En la actualidad, la publicidad es una herramienta clave para el ingreso de cualquier agente económico al mercado, ya que nos encontramos frente a una sociedad consumista; por tal motivo, no resulta ajeno encontrar piezas publicitarias que, además de tan sólo mencionar los atributos o beneficios del producto o servicio a contratar, recurran al empleo de otros elementos que persuadan a su público objetivo al consumo de lo ofrecido. Es en este contexto que sale a la luz la denominada publicidad sexista, caracterizada por la presencia de la figura femenina, cuyo principal objetivo es generar la atracción del género masculino, objetivizando así a las mujeres o estereotipándolas en un rol social que no representa la realidad de muchas de ellas. De este modo, en el presente trabajo se buscará evidenciar no sólo las deficiencias de la fiscalización de la publicidad sexista por parte del Estado, sino también respecto de la autorregulación; ello, con la finalidad demostrar que existe una necesidad de (i) elaborar un concepto normativo de publicidad sexista; y, (ii) establecer criterios base a tenerse en cuenta al momento de evaluar una publicidad de este tipo.

El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser analizado desde la perspectiva de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas; es decir, por qué una sanción o medida correctiva no podría contener una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Para ello, se analizará la Resolución N° 0147-2015/CEB-INDECOPI emitida en el año 2015 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, sobre la cual se hará una breve crítica que nos llevará a resaltar la importancia de la precisión establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, al señalar que, entre otros, no se consideran barreras burocráticas a la imposición de sanciones.

En el presente trabajo se evaluó la medida consistente en la prohibición de ingreso a locales comerciales a no vacunados contra el Covid-19 a la luz de la normativa peruana de protección al consumidor a iniciativa de los proveedores, con el fin de determinar si esta incurría o no en un supuesto de discriminación. En ese sentido, se tomó en consideración si esta medida se encontraría o no justificada por un motivo razonable y objetivo, conforme lo requiere nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así pues, se evalúa que nos encontramos atravesando una pandemia global que, como país nos afecta en diversos ámbitos, teniendo una especial incidencia en el ejercicio del derecho a la salud de las personas, siendo que el Estado Peruano se encuentra en la obligación de garantizarlo en concordancia con los compromisos internacionales asumidos y su normativa nacional. Dado el nivel de afectación que tiene la enfermedad del Covid-19 es necesario que se adopten todas las medidas posibles para procurar controlarlo y/o combatirlo, siendo que los privados también pueden contribuir desde su ámbito de control. Ahora bien, en tanto que la vacuna contra el Covid-19 tiene estudios que demuestran que, a la fecha, es el mejor método que como sociedad tenemos para reducir el contagio e, incluso, evitar que aquellos que enfermen lo hagan gravemente, se vuelve evidente que la medida se encuentra justificada. / In the present investigation, the main topic is evaluate the prohibition of entering to business premises for those who are not vaccinated against Covid-19. This measure was studied from the perspective of Peruvian consumer protection regulations, in order to determine if this was incurred or not in a case of discrimination. In this sense, it was taken into consideration whether or not this measure would be justified for a reasonable and objective reason, as required by our Consumer Protection and Defense Code. Thus, it is appreciated that we are going through a global pandemic that, as a country affects us in various areas, having a special impact on the exercise of the right to health of people, being that the Peruvian State is under the obligation to guarantee it in accordance with the international commitments assumed and their national regulations. In this sense, given the level of affectation that the Covid-19 disease has, it is necessary that all possible measures be adopted to try to control and combat it, since private parties can also contribute from their scope of control. Now, while the Covid-19 vaccine has studies that show that, to date, it is the best method that we as a society have to reduce contagion and even prevent those who become seriously ill from doing so, it becomes obviously the measure is justified.

