Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / La presente investigación busca responder la pregunta siguiente: Si la atenuante especial de cooperación eficaz, contenida en el artículo 22 de la Ley Nº 20.000, puede ser aplicada de manera conjunta con la circunstancia común de responsabilidad penal de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos establecida en el artículo 9 del Código Penal, o si por el contrario, ésta excluye aquella, al fundarse ambas en el mismo supuesto fáctico, esto es, la cooperación sustancial que presta el imputado a la investigación, debiendo optarse por la más adecuada al caso concreto. Para poder responder a la pregunta anterior, se analizaron los textos legales pertinentes; sus historias fidedignas, que permiten entender el razonamiento del legislador; la doctrina existente -lo que piensan los autores sobre el asunto- y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. También se consideró para responder la pregunta de investigación, los efectos atenuatorios en cuanto a rebaja del marco punitivo determinado, que permite una u otra circunstancia modificatoria. El camino expuesto en el párrafo anterior, permitió encontrar respuesta a la pregunta planteada y sostener, que no es posible aplicar ambas circunstancias modificatorias conjuntamente, pues se concluye que un mismo hecho no puede dar lugar a dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Palabras claves: colaboración, cooperación, sustancial, eficaz, naturaleza jurídica, compatibilidad, exclusión

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca dilucidar cuáles son los estándares que debiera cumplir un órgano como la Fiscalía según los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño y comparar dicho ideal con el caso chileno. Para ello se compone de una revisión de los principios del derecho penal juvenil que se desprenden de los principales instrumentos internacionales en la materia vigentes y los deberes que, por ende, corresponde exigir al Ministerio Público chileno en virtud de ellos, y una exposición de la forma en que se ha respondido a este deber de implantar un sistema penal juvenil coherente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del persecutor en Chile.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo tiene como objeto esencial el estudio de aquellas normas de la Ley 20.084 que conforman el régimen general de determinación de la pena en el Derecho Penal Juvenil nacional, y entregar una opinión acerca de los cambios y adiciones que respecto de estas normas se proponen en el “Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes y a otros cuerpos legales que indica”. Por el hecho de estar centrado el enfoque del trabajo en el referido régimen general, han sido deliberadamente excluidas de este estudio aquellas normas que tratan situaciones especiales referidas a la unificación de condenas, reiteración de delitos y concurso de sanciones correspondientes a regímenes diversos. Luego de un breve repaso de los principales conceptos que rodean la teoría de la reacción punitiva estatal, se realizará un estudio exegético de las disposiciones que conforman el régimen general, para posteriormente realizar comentarios a las modificaciones que el proyecto introduce, entregando un juicio personal acerca de si éstas implican un trato más o menos severo para los adolescentes infractores que el que suponen las normas actualmente vigentes. Hacia el final, junto a las conclusiones, se entregarán propuestas orientadas a la aclaración de ciertos puntos obscuros que se han atribuido a la normativa vigente y que, en algunos casos, podrían ser profundizados por las modificaciones que el proyecto viene a introducir.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende ofrecer un análisis respecto del funcionamiento del sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en causas seguidas por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas, más precisamente respecto a cómo es y cómo debería ser el régimen de concurso de delitos aplicables a adolescentes, habida consideración de la incorporación de una regla especial a la ley 17.798 sobre Control de Armas -artículo 17B inciso primero- que regula dicho tratamiento concursal sin referir consideraciones respecto de su aplicabilidad en causas seguidas contra adolescentes. Para tal objetivo realizamos un trabajo de sistematización de los estándares, derechos y garantías con que son protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. A partir de ahí, se pretende realizar una comparación crítica entre las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno y el funcionamiento fáctico de la respuesta penal en caso de delitos contemplados en la Ley de Control de Armas cometidos por adolescentes. Asimismo, se incorpora a lo largo de todo el trabajo un estudio de las discusiones legislativas más relevantes que se suscitaron durante la tramitación de las leyes 17.798 sobre Control de Armas, 20.084, que establece un sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, y 20.813 que incorporó el artículo 17B a la ley de Control de Armas junto con sus reformas más importantes. También se incorpora, en el capítulo IV, datos cuantitativos y cualitativos del tratamiento efectuado por los tribunales de la república a adolescentes en conflicto con la ley de Control de Armas.

