Backus es una de las empresas líderes que pertenecen al sector de bebidas en el Perú. De acuerdo con el sueño “Unir a la gente por un Perú mejor”, la compañía se encuentra desarrollando campañas de responsabilidad social empresarial mediante la creación de diversas iniciativas que generan valor social para sus stakeholders. De esa manera, Backus se encuentra en la posibilidad de aumentar su reputación corporativa; sin embargo, algunos consumidores pueden percibir que las iniciativas sociales realizadas por la empresa son con fines diferentes a los declarados inicialmente; por ende, podrían dudar de la veracidad de las mismas. Así, la presente investigación tiene como objetivo general explicar la relación de la hipocresía corporativa percibida, el escepticismo del consumidor y la responsabilidad social empresarial percibida de Backus sobre la reputación corporativa percibida de la empresa. A fin de cumplir con el objetivo, la investigación tiene un alcance correlacional con un enfoque cuantitativo, teniendo una estrategia general de diseño no experimental con la elaboración de encuestas. Para poder analizar los resultados de las variables se realizaron dos análisis. En primer lugar, se procedió a identificar las variables: hipocresía corporativa, escepticismo del consumidor, reputación corporativa y responsabilidad social empresarial. Luego de ello, se realizó una distribución de frecuencias para resumir, de manera general los datos obtenidos. Por último, se realizó el análisis de ecuaciones estructurales (SEM) para observar y confirmar la relación entre las variables latentes: hipocresía corporativa percibida, escepticismo del consumidor, responsabilidad social empresarial percibida y reputación corporativa percibida Finalmente, se presentaron las conclusiones por cada objetivo planteado y recomendaciones para el sector de bebidas y para futuras investigaciones.

El presente trabajo aborda y desarrolla los principales aspectos jurídicos relacionados a la competencia para la resolución de reclamos sobre un balón de GLP con desperfectos en la válvula, la adecuada interpretación de consumidor final para considerar al microempresario como tal, la disyuntiva entre infracción al deber de idoneidad o al deber general de seguridad frente a desperfectos en la válvula de balones de GLP y, la naturaleza que ostentan las medidas correctivas ordenadas por Indecopi. En tal sentido, al estar frente a balones de GLP se analiza la competencia de OSINERGMIN sobre resolución de reclamos, la configuración del requisito de asimetría informativa en los microempresarios, la diferencia entre el deber de idoneidad y el deber general de seguridad ante productos defectuosos y, la naturaleza indemnizatoria de las medidas correctivas. De esta manera, se demuestra y sostiene que Indecopi cuenta con competencia primaria para resolver reclamos referidos a balones de GLP, el microempresario sí puede ser considerado consumidor final, los desperfectos en la válvula de un balón de GLP que generan una explosión y un posterior incendio implica una infracción al deber general de seguridad y, finalmente, la medida correctiva otorgada por Indecopi sí tiene naturaleza indemnizatoria al encubrir un daño emergente. / This paper addresses and develops the main legal aspects related to the competence for the resolution of claims about an LPG cylinder with a defective valve, the proper interpretation of final consumer to consider the micro-entrepreneur as such, the disjunction between infringement of the duty of suitability or the general duty of safety in case of defects in the valve of LPG cylinders, and the nature of the corrective measures ordered by Indecopi. In this sense, when dealing with LPG cylinders, the competence of OSINERGMIN on the resolution of claims, the configuration of the requirement of information asymmetry in micro-entrepreneurs, the difference between the duty of suitability and the general duty of safety in case of defective products and the compensatory nature of the corrective measures are analyzed. In this way, it is demonstrated and sustained that Indecopi has primary competence to solve claims related to LPG cylinders, the micro-entrepreneur can be considered as final consumer, the flaws in the valve of an LPG cylinder that generate an explosion and a subsequent fire imply a breach of the general duty of safety and, finally, the corrective measure granted by Indecopi does have a compensatory nature as it covers an emerging damage.

