Ante la propagación del COVID-19, surge una situación de incertidumbre en nuestro pais, en torno a establecer si las medidas de simplificación administrativa de las Licencias de Funcionamiento reguladas en el Decreto Legislativo Nº1497 resultan compatibles con la actividad fiscalizadora de los Gobiernos Locales, en marco de la reactivación económica derivada de la pandemia. Así, no impera una congruencia entre las decisiones y estipulaciones adoptadas por el Gobierno Central y las adoptadas por los Gobiernos Locales, que debilitan el principio de Estado Unitario, a razón de una toma de decisiones no coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Lo referido se denota, mediante la emisión de normativa como el Decreto Legislativo Nº1497; sin embargo, pese a que dicho texto tiene como objetivo central la reactivación económica, no toma en consideración que la actividad de fiscalización de los gobiernos locales en cuanto a las licencias de funcionamiento se encuentra debilitada por problemas presupuestales, la falta de personal que verifique el cumplimiento normativo; así como, el predominio de la noción de que la potestad inspectiva radica centralmente en el ejercicio de la actividad sancionadora, ignorando su fin orientador y educativo, máxime ante la crisis económica derivada del COVID-19. En conclusión, se provocan contingencias y ambigüedades pues los agentes económicos no son partícipes de una auténtica reactivación económica, poniendo en tela de juicio su ingreso y permanencia en el mercado. Asimismo, ante la ausencia de trabajo conjunto de los Gobiernos locales y el Gobiernos Central, en relación a las medidas destinadas a la protección del interés público, la sociedad se ve desprotegida por los estragos del COVID-19, toda vez que ante una fiscalización que no se encuentra acorde al contexto que nos ocupa, se da cabida al comercio informal, poniendo en riesgo la salubridad y demás intereses de la sociedad

La presente investigación tiene como objetivo principal profundizar y estudiar el caso emblemático del RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, mediante el estudio de la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a través de la teoría existente, con especial atención en la gestión del cambio, abarcando liderazgo, enfoque al personal y resistencia al cambio. Para poder comprender el caso completo sobre el éxito del RENIEC, se realizará una investigación predominantemente cualitativa a expertos en la materia y representantes de la alta dirección de la entidad, de forma tal que el caso pueda ser explorado a profundidad. Se hará uso de la triangulación, para integrar toda la información y tener un acercamiento más detallado al caso de estudio. Las entrevistas a profundidad serán el enfoque de acción. Se describirán los procesos de implementación de las principales iniciativas tecnológicas de la organización y la gestión del cambio realizada, para finalmente realizar un contraste con lo descrito en la teoría. Finalmente, luego del análisis realizado se presentarán las conclusiones basadas en los aprendizajes de la organización con respecto al uso de la tecnología. Se identificarán también los puntos clave para el éxito de la implementación de las TIC en el RENIEC y la importancia de la gestión del cambio de forma tal que se establezca un precedente que sea útil para otras entidades del sector público.

El objetivo del Informe es mostrar la importancia de los denominados Sistemas Administrativos Transversales (SATs), en la acepción de Conjunto de Normas, Procedimientos sobre Procesos de Negocio relacionados a los temas administrativos-financieros. Se revisan con mayor detalle los SATs de los Bloques de Planeamiento, Administración Financiera (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) y la Gestión de Bienes (Logística, Contrataciones y Patrimonio). En el Capítulo I se presenta un Marco de Referencia para identificar a las instituciones del Estado de los 3 niveles de Gobierno (Nacional, Regional, Local) que se rigen por estos sistemas. En el Capítulo II se presenta un diagnóstico de la Situación Actual de los SATs. En el Capítulo III se discute los problemas de Asignación y Ejecución de recursos Presupuestales (AEP) que afecta a las instituciones de los 3 niveles de gobierno. En el Capítulo IV se presenta el Aplicativo Informático denominado Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que apoya a los SATs de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. En el Capítulo V se describe el Aplicativo Informático denominado Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) que apoya a los SATs de Logística y Control Patrimonial. Igualmente se describen los Módulos de Consulta que se han desarrollado en el marco de la Transparencia y la Rendición de Cuentas. En el Capítulo VI se presentan propuestas de mejora de la Gestión de SATs. Entre las propuestas están la necesidad de trabajar bajo una perspectiva del Macroproceso de Planeamiento, Programación Logística, Formulación de Presupuesto y Ejecución contribuyendo a su simplificación para mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos. Por otro lado, implementar un Esquema Corporativo, aplicable a los Pliegos de los Gobiernos Nacional y especialmente Regional, para los Sistemas de Gestión de Bienes (Logística, Adquisiciones y Contrataciones y Gestión Patrimonial). Asimismo, se plantea centrar el foco de atención (programación y ejecución de recursos) en garantizar la operación continua de cada Unidad Operativa (casos de los Puestos de Salud y los Centros Educativos) siendo el uso de la tecnología un factor crítico para mejorar la productividad de los Funcionarios y Especialistas. En el Capítulo VII se plantean Conclusiones y Recomendaciones para una mejor gestión de los SATs y su Órganos Rectores...

