Este artículo sigue los flujos de documentación que se producen alrededor de un estudio técnico de ingeniería para la construcción de una vía de evitamiento por el pueblo de Ollantaytambo. En contraste con el énfasis de Max Weber sobre los documentos como instrumentos de racionalización y transparencia, y el enfoque más reciente sobre los documentos como artefactos estéticos e instancias institucionales, yo presto atención a las maneras en que los documentos se implican en la producción de lo político. Indico que los modos en que circulan, acumulando connotaciones múltiples mientras viajan, no generaban claridad, sino una indeterminación que se incrementaba, y sugiero que la calidad política de los documentos tiene que ver precisamente con su carácter dual, pues implican al mismo tiempo la normatividad (con su promesa de justicia y claridad) y el juego de intereses poco limpios. Su promesa dual de certidumbre y ambivalencia era clave para la apertura de espacios de disensión y posibilidad política en el proyecto. / This paper follows the political life of documents produced in relation to a World Bank-funded road engineering technical study in the Peruvian Andes. By contrast with Weber’s emphasis on documents as instruments of rationalisation and transparency, and the more recent focus on documents as aesthetic artefacts and instances of institutional form, I attend to the ambiguous political processes enacted through document flows. I suggest that the ways in which project documents circulated, accumulating multiple connotations as they travelled, generated not clarity, but rather increasing indeterminacy, arguing that their political quality had to do precisely with their dual character, calling up at once normativity (and its promise of justice and order) and the play of unscrupulous «interests». I argue that their dual promise of clarity and ambivalence was key to the opening up of spaces of political possibility in the project.

The paper reflects on the importance of the general principles of public procurement in the application and interpretation of the law in this area. To this objective both the international law of administrative contracts, which has its main landmarks in the government procurement agreement of the World Trade Organization and the United Nations Model Law, as the regulation and case law of the European Union are analyzed, which has laid a very advanced teaching in this regard. Finally it is subject to review recent legislation compared to Latin America on public procurement, which attaches great importance to general principles. / En el trabajo se reflexiona acerca de la importancia de los principios generales de la contratación pública en la aplicación e interpretación del Derecho en la materia. A tal efecto se analizan tanto el Derecho Internacional de las contrataciones administrativas, que tiene sus principales hitos en el Acuerdo de compras públicas de la Organización Mundial del Comercio y en la Ley Modelo de Naciones Unidas, como la regulación y jurisprudencia de la Unión Europea, que ha sentado una doctrina muy avanzada al respecto. Finalmente es objeto de comentario la reciente legislación comparada de países de América latina sobre contratos públicos, que concede una gran importancia a los principios generales.

Abogada por la Universidad de Lima. Es Coordinadora General de Proyectos Normativos del Organismo de la Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Cuenta con una Maestría en Derecho Ambiental Internacional y Comparado por el Washington College of Law de la American University (Washington, DC), donde estudió con una beca Fulbright y con una beca de la Organización de Estados Americanos. También cuenta con un diplomado en derecho de la energía (UPC) y un diplomado en gestión pública y ambiente (ESAN). Ha sido consultora y asesora en el Congreso de la República, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, en el Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería (OSINERGMIN), en el Consejo Nacional del Ambiente y en el Ministerio del Ambiente, entre otras entidades públicas y privadas. Es autora de diversas publicaciones en materia de Derecho Ambiental.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile la regla general en materia de acceso a la información pública es su publicidad y la excepción su reserva o secreto. Las causales de secreto o reserva a la entrega de información se encuentran establecidas en la Constitución Política y especificadas en la Ley de Transparencia. La Jurisprudencia Administrativa del Consejo para la Transparencia desarrollada en menos de una década, ha ido delineando sus criterios de aplicación de la normativa respecto de las causales de reserva. Dichos criterios de interpretación de la normativa y su aplicación, están ligados con una actividad que ha sido frecuente en las decisiones del Consejo, cual es, la actividad ponderadora desarrollada a través de los Test de Interés Público y Test de Daño. Resulta de importancia efectuar una aproximación esquemática a la forma en que el Consejo ha llevado a cabo esta actividad de ponderación, mediante el análisis de los criterios que se extrapolan de sus fallos, ya que se va sentando jurisprudencia que puede ser analizada a fin de tener mayor certeza sobre el modo en que el Consejo aplica la Ley de Transparencia y las causales de reserva, certeza que sirve para que los abogados estén al tanto de cómo funcionan los criterios aplicados, para que el ciudadano sepa a qué atenerse al momento de efectuar solicitudes de entrega de información y los funcionarios públicos conozcan con claridad cuando obran al margen de los dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