La presente investigación analiza la Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI (Pilar Ana Huaranga Acosta contra Scotiabank Perú S.A.A. y Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C) expedida por la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que tuvo como principal decisión revocar la Resolución 141-2010/INDECOPI-ICA emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica, que había decidido declarar fundada la denuncia interpuesta contra el Banco. En efecto, la Sala consideró que no se comprobó que los descuentos realizados a la cuenta de haberes de la denunciante fueran indebidos, es decir que haya una infracción del artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor, referido a la calidad e idoneidad de los productos y servicios. La resolución examinada significó un giro importante respecto a una resolución precedente que en su momento causo controversia y significo el establecimiento de una pauta sobre la protección del consumidor financiero de parte del INDECOPI, la Resolución 0199-2010/SC”-INDECOPI. Esta resolución estableció el criterio de sancionar a una entidad financiera por efectuar compensaciones de cuotas de pago de préstamos vencidas de su cliente en los depósitos en cuentas de ahorros en donde el cliente recibía sus haberes. El objetivo de este trabajo es demostrar que INDECOPI realizó en el caso precedentes a la Resolución bajo análisis, una interpretación sistemática inadecuada de Ley General del Sistema Financiero, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Como se señala en la doctrina nacional, una interpretación sistemática debe ser aplicado entre normas de carácter general, no pudiendo compararse una norma general con otra especial, pues en estos casos la norma especial prima sobre la norma general (Rubio Correa, 2020, pág. 251). Además, al aplicar la norma que prohíbe la inembargabilidad de las remuneraciones de las cuentas de haberes, se está extendiendo por analogía a un supuesto diferente, algo prohibido en el artículo 4 de Título Preliminar del Código Civil (Vodanovic Ronquillo, 2011). En este trabajo académico, se revisó primero los hechos sobre los que versa la controversia de la que trata la resolución, en seguida se identificó los principales problemas jurídicos de la Resolución examinada, y finalmente se desarrolló el análisis con nuestra posición fundamentada sobre cada uno de los problemas identificados en la resolución, para finalmente tomar nuestra posición, la cual coincide con lo resuelto en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Analiza la protección constitucional del consumidor en las constituciones de 1979 y 1993 y las características del mercado de servicios públicos en el Perú, para establecer las diferencias entre los consumidores de servicios públicos regulados y los consumidores de otros mercados, para medir el nivel de protección que brinda el actual marco constitucional al consumidor de servicios esenciales y proponer una reforma parcial de la Constitución basado en el principio de igualdad que procura trato diferenciado a sujetos de derecho que se encuentra en desigualdad de condiciones. Para ello, utilizando el método funcional, no solo se examinan los antecedentes normativos y constitucionales del sistema de protección, sino que mediante el estudio de la teoría de la noción de servicios públicos, se indaga en los acontecimiento sociales, económicos y políticos de la crisis del servicio público en el Perú, valiéndose para ello de información estadística de organismos reguladores y el agente de la competencia (INDECOPI). Además de entrevistas a especialistas en derecho constitucional, derecho administrativo y derecho de protección al consumir. Para finalmente contrastar la hipótesis de investigación a través del procesamiento de la información, lo que permite proponer una fórmula de reforma constitucional que postula el reconocimiento de los derechos del consumidor de servicios públicos y la autonomía constitucional de los organismos reguladores. / Tesis

