En el presente trabajo de investigación se analiza la situación de las mujeres en el sector público peruano y su participación en el segmento directivo de los Ministerios del Gobierno Nacional. Particularmente, fue de interés su participación como directivas en los órganos de línea de dichas entidades, por ser los órganos especializados de los Ministerios que diseñan e implementan las políticas públicas. Si bien SERVIR emite anualmente un informe sobre la situación de la mujer en el servicio civil, esta información no se encuentra desagregada para cada uno de los órganos del Poder Ejecutivo y menos aún por los Ministerios que lo conforman, por lo que fue necesario un trabajo de recopilación de información manual, extraída de la plataforma Gob.pe, para conocer cuántos de los directivos que ejercían en el periodo de estudio eran hombres y mujeres. Se definió como problema público a estudiar a la baja participación de las mujeres del sector público en el segmento directivo, dado que se pudo observar que su participación general a nivel de todo el sector público, se producía de manera equitativa a la participación de los hombres, pero esto no se repetía a nivel directivo. La causa principal del problema público determinada en el presente trabajo son los roles de género sociales que se manifiestan en la dificultad de las mujeres para conciliar las obligaciones familiares y las de índole profesional, así como en la falta de autoconfianza que se produce en las mujeres debido a los sesgos sociales de género. Por tal motivo, el desafío de innovación se dirige hacia el contexto institucional, a fin de brindar herramientas para fomentar una cultura organizacional más favorable a la equidad de género, considerando que las barreras sociales corresponden a cuestiones estructurales de la sociedad mucho más difíciles de modificar.

La presente investigación recae en el estudio de capacidades estatales dentro de las políticas de agua y saneamiento del Estado determinando como caso de estudio el Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el periodo 2014 al 2016, en este entender se da a conocer el desarrollo de las capacidades políticas y administrativas a lo largo de los diferentes modelos de organización administrativa los cuales se encuentran marcados por la aprobación de normativas que adopta el Programa, evidenciándose que el gobierno central no ha logrado desarrollar las capacidades estatales necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la política del sector saneamiento, si bien presenta mejoras en base a los cambios organizacionales estos esfuerzos se encuentran enfocados a cumplir metas de transferencias presupuestarias a gobiernos subnacionales que resultan insuficientes y mal direccionadas para cubrir las brechas de los servicios de saneamiento.

Ante el inminente agotamiento de las direcciones IPv4, se requiere que las organizaciones inicien la transición de sus redes y contenidos hacia el protocolo IPv6, por lo que la presente tesis tiene como finalidad proponer un modelo de referencia para iniciar el proceso de transición hacia el protocolo IPv6 en las Instituciones Públicas del Gobierno de Perú, debido a que a la fecha de publicado el presente trabajo, a nivel de gobierno, las instituciones públicas que están relacionadas directamente con el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información en el Perú, no han considerado la elaboración de una metodología y/o documentos técnicos que permita a las instituciones públicas prepararse para iniciar el despliegue del protocolo IPv6 en sus redes y contenidos. El contar con un modelo de referencia y los documentos técnicos necesarios permite dinamizar la adopción del nuevo protocolo, esto se evidencia en la revisión de las acciones que vienen realizando diversos países como: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y España, quienes a parte de definir una estrategia nacional de transición hacia IPv6, han elaborado modelos de referencia y documentos técnicos de apoyo específicos para que sus instituciones públicas puedan iniciar la transición hacia el nuevo protocolo IPv6. En ese sentido, el aporte principal del presente trabajo es presentar un modelo de referencia y documentos técnicos que sirvan de apoyo para iniciar la transición hacia el protocolo IPv6 en las instituciones públicas a nivel del Gobierno Peruano. / Tesis

El tema de tesis escogido: “Problemática en el Diseño de las Políticas Públicas sobre Ciencia y Tecnología en el Perú. Estudio de caso para analizar los factores políticos que dificultan la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Servicio de Agregaduría Científica-Tecnológica”, se enmarca dentro de una problemática más amplia y general que el presente trabajo tiene en cuenta, a saber: “Los recientes avances de la economía peruana en el Perú no guardan relación con el actual desarrollo de su sistema de ciencia y tecnología (SINACYT), a pesar de los esfuerzos aislados del Estado, a través principalmente del enter rector del sistema como el Concytec, existiendo debilidad institucional, deficiente gestión, falta de sinergia y coordinación entre los actores principales, insuficiente respaldo e incentivos financieros, poca voluntad política y casi nula conciencia de su relevancia para la opinión pública peruana.”

