El documento digital no refiere asesor / Determina cuáles son las modificaciones necesarias para que el actual sistema de control de constitucionalidad de normas y Tratados existente en el Perú, sea acorde con los objetivos de dicho sistema y con el derecho internacional. La presente investigación constituye un aporte para mejorar el Sistema de Control Constitucional en el Perú, a efectos de cubrir determinados vacios que presenta el mencionado sistema, los cuales afectan los derechos de la Sociedad Civil; y a su vez, pueden generar Responsabilidad Internacional al Estado peruano y un daño en la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Asimismo, dicho Sistema no permite que el Tribunal Constitucional ejerza un control eficaz del cumplimiento de sus criterios, respecto al control difuso ejercido por los órganos jurisdiccionales ordinarios. / Tesis

Magister en Psicología Clínica de Adultos / La presente investigación constituye un esfuerzo analítico dirigido a aportar a la visualización y discusión crítica de algunas de las tensiones discursivas presentes en los documentos institucionales orientadores de los programas gubernamentales que intervienen la familia y, particularmente, las relaciones de parentalidad en Chile. Para ello se propone una lectura que, al tiempo de exponer las nociones de familia y de parentalidad puestas en juego en la bibliografía institucional, se dirija a discutir respecto de las tensiones discursivas que emergen en torno a los imperativos o modelos ideales que sostienen los marcos de intervención vigentes, así como del rol de las distintas instituciones o agentes involucrados para garantizar su realización. Interesa indagar en dichas tensiones con el objetivo de profundizar la discusión sobre las dinámicas familiares y de parentalidad promovidas por la intervención estatal en Chile, centrándolas como objeto del estudio y el debate académico, y poniéndolas a disposición de los profesionales y actores diversos que encarnan las instituciones interventoras. En cuanto a su metodología, la investigación se organiza como un análisis de discurso y se desarrolla mediante el estudio documental de las principales referencias gubernamentales abocadas a la intervención de las relaciones parentales en Chile. Su apuesta es la de promover la discusión entre los elementos discursivos de su propio corpus institucional y hacerlos dialogar, tanto con sus fundamentos teóricos, como con los elementos del contexto social, político y cultural en el que tienen lugar

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto efectuar un análisis de la introducción de la conciliación como método de solución alternativa de controversias en los procedimientos tributarios en Chile, a partir de la norma propuesta por el proyecto de ley que perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera que se encuentra en tramitación actualmente ante el Senado. Para ello, se presenta un contexto de la justicia tributaria en Chile y se pone énfasis en aquellos elementos que podrían favorecer la celebración de acuerdos de conciliación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, dándose particular importancia al rol que puedan cumplir los distintos medios probatorios aportados al proceso al momento de celebrarse la audiencia de conciliación. Adicionalmente, se realiza un análisis de los medios alternativos de resolución de controversias en general, se expone su aplicación en materia tributaria en los principales ordenamientos de derecho comparado y se reproduce la historia de la conciliación en materia tributaria en Chile, estableciendo una comparación con la nueva norma propuesta para el Código Tributario. Asimismo, se realiza una exposición y análisis de la discusión que ha dado lugar a los distintos cambios en la redacción de la norma y se indica cómo ésta permite superar las objeciones acerca de una eventual infracción al principio de legalidad en materia tributaria, señalando las razones que permiten evaluar de forma favorable la inclusión de esta instancia en los procedimientos tributarios jurisdiccionales. Por último, se plantean algunas observaciones sobre la redacción de la norma que podrían mejorar su implementación práctica, o bien podrían evitar la concurrencia de dificultades en su interpretación. Se señala que sólo en la medida en que se genere una cultura que favorezca la resolución alternativa de conflictos por parte del Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, la norma tendrá un impacto positivo en el término anticipado de los litigios tributarios.

El trabajo realizado, obedeció a tratar de encontrar una salida ante la disparidad de criterios por parte de los Tribunales de Justicia, en torno a la prescripción de la acción penal; con la inesperada pandemia, se erigió una serie de barreras para enfrentar a la COVID-19, en el ámbito jurídico tuvieron consecuencias de paralización de la actividad judicial, que a través de Resoluciones Administrativas se dispuso que también se había paralizado la prescripción de la acción penal, por lo que los Tribunales sumaban los meses de paralización dispuestos en las resoluciones administrativas, y no se respetó lo estipulado en el Código Penal, en lo referente a la prescripción extraordinaria de la acción penal, que señala un límite al añadir la palabra “ante cualquier caso”, la acción penal prescribe sumando el máximo de la pena, más una mitad. Lo cual, deja sin sustento todo afán de extender los plazos de prescripción, a través de una resolución administrativa. Que, para regocijo de los interpretes de la ley penal, al culminar el presente trabajo, el Tribunal Constitucional, en diciembre expidió una resolución con criterios y resultados buscado por la presente investigación. Lo que ha motivado que se añada la resolución del Tribunal Constitucional y otros apuntes doctrinarios sobre el particular. / The work has been done in order to try to find a way out of the disparity in the criteria of the Courts of Justice regarding the statute of limitations for criminal prosecution. With the unexpected arrival of the pandemic, there were a series of barriers erected to deal with COVID-19, which in the legal sphere had the consequence of paralysing judicial activity, even through Administrative Resolutions, which had decided that the statute of limitations for criminal action had also become paralysed The Courts, therefore, added up the months of paralysis stipulated in the administrative resolutions and did not respect the stipulations of the Criminal Code, concerning the extraordinary prescription of criminal action, which indicates a limit by adding the phrase "in any case", the transgression of laws prescribes the maximum penalty plus one half. Therefore, any attempt to extend the statute of limitations by employing an administrative resolution is unfounded. To the delight of the interpreters of criminal law, at the end of the present work, the Constitutional Court issued a ruling with the criteria and results sought by the current investigation in December. As a result, it has led to the addition of the Constitutional Court's resolution and other doctrinal notes on the subject.