Las cláusulas abusivas sirven para evitar contratos de consumo exorbitantes o injustificados para el consumidor sin que éste haya sido advertido, lo cual afecta directamente al desarrollo del mercado. La discusión, por lo tanto, surge si la existencia de esta regulación está debidamente justificada para corregir las fallas del mercado. O, por el contrario, sobreprotege al consumidor bajo la débil premisa de que estas cláusulas evitan el supuesto abuso de las empresas sobre los servicios o productos que ofrecen en el mercado, a pesar de que el consumidor debería ser diligente al leer y conocer todas las cláusulas de un contrato. De este modo, el presente trabajo busca responder las interrogantes que podemos encontrar en la aplicación de las cláusulas abusivas en el contrato de consumo bajo el marco constitucional. Ante ello, este debate nos hace preguntarnos si la falta de diligencia del consumidor al leer las cláusulas de un contrato para que decida libremente si opta o no por el servicio o producto, justifica la sobreprotección del Estado frente al error de no leer las condiciones establecidas por el proveedor. Finalmente, este trabajo concluye que la regulación de las cláusulas abusivas origina, en algunos casos, la vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en la Constitución, en especial a la libertad de organizar su modelo un negocio que sí cumple con brindar la información e idoneidad requerida. Como consecuencia, la Administración muchas veces interviene para establecer cómo se tiene que conducir una empresa a pesar de que cumpla con los principios y derechos de información e idoneidad, sin considerar las razones económicas que tiene cada negocio para el desarrollo de su actividad empresarial, afectando de esta manera el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el derecho a equivocarse del consumidor no justifica una sobreprotección del Estado si se refuerza la regulación de la información e idoneidad en vez de las cláusulas abusivas. Puesto que puede ocurrir como el conocido caso de Cineplex vs Aspec, en el que la Sala ha asumido un derecho inexistente en nuestro ordenamiento, el cual esta investigación ha denominado: “el derecho a ingresar con productos alimenticios adquiridos fuera del establecimiento para acceder a ver una película”, ya que de esta sería la única manera que justificaría su intervención en el caso analizado para proteger al consumidor.

La Constitución peruana reconoce el derecho a la no discriminación. No obstante, aún existen casos –solapados o explícitos- de discriminación a las personas. Este fenómeno está presente en las relaciones de consumo, negando el acceso o disfrute de servicios o bienes a determinados consumidores por causas no objetivas ni razonables. Si bien en el Perú existe un marco regulatorio que proscribe la discriminación en el consumo, no hay criterios uniformes para determinar qué actos lo constituyen. Esto dificulta a los consumidores identificar cuándo se encuentran ante un caso de discriminación, y genera un problema a los proveedores, que suelen realizar diferenciaciones para identificar –o atender– un público objetivo. El presente trabajo analiza los diferentes criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y por los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, a fin de esbozar un concepto uniforme de discriminación en el consumo. Siguiendo al Tribunal Constitucional, se produce un supuesto de discriminación cuando se realiza un trato diferenciado no justificado, objetiva ni razonablemente. Por lo tanto, no todo trato diferenciado constituirá discriminación, pues si cumple con los requisitos de objetividad y razonabilidad será considerado lícito. Sobre esta base, la discriminación en el consumo se producirá cuando el proveedor, que brinda un servicio o producto, hace distinciones no objetivas ni razonables hacia el consumidor, ya sea en el desarrollo de la relación de consumo o en una etapa previa a esta. Para determinar lo objetivo y razonable será necesario identificar un trato diferente y su intensidad, es decir el grado de afectación al derecho a la igualdad y a los derechos relacionales que también afecta. Posteriormente, se deberá realizar la evaluación de proporcionalidad en la que se identificará la finalidad del tratamiento diferenciado, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto.

En el presente artículo de investigación se desarrolla la materia de discriminación en el consumo por orientación sexual y el trato diferenciado en el Perú en materia de protección al consumidor. Se identifica cuál es la postura del Indecopi y del Tribunal Constitucional en materia de discriminación en el consumo por orientación sexual, se verifica si existe o no un criterio uniforme entre ambas entidades y en base a qué puntos y sustentos se dan estos criterios. La discusión constitucional de la diferencia entre el trato diferenciado ilícito y la discriminación es el tema central de la investigación. Asimismo, se advierte si estos casos sólo pueden ser objeto de tutela del Indecopi, o también puede resolverlos tanto el TC como el Poder Judicial. Se espera llegar a los usuarios, proveedores y al público en general para que tengan cierta orientación en un plano más amplio respecto a la vigencia y existencia del problema que conlleva la discriminación en el consumo por orientación sexual y el trato diferenciado ilícito en nuestro país y daremos los argumentos necesarios, basados y enfocados en pronunciamientos y argumentos del Indecopi y lo que establece nuestra Constitución sobre el derecho a la igualdad. Con esto, el lector podrá comprender cómo identificar cada uno de los casos y situaciones mencionados y entenderá los puntos y pasos a seguir para saber reconocer un caso de discriminación en el consumo. Consideramos será de útil ayuda, tanto para consumidores, como para proveedores para saber cómo actuar frente a las situaciones y ejemplos de casos mencionados.

