La fase de ejecución del proceso presupuestario es una de las más importantes por el significado y trascendencia que tiene dentro del logro de los objetivos de toda entidad del Estado; sin embargo, es la menos explotada y la de menor interés dentro de dicho proceso. La presente investigación estuvo orientada al estudio de caso de la evaluación de la ejecución presupuestal de la Policía Nacional del Perú y la forma en que esta repercute en la política púbica de seguridad ciudadana. El análisis de la ejecución presupuestal en la Policía Nacional del Perú es un área poco estudiada, casi imperceptible, y menos su implicancia en la política pública de seguridad ciudadana; partiendo del tema que de la adecuada ejecución y eficiente gasto público, debidamente planificados, beneficiará la operatividad de la organización, que, si se aúna al hecho de una decisión política de priorizarla para hacerla sustancial a los intereses del gobierno como instrumento insertado en su agenda y como parte del gran plan nacional de desarrollo como política de Estado, que le permita ser implementada en toda su magnitud, se lograrían resultados sorprendentes, llegando, incluso, a disminuir sustancialmente el problema público de inseguridad que es uno de los grandes desafíos pendientes para cualquier gobierno. Se ha establecido que la coordinación de los actores del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú responsables de la programación, formulación, aprobación y ejecución del presupuesto asignado a la Policía Nacional del Perú para su aplicación en la política pública de seguridad ciudadana, se desarrolló de manera desarticulada, con invasión y superposición de funciones y competencias, con falta de personal técnico capacitado y apoyo logístico, así como sin respetar los avances normativos o metodológicos. / Tesis

La Municipalidad Distrital de San Marcos cambió de una etapa de escasez económica a una etapa de bonanza económica (Salas, 2011): pasó de recibir 400 mil soles en el año 2005 a 211.3 millones de soles en el año 2007, y un promedio de 115 millones de soles por año en el periodo 2010-2012 por concepto del canon minero (CEDEP, 2010; Instituto Nacional de Estadística, 2012; MIM, 2012), situación que ha configurado una nueva realidad política, social y económica en la población sanmarquina. Asimismo, esta realidad económica ha despertado intereses personales y de grupo en un sector de la población por ejercer cargos políticos en la municipalidad y así poder ser parte de los funcionarios que administran o toman decisiones sobre el abultado presupuesto municipal, sin importar, en muchos casos, si se adecúa o no a las normas o a los intereses de la ciudadanía. / Tesis

La presente investigación tiene como unidad de análisis la política de fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, implementada por el Gobierno Regional de Arequipa, durante el periodo 2007- 2013. Como sabemos, las competencias de promoción, supervisión y fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal fueron transferidas a los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización iniciado el año 2002. La puesta en marcha de estas competencias por los Gobiernos Regionales,también se han dado,bajo otro proceso, el del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país, que cobró mayor importancia con la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008. / Tesis

El Estado Peruano cuenta con dos ministerios claves para lograr el desarrollo y promoción del turismo en nuestro país: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encarga del buen estado de las vías de comunicación terrestre; y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que vela por la seguridad y mantenimiento del turismo. Estas dos instituciones estatales tienen como rol principal el de generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico-económico, empleando sus propios programas ministeriales. A su vez, los encargados de la ejecución de proyectos de infraestructura vial y turística a nivel nacional - en todos los corredores viales turísticos-son, en primer lugar, el programa Provías Nacional, del MTC; y, en segundo lugar, los dos programas ministeriales del MINCETUR: Copesco Nacional y el Programa de Turismo Rural Comunitario. Sin embargo, existen casos donde su intervención se realiza de manera independiente y no han considerado la posibilidad de trabajar en conjunto para optimizar los recursos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones donde actúan. Así, esta investigación en gerencia social concentra su estudio en el corredor vial turístico Cañete-Lunahuana-Ronchas-Chupaca, donde se encuentra localizado el pueblo de Laraos (provincia de Yauyos, región Lima). Es este poblado un caso más de intervención turística y de infraestructura de los programas ministeriales mencionados anteriormente, de manera independiente mas no en conjunto. Por ello, para fines de esta investigación, se analizaron los planes estratégicos de los programas ministeriales mencionados; se realizó entrevistas a altos funcionarios de los ministerios mencionados; y se aplicó una entrevista de percepción a la población de Laraos. Los resultados explican que sí existen posibilidades de que tanto el MTC como el MINCETUR puedan trabajar en conjunto con la autoridad y la población local para la promoción del turismo comunitario, con el fortalecimiento de la infraestructura vial y turística, pero hace falta coordinación final y decisión política. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina cuáles son las políticas públicas que necesitan implementarse y las estrategias sanitarias que deben desarrollarse para optimizar el uso de productos farmacéuticos y productos sanitarios en el Perú. Se utiliza un diseño descriptivo cualitativo con un sub diseño de revisión documental, a fin de analizar las normativas peruanas relacionadas con los productos farmacéuticos y productos sanitarios disponibles en la página Web de DIGEMID, usando una guía de revisión documentaria. Los resultados evidencian que existen documentos normativos vigentes que requieren ser actualizados para asegurar que los listados de medicamentos sean coherentes entre sí, las autorizaciones sean concordantes con las actividades comerciales actuales y asimismo disponer de resultados de investigaciones a nivel mundial que evidencien el impacto que se genera en el sistema de salud para optimizar el uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. / Tesis