El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, y el antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y por su reglamento normado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP ahora CAS, lo que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y vulneración de derechos laborales. La hipótesis planteada en el presente trabajo se refiere a que, si la problemática generada con la coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado no es solucionada, la desorganización en la Administración Pública continuará y los derechos laborales de los trabajadores contratados inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, seguirán siendo vulnerados. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes, ¿las normas de contratación de personal para laborar en el Estado fueron respetadas?, ¿tuvo sustento legal la utilización de los contratos SNP?, ¿fue el CAS la solución adecuada para regularizar la situación del personal contratado como SNP?, ¿el régimen CAS es constitucional? Con el presente estudio se tratará de demostrar la desorganización en la que se encuentra la Administración Pública, así como la evidente vulneración de los derechos laborales del personal contratado inicialmente como SNP y luego como CAS, planteando finalmente una propuesta de solución al problema. Para la elaboración del estudio se utilizará el Método Deductivo, con el que se analizará inicialmente el marco normativo existente para la contratación de personal utilizada por el Estado, se identificarán los distintos regímenes de contratación, para luego identificar los problemas generados y plantear finalmente una solución a los mismos.

Los conflictos sociales son considerados como algo perjudicial para el orden público, la gobernabilidad y el desarrollo normal de las actividades económicas del país. En particular, los conflictos socioambientales se perciben como los más nocivos para el devenir político, económico y social del país, razón por la cual las dependencias del Estado deben realizar un trabajo preventivo para evitar que esto ocurra. En dicho escenario, el Ministerio del Interior cuenta con órganos tales como la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) que le permiten obtener información de manera adelantada para tomar decisiones y poder cautelar el orden público contribuyendo a la prevención de conflictos sociales. Dentro de ese contexto, la información que procesa del sector interior, por su competencia a nivel del Estado en relación con la gobernabilidad y el orden público, alimentan las acciones de otros sectores públicos que están involucrados en la gestión de la conflictividad. Por esta razón su accionar deberá estar interconectado con los demás sectores públicos. Por tanto, hay una relación estrecha entre el accionar de las otras instituciones en el desarrollo del problema social a fin de evitar su escalamiento. En nuestro país, por las condiciones sociales y políticas en las que se desarrollan las actividades extractivas, los conflictos socio ambientales tienden a incrementarse por lo que es inevitable que la DIGIMIN y DIRIN, mejoren su trabajo orientándolo a la formulación de informes de inteligencia que permitan advertir a tiempo, al órgano pertinente, para que tome las decisiones adecuadas ante los índices de la posible consolidación de un conflicto social. Finalmente, desarrollamos la propuesta de un Protocolo Interinstitucional entre los órganos de Inteligencia del Sector Interior y la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, a efectos que la información oportuna y actualizada de inteligencia sobre la conflictividad social sirva para que los niveles intermedios de los Sectores comprometidos, articulados por la SGSD-PCM, realicen la gestión del conflicto de manera preventiva y no reactiva, evitando el escalamiento del mismo, el costo social, y se deje en manos de la Policía la contención del conflicto por una ineficiencia en la gestión oportuna del conflicto. / Social conflicts are perceived as a threat to the security, governance and economic development of Peru. Those conflicts of a socio-environmental nature have a negative impact on the national scene, consequently all organizations dependent on the State must take actions to prevent their occurrence. In this scenario, the Ministry of the Interior has bodies such as the General Intelligence Directorate (DIGIMIN) and the Intelligence Directorate of the National Police of Peru (DIRIN) that allow it to obtain information in advance to make decisions and be able to prevent the public order contributing to the prevention of social conflicts. Within this context, the information it processes from the domestic sector, due to its competence at the State level in relation to governance and public order, fuels the actions of other public sectors that are involved in conflict management. For this reason, its actions must be interconnected with the other public sectors. Therefore, there is a close relationship between the actions of the other institutions in the development of the social problem in order to avoid its escalation. In the Peruvian context, socio-environmental problems tend to increase, developing indicators that in the short and medium term maintain this trend, so it is inevitable that the DIGIMIN and DIRIN improve their work aimed at the production of intelligence documents that allow the pertinent body to be warned in a timely manner so that it can make the appropriate decisions in the face of the indices of the possible consolidation of a social conflict. Finally, we developed the proposal for an Interinstitutional Protocol between the Intelligence bodies of the Interior Sector and the Secretariat for Social Management and Dialogue of the PCM, so that timely and updated intelligence information on social conflict serves so that intermediate levels of The involved Sectors, articulated by the SGSD-PCM, manage the conflict in a preventive and non-reactive manner, avoiding its escalation, the social cost, and the containment of the conflict is left in the hands of the Police due to inefficiency in the timely conflict management.