Los métodos comerciales agresivos, tipificado en el artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, tienen como objetivo mermar de manera significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. No obstante, y conforme se analizará detalladamente en el presente trabajo académico, la protección que brinda la autoridad no debería abarcar a todos los consumidores, por lo que resulta necesario realizar una modificación en el precitado artículo. Y es que, el Código de Protección y Defensa del Consumidor debe proteger al consumidor que actúe con la diligencia mínima exigible en el mercado, toda vez que proteger al consumidor, en cualquier caso, sin importar su diligencia, es otorgarle una garantía de que siempre será tutelado incluso cuando éste ha actuado con irresponsabilidad. En atención a ello, postulamos un cambio en la interpretación que se ha venido dando a las prácticas agresivas, toda vez que, los argumentos utilizados por la autoridad tienden a proteger al consumidor negligente, omitiendo (u olvidando) que aquel siempre tiene la posibilidad de no de adquirir el producto o servicio ofrecido por el proveedor. Por lo antes expuesto, el presente trabajo concluye con una sugerencia consistente en modificar el numeral 58 del artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente del inciso f). La conclusión principal se fundamenta a partir de un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial realizado en relación a las prácticas comerciales agresivas

El propósito de este artículo es determinar qué garantías debe entregar el proveedor y la plataforma de metaverso frente a las infracciones al deber de idoneidad en la adquisición de NFT’s dentro del Metaverso. Partiremos de las definiciones y características que tienen los NFT’s y el Metaverso, así como, la forma de gobernanza que presentan estos. Luego de ello, se presentará las problemáticas del deber de idoneidad en cuanto a la adquisición de NFT’s en el metaverso. En este punto se presentará 3 retos actuales que enfrentan los consumidores en la adquisición de estos productos digitales. En base a los retos presentados en la adquisición de NFT's en el metaverso, se propondrá el uso de garantías explicitas para asegurar el deber de idoneidad en la adquisición de NFT’s en el metaverso. / The purpose of this article is to determine guarantees that providers and metaverse platforms must provide against breaches of the duty of suitability in the acquisition of NFTs. We will start from the definitions and characteristics of NFTs and the Metaverse, as well as the form of governance that they present. After that, we will presented problems of the duty of suitability regarding the acquisition of NFT's in the metaverse. At this point, 3 current challenges faced by consumers in the acquisition of these digital products will be presented. Based on the challenges presented in the acquisition of NFT's in the metaverse, the use of explicit guarantees will be proposed to ensure the duty of suitability in the acquisition of NFT's in the metaverse.

El presente trabajo se enfoca en analizar las medidas de seguridad instauradas para el uso de las tarjetas de crédito y débito por el consumidor y determinar cómo se deben aplicar estas medidas para operaciones inusuales en estas tarjetas, especialmente el sistema de monitoreo y del deber de alerta a cargo del proveedor. En base a ello, se tiene como objetivo principal analizar y determinar la forma de aplicación de estas medidas de seguridad para tutelar el interés económico del consumidor ante operaciones inusuales. Se partirá por exponer aspectos generales sobre la temática, desde el análisis de las tarjetas de crédito y débito, verificando su concepto, características hasta el análisis de operaciones inusuales, verificando cuando estamos ante una operación inusual, para determinar las medidas de seguridad que se han establecido ante dichas operaciones. De esta forma, se podrá evidenciar qué tipos de medidas se han instaurado y la necesidad de formular una propuesta para la forma de aplicación de estas medidas, particularmente la oportunidad del deber de alerta por parte de las entidades del sistema financiero, en tanto la norma no regula una forma específica. Finalmente, en base a todo lo analizado, tomando como referencia las premisas desarrolladas y los criterios utilizados por la Sala Especializada en Protección al consumidor sobre la materia, se consignará como se deben aplicar las medidas de seguridad que son necesarias para la protección al consumidor en el uso de las tarjetas de crédito y débito.