Este informe profesional propone una reflexión crítica de los procesos de planeamiento estratégico sectorial desde la perspectiva del institucionalismo sociológico. Para ello se sistematiza la experiencia profesional de brindar asistencia técnica al Sector Cultura y al Sector Economía y Finanzas para la elaboración de sus planes estratégicos sectoriales multianuales; esta experiencia fue desarrollada como parte del equipo técnico del CEPLAN a cargo de implementar un nuevo sistema de reglas de planeamiento sectorial concretizadas en la primera normativa de planeamiento que se aprobó en el año 2014 como parte de un proceso más amplio de modernización de la gestión pública y de reforma del estado. El informe describe aspectos microsociales de la implementación del proceso de planeamiento sectorial, y discute los casos bajo categorías conceptuales propias del institucionalismo sociológico. Se identifican algunas condiciones estructurales que se evidenciaron en el proceso y que contextualizaron la reproducción de las nuevas reglas del proceso de planeamiento y del sistema mismo en los casos descritos. En el informe se plantea que la experiencia profesional descrita constituye un proceso inicial de institucionalización del planeamiento estratégico en dos campos organizacionales distintos del sector público; se propone conceptualizar que las nuevas reglas del planeamiento bajo el enfoque de la gestión pública moderna, constituyen el mito institucional del planeamiento; y que la institucionalización del planeamiento sectorial tuvo un proceso de estructuración en los sectores a través de las agencias de los participantes en el proceso; y de la reproducción de prácticas intencionales por parte de los equipos. / This professional report proposes a critical reflection of the sectorial strategic planning processes from the perspective of sociological institutionalism. To this end, the professional experience of providing technical assistance to the Culture Sector and the Economy and Finance Sector, for the preparation of their multi-annual sectorial strategic plans is systematized. This experience was developed as part of the CEPLAN technical team in charge of implementing a new system of sectorial planning rules materialized in the first planning regulation that was approved in 2014 as part of a broader process of modernization of public management and state reform. The report describes micro-social aspects of the implementation of the sectorial planning process, and discusses the cases under conceptual categories typical of sociological institutionalism. Some structural conditions that were evidenced in the process and that contextualized the reproduction of the new rules of the planning process and of the system itself in the cases described constitutes an initial process of institutionalization of strategic planning in two different organizational fields of the public sector; it is proposer to conceptualize that the new rules of planning under the approach of modern public management, constitute the institutional myth of planning; and that the institutionalization of sectorial planning had a structuring process in the sectors through the agencies of the participants in the process; and the reproduction of intentional practices by teams.

El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada a jueces. El Control Difuso de la constitucionalidad de las leyes, es competencia de cualquier órgano constitucional, sin importar la especialidad; la ley no deja de estar vigente, sólo se inaplica al caso litigioso. La discusión de si el Control Difuso debe ser ejercido por entes administrativos encuentra su génesis, en una sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 3741-2004- AA/TC, donde se le reconoció a la administración pública la facultad de ejercer el Control Difuso, estableciendo para ello algunos presupuestos que deben concurrir para el ejercicio de dicha facultad. Sin embargo, creemos que los entes administrativos no tienen competencia para ejercer la constitucionalidad de la norma aplicable a un caso concreto; independientemente de la obligación que tienen de respetar y defender la Constitución, pues una de las razones por las cuales se deja sin efecto el Control Difuso administrativo, es porque estas entidades forman parte del Poder Ejecutivo; esto es, que se permitiría un control de constitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, con respecto a las normas emitidas por el Poder Legislativo; y esto sin lugar a dudas menoscaba el sistema de control dual de la jurisdicción constitucional, y en esa línea de razonamiento también afecta el Principio de División de Poderes, y por tanto, consideramos que otorgar facultades a tribunales administrativos para que ejerzan el Control Difuso, conllevaría al quebrantamiento del equilibrio entre democracia y constitucionalismo.

