Este trabajo se inscribe en la línea de contribuir a un “entendimiento más dinámico de las formas en que las instituciones sociales permiten y limitan las capacidades de las personas” (Godfrey-Wood y Mamani-Vargas, 2016:1), enfocándonos en este caso en mujeres dirigentes de sindicatos de trabajadores de la administración pública. Bajo la luz de un marco teórico basado en: a) afirmar el valor constitutivo de las capacidades colectivas, b) identificar las fuentes de tensiones entre las capacidades individuales y colectivas y c) la resignificación de a) y b) en función de la categoría género y aportes de la teoría feminista, este trabajo de tesis explora la dinámica de las relaciones entre capacidades individuales y colectivas a través de mujeres dirigentes de sindicatos de la administración pública en Lima, Perú, 2017-2018. Para ello, partimos de dos supuestos: a) conceptualizar a la dimensión colectiva de la libertad sindical como capacidad colectiva (que en ocasiones encarna en el sindicato) y b) comprender que, como en toda institución, en el sindicato se realizan relaciones de género, que impactan en la capacidad colectiva y en las capacidades individuales de las mujeres dirigentes. Nuestros principales hallazgos indican que tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva de la libertad sindical tienen para las dirigentes valor constitutivo e instrumental. Además, ambas dimensiones se refuerzan y condicionan mutuamente produciéndose, en general, un círculo virtuoso. Ello por supuesto tiene costos, algunos de los cuales son asumidos de manera conciente y voluntaria por las dirigentes; otros son identificados en función de la interpretación que permite el análisis. Si bien las dirigentes han desarrollado estrategias personales para moverse en un mundo predominantemente masculino como es el sindical, el sindicato y el movimiento sindical parecen ser aún “ciegos al género”. En este ámbito, las emociones de las mujeres irrumpen para desestabilizar el orden pretendidamente neutral. La circunscripción de una definición de capacidad colectiva permite no sólo identificarla, sino también promoverla.

La población de la Policía Nacional del Perú (PNP) que labora en la provincia de Lima bordea los 48 mil efectivos aproximadamente quienes al cometer una presunta infracción disciplinaria que atenta los bienes jurídicos protegidos contra los 10 millones de habitantes de la provincia de Lima, son sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario (PAD). Se ha evidenciado que el 62.96% (1,413) de actos administrativos (resoluciones) correspondientes a la provincia de Lima por investigaciones administrativas disciplinarias (infracciones muy graves) ocurridos entre los años 2018 y 2019 han sido declaradas nulas por el Tribunal de Disciplina Policial (TDP) y devueltas para el reinicio del PAD debido a contravenciones a las normas vigentes, o sea una débil valoración de las pruebas. El problema deriva en la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la Inspectoría General de la PNP (IG PNP) en el PAD, cuyas causas son la deficiente capacitación en la actuación procedimental sancionadora, carencia de un estándar probatorio y la alta o constante rotación de recursos humanos. Con la finalidad de superar esta problemática se ha propuesto la implementación de un aplicativo informático de capacitación con soporte físico complementario para enfrentar la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la IG PNP. Desde el punto de vista de la deseabilidad, el funcionamiento del aplicativo informático es necesario para fortalecer las capacidades de los investigadores y ofrecer un eficiente servicio a los usuarios; en cuanto a la factibilidad, contaría con los requisitos tanto tecnológicos, logísticos, organizacionales, políticos, culturales, así como de los usuarios; con relación a la viabilidad, se cuenta con los recursos y medios necesarios para su planeamiento, desarrollo y aplicación.

Esta investigación analiza la Política Pública de Cultura sobre la Recuperación de los Bienes Culturales Muebles del Perú, durante los años 2011-2016. En este contexto, se observa que en el Sector Cultura del Estado Peruano, existen deficiencias que no permiten optimizar y fortalecer las normas y procedimientos; así como, los resultados relacionados a la recuperación de bienes culturales muebles; esta situación limita una adecuada implementación de la citada política pública, la que demanda entre otros aspectos, de recursos financieros necesarios que puedan sustentarla; asimismo, se ha podido evidenciar que existe una actitud pasiva frente a esta problemática, obteniéndose la mayor parte de resultados en la recuperación, de manera ocasional o proveniente de otros actores, particularmente del extranjero y no del propio Ministerio de Cultura. Por otra parte, se aprecia que existe mucha benevolencia con los delincuentes que atentan contra nuestro patrimonio cultural, ya que no se imponen sanciones proporcionales al perjuicio ocasionado a nuestra herencia cultural; lo que no crea un precedente que frene o limite este tipo de hechos que van en contra de nuestra identidad como país