El Indecopi, en el ejercicio de sus funciones, realiza diversas acciones con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores. Para ello, a través de la Dirección de Fiscalización (DFI), ejecuta acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a proveedores de actividades económicas bajo su competencia. Debido a que estas acciones de fiscalización coadyuvan al objetivo del Indecopi, se configuran como intervenciones públicas sujetas de ser evaluadas. En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se expone mi experiencia profesional como apoyo especializado en Economía en la DFI, en la evaluación de impacto de las fiscalizaciones realizadas durante el año 2019.1 En específico, se tuvo por objetivo evaluar el impacto de las fiscalizaciones orientativas sobre el nivel de incumplimiento de las obligaciones fiscalizadas. De la evaluación se evidenció que las fiscalizaciones orientativas tienen un impacto efectivo en la disminución del nivel de incumplimiento, es decir, del comportamiento infractor por parte de los proveedores.

Las transacciones bancarias conllevan a una diversidad de escenarios que ponen a prueba la suficiencia de las medidas adoptadas por las empresas y los reguladores para mantenerse alineadas a la regulación existente en materia de protección al consumidor financiero. Por ello, se debe analizar si las técnicas de autorregulación, como las prácticas de buen gobierno corporativo y, a través de éstas, los programas de “compliance” voluntarios, pueden cumplir dicho objetivo. Al respecto, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad de que las empresas bancarias cuenten con programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor, más allá de los sistemas de control de riesgos legales que puedan tener para la generalidad de la legislación; ello, atendiendo a los incumplimientos en los que incurren dichas empresas en el desarrollo de sus actividades, lo cual se encuentra evidenciado en los reportes emitidos por la entidad fiscalizadora y sancionadora en materia de consumo. La propuesta hace, especial énfasis en identificar las contingencias a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor en el ámbito pecuniario, esto es, por imposición de sanciones, como a nivel cualitativo en lo referido a la pérdida reputacional frente a otros competidores del mercado. Al mismo tiempo, se busca elaborar un mapa de riesgos en materia de protección al consumidor, a raíz de la normativa vigente y los pronunciamientos del Indecopi en los que dicha entidad haya dado a conocer sus criterios sobre el cumplimiento del deber de idoneidad, cuyo conocimiento puede permitir implementar y reforzar las políticas de cumplimiento ya existentes. Finalmente, se sostiene la hipótesis que el registrar tales políticas y programas de cumplimiento ante la autoridad de consumo, bajo un esquema de incentivos, puede mostrar como resultado la reducción de contingencias entre las empresas bancarias y consumidores. / Trabajo de investigación

En el año 2017 la reconocida empresa Gloria fue denunciada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) pues estaría comercializando el producto “Pura Vida Nutrimax” con la denominación “Leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales (Hierro y Zinc) y enriquecida con vitaminas (A y D)”, la cual no reflejaría la verdadera naturaleza del producto. Por ello, es importante determinar si se habría vulnerado obligaciones impuestas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como el deber de idoneidad e información. Para ello buscamos responder tres interrogantes: ¿la denominación utilizada por Gloria refleja la verdadera naturaleza del producto?, ¿cuál es la competencia de Digesa e Indecopi con respecto a determinar la verdadera naturaleza del producto?, ¿es correcto alegar el principio de confianza legítima para eximir de responsabilidad a Gloria? A partir de ello, concluimos que se habría vulnerado el principio de confianza legítima pues la autoridad competente habría inducido a error al administrado, por tanto, no le corresponde ser sancionado.

