A lo largo de desarrollo del siguiente informe jurídico se analizará el expediente administrativo en materia de protección al consumidor, el cual refleja la denuncia interpuesta por la señora Carmen María Del Rosario Bejarano Flores contra CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NUEVA ACROPOLIS S.A.C., con el fin de determinar si la denunciada cumplió con todos los requisitos para obtener la Conformidad de Obra del departamento N°301, ubicado en el proyecto inmobiliario de la denunciada, debido a que, como consecuencia, la denunciada entregó un departamento con un área o metraje diferente al indicado en contrato suscrito con la denunciante. Los temas a desarrollar permitirán confirmar que el departamento entregado a la señora Bejarano la Municipalidad de Surquillo no debió otorgarle la Conformidad de Obra; acto seguido, si la medida correctiva estuvo bien aplicada. De esta manera, a lo largo del presente trabajo, se podrá observar y cuestionar el análisis de los temas controvertidos analizados por el órgano resolutivo, siendo importante la revisión e interpretación del marco regulatorio a fin de determinar si el análisis y resolución emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor estuvieron bien enfocados; sin perjuicio del enfoque en aras de resguardar la protección de los derechos de la denunciante como consumidora. / Through the following legal report, the administrative file on consumer protection will be analyzed, which reflects the complaint filed by Mrs. Carmen María Del Rosario Bejarano Flores against CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NUEVA ACROPOLIS S.A.C., it seeks to determine if the defendant complied with all the requirements to obtain the Building Compliance of apartment No. 301, located in the real estate project of the denounced. The issues to be developed will make it possible to confirm that the apartment delivered to Mrs. Bejarano by the Municipality of Surquillo should not have granted her the Building Compliance; immediately afterwards, if the corrective measure was well applied. In this way, throughout this work, it will be possible to observe and question the analysis of the controversial issues analyzed by the resolving body, being important the review and interpretation of the regulatory framework in order to determine if the analysis and resolution issued by the Commission of Consumer Protection, was well focused, without prejudice to the focus in order to safeguard the protection of the rights of the complainant as a consumer.

Mediante la presente monografía se ha evaluado el impacto en el ámbito concursal del precedente aprobado por la Sala Especializada en Procedimientos Concursales mediante la Resolución N° 0888-2014/SCO del 22 de diciembre de 2014, a través del que se determinó que, de conformidad con el artículo 13.1 de la Ley General del Sistema Concursal, los terceros interesados y la ciudadanía en general, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pueden acceder a la información concursal. En tal sentido, sobre la base del análisis de la información concursal solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante los años 2016 y 2017, se ha concluido que el impacto del precedente en cuestión fue bastante positivo en lo que respecta al ejercicio del derecho en cuestión, necesario para que la ciudadanía fiscalice el correcto funcionamiento de la autoridad concursal; sin embargo, la emisión de dicho pronunciamiento contiene algunos aspectos cuestionables, siendo necesario que el Indecopi adopte mecanismos tendientes a garantizar un adecuado ejercicio del derecho en cuestión, y procure un adecuado tratamiento de la información confidencial.

Consumidor regulan la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios; para ello se ha otorgado a la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi las competencias de control y vigilancia sanitaria en tema de alimentos y bebidas. El presente trabajo académico se propone desarrollar, primero, las diferencias entre el Deber de Idoneidad, Inocuidad y Seguridad; segundo, analizar las competencias otorgadas en materia de alimentos a la Digesa y al Indecopi; tercero, busca reflexionar acerca de la aplicación de uno de los supuestos de las medidas correctivas complementarias. Para tal efecto, se ha recurrido a diferentes fuentes doctrinales, marcos normativos y a Resoluciones emitidas por el Indecopi desde el 2017. Todo ello con la finalidad de poder demostrar la relevancia de la actuación del Indecopi y la Digesa en materia de la vigilancia y control sanitario en los alimentos y bebidas. Asimismo, demostrar si efectivamente se cumple el objetivo que tienen las medidas correctivas complementarias; y, finalmente, exhibir el rol principal que cumple la Digesa en este tipo de casos. / The Food Safety Law, as well as its Regulations; and the Consumer Protection and Defense Code regulates the sanitary surveillance of food products; For this, the General Directorate of Environmental Health - Digesa and the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property - Indecopi have been appointed the powers of health control and surveillance in the area of food and beverages. This academic work aims to develop, first, the differences between the Duty of Suitability, Innocuousness and Security; second, it analyzes the powers granted to Digesa and Indecopi in matters of food; third, it seeks to reflect on the application of one of the assumptions of the complementary corrective measures. For this purpose, different doctrinal sources, regulatory frameworks, and Resolutions issued by Indecopi have been used since 2017. All this to be able to demonstrate the relevance of the actions of Indecopi and Digesa in matters of health surveillance and control in food and beverages. Likewise, demonstrate whether the objective of the complementary corrective measures is being met; and, finally, show the main role played by Digesa in this type of case.

