El documento digital no refiere asesor / Determina cuáles son las modificaciones necesarias para que el actual sistema de control de constitucionalidad de normas y Tratados existente en el Perú, sea acorde con los objetivos de dicho sistema y con el derecho internacional. La presente investigación constituye un aporte para mejorar el Sistema de Control Constitucional en el Perú, a efectos de cubrir determinados vacios que presenta el mencionado sistema, los cuales afectan los derechos de la Sociedad Civil; y a su vez, pueden generar Responsabilidad Internacional al Estado peruano y un daño en la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Asimismo, dicho Sistema no permite que el Tribunal Constitucional ejerza un control eficaz del cumplimiento de sus criterios, respecto al control difuso ejercido por los órganos jurisdiccionales ordinarios. / Tesis

Magister en Psicología Clínica de Adultos / La presente investigación constituye un esfuerzo analítico dirigido a aportar a la visualización y discusión crítica de algunas de las tensiones discursivas presentes en los documentos institucionales orientadores de los programas gubernamentales que intervienen la familia y, particularmente, las relaciones de parentalidad en Chile. Para ello se propone una lectura que, al tiempo de exponer las nociones de familia y de parentalidad puestas en juego en la bibliografía institucional, se dirija a discutir respecto de las tensiones discursivas que emergen en torno a los imperativos o modelos ideales que sostienen los marcos de intervención vigentes, así como del rol de las distintas instituciones o agentes involucrados para garantizar su realización. Interesa indagar en dichas tensiones con el objetivo de profundizar la discusión sobre las dinámicas familiares y de parentalidad promovidas por la intervención estatal en Chile, centrándolas como objeto del estudio y el debate académico, y poniéndolas a disposición de los profesionales y actores diversos que encarnan las instituciones interventoras. En cuanto a su metodología, la investigación se organiza como un análisis de discurso y se desarrolla mediante el estudio documental de las principales referencias gubernamentales abocadas a la intervención de las relaciones parentales en Chile. Su apuesta es la de promover la discusión entre los elementos discursivos de su propio corpus institucional y hacerlos dialogar, tanto con sus fundamentos teóricos, como con los elementos del contexto social, político y cultural en el que tienen lugar

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto efectuar un análisis de la introducción de la conciliación como método de solución alternativa de controversias en los procedimientos tributarios en Chile, a partir de la norma propuesta por el proyecto de ley que perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera que se encuentra en tramitación actualmente ante el Senado. Para ello, se presenta un contexto de la justicia tributaria en Chile y se pone énfasis en aquellos elementos que podrían favorecer la celebración de acuerdos de conciliación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, dándose particular importancia al rol que puedan cumplir los distintos medios probatorios aportados al proceso al momento de celebrarse la audiencia de conciliación. Adicionalmente, se realiza un análisis de los medios alternativos de resolución de controversias en general, se expone su aplicación en materia tributaria en los principales ordenamientos de derecho comparado y se reproduce la historia de la conciliación en materia tributaria en Chile, estableciendo una comparación con la nueva norma propuesta para el Código Tributario. Asimismo, se realiza una exposición y análisis de la discusión que ha dado lugar a los distintos cambios en la redacción de la norma y se indica cómo ésta permite superar las objeciones acerca de una eventual infracción al principio de legalidad en materia tributaria, señalando las razones que permiten evaluar de forma favorable la inclusión de esta instancia en los procedimientos tributarios jurisdiccionales. Por último, se plantean algunas observaciones sobre la redacción de la norma que podrían mejorar su implementación práctica, o bien podrían evitar la concurrencia de dificultades en su interpretación. Se señala que sólo en la medida en que se genere una cultura que favorezca la resolución alternativa de conflictos por parte del Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, la norma tendrá un impacto positivo en el término anticipado de los litigios tributarios.