Tesis para optar al grado de Magíster en Administración (MBA) / No disponible a texto completo / La promulgación y entrada en vigencia en abril de 2009 de la Ley 20285 de transparencia y acceso a la información pública obliga a los órganos del Estado a disponer de herramientas y formas expeditas y rápidas, que atiendan y respondan los requerimientos que cualquier ciudadano u organización realice acerca de información que el organismo posea y administre. La aplicación de esta normativa encuentra a los órganos del Estado en una situación de precariedad estructural compleja de resolver en cuanto a la capacidad de responder a los requerimientos de información, sobre todo con aquella dimensión que se denomina Transparencia Pasiva y que se refiere a la información histórica acumulada por años en forma física, comúnmente sin respaldo y sin posibilidad de acceso rápido y expedito a ella. En las primeras 32 semanas de vigencia de la ley, según el informe n°8 de la Comisión de Probidad y Transparencia1 de noviembre de 2009, se han registrado 22073 solicitudes de información realizadas por ciudadanos y organizaciones a los diversos órganos del ejecutivo a los que se les aplica la norma, excluyendo a los municipios. De la investigación realizada (ver anexo 3) se desprende que no han tenido mayor dificultad para responder en tiempo y oportunidad cuando la información requerida corresponde a una antigüedad no mayor a 3 años. Esta situación se revierte cuando la información tiene una antigüedad superior a los 3 años. Y mientras más antigua es la información solicitada, más dificultoso es responder al requerimiento en forma rápida, eficiente y confiable. Para abordar esta necesidad Digital Systems, empresa orientada al desarrollo de tecnologías de la información y al diseño de sistemas de administración y procesamiento de datos para las empresas y organizaciones en general, ha diseñado una solución tecnológica para responder a la obligación que genera la 1 Informe n°8: http://www.leydetransparencia.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=7 Diciembre 30, 2009 Digital Systems Plan de Negocios MBA -ICCI 3 Ley de Transparencia a los órganos del Estado, específicamente las obligaciones que están asociadas a Transparencia Pasiva. El servicio consiste en el desarrollo de una Biblioteca Digital en la que se almacena la información documental, la que se organiza según una estructura y se le implanta un motor de búsqueda que permite realizar búsquedas exactas y rápidas. El mercado lo constituyen inicialmente los cerca de 620 órganos del Estado definidos por la normativa (ver anexo 2). Posteriormente ampliaremos la operación a las demás organizaciones públicas que no están sujetas a esta obligación (empresas públicas, poder judicial, poder legislativo y órganos contralores) y a las organizaciones privadas que operan en Chile y en países de Latino América para las que una solución como la planteada puede representar una solución que agrega valor a sus operaciones. La propuesta de valor se basa en que genera ahorros de dinero por la eliminación del almacenamiento de documentos físicos que implica; permite ahorros de espacio por el que se libera generando usos alternativos; y de tiempo por la posibilidad de encontrar rápidamente lo que se requiere. Esto redundará en no sólo cumplir con la ley y disminuir costos, sino que cumplir con calidad, promoviendo el uso de tecnología para el servicio más eficiente y expedito de los usuarios. Requiere de baja inversión; tiene buen retorno, proyectándose utilidades desde el año 2 de operación por más de $30 millones, superando el año 4 los $100 millones. Se ha transformado en una necesidad creciente para los órganos del Estado por la obligatoriedad de la norma y la inexistencia de diseño y sistemas para gestionar dicha información. Diciembre 30, 2009 Digital Systems Plan de Negocios MBA -ICCI 4 El equipo gestor cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas documentales digitales y bases de datos electrónicas, además del conocimiento de los clientes y de su estado de necesidad.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La noción de transparencia está relacionada con la posibilidad de ver a través de algo. En el caso de nuestro estudio, se trata de que el Estado deje a los ciudadanos ver a través de su gigante infraestructura y poderes casi ilimitados, qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos, cómo lo están haciendo y en qué se están gastando los recursos - siempre escasos- que nunca alcanzan a cubrir todas las necesidades del país

El presente ensayo tiene por objetivo analizar el sistema de Mercado de valores peruano, con motivo de la entrada en vigencia del nuevo reglamento de Hechos de importancia. Para ello, en primer lugar, se describen las bases conceptuales del “Mercado de valores”, para seguidamente, examinar y comparar los distintos sistemas jurídicos que regulan dicho mercado. Asimismo se examina la regulación de Hechos de Importancia en la legislación comparada, concluyendo finalmente con un análisis respecto de las implicancias prácticas de esta nueva regulación en el mercado.

