principio de Supremacía Constitucional, pilar de un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, cuyos orígenes y contenido serán desarrollados en el primer capítulo de la presente investigación. El ordenamiento jurídico peruano tiene un sistema de control constitucional dual; así, mediante el Tribunal Constitucional se consagra el modelo de control concentrado que consiste en la expulsión de una ley del marco jurídico general por contravenir la norma suprema del Estado; en tanto que a través del control difuso, recogido por el artículo 138° de nuestra Constitución Política de 1993, se faculta a los jueces a inaplicar -no invalidaruna ley para el caso concreto cuando esta resulta contraria a los parámetros establecidos por la norma fundamental. Respecto a este último sistema de control -cuyos orígenes pueden remontarse a los casos Bonham (1610) y Marbury vs Madison (1803)-, conforme se ha señalado, la facultad primaria establecida por la Constitución peruana se encuentra direccionada al Poder Judicial, en tanto son los jueces quienes, en un caso particular de resolución de conflictos, vislumbran la existencia de una ley determinante para la causa, advirtiendo su inconstitucionalidad y procediendo a su inaplicación únicamente para dicho caso. / Tesis

El presente artículo pretende realizar un desarrollo del derecho al debido procedimiento como presupuesto para el ejercicio de la potestad reglamentaria.Con el nuevo enfoque de funcionamiento de la administración pública, conocido como buen gobierno y concretizado en el derecho a la buena administración, se busca un buen funcionamiento de la Administración Pública en todos sus ámbitos. En ese sentido el derecho al debido procedimiento sirve como garantía para obtener un buen funcionamiento de la Administración Pública, a través del derecho a la motivación. Dicho derecho implica que la medida implementada (reglamento) sea racional, lo cual conlleva a que como parte de ese procedimiento, previamente se realice una exposición de motivos, dentro de los cuales se implemente como herramienta al análisis del impacto regulatorio. Dicho análisis servirá para equilibrar las posibles cargas y beneficios que puedan surgir con la creación de un reglamento, obteniendo con ello, reglamentos de calidad. Para demostrar los errores provocados por la falta de motivación y la falta del uso del análisis del impacto regulatorio presentaré como ejemplo dos casos concretos, el caso de la Acción Popular presentada en contra el art. 2.2 del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, y el caso de la Acción de Amparo presentada en contra del art. 2 del Decreto Supremo 158-2007-EF. / Trabajo académico

La presente investigación tiene como principal objetivo establecer los presupuestos jurídicos para garantizar la vigencia real del principio de culpabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores. Debido a que, a pesar que la Ley del Procedimiento Administrativo General establece como un principio del Derecho Administrativo Sancionador el de culpabilidad, las administraciones especiales optan por un régimen de responsabilidad objetiva, convirtiendo la excepción en norma. Debido a ello, esta investigación se centra en exponer el estado actual y consideración del principio de culpabilidad en el ordenamiento peruano y explicar si debería ser o no considerado como un principio de los procedimientos administrativos sancionadores y si es un obstáculo para la eficacia de la administración. / Tesis

La notificación, institución de singular importancia en el procedimiento administrativo, ha sido objeto de modificaciones introducidas por el decreto legislativo 1029. Estas modificaciones, si bien son un avance en la regulación, presentan deficiencias que podrían perjudicar la propia institución de la notificación, ya que mantienen aspectos no regulados y que debieran ser tema de la agenda inmediata.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la primera parte de nuestro estudio ahondaremos en el Procedimiento Administrativo como institución jurídica en abstracto. Así, analizaremos cada uno de los aspectos más importantes del tema, como los conceptos doctrinales, su función jurídica, los más importantes principios de derecho que ilustran el procedimiento administrativo, sus clases y características, su tramitación. En la segunda parte de este trabajo haremos una descripción detallada de los múltiples procedimientos administrativos especiales que actualmente existen en la legislación nacional. En este sentido, la investigación consistirá en el examen de las leyes orgánicas de los órganos de la Administración Pública.

La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú. / Tesis

El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso

Conforme a las modificatorias introducidas a través del Decreto Legislativo N° 1308, el numeral 1 del artículo 107-A, incorporado al Código de Protección y Defensa del Consumidor, señala que el desistimiento del procedimiento podrá formularse hasta antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa, situación que se encuentra contemplada como una forma de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, bajo este contexto, se puede apreciar que el desistimiento ha sufrido diversas variaciones respecto a sus efectos, en un primer momento se discutía el carácter sancionador del procedimiento administrativo, siendo que bajo este supuesto no era posible el planteamiento del desistimiento por parte del denunciante, no obstante, en otro momento se planteó el carácter mixto de este procedimiento administrativo (sancionador y trilateral), ante este supuesto si era procedente el desistimiento; finalmente ante esta modificatoria normativa, ha prevalecido esta última posición, más aun si tomamos en cuenta que en la redacción del artículo 107 del Código de Protección y defensa del consumidor, a raíz de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1308, suprime en su enunciado la denominación de “Sancionador” al procedimiento administrativo, lo cual refuerza la idea de este procedimiento administrativo mixto; partiendo de esta premisa, el presente trabajo tiene por objeto analizar la pertinencia del desistimiento como una forma de conclusión del procedimiento, introducido a través del Decreto Legislativo N° 1308, y a partir de ello, demostrar que el desistimiento planteado por el denunciante, no puede tener por efecto concluir el procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta que él que lo plantea, no es parte de dicho procedimiento, y a partir de ello, entender que para aplicar adecuadamente estas modificatorias, es necesario apartarse del carácter sancionador del Procedimiento Administrativo, en materia de Protección al Consumidor. / Trabajo académico

La presente investigación trata un tema muy controvertido, que se centra en analizar la Aplicación del Silencio Administrativo Negativo en el Mercado de Casinos y Tragamonedas dispuesto por nuestra legislación, la misma que constituye una barrera burocrática de acceso al mercado como consecuencia de la inacción de la Administración Pública. El régimen económico, según está establecido y reconocido en nuestra Constitución Política del Estado, permite la iniciativa privada y se ejerce bajo una política de economía social de mercado, garantizando la libertad de trabajo y la libertad de empresa, constituyendo la intervención del Estado una forma de actuación de los poderes públicos, imponiendo límites a la actuación de los particulares mediante el establecimiento de un marco normativo, que establece cómo es que se tiene que desarrollar y ejercer el derecho a la libertad de empresa y libre iniciativa, a efectos que el mercado funcione, sin que ello implique una sobre regulación, como se da en el mercado de Casinos y Tragamonedas, lo que hace difícil y complicada la obtención de una autorización expresa para este tipo de negocio, por las restricciones y barreras administrativas de acceso a éste mercado, tanto en el MINCETUR como el gobierno local correspondiente, generando también en algún momento una informalidad en este mercado. Las barreras burocráticas de acceso al mercado en las empresas de Casinos y Tragamonedas, como se ha indicado, están referidas en gran medida a la sobre regulación y por ello es pertinente analizar el rol que debe jugar el Derecho Administrativo en este mercado, que permita regularla en forma eficaz y transparente, para que se establezcan relaciones más justas entre las empresas dedicadas a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas y el Estado. / Tesis