Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la investigación es evaluar la adecuación de las disposiciones probatorias del juicio ante la Corte Penal Internacional con su entorno institucional. Para esos efectos se desarrolla un marco conceptual que define, en base a aspectos específicos, dos modelos procesales opuestos: el modelo adversarial con tribunal bifurcado y de orientación bipolar, y el modelo no adversarial con tribunal unitario y de orientación unipolar. Estos modelos permiten caracterizar, en abstracto, las repercusiones que el entorno procesal de cada uno tenderá a producir en materia probatoria. Posteriormente, para ilustrar estas relaciones entre entorno procesal y arreglos probatorios, se analizarán en los contextos procesales concretos del sistema penal angloamericano y alemán. Para este análisis se seleccionan tres aspectos concretos de la actividad probatoria: el interrogatorio de testigos, la prueba derivativa y el rol probatorio del acusado. El resultado mostrará que en esos aspectos la actividad probatoria está fuertemente condicionada por la estructura y el ambiente procesal, y, en general, por la cultura jurídica del sistema respectivo. Finalmente, se caracteriza el entorno procesal de la Corte Penal Internacional. Se detecta que corresponde a un sistema que se aproxima a un modelo no adversarial de orientación unipolar. Al abordar el tratamiento de los aspectos específicos de la prueba revisados a propósito de los sistemas nacionales, se advierten incoherencias entre el entorno procesal no adversarial de la Corte y arreglos probatorios durante el juicio que incorporan lógicas adversariales. Se concluye afirmando la insostenibilidad de estos arreglos probatorios adversariales ante el fin expresivo de la justicia penal internacional

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 11 N° 6 del Código Penal establece la atenuante de la irreprochable conducta anterior del imputado, circunstancia ajena al hecho punible cuya concurrencia debiera probarse exclusivamente en la oportunidad contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal; ello, con el fin de que los jueces que conozcan de la prueba incorporada a juicio no sean contaminados con elementos externos, ajenos a la solución del caso concreto. Éste es un tema que se encuentra prácticamente zanjado en el quehacer jurídico, cosa que no ocurre respecto a si es posible establecer como objeto de prueba en el juicio los antecedentes pasados del imputado , ya no como una circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, sino que como una relacionada con los elementos constitutivos del delito, como lo son la culpabilidad y la antijuricidad, buscando con ellos acreditar –o desacreditar- el hecho punible objeto de la acusación y la participación culpable del acusado. Es sobre este punto que versa la hipótesis de nuestro trabajo: Dirigiremos nuestra investigación a evidenciar si el sistema procesal penal chileno permite o no probar ese tipo de circunstancias y en qué casos ello ocurre, para lo que desarrollaremos aspectos tan relevantes como la prueba y su valoración, entre tantos otros. Todo esto nos permitirá responder a interrogantes como las siguientes: ¿Involucrará su valoración un prejuzgamiento que vulnere el principio de inocencia? ¿Es posible entender que se está contaminando al juez de instancia con circunstancias irrelevantes para la resolución del caso concreto o que, por el contrario, ellas pueden volverse trascendentales para ello? Si es que en virtud de los artículos 295 y 276 del CPP podemos establecer que es apta para ingresar al juicio oral toda prueba que sea “pertinente”, ¿podríamos determinar que ésta sí lo es?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es necesario tener presente que la problemática relativa a los mayores poderes del juez se ha estudiado fundamentalmente a propósito del proceso civil. Por esta razón el ejercicio que se plantea en este trabajo es comenzar con el análisis de los fundamentos de estas potestades en el derecho procesal civil. En el entendido, que si la doctrina comparada justifica el aumento de las potestades materiales del juez en el proceso civil – que revisaremos en extenso a lo largo de este trabajo-, con mayor razón se justificaría en el proceso laboral, teniendo presente el sustrato del derecho sustantivo8. 8 En relación a los cuestionamientos que plantea el aumento de las facultades del juez en materia procesal civil, se suele considerar que sí se justificaría en otras ramas del derecho procesal, así Tavolari señala: “En verdad, el reproche de presunta imparcialidad no asoma en los llamados procesos sociales – laborales, de menores-, respecto de los cuales la iniciativa judicial se acepta y proclama como paliativo necesario”. Cfr. TAVOLARI, RAÚL, “Diligencias para mejor proveer: antiguos y nuevos problemas”, en Tribunales jurisdicción y proceso, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, p. 31. 12 En otras palabras, si se justifica el aumento de potestades materiales del juez en el proceso - especialmente en materia de prueba-, respecto de derechos absolutamente disponibles por las partes, entregado totalmente a la libertad de éstas y en el que se las considera iguales entre sí, como ocurre respecto al derecho procesal civil, con mayor razón se justificarían estas mayores potestades respecto al proceso laboral, proceso en el que se discuten derechos de carácter indisponibles, y en donde el derecho tiene un rol protector respecto de partes con fuerzas desiguales.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta obra representa un esfuerzo por sistematizar y compilar los criterios de la jurisprudencia existente hasta el año 2010 en materia de Prueba de las Obligaciones, materias comprendidas entre los artículos 1698 y 1714 del Código Civil. Para la confección de este trabajo hemos utilizado como base la edición anterior del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilena. Así, una vez recopiladas las sentencias relevantes, realizaremos un análisis comparativo entre criterios jurisprudenciales y doctrinales presentes en la anterior versión del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilena, y los que priman actualmente. Toda esta labor de actualización queda plasmada en el trabajo monográfico desarrollado. Finalizado este análisis culminamos con una conclusión, en la que intentamos distinguir cuáles temas están más que resueltos y señalando la posición, que a nuestro entender ocuparía el título De la Prueba de las Obligaciones en la estructura probatoria de los nuevos procedimientos orales existentes, y que vendrán, especialmente a propósito de la reforma procesal Civil.