A pesar de los esfuerzos desarrollados y reflejados en la aprobación de nueva normativa y creación de instituciones (Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 aprobada en julio 2011, sus 04 Reglamentos publicados en septiembre de 2015, la inconclusa transferencia de funciones a gobiernos regionales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, entre otros), el sector forestal sigue padeciendo de serias denuncias de corrupción, falta de transparencia, gestión deficitaria, ausencia de una estrategia contra las actividades ilícitas, entre otros. Considerando el contexto poco prometedor de la institucionalidad sectorial, el trabajo desarrollado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR a partir de su reestructuración en el año 2008, merece una atención especial. En efecto, el desarrollo institucional del OSINFOR a partir del 2008, le ha permitido mostrar importantes avances a nivel institucional, los cuales incluso han sido motivo de reconocimientos públicos como: a). Conformar el selecto grupo de 20 instituciones acreditadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil para iniciar su tránsito a la nueva regulación del servicio civil (2015); b). Reconocimiento público al ganar premios como: “ConectaRSE para crecer de Telefónica” (2014), el premio a las buenas prácticas en gestión pública (2015); y, c). Proporcionar información resultante del cumplimiento de sus funciones para contrarrestar actividades ilícitas (OSINFOR 2015a, 2015b y 2016a). La presente investigación busca absolver la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los aspectos relacionados a capacidad estatal que han permitido que el OSINFOR tenga un desarrollo institucional destacado en comparación con otros procesos de reforma iniciados en el sector forestal y de fauna silvestre entre los años 2008 al 2016?. Con la finalidad de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, absolveremos previamente tres preguntas secundarias: a. ¿Cómo ha evolucionado la institucionalidad forestal en el período comprendido entre 2008 – 2016?; b. ¿Cuáles son los avances más destacados a nivel de gestión pública que ha logrado desarrollar OSINFOR entre 2008 al 2016?; y, c. ¿Cuáles son los aspectos a nivel de gestión pública del OSINFOR que han tenido un impacto en el desarrollo de su capacidad estatal?. Los hallazgos y resultados de la evaluación del desarrollo institucional del OSINFOR, nos muestran importantes avances como, los altos índices de profesionalización de su personal; la implementación de procesos participativos para la aprobación de normas técnicas y procedimentales; los altos índices de ejecución presupuestal; entre otros. Asimismo, muestra algunos aspectos pendientes de fortalecer, como la ejecutoriedad de sus sanciones, la coordinación intergubernamental y el alineamiento de las acciones de supervisión y fiscalización con la política nacional forestal y de fauna silvestre, en especial en lo referente a asegurar el aprovechamiento sostenible y la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

El Sistema Nacional de los Registros Públicos - SINARP tiene la obligación de garantizar la intangibilidad de las inscripciones registrales y la seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe de los Registros Públicos. Sin embargo, hace algunos años se ha conocido con mayor fuerza el problema de las inscripciones registrales fraudulentas o fraude registral en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, el cual se configura cuando dichas inscripciones registrales se realizan en base a documentos falsos, falsificados, con suplantación de identidad o fraude a la ley, anomalía que muchas veces ocasiona que algunas personas sean injustamente despojadas de sus derechos y titularidades válidamente inscritas, situación que precisamente afecta en forma directa a las mencionadas garantías de intangibilidad de las inscripciones y de seguridad jurídica de las personas que confían en la publicidad que otorga el Registro. La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los espacios y fallas del SINARP que están permitiendo la ocurrencia del fraude registral en la SUNARP en el marco de algunos pilares y ejes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, encontrándose que estos son: la inexistencia o deficiencia de algunos insumos esenciales para el correcto desarrollo del proceso de producción del servicio de inscripción (procedimiento registral), la desvinculación de actores claves dentro del diseño institucional y organizacional, la inexistencia de lineamientos de coordinación interinstitucional, el mayor desarrollo y uso de tecnologías de la información y su adecuada implementación, así como la inexistencia de una verdadera política pública registral y la ineficiente priorización de objetivos institucionales, razones por las cuales se considera que en la actualidad la SUNARP carece de la capacidad institucional para prevenir el fraude registral.

Las cláusulas de fuerza mayor - o caso fortuito - son disposiciones que se incorporan en los cuerpos contractuales y permiten a una de las partes suspender o terminar el cumplimiento de sus obligaciones cuando surgen circunstancias ajenas a su control. La institución de la fuerza mayor es propia del Código Civil, por ello, su vinculatoriedad y calificación se sustrae únicamente a las partes que suscriben el contrato. En los contratos administrativos, debido a la ausencia de un cuerpo normativo que los regule en su totalidad, se remite a lo previsto en la normativa civil, no obstante, las cláusulas que la incluyen son de particular relevancia, toda vez que en el objeto contractual de estos subyace un fin público (por ejemplo, actividades consideradas como de servicio público), razón por la cual ingresa a participar un ente ajeno a las partes, esto es, los Organismos Reguladores. Para el caso de la actividad eléctrica la facultad de calificar los eventos de fuerza mayor recae en el Organismo Regulador de la Inversión Privada en Energía y Minería – OSINERGMIN. Este regulador tiene facultades reconocidas legalmente para la calificación de los eventos de fuerza mayor en relación a determinadas actividades del sector, más no así con relación a otras. Adicionalmente, su actuación plasmada en las diversas decisiones, no ha sido uniforme. En esta línea, el presente trabajo tiene por objetivo exponer lo descrito conforme a lo previsto en la normativa sectorial, a efectos de brindar propuestas que permitan superar los problemas advertidos, desarrollando para ello en el informe la siguiente estructura: en el primer capítulo, se desarrollará el escenario de fuerza mayor en los contratos administrativos y el sector energético (electricidad); en el segundo, la calificación de la fuerza mayor que realiza el regulador, los problemas identificados y sus efectos, a fin de brindar propuestas; para así finalmente esbozar las conclusiones con los aspectos centrales.