Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La videovigilancia del espacio público es una práctica gubernamental consolidada en gran parte de las ciudades del mundo. Aun así, la justificación discursiva para el empleo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) no es universal. Por el contrario está fuertemente marcada por consideraciones locales y regionales, pese a la escala global del fenómeno. En Chile, como en gran parte de América Latina, el fundamento para el empleo de los CCTV descansa en la supuesta eficacia que tienen en la provisión de seguridad pública, ya sea desde la prevención del delito o la persecución de éste. Las agencias privadas y estatales vinculadas a la seguridad pública arguyen la aptitud de las cámaras de monitoreo para disminuir los índices de criminalidad e inseguridad pública. No obstante lo categórico de las sentencias sobre su eficacia, lo cierto es que no existen estudios que avalen dichas afirmaciones. Las investigaciones que han evaluado la aptitud de los CCTV en la provisión de seguridad pública concluyen que estos dispositivos resultan ineficaces o prestan una contribución nimia. Pese a que lo anterior debiera ser una alerta para los programas estatales que impulsan la instalación de estos dispositivos, la videovigilancia del espacio público se consolida y el afán de las autoridades políticas por expandir su uso no cesa. El debate público, en Chile y América Latina, se ha centrado en la supuesta eficacia de los CCTV para proveer seguridad pública. Esta reducción de la discusión ha impedido que se revise el uso de estos dispositivos desde otras perspectivas, sin cuestionar siquiera la posibilidad de que esta práctica gubernamental tenga efectos indeseados. En esta presentación se busca superar dicha visión parcelada de la videovigilancia gubernamental del espacio público, para ello integramos al análisis de esta práctica estatal las aportaciones de diversas disciplinas. Con lo anterior pretendemos acreditar que la videovigilancia es una práctica gubernamental compleja y que no puede ser reducida a la supuesta ‘lucha contra la delincuencia’.

En nuestro país ha existiendo desde la década pasada una percepción subjetiva de que la delincuencia aumenta de forma acelerada, es por este motivo que el tema de la seguridad ciudadana y el problema de la delincuencia han adquirido relevancia entre las principales prioridades de las personas, como lo confirma la encueta CEP del año 2010. Bajo este contexto nace en el año 1998, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP), que es la estrategia operativa definida por Carabineros de Chile en sectores urbanos, con el fin de reducir la victimización y la sensación de temor de la ciudadanía por medio de una mayor eficacia y eficiencia del actuar policial. Uno de sus objetivos principales es estrechar la relación de Carabineros con la comunidad para el mejor intercambio de información de interés policial y el actuar coordinado de ambos agentes. Las comisarias utilizan como base los cuadrantes para la asignación de recursos. Esto lo hace basado en la población, casos y tasas delictuales, y demandas por recursos policiales. Además buscan ofrecer un Índice de Cobertura Policial (oferta/demanda) similar en cada área. Los cuadrantes respetan las divisiones jurisdiccionales de las comunas, y también de las comisarias dentro de las comunas. Muchos cuadrantes fueron creados al inicio de la implementación de este plan, bajo criterios cualitativos y sugestivos, ya que no se contaba con información geocodificada que pudiera dar apoyo a una mejor división. Muchos cuadrantes no han sido modificados desde entonces. La evolución de la población y los constantes cambios en la actividad criminal, hace que estos límites queden obsoletos. El objetivo del presente trabajo es definir una metodología objetiva que permita la delimitación de cuadrantes para el PCSP, basándose en modelos matemáticos de localización y asignación. El caso de estudio es la comuna de Ñuñoa, ésta fue dividida en grillas, que fueron caracterizadas por sus demandas e indicadores de inseguridad. Este último indicador se basó en los registros históricos de Carabineros, además de densidades poblacionales, red vial y la actividad comercial en la comuna. El modelo propone una división basada en igualdad de demandas en los cuadrantes, ya que esto ayuda a la eficiencia y equidad en las labores de prevención, disminución de la congestión de procedimientos, además de hacer más fácil la distribución de los recursos. Se contrastó la configuración entregada por el modelo matemático versus la configuración actual, obteniendo mejores indicadores para la distribución de la demanda y red vial.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria consta de cuatro capítulos, finalizando con una conclusión. El primero de ellos, trata el contexto histórico y los objetivos perseguidos por esta ley, en la cual se analizará su dictación mediante la utilización de los datos empíricos existentes al momento de su dictación, los cuales son entregados por instituciones de seguridad ciudadana del gobierno como de privados. Además se tratará de justificarla desde un enfoque acorde a las políticas y estudios relacionados a la seguridad ciudadana. En el capítulo segundo se analizará especialmente desde un enfoque jurídico las modificaciones realizadas por la ley al Código Procesal Penal, de acuerdo a los principios y normas consagrados por éste, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile. Además, en algunos casos, se analizará utilidad práctica de las modificaciones, enfocadas desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. En el capítulo tercero se estudiará la modificación realizada por esta ley en lo que se refiere