La presente es una investigación de tipo cualitativa que se planteó el objetivo de comprender la gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa, en el período 2007-2017. Los ejes conceptuales son dos: uno sobre la naturaleza del conflicto social y otro sobre las capacidades de la gestión estatal. Para el primer eje asumimos la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Tilly 1978, McAdam 1982, Tarrow 1983) porque permite comprender las diferentes complejidades de los movimientos y conflictos sociales, y su interrelación con las estructuras institucionales sociales y estatales. Para el segundo eje adoptamos la definición de capacidad estatal desarrollada por Fabián Repetto quien la entiende como “la aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social” (Repetto 2004: 8). De este autor también tomamos definiciones de “capacidad administrativa” y “capacidad política” del Estado. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista a profundidad (semiestructurada) y el análisis de fuentes secundarias. Los tipos de actores elegidos para las entrevistas fueron: primero, pobladores y dirigentes opuestos al proyecto minero. Segundo, representantes de la empresa minera Southern Copper Corporation. Tercero, funcionarios de instituciones estatales principalmente de nivel regional y local, cuyas funciones estuvieron relacionadas al conflicto. También entrevistamos a miembros de la sociedad civil que tuvieron participación en episodios del conflicto. Se realizaron tres estancias de trabajo de campo en el Valle de Tambo. Fueron 25 actores entrevistados en 2016. La observación participativa se realizó en 2015. Como resultado encontramos siete características de falta de capacidad estatal para gestionar conflictos sociales. Primero, desarticulación y centralismo del gobierno nacional. Segundo, pérdida de la imparcialidad del Estado. Tercero, gestión estatal favorable a la empresa minera, lo que ha generado que la población perciba al Estado como ausente y desinteresado de las necesidades locales. Cuarto, falta de capacidades legales y administrativas para fiscalizar operaciones extractivas. Quinto, pérdida de capacidad para canalizar demandas de la población. Sexto, pérdida de capacidad técnica para evaluar proyectos mineros. Séptimo, gestión deficiente del uso de la fuerza policial bajo un enfoque de criminalización de la protesta.

La presente investigación describe y analiza los procesos de mejora a la Gestión de la Tesorería en el marco de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MINJUS- entre el periodo 2014-2017. Durante el desarrollo del trabajo se identifica la importancia que representa implementar Políticas de Estado que orienten la modernización de la gestión pública. Si bien esta investigación presenta antecedentes académicos de ámbito nacional e internacional sobre el análisis de la Tesorería Gubernamental y la modernización de la Gestión Pública; la mayoría de estos han sido orientados al tema de control interno y Simplificación Administrativa. La investigación realizada destaca su importancia a nivel metodológico, y propone aportar conocimiento al funcionamiento de la Gestión de la Tesorería del Sector Público y sus procesos de mejora entre los años 2014 al 2017 con la perspectiva del personal operativo que participo en dicho proceso. Así, se propone como hipótesis que el MINJUS ha implementado mejoras en los procesos de la Gestión de la Tesorería que han permitido cambios significativos en las actualizaciones de instrumentos de gestión en coordinación con los responsables de la Tesorería. Por su parte, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, ha implementado mejoras en los procesos de pagaduría y captación de ingresos a través del uso intensivo de TICs. Por ello, se concluye que los lineamientos establecidos por la Secretaria Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros han permitido que se implemente la Gestión por Procesos en el MINJUS. El análisis realizado toma en consideración los aportes teóricos sobre la Nueva Gestión Pública, Políticas Públicas, Reforma del Estado y el método Kaizen o Mejora Continua. / The research describes and analyzes the improvement processes in Treasury Management within the framework of the implementation of the "National Policy for Modernization of Public Management" in the "Ministry of Justice and Human Rights" -MINJUS- between the period 2014 -2017. During the development of the work, it identifies the importance of implementing State Policies that guide the "modernization of public management." Although this investigation presents "academic antecedents of national and international scope" on the analysis of the Government Treasury and the modernization of the Public Management; Most of these have been oriented to internal control and Administrative Simplification issues. The research carried out highlights its importance at a methodological level, and proposes to contribute knowledge to the operation of the Public Sector Treasury Management and its improvement processes between 2014 and 2017 from the perspective of the operational staff who participated in said process. For this reason, it is proposed as a hypothesis that the MINJUS has implemented improvements in the Treasury Management processes that have allowed significant changes in the updates of management instruments in coordination with those responsible for the Treasury. For its part, the General Directorate of Indebtedness and Public Treasury of the Ministry of Economy and Finance, rector of the National Treasury System, has implemented improvements in the processes of payment and collection of income through the intensive use of TICs. Consequently, it is concluded that the guidelines established by the Public Management Secretariat of the Presidency of the Council of Ministers have allowed Process Management to be implemented in MINJUS. The analysis carried out takes into consideration the theoretical contributions about the New Public Management, Public Policies, State Reform and the Kaizen method or Continuous Improvement

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE).

