El contrato de locación, erróneamente aplicado, es una de las formas de contratación civil comúnmente utilizadas para evadir responsabilidades laborales, hecho que no ha sido ajeno al Estado en su rol de empleador, porque al contar con normas que prohíben el ingreso a la carrera pública o por ser más difícil (burocrática) la contratación de trabajadores (servidores), ha venido optando por esta alternativa de contratación: menos costosa y más rápida. En ese sentido, a pesar de que normativamente existe la prohibición de simular bajo estos contratos reales relaciones laborales, poco o nada han hecho para su cumplimiento. Por ello, en el presente trabajo analizamos la situación de informalidad laboral dentro de la administración pública y las alternativas para evitar incurrir en desnaturalizaciones de contratos de locación de servicios. Para ello, primero, hacemos un breve recuento sobre el empleo público en el Perú, y el surgimiento del contrato de locación de servicios, también llamado servicios no personales (SNP); para así luego, proceder a establecer las diferencias entre el contrato de locación de servicios versus el contrato de trabajo. Luego, desarrollamos la incidencia de los contratos de locación de servicios en el empleo público, enfocándonos en la informalidad laboral, la reposición laboral o reconocimiento de una relación laboral tras haberse declarado desnaturalizados los contratos de locaciones de servicios en sede judicial (como pretensión principal), las pretensiones que también pueden ser planteadas en sede judicial (como pretensión accesoria) y la falta de fiscalización laboral. Como propuesta central concluimos que, para disminuir los niveles de informalidad laboral y demandas judiciales contra el Estado, es preciso se establezca como una política pública la supervisión de este tipo contratación en el Estado, bajo la dirección de Servir. / Trabajo académico

Las evidentes deficiencias en la provisión oportuna de bienes y servicios públicos por parte del Estado, así como las brechas tangibles de infraestructura pública, no hacen más que reforzar la percepción de que la gestión pública se encuentra en crisis. El Estado no ha sido capaz de mejorar la regulación y procedimientos subyacentes en la producción de bienes públicos indispensables para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o de la competitividad. Por ello, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (en adelante, TSP), tiene por objeto presentar a partir de la experiencia profesional ganada como asesora de alta dirección y directora en el Ministerio de Transportes, una aproximación de las principales razones por las que los grandes proyectos de infraestructura en el país presentan constantes dilaciones y problemas en su ejecución. Este diagnóstico se obtuvo a partir del seguimiento y monitoreo de proyectos, siendo también objetivo de este documento demostrar que a partir seguimiento y monitoreo de proyectos es posible generar evidencia para la formulación de reformas sustanciales en la gestión de la infraestructura pública en el país. En particular, este TSP se centrará en la experiencia lograda en dicho ministerio durante los años comprendidos desde el 2018 al 2020, encontrando como principales hallazgos la necesidad de contar con equipos de alto nivel especializados para el destrabe de proyectos y la necesidad de estandarizar procedimientos para mejorar la gestión de infraestructura en el sector transportes y en los demás sectores.

Tras las modificaciones incorporadas a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1272 a finales del 2016, se ha producido un cambio de enfoque por parte de la Administración Pública, en la cual se privilegia un enfoque de prevención orientado a que los administrados cumplan con sus obligaciones, por sobre la imposición de sanciones administrativas las mismas que solo buscan castigar al infractor administrativo. Lo señalado se encuentra reflejado con la incorporación de la posibilidad de imponer medidas correctivas, dado que, en la actualidad, tras la detección de incumplimientos y la determinación de la responsabilidad del infractor, se ha señalado que, en el mismo marco del procedimiento administrativo, la Administración puede optar por imponer medidas correctivas que busquen corregir la conducta de los administrados en atención al cumplimiento normativo y el interés general, siendo estas medidas compatibles con las sanciones administrativas. Sin embargo, la norma ha establecido requisitos para la aplicación de dichas medidas correctivas, siendo el principio de tipificación el abordado en el presente trabajo. Asimismo, se abordará la tipificación de las medidas correctivas realizadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), por lo que se realizaran algunas críticas sobra la aplicación de medidas correctivas realizada por el organismo regulador de las telecomunicaciones, para lo que se realizaran comparaciones respecto a la obligación de tipificar las medidas correctivas a ser aplicadas en otros sectores y entidades de la Administración Pública. Las conclusiones del presente trabajo consisten en evidenciar la tipificación insuficiente de las medidas correctivas por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones, y como este incumplimiento del mandato de tipificación pone en riesgo los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Este caso trata de una demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Sr. Valentín Hidalgo contra la Municipalidad de Santiago de Surco, cuya pretensión era la nulidad de la Resolución N° 1670-2002-DFC-SSS, que ordenaba al Sr. Hidalgo la demolición de las construcciones y el pago de una multa, por haber cometido la siguiente infracción: "construir sobre área pública". La Municipalidad de Santiago de Surco sustentó su actuación en la Resolución N° 206-96-MLM-DMDU y el Plano N° 150-96-MLM (dichos documentos no formaban parte del Expediente), ambos aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde supuestamente se acreditaba que el inmueble sobre el que había construido el Sr. Hidalgo era una vía pública. Por su parte, el Sr. Valentín Hidalgo sostenía que poseía el Inmueble desde hace más de 30 años de manera pacífica y pública, por lo que se trataba de un bien privado. A efectos de analizar el caso, hemos solicitado a través de Acceso a la Información Pública la resolución y el plano señalado en el segundo párrafo anterior. De la misma manera, se ha realizado un levantamiento topográfico del Inmueble a efectos de solicitar un Certificado de Búsqueda Catastral. En similar sentido, hemos obtenido el plano de levantamiento topográfico realizado por COFOPRI. Todo lo anterior, a efectos de determinar la verdadera naturaleza del Inmueble y la supuesta comisión de la infracción