El Código Procesal Penal que empezó a regir a partir del año 2000, trajo variados cambios en la investigación como en la tramitación de los procedimientos penales, mucho de los cuales han sido notorios, como la separación de funciones de quien investiga y quien juzga, la desformalización de la investigación, un control jurisdiccional intenso respecto a las garantías constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio de la acción penal, mecanismos de salidas alternativas, oralidad, inmediación, publicidad y contradictoriedad, entre otras modificaciones. Sin embargo, hay ciertos temas que si bien han variado su forma de hacerlos valer en juicio, siguen vigentes, como la institución de los informes periciales y, en definitiva, todo el sistema probatorio.

Rescata la esencialidad y la importancia que tiene la prueba anticipada en el marco del proceso penal peruano, su evolución, implicancias constitucionales, legales y dogmáticas, requisitos, supuestos de aplicación, procedimiento y efectos. Propone convalidar la declaración de la víctima de abuso sexual como prueba anticipada permitiendo la solución de los delitos contra la libertad sexual cometidos en flagrancia delictiva, sin necesidad de llevarse a cabo una audiencia al haberse practicado con las formalidades de ley. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la Prueba ilícita y su aplicación dentro del Procedimiento de Tutela Laboral, con el fin de determinar si estas dos figuras jurídicas se complementan en cuanto a la protección que la legislación ha dispuesto para el caso de existir una infracción de derechos fundamentales de un trabajador.Para tal efecto se desarrollan los temas del Procedimiento de Tutela Laboral, la prueba y la Prueba ilícita, señalando en cada uno de ellos tanto sus aspectos principales como las características propias que presentan al aplicarse estas figuras en forma conjunta.Es a través de este proceso que logramos determinar cual es la regulación que el nuevo procedimiento laboral propone para la valoración de la prueba, la forma en que la prueba ilícita puede ser aplicada a la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, la sanción que la legislación laboral ha dispuesto para la prueba ilícita y la efectividad de la misma como mecanismo sancionador de una lesión de derechos fundamentales

El documento digital no refiere asesor / Busca conocer de qué manera los factores descritos anteriormente influyen en el correcto tratamiento de indicios y evidencias de la escena del crimen hasta su remisión al laboratorio para su respectivo análisis, logrando la optimización del trabajo pericial, lo cual permitirá ofrecer medios de prueba de calidad para una adecuada toma de decisiones de los operadores de justicia en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos propendiendo con ello a mejorar el sistema penal de Perú. / Tesis