La corrupción en el Estado, como materia de estudio de la ciencia política, aborda la comprensión de las circunstancias que permitieron que ésta ocurra, así como sus consecuencias. Pero también desde la ciencia política se busca encontrar mecanismos que permitan combatir la corrupción, lo que conlleva a analizar el Estado desde todos sus ámbitos. En mérito a lo mencionado y para los fines de reducir y de ser posible eliminar las circunstancias que permitieron las situaciones de corrupción, volvemos la mirada hacia los instrumentos y medidas que se han formulado y/o implementado para tal efecto hasta la fecha. Para el caso peruano, tenemos entre estas medidas, a las políticas del Estado peruano formuladas en el año 2002, en el marco del Acuerdo Nacional, entre cuyos objetivos tenemos el de un “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado”, para el cuál, entre otros, se planteó la política de construir y mantener un Estado eficiente y transparente al servicio de las personas; y la promoción de la ética y la transparencia para erradicar la corrupción. Al respecto, si luego de dieciséis años, los resultados de la evaluación a las medidas implementadas para un Estado transparente no muestran avances significativos, mermando con ello los objetivos de Estado; entonces, interesa conocer ¿Qué tipo de gestión se está haciendo respecto de las políticas de transparencia? En respuesta a esta pregunta central, en esta investigación, se proponen tipos de gestión de las políticas de transparencia en entidades del Estado, que se espera puedan aportar a diferenciar las gestiones y a reconocer en atención a las mismas, los aspectos que cada Entidad del Estado requiera mejorar para alcanzar el ideal de Institución Pública transparente. En ese sentido, esta tesis tiene la siguiente estructura: primero, se desarrolla el marco teórico, paso seguido se expone la propuesta de los tipos de gestión de las políticas de transparencia, así como la metodología para la medición de los factores que caracterizan a la transparencia (índice de transparencia); finalmente, haciendo uso de la tipología propuesta en esta investigación, así como de la herramienta elaborada para la medición de la transparencia; se determina el tipo de gestión de las políticas de transparencia en dos entidades del Estado peruano, las mismas que han sido elegidas en razón de sus niveles de confianza ciudadana.

El presente artículo desarrolla el tema del principio de subsidiariedad reconocida constitucionalmente y el cumplimiento de este en el ejercicio de las actividades empresariales de las empresas públicas, específicamente en la empresa pública Adinelsa. El estudio se divide en 2 partes: la primera parte de este artículo, brindaremos un refrescamiento del cambio en el régimen económico que provocó el nacimiento del principio de subsidiariedad y los mecanismos de control que fueron creados para su protección. En la segunda parte, analizamos a fondo el cumplimiento del principio de subsidiariedad en el ejercicio de la empresa Adinelsa, así como también la figura de los encargos especiales impuestos por disposición legal a empresas públicas y la exigencia del cumplimiento del principio de subsidiariedad también en estos casos. La finalidad del artículo es analizar el cumplimiento del rol subsidiario del Estado en las actividades realizadas por Adinelsa en su calidad de empresa pública dedicada a la distribución de energía eléctrica en zonas rurales del país. / This article develops the issue of the constitutionally recognized principle of subsidiarity and its compliance in the exercise of business activities of public companies, specifically in the public company Adinelsa. The study is divided into 2 parts: the first part of this article, we will provide a refresher of the change in the economic regime that caused the birth of the principle of subsidiarity and the control mechanisms that were created for its protection. In the second part, we analyze in depth the compliance with the principle of subsidiarity in the exercise of the company Adinelsa, as well as the figure of special orders imposed by law to public companies and the requirement of compliance with the principle of subsidiarity also in these cases. The purpose of the article is to analyze the fulfillment of the subsidiary role of the State in the activities carried out by Adinelsa as a public company dedicated to the distribution of electricity in rural areas of the country. / Trabajo académico

En el presente artículo académico, el autor problematiza sobre la vigente delimitación normativa del impedimento por integración de un “Grupo Económico” (Artículo 11, numeral 11.1, literal p) del vigente Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, como elemento de la infracción Administrativa tipificada en el artículo 50, numeral 50.1, literal c) de la misma norma. De esta manera, se concluye que la tipificación referida a dicha infracción no supera el estándar del Principio de Tipicidad, consagrado en el artículo 248, inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto último, debido a que: (i) no se establece una adecuada colaboración reglamentaria en la delimitación de la infracción administrativa, (ii) no existe una delimitación razonable que pueda ser comprendida a cabalidad por el administrado y que (iii) subsiste el peligro de una indebida subsunción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado

En el presente trabajo de investigación se analiza la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores que viene realizando la Oficina de Normalización Previsional, en virtud a su labor de resguardo de la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Para ello, resulta importante iniciar con la explicación de la importancia del derecho a la pensión, seguido de la descripción del procedimiento administrativo de reconocimiento a la pensión y el concerniente a la fiscalización posterior, deteniéndonos en el estudio particular de la suspensión de las pensiones y su relación con la declaración de nulidad de oficio, específicamente en aquellos casos donde los efectos de las resoluciones de suspensión adoptaron un carácter indefinido o es emitido sobrepasando todo plazo razonable. Lo anterior encontrará su apoyo en una muestra de fallos emitidos por la Corte Suprema referente a este problema, a fin de encontrar un límite a la potestad de fiscalización posterior desarrollada por la Autoridad Previsional y consecuentemente a la suspensión de las pensiones, facultad que a nuestro criterio debe considerar los plazos prescriptorios de la Nulidad de Oficio, en tanto que esta última es la finalidad que debe perseguir la ONP como consecuencia del hallazgo de actos de falsificación o adulteración de documentos que hayan sustentado con anterioridad el otorgamiento de una determinada pensión de jubilación