Como una forma de contribuir a la correcta comprensión del cumplimiento del principio de laicidad en un Estado constitucional democrático y laico, es menester establecer cómo es que no debe comprenderse dicho cumplimiento. En la actualidad, el TC está emitiendo jurisprudencia que mantiene una orientación basada en el modelo de la Laicidad Neutral respecto del cumplimiento del principio de laicidad. No obstante, tratándose de un Estado con mayorías religiosas, pocos años de laicidad y la creencia general de la obligatoriedad de la prestación de colaboración estatal a los credos, tanto por parte de los civiles como por los propios operadores de justicia, resulta menester pronunciarse para contribuir a expandir la correcta comprensión de lo que constituye un sano cumplimiento del principio de laicidad. Este trabajo apunta a analizar y criticar la postura del Tribunal Constitucional referida al cumplimiento del principio de laicidad establecida en sus sentencias del periodo 2004-2013 para determinar si es que adopta una postura orientada al modelo de la Laicidad Positiva. Se realizará este fin mediante un desarrollo teórico y el análisis de las sentencias seleccionadas. Se concluye no solo que el Tribunal Constitucional adoptó un modelo de Laicidad Positiva, sino también se constata los nocivos efectos que ello genera en un Estado con unas cuantas décadas de laicidad formal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Corrían los años cincuenta, y los seis Estados europeos más comprometidos con la devastación de post guerra, reconocían la importancia de mantener un equilibrio controlado del mercado de las materias primas indispensables para la conducción de una guerra. En 1952 se firmó el Tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, materias primas esenciales para cualquier actividad bélica, y en 1957 se constituyó la Comunidad Económica Europea, la que aseguraría el equilibrio de los diversos mercados que se comenzaban a restablecer en el viejo continente, luego de la Segunda Guerra Mundial. La intención apuntaba claramente hacia la estabilidad tanto en los mercados del carbón y del acero, como también la estabilidad general dentro de los límites del continente. Mediante compromisos mutuos y facultades susceptibles de ser exigidos recíprocamente, los seis Estado fundadores, esto es, Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, vislumbraban que solamente mediante la estabilidad del comercio podría alcanzarse la ansiada paz duradera. Los 7 intereses económicos podrían desincentivar cualquier perturbación del balance continental. A la luz de los hechos, nada podría ser mas visionario, pues la historia reciente ha demostrado que desde la celebración de los Tratados constitutivos de lo que hoy denominamos Unión Europea, no ha estallado conflicto bélico alguno entre los países signatarios. Tampoco es imaginable que una situación así pudiera acontecer, por lo menos dentro de las décadas más cercanas, pues en los días que corren, sería mucho más costoso para las diversas arcas fiscales europeas que eso suceda. Los Estados miembros se han dado cuenta que una guerra al interior de las fronteras comunitarias saldría excesivamente cara. De esta manera hay amplio consenso respecto de la ruta escogida hasta ahora, y aún más, hay quienes propugnan aún más integración. Dentro de éstos últimos, se encuentran algunos Estados miembros, como también algunas instituciones comunitarias, como lo veremos más adelante.

La tesis central de la presente investigación consiste en que los llamados “peligros” de la ponderación, están por fuera de ella; es decir, no son atribuibles a la estructura interna de la ponderación. De otro lado, los “límites” de la ponderación, sí son connaturales a la misma. El problema de los límites de la ponderación es un problema de naturaleza epistemológico, mientras que el problema de los peligros de la ponderación es un problema de naturaleza axiológico. Mientras que los límites se abocan a las limitaciones del conocimiento que afectan a la ponderación (como también pueden afectar a la subsunción o a la analogía), los peligros de la ponderación están referidos a la valoración del juicio ponderativo en sí como procedimiento racional para la aplicación de normas con carácter de principios.

El tema desarrollado lo he dividido en tres partes: Capítulo I: Antecedentes de la Responsabilidad Penal Internacional Individual y de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Capítulo II: La Responsabilidad Penal Individual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Capítulo III: La Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dentro de los temas específicos tratados el que mayor dificultad trae es el relativo a juzgamiento de Jefes de Gobierno. Es importante anotar que el Estatuto de Roma precisa que será aplicado por igual a todos los hombres, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En relación al principio de complementariedad las razones por las cuales los asuntos serán admisibles, cuando los asuntos son remitidos por el Consejo de Seguridad, cuando los asuntos son cedidos voluntariamente por los Estados, etc.