La Administración Pública cuenta con una serie de herramientas para procurar el cumplimiento por parte de los agentes económicos, como: la actividad de fiscalización, la adopción de medidas administrativas y la aplicación de sanciones administrativas. A través de estas herramientas se busca direccionar su actuar a la adopción de lo prescrito en la normativa. El enfoque dominante en nuestro ordenamiento para cautelar el cumplimiento tiene una orientación sancionadora; sin embargo, existe un enfoque menos punitivo que privilegia la persuasión para salvaguardar lo dispuesto. Ahora bien, existe un enfoque que no privilegia ninguno de los antes mencionados, sino más bien se vale de ambos, así este enfoque adopta la persuasión, educación, incentivos y castigo en función a la respuesta de los agentes regulados, el mismo que se denomina regulación responsiva. La presente investigación tiene como propósito analizar si el mecanismo alternativo al procedimiento administrativo sancionador, aplicado por Osinergmin, en los Grifos y Estaciones de Servicio, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones referidas a las condiciones técnicas y de seguridad consideradas de criticidad alta (riesgo alto), se encuentra vinculado con el enfoque responsivo y si este resulta efectivo para lograr el cumplimiento normativo (enforcement). En ese sentido, se ha realizado un análisis al cambio normativo establecido por Osinergmin, la recepción de esto por parte de los agentes económicos, su cambio de comportamiento y se propone una estrategia para aplicar propiamente un enfoque responsivo.

El presente trabajo de investigación busca plasmar un análisis, a través del desarrollo de distintos casos, de la estrecha interpretación que se le brinda al concepto vinculado a la actividad empresarial del Estado en el Perú. Para dicho objetivo, se ha realizado un análisis sistemático sobre el concepto del principio de subsidiariedad brindado por las normas respectivas y distintas resoluciones del Indecopi, buscando así persuadir al lector del verdadero significado de dicho principio. Realizado dicho análisis, se concluye que en nuestro ordenamiento la interpretación del principio de subsidiariedad ha sido analizado y aplicado solo desde un punto de vista económico obviándose el lado solidario del principio.