a la función de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en lo que respecta a la obligación que se les impone de mantener un banco unificado y actualizado de personas respecto de las cuales existan órdenes de detención pendientes. Se analizará su eficacia respecto a la función del control de la delincuencia, desde un prisma relacionado con las políticas existentes en materia de seguridad ciudadana. En el capítulo cuarto, se estudiará las modificaciones realizadas por la Ley Nº 20.253 a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, realizando un análisis tomando en cuenta el espíritu de la legislación vigente y el de la ley objeto de esta memoria de grado. Es la intención de esta memoria cotejar las modificaciones realizadas con datos empíricos existentes en la actualidad, puesto que sirven como barómetro para medir su utilidad. Ello se justifica dado que la misma ley señala en su mensaje que se tuvo presente una gran cantidad de datos al momento de aprobarse este proyecto de ley, por lo que es necesario tenerlos en consideración para verificar la verdadera utilidad de esta reforma en materia de seguridad ciudadana.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria busca investigar si la tenencia de armas por parte de la población civil constituye o no una medida eficaz para la prevención del delito o, si en su defecto, intensifica el problema de inseguridad que pareciera afectar a la población de nuestro país en los últimos tiempos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto analizar el programa de Carabineros de Chile denominado STAD, a fin de evaluar su efectividad en el control y prevención del delito en nuestro país. Carabineros de Chile es una institución que frecuentemente se relaciona como el principal factor al momento de buscar soluciones al problema de la delincuencia. En razón de esto, surge la necesidad de analizar sus estrategias y tácticas en aras de posicionar este programa dentro del contexto global que supone el Análisis Delictual y la Seguridad Ciudadana. Efectuando un análisis cualitativo, me remito a la historia, normas legales y contexto político que rodea a la implementación de dicho programa para intentar vislumbrar los objetivos del STAD y la coherencia de estos con el actuar institucional en los últimos años. De esta forma, esta obra pretende servir de aporte para la comprensión de la policía predictiva, fenómeno que se está posicionando en la literatura de la disciplina

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La presente investigación consiste en un estudio del concepto de espacio público manejado a nivel gubernamental a través de las políticas de vivienda social y de seguridad ciudadana, por ser éstas aquellas que desde la oficialidad tratan de manera específica el tema de los espacios, tanto en términos de conjuntos habitacionales, como de programas de prevención de situaciones delictuales. Se eligió el tema del “espacio público”, por representar de manera bastante gráfica la mayoría de los cambios que a nivel social, cultural, político y económico, que se observan en la actualidad, a consecuencia de las características del nuevo sistema “postmoderno” que constituye el contexto del estudio. Ahora, si bien es cierto que el estudio del espacio público registra un desarrollo considerable, éste pertenece en su gran mayoría al ámbito de la arquitectura y urbanismo, dejándose de lado la importancia que tiene en términos de la investigación social, especialmente de la sociología, el desarrollo del concepto, en la medida que el espacio público representa “la proyección de lo público en el espacio”, y “lo público” aquella característica de toda sociedad, de salir de su círculo íntimo, de su privacidad, para enfrentarse al mundo a través de la experimentación de la diversidad. La elección del objeto de estudio, vale decir el concepto de espacio público en las políticas de vivienda y de seguridad, obedece a la necesidad de generar un marco, que en términos teóricos, señale la pauta de estudio del concepto en términos ideales, para de este modo, sentar una base conceptual de la idea de espacio público, que sirva para realizar posteriores investigaciones en terreno a partir del concepto que se establezca. En este sentido, el presente trabajo se organiza en cuatro partes principales. La primera corresponde al desarrollo del marco teórico propiamente tal, y contiene dos capítulos. El primero que presenta la historia del concepto de “lo público” y de su inserción espacial a través del “espacio público” durante el “Antiguo Régimen” -era pre-moderna-, “la modernidad” y la “posmodernidad”, y el segundo que trata las principales conceptualizaciones del espacio público en términos teóricos y desligadas del contexto histórico. La segunda parte de la investigación, dividida también en dos capítulos, consiste en la descripción de las políticas de vivienda social y de seguridad ciudadana en Chile, donde por un lado se presenta su evolución histórica en términos generales, y por otra se desarrollan sus actuales características, a través de la descripción de los programas y objetivos de cada una de las políticas estudiadas. En tercer lugar, se presenta el capítulo de análisis del concepto de espacio público en las políticas ya señaladas, considerando para ello no sólo la descripción del tema por política, sino también de manera comparativa y en función del contexto actual. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, donde además de describir los principales resultados del análisis, se desarrolla una crítica a la actual concepción del espacio público manejada a nivel gubernamental, así como también algunas recomendaciones para la mejor elaboración de los programas que consideran este concepto.