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El gobierno electrónico se crea como una necesidad tecnológica de traspasar las funciones de un gobierno tradicional a su portal web con el fin de generar un acercamiento con los ciudadanos, mejorar la comunicación y fomentar la transparencia del gobierno. En el portal web del Gobierno Regional de Lambayeque se encontraron problemas como lenguaje confuso, falta de transparencia, existen pocos trámites en la web y sobre todo la falta de información y de actualización. Es por ello que se plantea de acuerdo al modelo de e-goverment de Layne y Lee de qué manera el traspaso a la tercera etapa de este modelo podría mejorar la comunicación entre el gobierno y el ciudadano, para ello se ha realizado un análisis profundo de otros gobiernos, del propio GRL y de otros estudios mundiales, para formular un plan de implementación de gobierno electrónico exitoso y un prototipo de portal web para poder lograr esta mejora en la comunicación gobierno-ciudadano. Para el desarrollo de la tesis se ha utilizado la metodología Scrum que permite integrar el levantamiento de requerimientos, la documentación, el diseño y la construcción del software. Los estudios demuestran que los usuarios del portal actual del GRL no se encuentran conformes con lo que encuentran en este, y tienen la necesidad de que se aumenten los servicios que el portal ofrece, y por ello se logró desarrollar un prototipo de portal web que permitirá fortalecer esta comunicación y con ello fomentar la transparencia y la aceptación de los gobernantes.

La externalización de servicios es una tendencia en la industria desde hace más de dos décadas que se ha expandido con especial fuerza en el área de Tecnologías de la Información, y sobre todo en relación a los proyectos de desarrollo de software. Esta tendencia ha incluido tanto a las organizaciones públicas como privadas. Cuando las organizaciones públicas desean externalizar servicios, muchas de estas organizaciones, por ley, están obligadas a iniciar un proceso de licitación a través de portales web. De este modo, los gobiernos en general son consumidores relevantes de proyectos de software, produciendo un número importante de documentos técnicos de requisitos con los que se inician los procesos de licitaciones públicas de proyectos de desarrollo de software. El problema observado es que la producción de un anuncio de licitación pública implica un esfuerzo organizacional importante para conseguir que el anuncio quede disponible mediante una ficha resumida y un conjunto de archivos anexos de carácter técnico, de procedimiento y de restricciones legales. Este esfuerzo se convierte además en baldío si el proceso de licitación fracasa, lo que ocurre en numerosos casos y por diversas causas, como pueden ser que no existan proveedores interesados o que, aunque los haya, sus ofertas no cumplan uno o más de los distintos requisitos de las licitaciones. A veces también ocurre que, en el caso de existir solo un proveedor calificado, el proceso de la licitación sea considerada como poco transparente. Estas y otras causas pueden hacer que una licitación se declare finalmente desierta, lo que, en la mayoría de los casos, implica el desperdicio de una cantidad considerable de trabajo y recursos, al tener que reiniciarse de nuevo todo el proceso. Para un proveedor participar en este tipo de procesos tampoco está exento de dificultades. Desde la perspectiva del proveedor, el proceso de selección de una licitación para participar se traduce en un problema de análisis masivo de datos en un periodo de tiempo escaso para postular y sin garantías de que el esfuerzo se traduzca más tarde en un contrato. En este contexto, esta tesis doctoral se focaliza en el problema de conocer los factores que inciden en el éxito del proceso de licitación de proyectos de desarrollo de software y que minimizan los riesgos tanto para oferentes como para proveedores, con el propósito de contribuir