Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta Memoria es realizar un análisis jurídico del régimen de responsabilidad de los integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga en los casos de fallas generalizadas en el suministro de energía eléctrica, desde el análisis de las normas de responsabilidad de la legislación eléctrica vigente y desde el punto de vista de la jurisprudencia dictada en la materia. Para lograr el objetivo antes mencionado, se ha efectuado un estudio respecto de los principios generales del Derecho Administrativo Sancionador, específicamente aquellos principios que informan al Derecho Administrativo Sancionador Eléctrico, y las normas eléctricas vigentes que lo configuran. Además, se efectúa una descripción general del sistema eléctrico chileno, su regulación y coordinación, se analiza el principio de seguridad como objetivo de dicho sistema, las facultades de la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa eléctrica vigente por parte de las empresas eléctricas, y se finaliza con un análisis jurisprudencial de los fallos dictados en la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, la doctrina administrativista nacional ha manifestado un creciente interés por el estudio de la potestad sancionadora que el ordenamiento jurídico le confiere a los órganos de la Administración del Estado. Ahora bien, ante la falta de un cuerpo normativo general en la materia, la doctrina y la jurisprudencia han ido sistematizando los principios y reglas aplicables al ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, la opción del legislador ha sido la de regular a nivel sectorial el ejercicio de esta potestad en las respectivas leyes especiales de ciertos órganos de la Administración. Así, recientemente, ocurrió con la dictación de la Ley Nº 21.000 que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en reemplazo de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La presente investigación versa sobre los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor y si estos aseguran o no una correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad; dividiéndose el contenido en primer lugar en una de sus funciones principales de INDECOPI como lo es proteger los derechos de los consumidores; después en la facultad que se le asigna para cumplir con esta función que se denomina la facultad de imponer sanciones y por último explicar la correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad al momento de utilizar los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor y después del análisis verificar si los criterios que se le otorgan a INDECOPI para graduar la sanción están haciendo un uso correcto de los principios del derecho administrativo. Y, es al transcurso de la investigación que se demuestra que aún cuan se utilizan los criterios establecidos para imponer sanciones en materia de protección al consumidor, la mayoría de veces se incurre en la violación a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad; principios del procedimiento administrativo que son de gran importancia en el procedimiento administrativo sancionador y que son de obligatorio cumplimiento por parte de INDECOPI al formar parte de la administración pública; y es que estos principios no son utilizados correctamente cuando de imponer de sanciones se trata, pues se ha comprobado a través de las resoluciones emitidas por INDECOPI que cuando utilizan los criterios establecidos para las sanciones administrativas no aplican correctamente los principios obteniendo como resultado sanciones desproporcionales, irrazonables e impredecibles y con ello la nulidad o revocabilidad de la resolución.

La incorrecta aplicación y desconocimiento de la Norma Tributaria por parte de los contribuyentes y encargados de la información contable-tributaria, originó futuras auditorías por parte del Ente Fiscalizador. El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las contingencias tributarias frente a un proceso de fiscalización electrónica, a fin de evitar sanciones administrativas en los periodos 2016-2017. Fue bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, se basó en el análisis y revisión de las normas, leyes, reglamentos y resoluciones del Tribunal Fiscal, su diseño fue no experimental debido a que las variables no fueron manipuladas durante el desarrollo de los objetivos, además se utilizaron técnicas de observación y análisis documental. Se analizó y evaluó las contingencias tributarias de las resoluciones del Tribunal Fiscal que fueron comunes en las auditorias tributarias, por lo tanto se presentó una guía de seguimiento contable-tributario para evitar infracciones. Para sustentar fehacientemente las adquisiciones deben demostrarse razonablemente las operaciones con todos los medios suficientes.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer los fundamentos por los cuales podría implementarse un régimen disciplinario especial en materia de contrataciones públicas, teniendo en consideración los aspectos esenciales de los contratos administrativos, la regulación de la potestad disciplinaria en el ordenamiento jurídico peruano y la legislación comparada. Así, la creación de un régimen disciplinario dirigido exclusivamente a funcionarios o servidores públicos que conforman el Comité de Selección o el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC) resulta factible en cuanto incrementaría la seguridad jurídica y predictibilidad, además de ello, permitiría mejorar la fiscalización y control de contratos estatales de mayor envergadura y coadyuvar a minimizar la corrupción administrativa enquistada en el Estado.