El presente trabajo analiza las organizaciones sociales de La Pintana, a fin de conocer la relación entre el capital social y la seguridad ciudadana, buscando conocer cómo influyen los grupos comunitarios en la seguridad comunal y, asimismo, cómo impacta la seguridad al capital social. La hipótesis subyacente de esta investigación es que no existe una relación directa entre capital social y seguridad ciudadana, sino más bien que esta relación depende de las formas o características del capital social y, por otro lado, de las diversas formas delictivas que generan inseguridad. Para conocer esta relación, se trabajó con una base de datos de encuestas de capital social; en el análisis estadístico se constató la presencia de cuatro tipologías de organizaciones sociales: Premium, con un muy alto nivel de relaciones con otras organizaciones, un nivel medio de acceso a recursos, y nivel medio de realización de actividades en el barrio. Estables, con un alto nivel de acceso a recursos, bajo nivel de relaciones con otras organizaciones, y nivel medio de realización de actividades en el barrio. Débiles, que tienen nivel medio de relaciones con organizaciones, nivel bajo de acceso a recursos y un nivel medio de realización de actividades. La tipología Desposeídas, posee un nivel medio de relaciones con otras organizaciones, un nivel nulo de acceso a recursos y un altísimo grado de actividades en el barrio. Luego, en el análisis de redes sociales, al graficar la red de cada barrio, se ve que las tipologías Premium y Estables son aquellas que ocupan las posiciones centrales de las redes mientras que las otras dos tipologías se ubican preferentemente en la periferia. Este análisis permite ver que existen dos tipologías (Premium y Estables) que pueden er el nexo entre el gobierno local y la ciudadanía. En la etapa de georreferenciación de organizaciones sociales, se aprecia que la mayoría de los delitos se comete a una distancia considerable de los lugares donde se emplazan las organizaciones. Esta afirmación sin embargo no aplica para la violencia intrafamiliar, lesiones y tráfico de drogas. En el caso de este último, no existe una relación aparente con la presencia de organizaciones. En cuanto a violencia intrafamiliar y lesiones, se puede señalar que la elevada cantidad de denuncias corresponde a una labor efectiva del gobierno local e instituciones sociales, al enfocarse en que los vecinos denuncien, y brindando apoyo en diversas materias. Las conclusiones de esta memoria se orientan a señalar el hecho de que no existe una única forma de capital social, y que estas formas se relacionan de distinta manera con los distintos tipos de delitos. Mientras que en el caso de la violencia intrafamiliar, lesiones y robos, el capital social es capaz de disminuir la comisión de delitos, en el caso de otros crímenes tiene una relación de coexistencia, como en el tráfico de drogas. En el caso de la criminalidad, ocurre algo semejante: distintos tipos de delitos influyen de diversas maneras sobre las formas de capital social. Finalmente, a partir de los datos obtenidos, se presentan las propuestas de política pública, orientadas al fortalecimiento comunitario y al empoderamiento de las organizaciones sociales; a fin de brindar los recursos necesarios para que puedan ser el nexo entre el gobierno local y los ciudadanos, con la finalidad de combatir de manera integrada la delincuencia en la comuna.