al conocimiento que se tiene respecto a los procesos de licitaciones públicas de proyectos de desarrollo de software. Para ello se ha usado el marco metodológico de Design Science, que permitió aplicar en el transcurso de la investigación distintos enfoques metodológicos. El trabajo de esta tesis se ha organizado en dos ciclos de investigación. En el primer ciclo, se utilizó un enfoque cuantitativo seguido de un análisis cualitativo de los documentos de requisitos que acompañan a las licitaciones públicas de software. Los resultados de este primer ciclo dirigieron la propuesta de un segundo ciclo en la investigación, que consistió en el desarrollo de un modelo de madurez para los procesos de licitaciones públicas de software orientado a mejorar su calidad y, específicamente, a asegurar su transparencia. Durante el estudio cuantitativo y cualitativo de licitaciones públicas de desarrollo de software de organizaciones gubernamentales de Chile se analizó un conjunto de licitaciones con el fin de obtener variables de calidad del documento que influyen en el éxito del proceso de licitación. Este análisis no permitió afirmar ni rechazar ninguna relación entre la calidad del documento de licitación y el éxito del proceso de licitación. Tras este análisis, se realizó un análisis de un grupo focal y un cuestionario semi estructurado para recopilar nuevos factores potenciales u otras variables relacionadas en el éxito del proceso de licitación de desarrollo de software; este análisis cualitativo permitió conocer nuevas variables pertenecientes al ámbito de las teorías de la construcción social, es decir, las variables identificadas son principalmente de percepciones humanas con respecto de valores de las personas, de normativas, de poderes, entre otras categorías culturales, que apuntan hacia la transparencia como variable clave en los procesos. Estos resultados permitieron aseverar que los factores de éxito de una licitación no están asociados exclusivamente ni de manera importante a la calidad de los documentos técnicos de requerimientos, sino a elementos asociados a la transparencia. Con estos antecedentes se decidió realizar un segundo ciclo de la investigación, cuyo fin fue la búsqueda de un mecanismo de medir la transparencia en licitaciones. Para lidiar con esta complejidad, se propuso un modelo de madurez basado en variables observables que determina un nivel de transparencia para la organización. Para ello, se utilizaron como base marcos conceptuales de Gobierno Electrónico/Abierto, SW-CMM, Transparencia del Software y Responsabilidad. El trabajo realizado dio lugar a un modelo de madurez que describe cinco niveles de transparencia para licitaciones públicas de proyectos de desarrollo de software: (1) Condición inicial, (2) Desarrollo, (3) Coordinación, (4) Administración y (5) Sistemática. Además, esta propuesta propone medir los niveles de madurez de las agencias para las licitaciones de software en las siguientes dimensiones: institucionalización, proceso de licitación de software, comunicación y responsabilidad. Con el fin de poner a prueba la aplicabilidad del mecanismo de medición, se recogió evidencia de los funcionarios de agencias gubernamentales, y se han probado los criterios de discriminación con resultados positivos. Sin embargo, como indica el marco metodológico adoptado, es necesario todavía completar varias tareas utilizando esta primera propuesta y ampliar la experiencia de aplicación para llegar a un proceso iterativo que logre una posición consolidada. Finalmente, como trabajo futuro se quiere seguir avanzando en la validación de otros aspectos del modelo desde una perspectiva cuantitativa, principalmente su poder discriminador y su carácter evolutivo, dado que se ha identificado que evaluar la transparencia en el proceso licitaciones públicas es una necesidad de los stakeholders en general y, de manera específica, de aquellos involucrados en licitaciones públicas de desarrollo de software.