La presente investigación postula la modificación del inciso 48 de la Resolución de Sala Plena Nº002-2020-SERVIR/TSC, que ratifica lo establecido en la Resolución de Sala Plena Nº001-2016-SERVIR/TSC. El problema radica en la posición del Tribunal del Servicio Civil al considerar que el plazo de la prescripción de inicio del Proceso Administrativo Disciplinario no puede empezar a computarse desde el momento en que la Secretaría Técnica tome conocimiento de una falta administrativa, toda vez que no tiene capacidad de decisión dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Sin embargo, a través del análisis normativo, doctrinario e investigación en el ordenamiento jurídico se demostrará la importancia de considerar el plazo de prescripción desde la toma de conocimiento de la Secretaría Técnica de una falta administrativa, a efecto de eludir afectaciones al debido procedimiento por dilataciones innecesarias y consecuentemente evitar la nulidad de las resoluciones de prescripción emitidas por la máxima autoridad de la entidad pública, incluyendo así la correcta aplicación de los plazos prescriptorios para el inicio del Proceso Administrativo Disciplinario.

En este informe se analizará la Resolución n.o 039-2021-PLENO-JNJ emitida por la Junta Nacional de Justicia que destituye a Víctor Ticona Postigo, en su condición de juez supremo y en el ejercicio de la función como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La investigación se centrará en el análisis de la responsabilidad disciplinaria del investigado, la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la gradualidad de las sanciones. De esa forma, se verificará la importancia y trascendencia del perfil y la condición de juez supremo, así como la gradualidad de las sanciones en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la vulneración del derecho del investigado al haber sido sancionado con la máxima sanción disciplinaria sin considerar una sanción menor en base a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, siendo que además, desconocía con anterioridad los criterios que serían empleados para determinar la gradualidad de la sanción que se le iba a imponer

El objeto fundamental de este trabajo se centra en analizar el uso de conceptos jurídicos indeterminados en la tipificación de faltas administrativas y su relación con las sanciones arbitrarias. Inicialmente abordaremos categorías conceptuales como poder disciplinario, conceptos jurídicos indeterminados, principio de tipicidad, discrecionalidad, arbitrariedad, para lo cual se ha recurrido a la doctrina y a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, analizaremos la falta “negligencia en el desempeño de sus funciones” como concepto jurídico indeterminado que genera que la Administración realice acciones de cognición y de experiencia para completar el concepto, en la necesidad de determinar lo indeterminable. Para el análisis de la falta nos hemos remitido a la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente N° 2192-2004-AA/TC y luego cómo viene siendo analizado por el Tribunal del Servicio Civil. La investigación se justifica en los efectos negativos de una sanción administrativa arbitraria en los servidores públicos. Luego del análisis presentamos nuestras conclusiones siendo la principal la que señala que la tipificación con conceptos jurídicos indeterminados se justifica en la diversidad de funciones que cumplen los servidores civiles, en consecuencia, no vulnera el principio de tipicidad, pero si exige de la administración la obligación de precisar el tipo; según lo indicado, el uso de conceptos jurídicos indeterminados no debería tener como consecuencia la imposición de sanciones arbitrarias.

Las relaciones de consumo en el sector inmobiliario traen consigo una serie de particularidades que muchas veces agravan la asimetría informativa y poder de negociación de los consumidores. Más aún, al tratarse de contrataciones en masa, se ha identificado en varias ocasiones que los proveedores de productos inmobiliarios incluyen cláusulas abusivas en los contratos de compra venta de inmuebles, generando perjuicios en contra de los derechos de los consumidores. El presente trabajo tiene como objeto analizar las consecuencias generadas por las cláusulas abusivas en el ejercicio de derechos y obligaciones en una relación de consumo inmobiliaria. Para ello, consta de cuatro capítulos que se resumen a continuación. En el primer capítulo, se analiza el alcance del tratamiento de las cláusulas abusivas en las relaciones jurídicas de consumo, en donde a su vez se indicará la justificación de prohibición de las cláusulas abusivas, se analizará la contratación en masa y su relación con las cláusulas abusivas, y se identificarán las particularidades de las cláusulas abusivas insertas en los contratos inmobiliarios. En el segundo capítulo, se abordará la regulación y tratamiento de las cláusulas abusivas en el Derecho de Consumo, en donde además se explicará lo que señala el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a las cláusulas abusivas y lo que señala la doctrina para identificar y delimitar las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. En el tercer capítulo, se tratará el análisis de las resoluciones de INDECOPI sobre cláusulas abusivas en contratos inmobiliarios, para ello, se identificarán los elementos que configuran una cláusula abusiva según INDECOPI, y se examinarán algunos precedentes de INDECOPI sobre cláusulas abusivas insertas en contratos inmobiliarios. Finalmente, en el cuatro capítulo, se señalarán las modalidades de los sistemas de tutela del consumidor contra cláusulas abusivas, dentro del cual se encuentran la tutela autónoma o paraestatal y la tutela estatal del consumidor.