En el presente año, se difundió la Casación N° 11823-2015, la cual estableció que las entidades financieras no podían cargar irrestrictamente las deudas de sus clientes sobre las remuneraciones depositadas en las cuentas sueldo que estos mantenían en la misma entidad. En virtud a ello, se manifestaron quienes respaldaban la compensación irrestricta a las remuneraciones y quienes estaban en contra de la misma. Por ello, urgía analizar los diversos pronunciamientos emitidos por la autoridad nacional de consumo que recogían dichas posiciones. La conclusión de aquello fue que el INDECOPI, al resolver las denuncias de los consumidores sobre compensaciones, ha interpretado erróneamente las normas que regulan dicha figura, vulnerando la garantía legal que protege a los consumidores financieros. La autoridad de consumo debió comprender que el inciso 11) del artículo 132° de la Ley del Sistema Financiero, que faculta a las entidades financieras a efectuar la compensación con los activos de sus usuarios, contiene expresiones que no se definen en dicho cuerpo normativo, por lo que resultaba necesaria la remisión al inciso 9) del artículo 1290° del Código Civil. Asimismo, a fin de comprender la prohibición establecida en el Código Civil, debía remitirse al artículo 648° del Código Procesal Civil, el cual detalla los límites a la compensación, entre ellas, que solo son compensables las remuneraciones hasta la tercera parte por el exceso de 5 URP de estas. En suma, en lo que concierne a los descuentos sobre las remuneraciones con sumas adeudadas por el trabajador a una entidad financiera, sólo serán constitucionalmente válidos los descuentos previstos en la ley y los aceptados por escrito por el trabajador que no impliquen una retención o descuento mayor a la tercera parte por el exceso de 5 URP sobre sus remuneraciones.

El objetivo del presente informe es analizar y formular una postura con respecto a los fundamentos y principales problemas jurídicos identificados en el procedimiento contencioso administrativo, por la nulidad de la Resolución N° 0387-2004/TDC-INDECOPI, seguidos por el Banco de Crédito del Perú contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). A lo largo del informe, luego de presentar los antecedentes y las principales actuaciones procesales, se desarrollarán los siguientes tópicos: i) El deber de idoneidad de los proveedores y deber del Estado de proteger, en base al artículo 65 de la Constitución; ii) La polémica del contrato por adhesión en torno a la doctrina tradicional del contrato; y, por último, (iii) ¿La intangibilidad de los contratos o el límite a la libertad contractual? En cuanto a las áreas involucradas en el presente informe, se verán temas relacionados al derecho civil, derecho administrativo y protección al consumidor. Con respecto a la metodología utilizada, se hizo consulta de diversas fuentes de doctrina, así como la búsqueda de jurisprudencia para sustentar nuestras conclusiones, donde enfatizaremos nuestra postura con respecto a los fundamentos desarrollados por las partes y las Salas, así como nuestras reflexiones sobre las instituciones jurídicas involucradas en el presente proceso.

