Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación tiene como objetivo principal considerar la ilegalidad y efectos negativos de las cláusulas “Claim Made” incorporadas en algunos contratos de seguro de responsabilidad civil, para lo cual y a través de doctrina nacional e internacional, jurisprudencia y pólizas depositadas en la Superintendencia de Valores y Seguros se advertirá lo atentatorio que significa su establecimiento en este tipo de seguros. Otro punto importante que pretendo analizar en esta investigación, son las diferentes discusiones doctrinales en el mundo sobre temas tales como desde cuándo se produce el daño, la acción directa del tercero perjudicado y los siniestros de cola larga. Para ello, se explicará inicialmente la institución del contrato seguro, en cuanto al concepto, características, tipos de contratos, formas de convenirlo, principios que lo inspiran, obligaciones de las partes y demás interesados, entre otros temas relacionados. Luego se tratará el contrato de seguro de responsabilidad civil en particular, su historia, concepto, características, la acción directa, el hecho dañoso, entre otras materias y se finalizará este trabajo con en análisis de las cláusulas “Claim Made”.

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Un hito sin precedentes se produjo el año 2004 en nuestro país. En junio de ese año el Presidente del Poder Judicial entregó al Presidente del Ejecutivo el voluminoso Plan de la Comisión Especial de la Reforma Integral de la Justicia (CERIAJUS) a cuya elaboración se habían avocado, durante 6 meses, las principales instituciones del sistema de justicia en un trabajo conjunto con representantes de la sociedad civil. Era la reforma impulsada no sólo por los Jueces, o por el poder político, como antaño, sino que incluía al conjunto de actores involucrados en el proceso de impartición de justicia, incluso organizaciones representantes de sectores de la ciudadanía, algo antes impensado en el Perú, de modo que esta circunstancia marcaba un antes y un después para el sistema de justicia. Dicho Plan contenía propuestas puntuales para mejorar el servicio de justicia de nuestro país, entre ellos la formación y evaluación de los jueces, tema que esperamos desarrollar en este trabajo y aportar nuevas luces sobre otros esfuerzos que se hayan emprendido en el mismo sentido. / Tesis

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado? Es frecuente que en los casos de incumplimientos contractuales, donde se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los daños que se hubiesen ocasionado. Ahora bien, son recurrentes los supuestos en los cuales el monto requerido es cuantitativamente distinto al que se otorga vía resolución judicial, o simplemente a pesar que pueda tenerse la razón, se declara infundada la demanda por la falta de acreditación de los daños. A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta cuánto va a responder1; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte hubiese cumplido. / Tesis

En la actualidad, el aumento del tráfico patrimonial ha aportado significativos ingresos al sistema económico y tributario peruano. Estas disposiciones patrimoniales se manifiestan con la celebración de un negocio jurídico. No obstante, mientras más ascienden los índices de las transferencias, más se acrecientan las formas de defraudación y criminalidad entre los sujetos intervinientes y en la administración pública. El ordenamiento jurídico peruano otorga ciertas medidas para evitar o, en todo caso, subsanar algunas deficiencias en la celebración de un negocio; pues en algunos casos, una de las partes intervinientes obra con una finalidad completamente ilícita. Así pues, por ejemplo, para los actos celebrados por un sujeto sin un poder de representación o estando este ya se encuentra extinto, el Código Civil sanciona con la imposibilidad del acto de surtir efectos jurídicos respecto del representado. La complejidad y confusión que genera el uso y aplicación de la ineficacia en los operadores de derecho ha generado que pocas veces sea invocada en un proceso civil; es por ello que considero que con la aplicación de un remedio jurídico más comprensible y conducente, se podrá disminuir el índice de fraude al momento de la celebración de un negocio jurídico. / Tesis

Tesis (Magíster en derecho y nuevas tecnologías) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET)

El derecho a la educación, constituye un derecho fundamental reconocido no solo en el ámbito nacional en nuestra Constitución Política del Perú, sino también a nivel Internacional; resaltando así la importancia que este derecho tiene en la formación de las futuras generaciones y que implica que el mismo sea desarrollado en lugares propicios que no afecten la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes como población vulnerable y en proceso de formación, sino que contribuyan a su desarrollo integral. En este sentido el bullying, constituye un tropiezo a la consecución y realización plena de dicho derecho al entender que el mismo es una agresión constante a un menor de edad en etapa escolar, cuya violencia consta de humillaciones prolongadas en el tiempo cuyo fin es doblegar la resistencia de la víctima, dejando a su vez no solo huellas del maltrato físico sino también huellas del maltrato a nivel psicológico. El acoso escolar por tanto como problemática socio escolar no ha logrado ver disminuir sus índices de víctimas entre escolares pese a la ley existente que regula la materia, así, la Ley N° 29719 – Ley que promueve la convivencia sin violencia, lo que ha generado preocupación en la sociedad, así como también en la comunidad jurídica, que pese a tener norma aplicable, la misma no atribuye responsabilidad directa a los agentes educativos y a la Institución Educativa. De esta manera, las normas de la responsabilidad civil constituyen una respuesta directa frente a quienes debieran asumir las consecuencias de los daños ocasionados por parte de los estudiantes agresores, involucrando así a directores, docentes y a la propia Institución Educativa, quienes como agentes educativos deben velar porque el derecho fundamental a la educación consagrado, sea verdaderamente cumplido. / Tesis

El daño moral, regulado en el artículo 1984 del Código Civil, al ser aquel que afecta la esfera psíquica del ser humano especialmente la esfera de los sentimientos de la persona (una gran pena, un gran dolor, una frustración). Tiene dificultades en su probanza dada su naturaleza, ello a pesar que el Sistema de Valoración de la prueba adoptado por nuestro Código Procesal Civil en el artículo 197º vigente ha otorgado mayores herramientas al juzgador para valorar el daño moral y establecer una reparación civil equivalente al menoscabo ocasionado. En tal contexto, la presente investigación intenta dar solución a las dificultades que se presentan al momento de probar el daño moral extracontractual a través de los conocimientos doctrinales sobre la prueba indirecta, la que consiste en partir de varios indicios, verificar que dichos indicios estén debidamente probados y a través de las máximas de la experiencia dar un determinado hecho por probado o no y se llega a una conclusión. La prueba indirecta, dada la dificultad que recrea la valoración del daño moral extracontractual, tiene bondades que bien pueden servir para que el juzgador pueda resolver los conflictos puestos a su conocimiento con mejor criterio y con mayores elementos de motivación. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis pretende analizar las normas que rigen en Chile la construcción de viviendas, particularmente edificios, identificar sus falencias y esbozar una solución que otorgue claridad y seguridad a quienes sufren daños provenientes de fallas y defectos en la construcción.