El presente artículo busca analizar aspectos esenciales de la Resolución Nº 2758-2019/SPCINDECOPI, la cual declara fundada la denuncia contra el restaurante “La Rosa Náutica” por cometer actos de discriminación en el consumo en contra de las mujeres al entregarles Cartas – Menú sin precio cuando acudían a su local en pareja; desde un enfoque más profundo donde la cultura y las costumbres influyen al sector gastronómico de nuestro país. Ante esto, la Resolución surge en un contexto social de fortalecimiento de la protección y el amparo de los derechos de las mujeres, lo cual ha influido en la Sala Especializada decidiendo multar al restaurante sin tener en cuenta ciertas consideraciones (como la elección del consumidor, las costumbres socioculturales del país, la libertad de desarrollo del mercado, entre otros) que serán analizadas en el esquema. Se estudia, además, como es que la posición, fundamento y argumentos de La Rosa Náutica han sido determinados a partir de un desarrollo de estrategias comerciales basadas en su libertad. Luego, se establece si la discriminación en el consumo está siendo desarrollada e implementada de manera adecuada o existe aún un cuestionable apartamiento sobre la esencia de la protección de los derechos a la libertad y a la dignidad de las personas. Finalmente, se demuestra que la responsabilidad administrativa puede llegar a verse afectada e, incluso, eximida por la costumbre.

El presente artículo académico tiene como finalidad analizar la represión de la competencia desleal en el mercado de las telecomunicaciones. En tal sentido, evaluaremos las resoluciones emitiditas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), en las cuales se demuestran falencias en el entendimiento de conceptos técnicos así como de la dinámica en el mundo de las telecomunicaciones. Bajo dicho marco, advertimos una valla en materia de conocimiento por lo que el principal cuestionamiento del trabajo es conocer si el Indecopi pueda especializarse en temas de telecomunicaciones o de caso contrario, a razón de la evolución constante del mercado, en virtud de las nuevas tecnologías, termine ganándole. Por lo antes expuesto, nuestra propuesta es que, sea el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, quien regula el mercado de telecomunicaciones, sea el competente y especializado para conocer las controversias en materia de competencia desleal.

El presente informe analiza los problemas jurídicos relativos a la afectación a los derechos de los consumidores en el marco de la prestación de servicios financieros por parte de una empresa bancaria. En concreto, sobre la limitación al derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como respecto a la obligación de la empresa bancaria de brindar acceso inmediato al libro de reclamaciones. De esta manera, se presentan los principales hechos y argumentos sobre la limitación al derecho a efectuar el pago anticipado de un consumidor en específico (El Sr. Gamarra) en uno de los establecimientos comerciales de Mibanco por parte del personal de la denunciada. Al respecto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI concluye que Mibanco limitó el derecho al pago anticipado, debido a que su personal le indicó al Sr. Gamarra que (i) debía estar presente el asesor de su cuenta para proceder con su solicitud, (ii) que debía pagar un número de cuotas determinadas antes de proceder con el pago anticipado, y (iii) que debía presentar la solicitud de pago anticipado en una fecha determinada. Del mismo modo, se concluye que Mibanco infringió con lo establecido en el artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor al no haber brindado al Sr. Gamarra acceso inmediato a su libro de reclamaciones virtual luego de que éste lo exigiera por no permitírsele efectuar el pago anticipado de su crédito. Sobre lo analizado, concluyo que se sancionó adecuadamente a Mibanco por la infracción al artículo 86 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, en lo relativo al acceso al libro de reclamaciones, debió sancionarse por infracción al artículo 152.

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis crítico de la compensación bancaria regulada en el numeral 11 del artículo 132 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, con la finalidad de absolver la siguiente interrogante: ¿Las entidades financieras se encuentran facultadas para compensar sus acreencias sobre los fondos de las llamadas cuentas de haberes de sus clientes? En ese sentido, se desarrollará los principales conceptos y características de la compensación y la remuneración en la doctrina y el ordenamiento jurídico peruano, y la posición sobre el tema del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, y de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, se llegará a la conclusión que la compensación bancaria sobre las cuentas de haberes sí está permitida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que dichas cuentas son depósitos irregulares y los fondos depositados no gozan de carácter remunerativo. Además, se evidencia que la problemática que se podría generar en torno a los reclamos sobre compensaciones en las cuentas de haberes es mínima, siendo en la mayoría de los casos resueltos en la etapa conciliatoria. Por tal motivo, la compensación bancaria no se encuentra dentro del supuesto de prohibición establecido en el Código Civil ni en la Ley N° 26702. / Trabajo de investigación