El objetivo de este informe es analizar el pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI contenido en la Resolución Nº 3412-2018/SPCINDECOPI, con relación a una denuncia presentada por el titular de una tarjeta de crédito frente a una empresa del Sistema Financiero por operaciones no reconocidas. La justificación de la elección de la resolución radica en la configuración del patrón de consumo que debe analizarse a partir de la ausencia de operaciones dentro del historial de consumos del usuario. Para ello, se analizan los problemas jurídicos vinculados al monitoreo de operaciones y sistema de alertas de operaciones no reconocidas como medidas de seguridad que deben cumplir las empresas del Sistema Financiero. Asimismo, se analiza el concepto jurídico de comportamiento habitual o patrón de consumo que las citadas empresas deben considerar para la implementación de las mencionadas medidas de seguridad, tanto a nivel normativo como jurisprudencial. Finalmente, el informe concluye principalmente que: i) la empresa denunciada vulneró el deber de idoneidad por no cumplir con las medidas de seguridad con respecto al monitoreo y alerta de las seis operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito del usuario y ii) deben considerarse como parte del comportamiento habitual de consumo, la ausencia de operaciones. / The purpose of this legal report is to analyze the pronouncement of the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI contained in Resolution Nº 3412-2018/SPCINDECOPI, in relation to a complaint filed by a credit card holder against a company of the Financial System for unrecognized operations. The justification for the choice of the resolution lies in the configuration of the consumption pattern to be analyzed based on the absence of operations within the user's consumption history. For this purpose, the legal problems related to the monitoring of transactions and the system of alerts of unrecognized operations as security measures to be complied by the companies of the Financial System are analyzed. It also analyzes the legal concept of habitual behavior or pattern of consumption that the aforementioned companies must consider for the implementation of the aforementioned security measures, both at the regulatory and jurisprudential level. Finally, the report mainly concludes that: i) the denounced company violated the duty of suitability for not complying with the security measures with respect to the monitoring and alert of the six transactions made with the user's credit card and ii) the absence of transactions should be considered as part of the habitual consumption behavior.

El autor intenta caracterizar jurídicamente el procedimiento administrativo de protección al consumidor, de esta forma identificar sus falencias, permitiendo, de esta forma plantear una propuesta de migración de procedimientos, siendo el ideal un procedimiento especial trilateral, sin perjuicio de conservar la potestad sancionadora como vía residual

El trabajo se desarrolla en base al criterio respecto al deber de idoneidad que tienen los proveedores de servicios públicos, destacando su relevancia y entendiendo que son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la constitución o las leyes para satisfacer de manera regular y continua a cierta categoría de necesidades que serían de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal sujetos a un régimen de derecho público o privado. Asimismo, se destaca la relevancia de la creación de organismos reguladores a fin de que el estado cumpla con proteger el derecho de los usuarios de servicios públicos de manera eficiente, razonable y sobre todo entendiendo que toda regulación tiene como pilar fundamental la protección al usuario. Por ello, se desarrollará la función, objetivos y principios que cumplen los organismos reguladores en nuestro país

Las resoluciones administrativas devienen en actos de imperio de la administración pública, que para su emisión conllevan criterios interpretativos que, sin llegar muchas veces a ser precedentes de observancia obligatoria, generan válidas expectativas en los administrados para adecuar su conducta y ejercer sus derechos conforme a ley. Sin embargo, el cambio o establecimiento repentino de nuevos criterios puede traer perjuicios a aquellos administrados que confiaron en la actuación coherente y predecible de la administración. En dicho contexto, este artículo aborda las variaciones de criterio interpretativo de los órganos administrativos especializados en materia de consumo a cargo de Indecopi, a través de la invocación del denominado “Principio de Protección de la Confianza Legítima”. Se analiza su historia, elementos, requisitos y presencia legal en el Perú, y la pertinencia de su invocación en un procedimiento administrativo sancionador establecido dentro de un marco de protección constitucional a los consumidores o usuarios. Asimismo, se revisará cómo la jurisprudencia de Indecopi ha resuelto controversias en diversos sectores de consumo amparándose en tal principio, y si aquella entidad cumple con su deber legal de generar predictibilidad a través de sus pronunciamientos.

La presente monografía tiene como hipótesis demostrar que la aplicación del Código de Protección al Consumidor por parte del organismo de competencia encargado de aplicarlo, actúa en despropósito de su protegido: el consumidor. Todo ello debido a la ambigüedad en la regulación y más aún sobre los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, siendo que el concepto de Idoneidad que éstos últimos regulan no tiene un criterio objetivo a través del cual se pueda sancionar a los proveedores. La falta de un criterio objetivo para sancionar en un proceso Administrativo Sancionados, no sólo genera inseguridad jurídica, sino atenta contra el principio de tipicidad exhaustiva recogido en el artículo 230 inciso 4, titulado “Principio de la Potestad Sancionadora” en la Ley No. 27444 del Procedimiento Administrativo General y no es sostenible desde un análisis desde un punto de visto del Análisis Económico del Derecho