De acuerdo a nuestra Constitución -artículos 43° y 3° (Congreso, 1993)- tenemos un Estado Social y Democrático de Derecho. Tal definición no sólo reconoce la sujeción del Estado al derecho, al carácter democrático y contenido social, sino que aquellas etiquetas son verdaderos principios fundamentales que guían todo el ordenamiento. El basamento es la relación del principio “democrático” con el valor “pluralismo político”, la del principio “Estado de Derecho” con el valor “libertad” y la del principio “Estado Social” con el valor “igualdad”” (PAREJO A. L., 1983, pág. 65). De este modo, será el Estado de derecho el que se encargue de orientar (artículo 58° de la Constitución) las actuaciones debidas para el desarrollo; y, el Estado Social, el que propugne la igualdad en términos de creación de condiciones que permitan el desarrollo individual de las personas – pues ellas son el fin último-. En esa lógica, la historia prueba que el Estado ha incrementado sus funciones, pasando a ser, principalmente, las de policía en el marco de la emergencia Estado Liberal a otras como las de fomento, prestacionales, contractuales, sancionadoras, normativas y de solución de controversias. Esto, más que una suma, es una evolución en el desarrollo de sus funciones, de la opción de nuevos medios para poder tutelar mejor los mismos fines en virtud de la ductilidad del Derecho que es capaz de dar respuesta a los nuevos retos que la realidad -en cuanto desarrollo de factores sociales, históricos, científicos y tecnológicos- que se nos presentan.

Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada.

El Desarrollo Infantil Temprano, según la literatura académica, es una herramienta que puede contribuir a compensar las carencias que enfrentan los niños y niñas de hogares pobres para que evolucionen en sus dimensiones física, cognitiva, lingüística y socio-emocional. Las intervenciones de Desarrollo Infantil Temprano, asimismo, deben realizarse durante los primeros tres años de vida porque en esa etapa los niños aprenden rápidamente y, también, aquellas tienen que comprender simultáneamente los aspectos de nutrición y salud; educación, protección y orientación a la familia.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de rendición de rendición de cuentas o accountability en la actividad parlamentaria. Para ello se revisó la normativa que la contempla con el fin de verificar si cumple con los elementos propios de la rendición de cuentas, así como seis informes de “gestión parlamentaria” elaborados por seis congresistas del periodo legislativo 2011 – 2016. Este análisis nos permitirá determinar si estamos ante un verdadero y útil mecanismo de rendición de cuentas de la actividad parlamentaria frente a la ciudadanía, que finalmente constituya una garantía de una buena legislatura o si se requiere una modificación.

La presente investigación tiene como objetivo explicar las condiciones necesarias que hacen posible la inacción en la toma de decisiones públicas. Para esto se investiga el caso de la inacción del Gobierno Central para instalar y poner en funcionamiento el CONSEJO DE COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL (CCI) del proceso de descentralización, porque luego de 41 meses de su creación, el CCI no llegó a funcionar de manera efectiva ni generó alguna acción relevante en la conducción del proceso.

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia.

En el presente trabajo de investigación se analiza la situación de las mujeres en el sector público peruano y su participación en el segmento directivo de los Ministerios del Gobierno Nacional. Particularmente, fue de interés su participación como directivas en los órganos de línea de dichas entidades, por ser los órganos especializados de los Ministerios que diseñan e implementan las políticas públicas. Si bien SERVIR emite anualmente un informe sobre la situación de la mujer en el servicio civil, esta información no se encuentra desagregada para cada uno de los órganos del Poder Ejecutivo y menos aún por los Ministerios que lo conforman, por lo que fue necesario un trabajo de recopilación de información manual, extraída de la plataforma Gob.pe, para conocer cuántos de los directivos que ejercían en el periodo de estudio eran hombres y mujeres. Se definió como problema público a estudiar a la baja participación de las mujeres del sector público en el segmento directivo, dado que se pudo observar que su participación general a nivel de todo el sector público, se producía de manera equitativa a la participación de los hombres, pero esto no se repetía a nivel directivo. La causa principal del problema público determinada en el presente trabajo son los roles de género sociales que se manifiestan en la dificultad de las mujeres para conciliar las obligaciones familiares y las de índole profesional, así como en la falta de autoconfianza que se produce en las mujeres debido a los sesgos sociales de género. Por tal motivo, el desafío de innovación se dirige hacia el contexto institucional, a fin de brindar herramientas para fomentar una cultura organizacional más favorable a la equidad de género, considerando que las barreras sociales corresponden a cuestiones estructurales de la sociedad mucho más difíciles de modificar.