El derecho penal internacional es una rama jurldica relativamente nueva, que en los últimos años ha cobrado importancia y ha sido objeto de debate a ralz de la creación de la Corte Penal Internacional que consagra el principio de la responsabilidad penal internacional del individuo as! como la posibilidad someter a su conocimiento una causa en merito al principio de jurisdicción universal cuando concurran ciertos requisitos. En este sentido, la presente tesis pretende abordar temas de derecho penal internacional, siendo objeto de la misma el estudio de los fundamentos del principio de jurisdicción universal en el derecho internacional, además de su análisis conforme a 10 establecido en el derecho internacional convencional as! como la práctica más reciente de los Estados, analizando los más importantes fallos de los últimos tiempos que de alguna manera abarcan temas referidos a la jurisdicción universal.

A la par del amplio reconocimiento de la sociedad a la tarea del Tribunal Constitucional, somos testigos, no desde poco tiempo, de los constantes cuestionamientos a su labor, que repercuten en el ataque a su autonomía incluso por parte de poderes del Estado como el Congreso de la República o el Poder Judicial. Esta falta de correspondencia, hace notar la necesidad de realizar una revisión sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional y las condiciones que se deben garantizar atendiendo a sus altas funciones, las que indudablemente deben iniciar por el análisis del vigente sistema de elección de sus magistrados. Ciertamente, la elección de los magistrados no ha sido en la experiencia peruana un proceso armonioso con la trascendental labor que este órgano comporta para la institucionalidad de la supremacía constitucional. A ello, debe sumarse la situación actual de renovación de magistrados, que además de exceder todo período regular, viene siendo materia de un replanteamiento en cuanto al procedimiento. Sin embargo, aun cuando se han producido algunos cambios al procedimiento de la elección, persisten los problemas que no permiten una designación democrática y oportuna. No existen en la actualidad las condiciones necesarias para asegurar un Tribunal Constitucional conformado por magistrados dotados de plena independencia y autonomía acorde con sus prioritarias funciones. En tal sentido, la presente investigación desarrolla los principales aspectos teóricos que determinan que el modelo de control constitucional peruano tiene como órgano central al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes determinarán la eficacia de los principios elementales del Estado Constitucional de Derecho: la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. De esto, se reconoce que para garantizar dicha posición prioritaria debe partirse por asegurar un adecuado sistema de elección, cuyo estudio comprende diversos aspectos: procedimiento legislativo, órgano encargado de la elección, número de miembros, período del mandato y requisitos vinculados con la especialización y la trayectoria democrática. Con base en la experiencia práctica, se analiza y se concluye que el actual sistema de elección de magistrados constitucionales en el Perú no es coherente con el desarrollo de un proceso imparcial y objetivo, situación que es lesiva del principio – derecho del debido proceso que debe ser garantizado en todos los niveles, tal como la propia jurisprudencia constitucional lo ha establecido. En efecto, de acuerdo con los antecedentes nacionales en materia de elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Comisión Especializada del Congreso no tiene parámetros normativos definidos para desarrollar sus funciones, habiendo ejecutado hasta la fecha un trabajo informal, poco transparente y ampliamente subjetivo, desplazando a la evaluación curricular y la trayectoria personal a un plano no decisivo, generando además, maltratos y acciones contrarias a la buena fe de los candidatos, que en muchos casos son juristas de reconocido prestigio. Asimismo, el actual procedimiento de designación desarrollado en el Pleno del Congreso de la República es la expresión categórica de un sistema de privilegio de intereses partidarios, contrarios a las misiones constitucionales del alto tribunal. La investigación determina que el desorden y la falta de predictibilidad en la elección contribuyen a la persistencia de los conflictos entre el Tribunal Constitucional y diversos órganos públicos, afectando no solo su legitimidad sino, peor aún, la ineficacia de sus decisiones jurisdiccionales; situación que resulta ampliamente grave. En esa línea de ideas, presentamos una detallada revisión de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional regulados en otros sistemas jurídicos y el ambiente en el que se desarrollan, lo que permitirá entender las deficiencias de nuestro sistema de designación y las propuestas adecuadas de reforma. Finalmente, el trabajo pretende ser un aporte desde las líneas de investigación histórica y comparativa, a una discusión vigente y de