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con mención en derecho del trabajo y seguridad social) / La prueba ilícita parece haber llegado para quedarse al derecho chileno desde la Reforma Procesal Penal, aunque como tal, no se encuentra nombrada como institución en la legislación nacional, desde las reformas a la justicia chilena, se han establecido reglas de exclusión de prueba obtenida con vulneración de garantías fundamentales. A diferencia de las discusiones que el fenómeno suscitó en materia procesal penal, ni el legislador nacional, ni la doctrina, ni tampoco la jurisprudencia parecen haber reparado en los problemas teóricos y prácticos que tiene el progresivo establecimiento de reglas de exclusión probatoria en procesos civiles en un sentido lato del término, es decir, en todas aquellas materias no criminales. Y en efecto, se trata de algo problemático, pues supone extrapolar una regla creada para desincentivar el actuar ilegal de los órganos de persecución estatal a procesos entre particulares, cuya lógica es completamente diferente. La nueva justicia laboral es un caso paradigmático de esto. Se establece una regla de exclusión inédita en el derecho chileno, que extiende la prohibición a límites desconocidos por otras reglas de exclusión en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo anterior, es que considerar la experiencia y el trabajo dogmático que está detrás de las reformas procesales que han precedido, tanto en Chile como en el derecho comparado, puede ser de gran utilidad a la hora de comprender la nueva justicia laboral. De acuerdo a lo anteriormente señalado se intentará explicar en este trabajo investigativo el concepto y configuración de la prueba ilícita, la autonomía de la prueba ilícita y fundamento constitucional, la eficiencia o ineficacia probatoria de la prueba ilícita, analizando la jurisprudencia de la Corte Suprema, analizando sentencias relativas al Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones, para posteriormente realizar un análisis crítico de la sentencia ROL Nº 35.159-2017, Finalmente se plantean los enunciados de las principales conclusiones. / 31 enero de 2020

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica y argumenta, si es realmente importante mantener la potestad discrecional del juez y de ser así cuales son los criterio que deberá utilizar en el ejercicio de dicha potestad. Realiza un estudio preliminar, avocado a presentarnos conceptos generales referidos a la teoría de la prueba y el sistema procesal penal, antes de entrar en detalle al estudio de la prueba prohibida y sus diversas implicancias. Se desarrolla el concepto de prueba prohibida, a partir de las diversas posiciones sentadas por la doctrina, asumiendo una postura restrictiva de la misma, sosteniendo que estamos frente a prueba prohibida cuando ésta ha sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales y no de otro tipo de garantías ni de normas con rango de ley, delimitándose además la naturaleza jurídica y el fundamento de la prueba prohibida; desarrollándose además, el concepto de derechos fundamentales y del contenido esencial de los mismos, todo esto en el contexto de la prueba prohibida. Se desarrolla la doctrina referida a la prueba prohibida cuando ha sido directamente obtenida de la vulneración de derechos fundamentales y cuando ha sido obtenida por derivación de una prueba prohibida, desarrollándose las consecuencias jurídico-procesales generadas por la prueba prohibida, entre ellas fundamentalmente la exclusión de la prueba y asimismo las excepciones que a dicha exclusión la doctrina reconoce. Se analiza brevemente a la prueba prohibida en el sistema procesal penal peruano, verificando sus implicancias tanto desde la óptica de la Constitución Política de 1993 como de las normas propias del Código Procesal Penal del 2004, vigente en gran número de distritos judiciales del país, asimismo, se analiza el rol que debe cumplir el juez en los supuestos de prueba prohibida, centrándonos en la potestad discrecional que debe mantener dicho operador jurídico, para decidir en su oportunidad sobre la exclusión de prueba prohibida del acervo probatorio, utilizando como criterios delimitadores, el método de ponderación y el principio de proporcionalidad a fin de delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales, se ha desarrollado en forma complementaria un acercamiento a la legislación comparada y casuística referida al tema, en el cual se puede observar los diferentes tratamientos que le ha brindado la doctrina extranjera a la prueba prohibida así como los diversos pronunciamientos que sobre la materia han tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones en la cual se propone de lege ferenda una modificación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal del 2004. / Tesis