Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las relaciones entre marido y mujer en el Derecho chileno, desde los inicios de la República, han estado marcadas por una importante discriminación contra la mujer en la toma de decisiones patrimoniales del matrimonio. Esta circunstancia no es más que consecuencia de lo que, en este aspecto, ha acontecido en el sistema social y jurídico a lo largo de la historia de Occidente. El reconocimiento constitucional e internacional del principio de igualdad de todas las personas ha inspirado las reformas legislativas en Derecho Comparado durante los siglos XX y XXI, con las que se ha logrado equiparar cada vez más los derechos, facultades, deberes y obligaciones de ambos cónyuges. Pero aún queda tarea pendiente. En términos generales, los resabios aún vigentes de desigualdad concentran el poder decisorio de las cuestiones económicas en el marido, lo cual se expresa de manera destacada, entre nosotros, en el régimen de sociedad conyugal. La presente memoria realiza una revisión sistemática del régimen jurídico chileno actual de relaciones conyugales, a fin de hacer una evaluación crítica de las distintas disposiciones que, aún hoy, establecen discriminaciones o desigualdades entre marido y mujer. A su vez, analiza las distintas instituciones o mecanismos que el legislador ha elaborado para paliar o compensar las inequidades y desventajas de un cónyuge respecto al otro. Para el cumplimiento de estos fines, se utilizará un método descriptivo y crítico de los textos positivos, fundamentando el análisis en la investigación de abundante doctrina y jurisprudencia relevante. El centro de nuestro estudio será el concepto de “cónyuge débil”, como sujeto en circunstancias jurídico-económicas desiguales o menos ventajosas en contraposición a las de su consorte. En torno a este concepto, se desarrollará el principio de “Protección al cónyuge débil”, como instrumento para remediar las condiciones de desigualdad y debilidad que afectan a este cónyuge. Se trata de una importante herramienta para subsanar las deficiencias jurídicas y de facto que impiden la plena realización del principio de igualdad en las relaciones conyugales, cumpliendo una función de mejoría o puente hacia la plena igualdad entre cónyuges. viii El estudio de la legislación patria demostrará que, a nuestro juicio, el espíritu de protección a este cónyuge en desventaja ha inspirado numerosas disposiciones legales, y que la consagración del Principio de protección al cónyuge débil, en el artículo 3 de la Ley N° 19.947, viene a ser su máxima expresión, pero, también, el inicio de la ampliación de su aplicación a todo el matrimonio, esto es, desde su inicio, su desarrollo, y hasta su término y efectos posteriores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo es una primera aproximación a un problema escasamente tratado en la ejecución penal en Chile y que se refiere al traslado de Establecimientos Penitenciarios de personas condenadas a penas privativas de libertad. Se comenzará haciendo referencia al concepto de “traslado” de forma tal de delimitar claramente el objeto de estudio, seguida luego de un somero análisis de las teorías justificantes de la pena que han de orientar a los actores de la ejecución penal en el ejercicio de sus potestades legales. En seguida, para una mejor comprensión del problema planteado, analizaremos la normativa pertinente tanto a nivel nacional como internacional, que sea de relevancia para el traslado de condenados a penas privativas de libertad. Se afirmará en este trabajo que el traslado de un condenado no es una decisión administrativa inocua, sino que, muy por el contrario, ésta puede acarrear vulneración de derechos tanto del interno trasladado, como de su núcleo familiar y social. Y que, por lo mismo, aun cuando se trate de una potestad discrecional de Gendarmería, no se encuentra ajena al control jurisdiccional. Por otra parte, se expondrá también el cómo la Autoridad Penitenciaria, en ejercicio de sus potestades legales, utiliza el traslado de los internos con la intención de sancionarlos informalmente y como mecanismo de control dentro de los Establecimientos Penales, excediendo de esta forma los límites del Estado de Derecho. Por último, nos dedicaremos a analizar el oficio N°6562-2007 de la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de demostrar que éste no es obstáculo para que los Tribunales de Justicia intervengan cuando por el traslado se puedan afectar derechos de los condenados y su núcleo familiar y social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La llamada deuda histórica de la República de Chile para con sus pueblos originarios se remonta a la época de la Colonia, arrastrando desde entonces un conflicto étnico y social de más de 500 años. La Conquista por parte de la corona española, estuvo marcada, entre otros elementos, por la violencia, el despojo y los abusos en contra de los pueblos indígenas asentados en nuestro país. Más tarde, con el establecimiento territorial de los españoles al norte del río Biobío, comienza un proceso de mestizaje, intercambios comerciales y una compleja red de relaciones interétnicas, las cuales se mantuvieron inalterables durante los inicios nuestra vida republicana. Desde entonces, existe una tensa y compleja relación entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas que se ha perpetuado hasta nuestros días. Al día de hoy, de acuerdo la última encuesta Censo realizada el año 2002, la población indígena en el país representa el 4,6 % del total nacional . Bajo esta realidad se han articulado distintas políticas públicas e instrumentos legales tendientes tanto al reconocimiento de los pueblos indígenas propiamente tales, como a la reparación de la llamada deuda histórica. A nivel nacional, una de las primeras normas en contemplar la discriminación positiva a favor de los pueblos indígenas y concretar este objetivo fue la ley N° 19.253, publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre de 1993, la cual establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Si bien es cierto que esta ley significó un avance en materia de protección a los pueblos originarios, la población indígena sigue siendo un sector vulnerable en materia socioeconómica con un alto grado de exclusión en el desarrollo de la vida republicana y caracterizada por un bajo nivel de participación en los procesos de toma de decisiones y representatividad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente obra persigue analizar, describir y explicar la normativa que regula a los Profesionales de la Educación que laboran para Departamentos de Educación Municipal, los que corresponden a la mayor cantidad de Profesionales de la Educación existente en el País. La normativa reguladora tiene un carácter de suyo especial, tanto por referirse a un grupo especial de trabajadores, como por integrar el contenido de normas obtenidas de anteriores estatutos administrativos y del Código del Trabajo, formando un cuerpo legal único y excepcional. La obra se desarrolla siguiendo los aspectos más importantes en la relación que se genera, esto es, desde su nacimiento hasta su término, con el análisis de los derechos y obligaciones así como las significancias laborales propias de cualquier relación de índole laboral, es decir, Jornada de Trabajo, Remuneraciones y Derechos y Obligaciones. Para llevar a cabo la obra se ha tomado como objeto central el sujeto de análisis y a partir de ello se analizan las normativa aplicable.