INDECOPI se ha atribuido competencias para analizar casos de barreras burocráticas suscitadas en colegios profesionales, con sustento en la función administrativa que estos ejercen, en determinadas actuaciones, tales como la habilitación de sus miembros profesionales. La discusión principal, respecto a ello, sin embargo, se centra en el análisis que realiza para decretar si estos se encuentran incluidos los en el numeral 6 u 8 del artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El propósito primordial de este trabajo es resolver dichas diferencias, a través de un análisis concreto de la naturaleza jurídica de estos colegios. En tanto, el desarrollo de esta tesis tiene los siguientes objetivos: i) Determinar la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, ii) Determinar si ejercen función administrativa, iii) Determinar si, verdaderamente, pueden situarse, como “entidad pública”, en el numeral 6 u 8 del artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG. Ello nos llevará a concluir que estos, expresamente, puede denominárseles como Administraciones Públicas Corporativas Sectoriales, por lo que no conforman parte de la estructura estatal, ni se sitúan en el listado de entidades fijados en el TUO de la LPAG. Consiguientemente, como mecanismo de solución y seguridad jurídica, proponemos una modificación legislativa que coadyuvará a un enfoque práctico jurídico uniforme, para posteriores revisiones y análisis de los entes competentes. / INDECOPI has been attributed powers to analyze cases of bureaucratic barriers raised in professional associations, based on the administrative function that they exercise, in certain actions, such as the qualification of their professional members. The main discussion, in this regard, however, focuses on the analysis carried out to decree whether these are included in numeral 6 or 8 of article I of the Preliminary Title of the Single Ordered Text of Law No. 27444, Law of the General Administrative Procedure. The primary purpose of this work is to resolve these differences, through a concrete analysis of the legal nature of these associations. Meanwhile, the development of this thesis has the following objectives: i) Determine the legal nature of professional associations, ii) Determine if they exercise an administrative function, iii) Determine if, truly, they can be located, as a "public entity", in the numeral 6 or 8 of article I of the Preliminary Title of the TUO of the LPAG. This will lead us to conclude that these can expressly be called Public Corporate Sectoral Administrations, so they are not part of the state structure, nor are they on the list of entities established in the LPAG TUO. Consequently, as a solution mechanism and legal certainty, we propose a legislative modification that will contribute to a uniform legal practical approach, for subsequent reviews and analysis by the competent entities. / Trabajo académico

Dado que una de las priorizaciones de las políticas públicas en salud en el país está enfocada en la reducción de los altos índices de anemia en infantes, que viven en las diferentes regiones del Perú, cuyo propósito además plantea un trabajo de articulación intersectorial e intergubernamental partiendo de los gobiernos regionales y locales, la presente investigación busca valorar los factores facilitadores y limitantes del Plan Regional de Lucha Contra la Anemia en la atención de niños y niñas menores de 36 meses en el distrito de Independencia, en la región Áncash en los años 2019 y 2020. Es por ello que, se analizó el diseño del plan regional, así como la descripción de cuáles son los factores que facilitan o limitan su adecuada gestión, partiendo, de la examinación de un trabajo de articulación intersectorial promovida por el Gobierno Regional de Áncash y, el conocimiento de la percepción y valoración que tienen los actores sobre la gestión de este plan regional. De los hallazgos encontrados se identificó como factores indispensables para gestión del plan; la priorización y voluntad política, así como contar con un equipo técnico especializado de monitoreo, y, por otro lado, el adecuado trabajo de articulación intersectorial a través de los monitores sociales. Por lo expuesto, a partir de los resultados de este trabajo se propone mejoras que permita que el PRLCA represente una política regional sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los infantes. / Given that one of the priorities of public health policies in the country is focused on reducing the high rates of anemia in infants, who live in the different regions of Peru, whose purpose also proposes a work of intersectoral and intergovernmental articulation based on of regional and local governments, this research seeks to assess the facilitating and limiting factors of the Regional Plan to Fight Anemia in the care of boys and girls under 36 months in the district of Independencia, in the Áncash region in the years 2019. and 2020. For this reason, the design of the regional plan was analyzed, as well as the description of the factors that facilitate or limit its adequate management, starting from the examination of intersectoral articulation work promoted by the Regional Government of Ancash and, the knowledge of the perception and assessment that the actors have regarding the management of this regional plan. From the findings found, essential factors for plan management were identified; prioritization and political will, as well as having a specialized technical monitoring team, and, on the other hand, the adequate work of intersectoral articulation through social monitors. Therefore, based on the results of this work, improvements are proposed that allow the PRLCA to represent a sustainable regional policy and contribute to improving the quality of life of children.

