Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La Fiscalía de Obras Públicas es el Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que otorga el soporte y seguridad jurídica, que permita al MOP el planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales. En los últimos años las labores del MOP han sufrido transformaciones que dicen relación con modificar su función de construcción de Obras públicas por la gestión de servicios de infraestructura. Por lo tanto, la Fiscalía ha debido enfrentar el aumento y diversificación de materias donde es muchas veces cuestionada por la oportunidad de las respuestas, es decir por los tiempos excesivos dispuestos para la asesoría jurídica, por no entregar las respuestas esperadas, por las constantes devoluciones, y/o solicitudes de aclaraciones, de documentos adicionales y/o de modificaciones, etc. Antecedentes que contribuyeron al desarrollo de la presente investigación, que tuvo como finalidad realizar un diagnóstico institucional de la gestión de la Fiscalía a partir de su estructura organizacional, productos, clientes, procesos de negocios, áreas de gestión, definiciones estratégicas, recursos humanos, procesos informáticos, entre otros, los que permitieron identificar aspectos positivos como la experticia técnica; la existencia de un equipo cooperativo y cohesionado; y la una cultura organizacional fuerte y arraigada en la institución, como a su vez debilidades que dicen relación con la falta de estrategia y planificación; de habilidades de gestión en sus directivos; de canales de comunicación; de relación y alineación con sus clientes; de una adecuación en su estructura orgánica; de RR.HH y disponibilidad presupuestaria; y de incorporación de tecnologías en sus procesos. Los anteriores se presentan en el Diagrama Sistémico de la Fiscalía, que comprende 3 ámbitos: Entorno, Procesos Internos y Diseño y Estructura Organizacional, y que a su vez distingue el problema central que es la Falta de un proceso de Planificación Estratégica . Finalmente, se realiza una propuesta de intervención y mejoramiento de la Institución, con las acciones a implementar que le permitan incrementar las fortalezas, superar las debilidades, manejar las amenazas y utilizar las oportunidades encontradas durante la investigación. Esta propuesta contempla la incorporación de herramientas de gestión, tales como: Liderazgo, Planificación Estratégica, Establecimiento de un Cuadro de Mando Integral, Implementación de un Modelo de Gestión por Proceso alineado a los clientes, Gestión y Desarrollo de Personas, y un Plan de Fortalecimiento del Clima Laboral y de Comunicaciones.

En el derecho –y esto por un precepto elemental de justicia- no suelen existir los absolutos, porque normalmente conllevan a arbitrariedades. Fácilmente identificamos ello cuando, por ejemplo, nuestro derecho de tránsito se ve limitado por cuestiones de orden público (como la declaratoria de un estado de excepción) o nuestro derecho a participar de la vida política del país se encuentra regulado a lo que una norma exprese al respecto (como lo hace la ley orgánica de elecciones). En el caso de las decisiones que toma la administración pública, ésta se ve sujeta siempre a controles posteriores tanto dentro de la propia administración como fuera de ella, pudiendo ser modificada vía un laudo arbitral (como el arbitraje en la contratación pública) o impugnándose dichas actuaciones ante el Poder Judicial, quien tradicionalmente se encarga de su revisión. Esta pluralidad de instancias creada para garantizar los derechos de los ciudadanos y administrados, no obstante haber sido creada con una finalidad garantista, puede llegar a generar situaciones en las que la eficiencia social a la que apunta un sistema jurídico se pierda. He ahí el problema y las razones que nos motivan a desarrollar el presente trabajo. Las expresiones vertidas por un presidente de organismo regulador con las que comenzamos la presente investigación, nos llevan automáticamente a pensar en que una decisión técnicamente respaldada como la que fue en su momento emitida por el OSITRAN (Organismo Regulador Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura), puede ser modificada por razones muy poco predecibles por parte de la autoridad jurisdiccional, la cual en la realidad no da muestras de conocer de materias tan específicas, técnicas y complejas como la tratada en el ejemplo. Pedirle al juzgador conocer de ello sería pedirle demasiado, porque estas materias son de una cantidad tal que la tarea resultaría inagotable. La idea del presente trabajo es justamente brindar una alternativa de solución a esta situación . Si bien en un momento el sistema de revisión de actos administrativos por parte del Poder Judicial consagró una garantía por la cual los actos de la administración no están exentos de control, ello con el devenir del tiempo y los cambios tecnológicos y comerciales nos ha mostrado que necesita de algunos ajustes importantes. / Tesis