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Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / En relación con la potestad discrecional que los artículos 73 y 74 de la ley Nº 18.834 conceden a la autoridad administrativa para destinar a sus funcionarios fuera del lugar de su residencia, se plantea la problemática relativa a los límites que tiene tal potestad, considerando que en su ejercicio no sólo se pueden vulnerar derechos fundamentales del servidor público afectado, como los derechos a la función y a la dignidad funcionaria, sino que también principios esenciales de la administración pública, como son la certeza jurídica y, por cierto, el de la razonabilidad que debe imperar en la dictación de todo acto administrativo. En efecto, si bien la justificación normativa de esta potestad se encuentra consultada en el artículo 73 de la ley Nº 18.834, conforme al cual, los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, en cuanto así lo ordene el jefe superior de la respectiva institución, en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía, el ejercicio de tal potestad discrecional no está ajena a dificultades, tomando en consideración que tal decisión afecta a un funcionario que puede tener hogar, familia e hijos estudiando en el lugar de su desempeño habitual, además de otros beneficios laborales asociados a este último, panorama que se agrava en situaciones en que ambos cónyuges forman parte de la misma repartición pública, caso en el cual el artículo 74 del mismo texto legal precitado permite persistir en ella, en la medida que se destine a ambos, simultáneamente y a un mismo punto.

Memoria (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / Palabras claves: Medidas de seguridad, locura, historia, criminología, psiquiatría Endemoniados y parte de una masa homogénea, “considerada inferior”, conformada por leprosos, mendigos y seres con vida licenciosa que requerían misericordia divina para perdonar su alma, a sujetos considerados enfermos desde una óptica médica que requieren atención y orientación, con el fin de proteger a la sociedad de la comisión de nuevos ilícitos. La presente investigación apunta a determinar el origen de las medidas de seguridad, mediante el análisis del escenario histórico del tratamiento de la locura existente antes y después de la irrupción de la psiquiatría como disciplina científica, en el derecho penal. Nos adentraremos mediante un estudio descriptivo a conocer los paradigmas en torno al tratamiento de los enfermos mentales, en la edad media, en la ilustración y su posterior evolución al sistema de medidas de seguridad

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con menciones) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el primer capítulo de este trabajo haremos referencia a la llamada Doctrina de la Situación Irregular de los menores, mostrando sus principales características y fundamentos jurídico-penales para luego referirnos en la segunda parte del mismo capítulo al proceso de Reformas que en América Latina se sucedieron durante el Siglo XX después de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En el segundo capítulo mostraremos los diversos modelos político criminales que determinan los propósitos de la pena en un Sistema Penal de Adolescentes, ya sea en cuanto a los fines educativos, de protección, restaurativo o de responsabilidad y sus respectivas características. Por otro lado, la segunda parte tratará de los derechos, principios y garantías que derivan de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que forman parte del Sistema Penal de Adolescentes. En el tercer capítulo, mediante un comparativo legal de distintos países de América Latina, buscaremos ilustrar la realidad regional en cuanto a la aplicación o puesta en marcha del proceso de adaptación de las distintas legislaciones nacionales a la Convención de Derechos del Niño y los instrumentos internacionales que rigen la materia. En el cuarto capítulo, se revisó la legislación nacional, específicamente la ley N° 20.084. Previamente, nos ocuparemos en diferenciar los distintos períodos de evolución que el tratamiento de la Responsabilidad penal adolescente ha tenido en cada país, destacando los hitos más relevantes. De esta manera, nuestro principal objetivo en éste trabajo es entregar una mirada amplia de los principios y características generales de ésta nueva Ley

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.