vital importancia para el Estado de Derecho Constitucional: la correspondencia entre la jurisdicción constitucional y el principio del debido del proceso. Luego de estudiar y analizar las bases teóricas de la naturaleza del Tribunal Constitucional, la regulación y los antecedentes de los procesos de elección de magistrados constitucionales en nuestro país, así como revisar los modelos correspondientes del Derecho Comparado; se pudo concluir en una estimación real de la hipótesis planteada, cual es que el actual modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano no es adecuado para garantizar un proceso imparcial. / Tocouple of the widespread recognition of the society the task of the Constitutional Court, we are witnesses, not since shortly after, the constant questions to his work, which have an impact in attacking their autonomy even by powers of the State as the Congress or the judiciary. This lack of correspondence, noted the need for a review on the nature of the Constitutional Court and the conditions that must be guaranteed according to its high functions, which should certainly start by the analysis of the current system of election of its judges. Certainly, the election of the judges has not been in the Peruvian experience a harmonious process with the momentous work of this body behaves for the institutionalization of constitutional supremacy. The current situation of renewal of magistrates, which also exceeded all regular period, has been subject of a re-think in terms of the procedure must be added thereto. However, toa when there have been some changes to the procedure of the election, problems that do not allow a democratic and timely designation persist. There are currently no conditions necessary to ensure a constitutional court composed of judges with full independence and autonomy in accordance with its priority functions. In this sense, this research develops the main theoretical aspects that determine the Peruvian constitutional control model has as a central body to the Constitutional Court, whose members will determine the effectiveness of the elementary principles of the constitutional state of law: the supremacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This, it is recognized that to ensure such priority position should start by ensuring an adequate system of choice, whose study covers various aspects: legislative procedure, the Agency in charge of the election, number of members, period of the mandate and requirements associated with the specialization and the democratic path. Based on practical experience, discussed and it is concluded that the current system of election of the constitutional judges in the Peru is not coherent with the development of a fair and objective process, situation which is harmful from the beginning - right of due process that must be guaranteed at all levels, such as own constitutional jurisprudence has established it. Indeed, in accordance with the national record of election of members of the Constitutional Court, the specialized Commission of Congress has normative parameters defined to develop their functions, having executed to date informal, non-transparent and widely subjective work displacing the curriculum evaluation and personal path to a plane not decisive, in addition, generating violence and actions contrary to the good faith of the candidateswhich in many cases are jurists of recognized prestige. Also, the current designation procedure developed in the plenary of the Congress of the Republic is the expression of the categorical system of privilege of interest supporters, contrary to the constitutional mission of the High Court. The investigation determines that the disorder and lack of predictability in the election contribute to the persistence of the conflict between the Constitutional Court and various public bodies, affecting not only its legitimacy but, worse still, the ineffectiveness of its jurisdictional decisions; situation that is widely serious. In that line of ideas, we present a detailed review of the process of election of judges of the Constitutional Court regulated in other legal systems and the environment in which develop, allowing you to understand the shortcomings of our system of designation and the appropriate reform proposals. Finally, the work is intended to be a contribution from research historical and comparative, to a current discussion and of vital importance to the rule of constitutional law: the correspondence between the constitutional jurisdiction and the principle of the due process. After studying and analyzing the theoretical basis of the nature of the Constitutional Court, the regulation and the background of the process of election of the constitutional judges in our country, as well as review the various models of comparative law; could be conclude in a real estimation of the hypothesis, which is that the current model of election of judges of the Peruvian Constitutional Court is not suitable to guarantee a impartial process.