El artículo presenta un breve balance de las investigaciones realizadas recientemente en el ámbito de la regulación de los servicios públicos. El análisis se concentra en las industrias de redes (telecomunicaciones,energía, transporte, agua y saneamiento) y se limita a las publicaciones realizadas desde 2004 en adelante, las cuales, de alguna manera, se refieren a la experiencia peruana. Este recuento pone en evidencia la importante producción bibliográfica sobre el tema, destacando en número y calidad los diversos estudios realizados sobre la regulación en los sectores energía y telecomunicaciones. También se exponen las principales contribuciones realizadas fuera del país, referidas al progreso logrado en la identificación de las mejores prácticas de regulación y de los principios básicos que han orientado los sistemas institucionales adoptados en algunos países, lo cual facilita la evaluación en otros contextos nacionales. Finalmente, el balance da cuenta de loscambios sustantivos en la importancia relativa de algunos temas. Así, la privatización ha dejado de ocupar un lugar central en la agenda de políticas públicas y más bien ha pasado a un segundo plano en las prioridades de los investigadores. En contraste, los problemas vinculados a la expansión de las redes y al acceso a los servicios, así como la concesión de proyectos de infraestructura y el diseño de esquemas de cofinanciamiento público-privado, son los temas predominantes en las agendas de investigación y en las políticas públicas, respectivamente.---This paper provides a survey review of the literature on regulation of utilities with a focus on network industries (telecommunications, electricity, transport infrastructure, water and sanitation). It is limited to the publications realized from 2004 onwards which, somehow, refer to the Peruvian experience. The survey provides detailed evidence on the significant bibliographic production on this topic, underscoring the quantity and quality of various studies on regulation, mainly on energy and telecommunications. Also it includes some contributions published abroad, which refer to the progress that has been achieved in identifying the best practices of regulation as well as the principles that have shaped the institutional designs in some countries, providing new benchmarks for evaluation in developing nations. Likewise, the assessment reveals some substantial changes in the relative importance of specific issues. Privatization no longer occupies a central role in the public policy agenda, and has also lost attraction within the research communities. In contrast, network expansion and access to network services as well as the design of public-private partnerships and financial mechanisms for infrastructure development, have turned into the key issues of the agendas for research and public policy, respectively.

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente estudio considera como objetivo identificar y analizar la gestión del cambio en todos los ámbitos posiblemente impactados al interior del Servicio Agrícola y Ganadero con la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en Chile. Sin embargo, en el transcurso del estudio se puede visualizar que el estado de avance del proyecto de ventanilla única no permite identificar el impacto final de su implementación, ya que actualmente se encuentra en un estado de levantamiento de procesos, es decir, en etapas intermedias de la implementación del proyecto. Por dicha razón, es que el presente estudio considera los diseños, arquitecturas, modelamientos, armonización y normativa consideradas inicialmente para la elaboración del proyecto, pudiendo estas ser diferentes de los modelos a utilizar en la implementación final. Así como también las observaciones finales solo pueden abarcar aspectos del proyecto piloto sin la puesta en marcha del mismo. Este estudio considera el material bibliográfico existente sobre el tema tanto a nivel nacional como internacional, entrevistas a actores relevantes del proyecto en Chile y el análisis e integración entre ellas. Las observaciones obtenidas del presente estudio concluyen, que con el avance del proyecto de implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior existente en la actualidad, el Servicio Agrícola y Ganadero ha debido moldearse en algunos aspectos para lograr la integración como Servicio a este impulso gubernamental, si bien no ha podido detectarse el impacto final de la implementación del mismo, existe varios puntos de interés que permiten observar factores de éxito y desafíos del proyecto en Chile.

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La reducción de la brecha de infraestructura en el país requiere de la inversión tanto del sector público como del sector privado para que se logren sinergias que permitan la construcción y operación de diferentes infraestructuras de uso público que faciliten el desarrollo de las diversas actividades económicas que dinamicen la economía, contribuyendo así al crecimiento del país. Para el desarrollo de los proyectos es necesario establecer cuál será el modelo de contratación que mejor se adecúe, considerando las características de cada proyecto, la capacidad de transferencia de riesgos, costos, entre otros criterios. En ese sentido, la motivación del presente trabajo se centra en establecer si el marco regulatorio de los proyectos de inversión cuenta con un mecanismo que permita establecer la idoneidad para que dichos proyectos sean ejecutados mediante un sistema de contratación pública tradicional o dentro del marco de una asociación público privada (APP). El objeto de estudio del presente trabajo es analizar si la aplicación de los criterios de elegibilidad aprobados mediante Resolución Directoral N°004-2016-EF/68.01 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permitió que la asignación del mecanismo de asociación público privada sea una medida adecuada que pueda seguir siendo útil. Para realizar el referido análisis en el primer capítulo del presente trabajo de investigación se realiza una aproximación sobre la política pública del sector turismo, al cual pertenece el proyecto, el análisis de proyectos similares en el sector, así como el proceso de promoción y licitación del proyecto “Sistema de Telecabinas de Kuélap”.