En esta investigación afirmamos que los individuos y las organizaciones empresariales tienen el deber general de actuar diligentemente con la finalidad de no lesionar a los demás en su vida, patrimonio y otras instituciones creadas para la convivencia pacífica. Para ello, las conductas que – por su propia naturaleza – ponen en riesgo bienes jurídicos deben adecuarse a lo prescrito por las normas estatales y, cuando estas no resultan suficiente por la especialidad de la materia, al propio expertis que brinda el oficio o desarrollo del ejercicio profesional. A estos conocimientos que se gestan en la práctica de la profesión u oficio se denominan “conocimientos especiales”. Entre los escenarios más proclives a la formulación de conocimientos especiales se encuentran las actividades económicas de carácter empresarial, resultando muy limitada la capacidad del Estado para regular sus alcances de forma plena. Esto ha llevado a que los privados busquen autorregularse. Siendo este contexto favorable para plantear la pregunta de la presente investigación: ¿deben los privados utilizar sus conocimientos especiales en la fase de inicial de elaboración de un modelo de prevención de delitos de una organización para asegurar su futura eficacia como eximente conforme al artículo 17 de la Ley 30424 y sus modificatorias? Concluimos afirmando que la autorregulación capaz de exonerar de cargos penales supone una elevación del estándar de control respecto a lo previsto por la normativa estatal. Por tanto, creemos obligatorio incluir a los conocimientos especiales en el trabajo de identificación de riesgos penales de las empresas. / In this investigation, we affirm that individuals and business organizations have the general duty to act diligently in order to avoid damaging other’s lives or patrimony besides other institutions created to maintain for peaceful convivence. To achieve this goal, kind of behaviour that – for ich own nature – put legal assets in risk must be adapted to fulfil state standards and, when these are not sufficient due the specificity of the matter, to the expertise provided by the trade or development of the professional practice. The knowledge that arises from the practice of the profession is called "special knowledge". Among the most likely scenarios for the generation of special knowledge we can find economic activities with business nature. Here, the State has a very limited capacity to fully regulate and this has led the private sector to seek self-regulation. Given this situation, we can raise the question of the present research: ¿Should private sector use their special knowledge in the initial phase of developing a crime prevention model of an organization to ensure its future effectiveness as an exemption under Article 17 of Law 30424 and its amendments? We conclude by stating that self-regulation capable of dismiss legal charges carries an increase the standard of control above the said statal regulations. Therefore, it is mandatory that special knowledge is included in the work of identifying criminal risks in companies.

El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la actualidad, el principal protagonista de los delitos de mayor gravedad es la Empresa. Por ello, un sector de juristas consciente de ello, se encuentran replanteando las instituciones jurídicas del Derecho Penal Clásico con la finalidad de que responda a las nuevas condiciones de la sociedad. En ese contexto, el Derecho Penal se encuentra en un actual proceso de formación de sus principales instituciones jurídicas como la “Teoría del Delito”, “los fines de la pena”, etc. Ante ello, el presente trabajo aborda el tema sobre los modelos de imputación penal de la Empresa, ya que con su estudio se puede tomar una postura sobre cuál es el más idóneo para determinar la responsabilidad penal de la Entidad Corporativa. En el caso peruano, a partir del año 2017 se ha regulado la Responsabilidad Penal de la Empresa con la Ley N° 30424; sin embargo, aún la doctrina y jurisprudencia nacional adolece el problema descrito en el párrafo anterior. Siendo así, se toma una posición en el tema, luego de haber revisado la literatura jurídica de otros países, entre ellos España, país de quien hemos copiado prácticamente toda su regulación penal implementada en el año 2015. Finalmente, ya con una postura respecto al modelo de imputación de la Empresa, se analiza la regulación peruana sobre responsabilidad penal de la empresa por el delito de Lavado de activos con la finalidad de analizar sus deficiencias y proponer mejoras. / Trabajo de investigación