La gestión de la implementación de una política pública tiene especial relevancia para su efectividad. Es durante esta fase que se conjugan diversos factores que pueden promover su éxito o fracaso; dichos factores pueden ser previstos o imprevistos durante el diseño o aparecer durante la implementación, del mismo modo diversos factores pueden influir y coexistir, facilitando o dificultando dicho proceso. Esta investigación considera las dificultades de la implementación como elemento central del análisis, alejándonos de premisas teóricas que priorizan el análisis del fenómeno desde el estudio de los procedimientos y la adecuación de los individuos a las normas. Algunos conceptos utilizados para el análisis serán las resistencias burocráticas, rutinas organizacionales y gestión del cambio. La evidencia empírica de esta investigación sugiere que los factores que facilitan o que dificultan son de distinta naturaleza, siendo los primeros de tipo político y organizacional y los segundos de carácter técnico. Tomando como base la experiencia de implementación de una política pública en una entidad estatal en el contexto de la reforma del servicio civil peruano y asumiendo un enfoque de abajo hacia arriba que coloca en el centro del análisis a los actores burocráticos que experimentaron la implementación; esta investigación identifica como factores que favorecieron el proceso de implementación el liderazgo ejercido por los directivos como principales impulsores de la reforma, la legitimidad de dicho liderazgo, la voluntad política, el compromiso con la reforma, la cultura organizacional y las estrategias de manejo del cambio como la gestión de comunicación así como el involucramiento y entendimiento de los actores como agentes activos de implementación, entre otros. Del mismo modo, algunos factores que dificultaron la implementación estuvieron relacionados con las rutinas burocráticas, los tiempos para la implementación, las herramientas a ser implementadas, así como las nuevas tareas y responsabilidades acaecidas con el cambio. / The management of the implementation phase of a public policy has a special relevance for its effectiveness. During this phase several factors are combined to promote its success or failure; these factors could be identified or not during the design process or appear during implementation of the policy. In addition, some other factors are continuously influence in order to facilitate or disrupt the implementation process. This investigation considers the difficulties of the implementation as a central element of the analysis, moving away from the theoretical premises that prioritize the analysis of the phenomenon from the study of the procedures and the adaptation of the individuals to the norms. Some concepts used for the analysis are bureaucratic resistances, organizational routines and change of management. The empirical evidence of this research suggests that the factors that either facilitate or disrupt are from different character, the ones that facilitate are related to political and organizational elements and the ones that disrupt are related to technical tools or processes. Based on the experience of the implementation of a public policy in a governmental entity and assuming a bottom-up approach that focuses the center of the analysis in the bureaucratic actors; this research identifies as factors that promote the implementation: the leadership of the directors of the entity as the main sponsors of the reform, the legitimacy of that leadership, the political will, the commitment with the reform, the organizational culture and the strategies deployed to face the change, communication management, among others. In the same way, some factors that disrupt the implementation are the new technical tools and new routines to be executed.

En abril de 2006, el Código Penal peruano estableció que las y los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años no están en capacidad de dar un consentimiento válido para tener relaciones sexuales. Esta investigación busca conocer cómo se configuraron los mecanismos de presión política en el proceso de modificatoria del Código Penal en materia de penalización de las relaciones sexuales de adolescentes, durante el período 2008-2010. Así, se describen los arreglos institucionales para promover o impedir la despenalización, la correlación de fuerza de los actores y la forma en que actúan para influir en la toma de decisiones. Las herramientas utilizadas fueron: ficheros de documentos del Archivo del Congreso de la República y la entrevista a profundidad, aplicada a expertos, activistas, Congresistas, funcionarios públicos, y representantes de cooperación internacional. Los resultados evidencian que los argumentos a favor de la despenalización se sustentan en fundamentos jurídicos, indicadores y hechos de la realidad. En tanto, los argumentos en contra se basan en valoraciones derivadas de la visión del adolescente como objeto de tutela. Se identifican dos grupos de actores con posiciones ideológicamente antagónicas; así como Congresistas y funcionarios neutrales que, de acuerdo a la coyuntura, deciden su postura. Se observa que las posiciones conservadoras tienen mayor influencia en las políticas públicas que regulan la capacidad de los adolescentes para decidir sobre su sexualidad. Los mecanismos de presión política identificados muestran que los actores que impulsan la despenalización pierden influencia cuando el tema es captado por los medios de comunicación. En ese escenario, la agenda mediática se apropia del tema, el debate se hace público, se polarizan más las posiciones y los actores que buscan la modificatoria se retraen, bloqueándose la propuesta de cambio. Se concluye que las reformas legislativas vinculadas a temas que generan posiciones ideológicamente antagónicas que ingresan a la agenda mediática, tienden a ser bloqueadas por el sistema político.