Como una forma de contribuir a la correcta comprensión del cumplimiento del principio de laicidad en un Estado constitucional democrático y laico, es menester establecer cómo es que no debe comprenderse dicho cumplimiento. En la actualidad, el TC está emitiendo jurisprudencia que mantiene una orientación basada en el modelo de la Laicidad Neutral respecto del cumplimiento del principio de laicidad. No obstante, tratándose de un Estado con mayorías religiosas, pocos años de laicidad y la creencia general de la obligatoriedad de la prestación de colaboración estatal a los credos, tanto por parte de los civiles como por los propios operadores de justicia, resulta menester pronunciarse para contribuir a expandir la correcta comprensión de lo que constituye un sano cumplimiento del principio de laicidad. Este trabajo apunta a analizar y criticar la postura del Tribunal Constitucional referida al cumplimiento del principio de laicidad establecida en sus sentencias del periodo 2004-2013 para determinar si es que adopta una postura orientada al modelo de la Laicidad Positiva. Se realizará este fin mediante un desarrollo teórico y el análisis de las sentencias seleccionadas. Se concluye no solo que el Tribunal Constitucional adoptó un modelo de Laicidad Positiva, sino también se constata los nocivos efectos que ello genera en un Estado con unas cuantas décadas de laicidad formal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Corrían los años cincuenta, y los seis Estados europeos más comprometidos con la devastación de post guerra, reconocían la importancia de mantener un equilibrio controlado del mercado de las materias primas indispensables para la conducción de una guerra. En 1952 se firmó el Tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, materias primas esenciales para cualquier actividad bélica, y en 1957 se constituyó la Comunidad Económica Europea, la que aseguraría el equilibrio de los diversos mercados que se comenzaban a restablecer en el viejo continente, luego de la Segunda Guerra Mundial. La intención apuntaba claramente hacia la estabilidad tanto en los mercados del carbón y del acero, como también la estabilidad general dentro de los límites del continente. Mediante compromisos mutuos y facultades susceptibles de ser exigidos recíprocamente, los seis Estado fundadores, esto es, Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, vislumbraban que solamente mediante la estabilidad del comercio podría alcanzarse la ansiada paz duradera. Los 7 intereses económicos podrían desincentivar cualquier perturbación del balance continental. A la luz de los hechos, nada podría ser mas visionario, pues la historia reciente ha demostrado que desde la celebración de los Tratados constitutivos de lo que hoy denominamos Unión Europea, no ha estallado conflicto bélico alguno entre los países signatarios. Tampoco es imaginable que una situación así pudiera acontecer, por lo menos dentro de las décadas más cercanas, pues en los días que corren, sería mucho más costoso para las diversas arcas fiscales europeas que eso suceda. Los Estados miembros se han dado cuenta que una guerra al interior de las fronteras comunitarias saldría excesivamente cara. De esta manera hay amplio consenso respecto de la ruta escogida hasta ahora, y aún más, hay quienes propugnan aún más integración. Dentro de éstos últimos, se encuentran algunos Estados miembros, como también algunas instituciones comunitarias, como lo veremos más adelante.

La tesis central de la presente investigación consiste en que los llamados “peligros” de la ponderación, están por fuera de ella; es decir, no son atribuibles a la estructura interna de la ponderación. De otro lado, los “límites” de la ponderación, sí son connaturales a la misma. El problema de los límites de la ponderación es un problema de naturaleza epistemológico, mientras que el problema de los peligros de la ponderación es un problema de naturaleza axiológico. Mientras que los límites se abocan a las limitaciones del conocimiento que afectan a la ponderación (como también pueden afectar a la subsunción o a la analogía), los peligros de la ponderación están referidos a la valoración del juicio ponderativo en sí como procedimiento racional para la aplicación de normas con carácter de principios.

El tema desarrollado lo he dividido en tres partes: Capítulo I: Antecedentes de la Responsabilidad Penal Internacional Individual y de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Capítulo II: La Responsabilidad Penal Individual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Capítulo III: La Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dentro de los temas específicos tratados el que mayor dificultad trae es el relativo a juzgamiento de Jefes de Gobierno. Es importante anotar que el Estatuto de Roma precisa que será aplicado por igual a todos los hombres, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En relación al principio de complementariedad las razones por las cuales los asuntos serán admisibles, cuando los asuntos son remitidos por el Consejo de Seguridad, cuando los asuntos son cedidos voluntariamente por los Estados, etc.

El derecho penal internacional es una rama jurldica relativamente nueva, que en los últimos años ha cobrado importancia y ha sido objeto de debate a ralz de la creación de la Corte Penal Internacional que consagra el principio de la responsabilidad penal internacional del individuo as! como la posibilidad someter a su conocimiento una causa en merito al principio de jurisdicción universal cuando concurran ciertos requisitos. En este sentido, la presente tesis pretende abordar temas de derecho penal internacional, siendo objeto de la misma el estudio de los fundamentos del principio de jurisdicción universal en el derecho internacional, además de su análisis conforme a 10 establecido en el derecho internacional convencional as! como la práctica más reciente de los Estados, analizando los más importantes fallos de los últimos tiempos que de alguna manera abarcan temas referidos a la jurisdicción universal.