Durante las últimas décadas, la minería formal en el Perú ha visto afectadas sus actividades por los conflictos, cada vez más recurrentes, con las comunidades y poblaciones de su área de influencia. Esto a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por el marco legal minero y de recursos hídricos. Esta situación no solo se produce porque las comunidades y poblaciones dificultan las actividades mineras por temor a sufrir restricciones hídricas y una posible contaminación del medio ambiente que podría perjudicar sus principales actividades económicas, su salud y sus vidas; sino porque, adicionalmente, confunden el rol de las empresas mineras con el del Estado, exigiendo a estas la implementación de infraestructura y servicios básicos que el Estado no atiende, llegándose a condicionar el inicio y normal desarrollo de las operaciones extractivas al cumplimiento de dichas exigencias. Esta situación termina generando conflictividad e inseguridad jurídica para los inversionistas mineros. En ese sentido, se podrá llegar a la conclusión de que las normas que prevén los requisitos para obtener los títulos habilitantes necesarios para operar en el sector minero y el marco legal en materia hídrica en general, por sí mismos, no son idóneos para mitigar los conflictos que nacen de las inquietudes de las comunidades. Para ello, es relevante la participación activa del Estado a lo largo del proceso, lo que implica no solo aparecer en caso de conflictos, sino apoyar desde un inicio en la implementación de servicios básicos, así como en la supervisión y control de las actividades mineras que permita establecer un diálogo horizontal entre los actores implicados. / During the last decades, formal mining in Peru has been affected by increasingly recurrent conflicts with the communities and populations in its area of influence. This is despite having complied with the requirements of the legal framework for mining and water resources. This situation occurs not only because the communities and populations hinder mining activities for fear of suffering water restrictions and possible environmental contamination that could harm their main economic activities, their health and their lives; but also because, additionally, they confuse the role of mining companies with that of the State, demanding that the latter implement infrastructure and basic services that the State does not provide, to the point of conditioning the start and normal development of mining operations on compliance with these demands. This situation ends up generating conflict and legal uncertainty for mining investors. In this sense, it can be concluded that the regulations that establish the requirements to obtain the necessary titles to operate in the mining sector and the legal framework on water issues in general, by themselves, are not suitable to mitigate the conflicts that arise from the concerns of the communities. To this end, the active participation of the State is relevant throughout the process, which implies not only appearing in the presence of conflicts, but also providing support from the beginning in the implementation of basic services, as well as in the supervision and control of mining activities to establish a horizontal dialogue between the actors involved. / Trabajo académico

Esta tesis se enfoca en cómo el Estado y las personas que lo conforman construyen categorías para nombrar y clasificar a pueblos originarios en una situación especial, la de contacto inicial y aislamiento voluntario. Determinar y delimitar los términos de contacto y aislamiento resulta bastante problemático, en tanto la realidad no se alinea con la lógica que el Estado implanta en su función de gobernar y administrar una población. Debido a ello, esta investigación, analiza mediante un lente etnográfico los desencuentros del Estado con el territorio que administra, expresados en las tensiones que existen entre el discurso de quienes ejercen la lógica estatal y las lógicas de a quienes sirve. A través del análisis de documentos oficiales y de las entrevistas con funcionarios y funcionarias e investigadores, esta tesis se propone averiguar cómo la denominación y clasificación de la población en contacto inicial y aislamiento voluntario se torna un ejercicio de poder desde el Estado, a través de la construcción de las categorías, y cómo, a través de discursos y prácticas las personas que diseñan y construyen estas categorías construyen representaciones sobre estos sujetos Dichas representaciones y la negociación de las categorías que las componen terminan conformando una escala más en la gobernabilidad implementada desde arriba que puede afectar la vida cotidiana y el acceso a derechos básicos de los sujetos categorizados. Por ello, el propósito de esta tesis es estudiar, no a los pueblos en contacto inicial (PICI), sujetos de innumerables trabajos antropológicos, sino a quienes trabajan analizando, investigando, construyendo e instalando este tipo de políticas y servicios / This thesis analyzes how the State and the people who work for it (civil servants and researchers) construct categories to name and classify indigenous peoples in a special situation, the isolated indigenous people who are in a situation of initial contact or/and “voluntary isolation” in the Peruvian Amazon. Determining and delimiting the terms of contact and isolation is quite problematic, as reality does not align with the logic that the State implements in its function of governing and administering a population. Due to this, this research analyzes, through an ethnographic lens, the disagreements between the State and the people it administers, with the focus put up to the tensions that exist between the discourse of those who exercise the State logic and the logics of the people to whom it serves. Through the analysis of official documents and interviews with civil servants and researchers, this thesis aims to find out how the classification of the population in initial contact and voluntary isolation becomes an exercise of power by the State, through the construction of the categories, and how the people who design and construct these categories build representations about these subjects, through discourses and practices. These representations and the negotiation of the categories that compose them end up forming another scale in the governance implemented from above that can affect the daily life and the access to basic rights of the categorized subjects. Therefore, the purpose of this thesis is to study, not the people in initial contact (PICI, in spanish) who had been subjects of countless anthropological works, but those who work analyzing, researching, building and installing this type of policies and service, in an effort to shed light on how the Peruvian State works and classifies ethnicity.