Cómo, las capacidades estatales administrativas de cualquier efectivo policial que labora en una unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, influye en la ejecución del presupuesto asignado anualmente a dicha unidad, es un aspecto no abordado, y mucho menos estudiado por algún órgano o unidad orgánica de la PNP. La especialidad en Contrataciones del Estado, o en Contrataciones Públicas, no existe en la PNP; y es que la evolución de los programas presupuestales en nuestro país es relativamente nuevo, ya que vienen siendo implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2008; a ello se suma la capacitación que tiene que tener el personal policial que es asignado a una Unidad Ejecutora, ya que como dijimos, además de no ser una especialidad, tampoco dicha materia es dictada en los centros de formación policial. Lo que no lleva a la pregunta: ¿y cómo hace el personal policial que es cambiado para trabajar en una Unidad Ejecutora? La respuesta llega sola, tiene que ir aprendiendo desde el nivel básico. Pero las normas sobre contrataciones son modificadas continuamente, lo que implica una actualización permanente. Pero cuando la situación parece estabilizarse, vienen los desplazamientos de cargos, es decir, los cambios de colocación de aquel personal policial que habiéndose capacitado y actualizado, tiene que ser cambiado de colocación a otra unidad policial, que no necesariamente es otra unidad ejecutora. El presente proyecto de innovación se centra en estas capacidades estatales administrativas, en el caso particular, en las del personal policial de la Unidad Ejecutora 029 DIREJANDRO PNP, y cómo su mayor o menor fortalecimiento institucional, influye finalmente en el trabajo profesional y éste, en los bienes, servicios u obras que como producto, son entregados a la sociedad, como parte de la implementación de las políticas públicas donde la PNP tiene participación. / How, the administrative state capacities of any police force that works in an executing unit of the National Police, influences the execution of the budget assigned annually to said unit, is an aspect not addressed, and much less studied by any organ or organic unit of the National Police of Peru. The specialty in State Procurement, or in Public Procurement, does not exist in the National Police; The fact is that the evolution of budget programs in our country is relatively new, since they have been implemented by the Ministry of Economy and Finance since 2008; Added to this is the training that police personnel who are assigned to an Execution Unit must have, since as we said, in addition to not being a specialty, this subject is not taught in police training centers either. Which does not lead to the question: and how do the police personnel who are changed to work in an Execution Unit do? The answer comes alone; you have to learn from the basic level. But the rules on hiring are continually modified, which implies a permanent update. But when the situation seems to stabilize, there are the displacements of positions, that is, the changes of placement of those police personnel who, having been trained and updated, have to be transferred to another police unit, which is not necessarily another executing unit. This innovation project focuses on these administrative state capacities, in the particular case, on those of the police personnel of the Executing Unit 029 DIREJANDRO PNP, and how their greater or lesser institutional strengthening ultimately influences professional work and this, in the goods, services or works that, as a product, are delivered to society, as part of the implementation of public policies where the National Police has participation.

El objetivo de este documento es establecer una relación entre el modelo One-Stop-Shop y la manera en que los Estados se están buscando entregar de sus servicios bajo modelos enfocados en el ciudadano. Para ello, se abordó la discusión entre la Nueva Gestión Pública y la Post Nueva Gestión Pública para establecer si esta última es una continuación o establece una ruptura del antiguo modelo. Asimismo, se describió la evolución de la prestación de servicios públicos hasta llegar al modelo de prestación de servicios públicos enfocado en el ciudadano que desarrolla el Nuevo Servicio Público. Además, se describió el Whole of government cuyo enfoque de integración en la prestación de servicios fue decisivo para dar paso al desarrollo del modelo One-Stop-Shop en distintos países del mundo, incluido el Perú.