El presente trabajo de investigación se efectúa un análisis para la realización de un proyecto de inversión pública a través de este mecanismo de ejecución en un determinado distrito judicial de Lima (Lima Este), a fin de conocer si con la participación privada en la ejecución de este proyecto de inversión pública se le agrega un valor o no a ello; utilizando la metodología de los criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su análisis, lo cual demuestra la factibilidad de ello. Luego de determinar el valor que le agrega la participación privada en la ejecución del proyecto bajo el mecanismo de la APP, se conocerá la base normativa que posee el Poder Judicial para poder utilizar este tipo de mecanismo de ejecución de proyectos, proponiéndose una serie de modificaciones normativas necesarias para que este Poder del Estado pueda estar en condiciones de utilizar las normas de promoción de la inversión privada y ejecutar el proyecto con el mecanismo de la APP. Además, el trabajo de investigación responderá a dos cuestiones importantes en la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de la APP, ¿quién origina el proyecto, el sector público o el sector privado? respondiendo tal pregunta utilizando con la metodología de criterios de elección. Asimismo, se responde a la interrogante ¿qué modalidad contractual es la mejor para el proyecto? Encontrándose como posibles respuestas la concesión, contrato de operación y mantenimiento, arrendamiento, entre otros; utilizando para la respuesta una metodología de matriz de riesgo que asume el privado y el Estado en cada modalidad contractual.

Para efectos del presente trabajo, se detallará la estructura actual del mercado eléctrico peruano, incluida la composición de los sistemas de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), para posteriormente analizar la figura de los mandatos de conexión, así como los principales criterios adoptados por el Regulador al momento de emitirlos. Finalmente, y a la luz de los vacíos legales identificados en la normativa actual, se proponen algunas modificaciones regulatorias, con su respectivo análisis costo-beneficio, para lo cual se ha utilizado la Metodología de Impacto Regulatorio (MIR) elaborada por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Osinergmin. Existe confianza en que las modificaciones propuestas harán que las solicitudes de conexión a estas infraestructuras esenciales sean atendidas de manera eficaz y oportuna, de forma que se minimicen los costos de transacción para los actores involucrados y se garantice la confiabilidad del SEIN, lo cual redundará, en última instancia, en un beneficio para la sociedad.

La presente investigación evalúa la necesidad de que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, como agencia de competencia en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, realice un análisis de efectos anticompetitivos de las prácticas exclusorias de manera uniforme, y siguiendo criterios que otorguen mayor predictibilidad a los agentes económicos, minimizando el riesgo de sancionar prácticas empresariales eficientes. Luego de la investigación realizada, se plantearon los lineamientos que debería seguir el Osiptel en esta materia. La propuesta comprende el empleo del test de balance de efectos como estándar de análisis de los efectos de las conductas exclusorias, y la aplicación de los criterios de variación de participación de mercado, variación de los niveles de precios, posibilidad de elevar o crear barreras de entrada al mercado, limitación de la libertad de elección de los consumidores y variación de la calidad de los productos o servicios para determinar el efecto anticompetitivo de las conductas exclusorias. Se concluye que resulta necesario se sigan los lineamientos planteados en la presente investigación, toda vez que permiten determinar la afectación que la práctica ocasiona no solo en los competidores, sino directamente en el bienestar del consumidor. Ello considerando que las normas de libre competencia tienen como objeto proteger el proceso competitivo, promoviendo la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.

El presente trabajo de investigación se enfoca en estudiar la problemática del retraso en la entrega de los terrenos correspondientes a la primera etapa de la concesión del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica de la carretera Panamericana Sur (Red Vial N° 6). Esto generó que en la ejecución de las obras no se cumpliera con los plazos originalmente previstos en el contrato de concesión. En ese sentido, fue necesario identificar los factores que impidieron la entrega de los terrenos según lo programado en las cláusulas contractuales. La hipótesis planteada es que el retraso en dicha entrega fue consecuencia de: (i) la deficiente identificación de los propietarios comprendidos en el área de ejecución de la primera etapa del proyecto, (ii) el limitado marco normativo en materia de trato directo y expropiación, y (iii) el inadecuado análisis de riesgos e incentivos referidos a la transferencia de los terrenos. Luego de desarrollar estos aspectos, a lo largo del presente trabajo, se presentan una serie de propuestas de mejora con el fin de mitigar la problemática identificada. Entre las propuestas de mejora se señalan las siguientes: la creación de comisiones multisectoriales que, en función de la envergadura y características de cada proyecto de inversión, tengan como finalidad lograr el saneamiento físico legal de los terrenos implicados en la ejecución de un proyecto; la modificación del Decreto Legislativo N° 1192, con el objetivo de establecer la posibilidad de delegar la aprobación de la tasación y del pago para el caso de las expropiaciones; la creación de un fondo concursable con el fin de asignar el riesgo de la adquisición (trato directo) al inversionista (futuro concesionario), como un incentivo para dar inicio a la ejecución del proyecto; así como, establecer incentivos (positivos o negativos) para que la entidad del Estado, responsable de ejecutar la transferencia de predios comprometidos en un contrato de concesión, lo realice oportunamente, entre otras.