En la actualidad, la mayoría de los países se han inclinado por establecer políticas normativas que promuevan la autorregulación y con ello el establecimiento de programas de cumplimiento, cuya función no se agota únicamente en la prevención y detección de riesgos, sino que va mas allá; y es que un programa de cumplimiento eficaz y eficiente no solo se limita a prevenir la infracción de las normas, sino que permite la detección de aquellas infracciones que se hubiesen cometido dentro del ámbito empresarial. Es por ello que en el presente trabajo nos hemos enfocado en resaltar los beneficios de implementar canales de denuncia como parte integrante de los programas de cumplimiento de las empresas; y es que, consideramos que la implementación de un canal de denuncias es uno de los piares esenciales en la implementación de un programa de corporate compliance,

La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la responsabilidad aplicable a la persona jurídica, contexto que suscita la asunción de diversas posturas teórico-- prácticas respecto a la categorización dogmática del delito idónea para su análisis, ya que, dependiendo de la categoría donde se le sitúe (injusto penal o culpabilidad colectiva), las consecuencias materiales y procesales son diversas, tanto a nivel de estándar de imputación necesaria, carga de la prueba, etc. Por ende, dicho análisis se asume como de especial relevancia en este trabajo, porque clarifica el sistema de imputación de responsabilidad de la persona jurídica y brinda criterios interpretativos a nivel doctrinal y práctico. A través de la presente investigación, se pretende demostrar que el defecto de organización o no Compliance penal derivada del incumplimiento del deber de garante del empresario favorece o incentiva, por encima del riesgo permitido la comisión de un delito individual en su seno. Sobre esa base, si el Compliance penal define el riesgo permitido, la categoría del delito que mejor encaja para su comprensión, es la teoría de la imputación objetiva, en concreto, la tipicidad (injusto penal) del delito corporativo, siendo la debida diligencia del empresario premiada con la ausencia de imputación a la empresa. Dicho acogimiento, tiene, entre otras, la consecuencia procesal de que el Ministerio Público describa en etapa de investigación preparatoria el contenido del defecto de organización y asuma la carga de la prueba del delito corporativo atribuido a la persona jurídica.

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de implementación del “Compliance” en las MYPE y su importancia en la mitigación de riesgos laborales en seguridad y salud ocupacional en el contexto actual de pandemia. El problema se origina en que la implementación y aplicación de un “Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional” para las MYPE implica un alto costo, requiriendo invertir esfuerzo, dinero y compromiso por parte miembros de la organización a fin de mitigar riesgos laborales. Los objetivos de la investigación son determinar si el contexto actual, producto de la pandemia producida por el coronavirus (Covid-19) afecta las MYPES en el desarrollo de sus actividades, analizar si las MYPES cumplen con la normatividad vigente en temas de Seguridad Ocupacional en el desarrollo de sus actividades para; finalmente, a través del estudio del caso de TECNICOR S.A., determinar de qué manera las MYPES al entablar relaciones comerciales con empresas de mayor envergadura adquieren obligaciones en temas de seguridad y salud ocupacional aplicadas en sus procesos que les son exigidas en cumplimiento de la normatividad laboral vigente. La principal conclusión a la que se arriba en el trabajo de investigación es que las empresas de gran envergadura establecen ciertos parámetros y protocolos a cumplir por parte de sus clientes externos (MYPES), y evitan articularse con empresas que no cumplan con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Motivo por el cual, los beneficios de la implementación de un “Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional” superan los costos de inversión principalmente en aquellas MYPE de acumulación ampliada, las cuales logran fortalecer sus relaciones comerciales, reducen la posibilidad de incurrir en problemas legales, realizan operaciones y actividades seguras en salud, a través de sistemas de prevención de riesgo y obtienen una reputación positiva en el mercado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento