Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.

La presente investigación realizó el análisis del problema específico identificado en el Programa Presupuestal 0036 – Gestión Integral de Residuos Sólidos, bajo el enfoque de la gestión estratégica de residuos y la gestión integral de residuos sólidos. La investigación parte de analizar el origen de los Programas Presupuestales, tal es así que se estudia las bases teóricas de la Nueva Gestión Pública y la Gestión por Resultados [GpR], a partir de ellos, se analiza el surgimiento del Presupuesto por Resultados [PpR] como herramienta del GpR, que se desarrolla no solo con la finalidad de asignar el presupuesto con visión al logro de objetivos, sino también como herramienta importante de articulación de entidades públicas para el logro de resultados. La aplicación de las bases teóricas antes mencionadas se refleja en el Perú en la incorporación de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, así como en el diseño de instrumentos para la aplicación del PpR, uno de ellos son los Programa Presupuestales [PP]. Por otro lado, la investigación analiza a los residuos sólidos municipales, la importancia de su estudio debido al aumento de la urbanización de las ciudades que produce lamayor demanda de ciertos servicios públicos, así como su tipología. La Gestión Integral de Residuos Sólidos [GIRS], como un proceso que incorpora acciones normativas, financieras, de planificación, entre otros (Jiménez, 2015). También se analiza a la gestión estratégica de residuos [GER], que basa su desarrollo teórico en la jerarquización de residuos. La GER contempla en un esquema jerárquico piramidal la necesidad de brindar prioridad a ciertas etapas del sistema de manejo de residuos, con la finalidad de reducir los volúmenes para la disposición final. Asimismo, la investigación se basa en la triangulación múltiple: teórica, metodológica y de datos. La triangulación teórica presenta la teoría de la gestión integral de residuos sólidos y la gestión estratégica de residuos con la finalidad de analizar al problema específico identificado en el PP. La triangulación metodológica está basada en el análisis mixto secuencial cuantitativo, a partir de bases de datos, y cualitativo, a partir de entrevistas a profundidad. Finalmente, la triangulación de datos, por cuanto emplea en el análisis, la base de datos del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos del año 2017 y el Registro Nacional de Municipalidades del año 2017, que dan como principal resultado que el problema específico del PP 0036 no se encuentra correctamente identificado, bajo el enfoque de la Gestión Estratégica de Residuos y la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

El presente estudio plantea la necesidad de caracterizar el proceso de operacionalización del Centro MAC Ventanilla , describiendo la gestión interna a un nivel operativo tomando en cuenta que es un espacio donde confluyen entidades públicas de distintos niveles de gobierno. Para ello, se ha tomado en cuenta como base un modelo europeo para la gestión de la calidad utilizado internacionalmente: el Modelo EFQM de Excelencia. La investigación se realiza mediante un estudio de caso a una plataforma presencial del sector público, el Centro MAC Ventanilla, la cual tiene por objetivo prestar una serie de servicios de distintas entidades públicas es un mismo espacio, en este caso ubicado en el distrito de Ventanilla, garantizando la mejor atención al ciudadano (Decreto Supremo 090-2019-PCM). Por consiguiente, el presente trabajo de investigación caracteriza el proceso de operacionalización del Centro MAC Ventanilla mediante la aplicación de distintos criterios que son parte del modelo EFQM de Excelencia: Liderazgo, Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, y Procesos. De esta manera se analiza la gestión interna del Centro MAC Ventanilla teniendo en cuenta los diversos actores que participan, así como las decisiones que toman y cómo estas finalmente influyen en la prestación de servicios de calidad. Como resultado de la investigación se obtiene una caracterización del proceso de operacionalización del Centro MAC Ventanilla, la cual comprende los hallazgos de la investigación, y que permite determinar oportunidades de mejora, de innovación y comprensión del espacio a fin de asegurar el óptimo desempeño de la plataforma presencial y la calidad de sus servicios. Finalmente, como resultado del análisis se presentan conclusiones y recomendaciones relacionadas a mejoras en cada uno de los criterios evaluados.

El delito de Patrocinio Ilegal es uno de los tipos penales con menor estudio dogmático y con poco desarrollo jurisprudencial. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dotar de significado al elemento constitutivo “patrocinio” del artículo 385° de nuestro Código Penal. Al definir el alcance de este elemento, se aclara si determinadas conductas orientadas a coadyuvar o salvaguardar intereses de particulares ante la Administración constituyen Patrocinio Ilegal, o si configuran otro delito de nuestro Código Penal, una infracción administrativa o, si, en su defecto, se trata de conductas socialmente adecuadas. Esta tesis abarca distintas instituciones de la Parte General del Derecho Penal, tales como el principio de legalidad, el bien jurídico a tutelar, el principio de mínima intervención, entre otras, a fin de poder dar respuesta al problema planteado.

La corrupción en el Perú viene constituyéndose en una práctica frecuente en los tres niveles de gobierno del Aparato Estatal, el cual tiene efectos muy negativos sobre el desarrollo social de una nación, afectando incluso la propia gobernabilidad de un país, siendo considerado como un problema histórico y es interpretado como el abuso del poder de funcionarios públicos en beneficio de terceros. Una de las modalidades de la corrupción es la colusión ilegal, el cual es sancionado por el Código Penal Peruano mediante la aplicación de castigos a los funcionarios públicos que conciertan con terceros para obtener un beneficio particular en perjuicio del Estado. Bajo ese contexto, resulta importante conocer los mecanismos y procedimientos que se producen en los casos de corrupción, lo cual brindará insumos para definir medidas de intervención. Por ello, el objetivo planteado para el presente fue el de comprender la organización de los mecanismos de colusión ilegal en los procesos de selección llevados a cabo en Entidades del Poder Ejecutivo del nivel local, regional y nacional de casos sentenciados en la Corte de Superior de Justicia de Lima. Se parte de los supuestos que los casos de corrupción se producen en las unidades administrativas más críticas para la gestión institucional tales como Administración, Contabilidad, Tesorería y Almacén, aunque no se descarta la participación de las áreas de Supervisión. Del mismo modo, se prevé que, para el desarrollo de estas acciones, son los propios funcionarios quienes buscan infringir las normas en aras de obtener un beneficio particular. Producto de estos, las consecuencias son múltiples, entre los que destacan el deterioro de la confianza en las Entidades Públicas, afectando la gobernabilidad y democracia de un país. Para alcanzar los objetivos propuestos se hace necesario aplicar técnicas y métodos cualitativos, que permitan comprender el objeto de estudio partiendo del análisis de la información disponible. Se concluye que la corrupción no solo afecta la gobernabilidad, sino qué además perjudica la entrega de bienes y servicios que los ciudadanos requieren.

El presente estudio busca identificar los factores críticos que permitan facilitar la implementación y desarrollo del Gobierno Digital en el Estado Peruano utilizando una matriz de variables y factores, la cual fue construida utilizando distintos estudios e investigaciones basadas en experiencias internacionales de Gobierno Digital y posteriormente validada por especialistas nacionales e internacionales en el tema. Esta investigación posee un enfoque metodológico del tipo cualitativo con alcance exploratorio-descriptivo, el cual permitió identificar, en un primer momento, un gran número de factores y variables que posteriormente fueron agrupadas en 7 factores (los cuales contienen 22 variables y 20 sub-variables) para que sean evaluadas por expertos en Gobierno Digital con el fin de otorgarles su nivel de criticidad correspondiente. Para este objetivo, se estructuró una guía de entrevistas semi estructurada como herramienta de recojo de información con la que se realizaron 21 entrevistas a profundidad a expertos en Gobierno Digital quienes están o estuvieron relacionados con entidades del Poder Ejecutivo peruano. A partir de la información recopilada de las entrevistas, se determinó el nivel de criticidad de cada uno de los factores identificados, así como los principales hallazgos relacionados a cada uno de estos. Finalmente, como resultado del análisis, se determinaron 4 factores críticos que facilitan la implementación del Gobierno Digital en el Perú. Adicionalmente, se logró identificar 3 niveles de priorización, los cuales contienen a los siete factores identificados.

En los últimos diez (10) años, el marco especial de las Contrataciones del Estado ha sido modificado cada dos años de diferencia aproximadamente, bajo la lógica y el razonamiento hipotético de obtener un cuerpo normativo que fomente las compras públicas eficientes. Lo cierto, sin embargo, es que las modificaciones en el régimen sancionador no han sido alentadores en tanto y en cuanto se han apartado de las garantías y condiciones mínimas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El presente caso sancionador (Resolución N°2338-2018-TCE-S2 bajo análisis) surgió durante la etapa de modificación de la Ley N° 30225, por el Decreto Legislativo N° 1341, en el que se reconocieron derechos y garantías mínimas como la separabilidad de las fases de instrucción y sanción en los procedimientos sancionadores seguidos por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, así como la caducidad, y el cambio del tipo infractor relacionada a la presentación de documentación inexacta

El presente proyecto de fin de carrera tiene como objetivo la evaluación del nivel de accesibilidad de las aplicaciones Web de municipalidades de la ciudad de Lima que brindan servicios de gobierno electrónico. Si bien es fundamental considerar la accesibilidad Web en las aplicaciones de todo dominio, esta investigación se enfoca en las gubernamentales ya que los servicios que ofrece el Estado, aún si son provistos a través de un medio tecnológico, deben poder ser utilizados por todos los ciudadanos. Adicionalmente, son los gobiernos locales con los que las personas interactúan de manera más frecuente y directa por lo que las municipalidades se vuelven un buen punto de partida. Hasta el momento en el Perú no se ha realizado un diagnostico del nivel de accesibilidad de las aplicaciones Web estatales, el cual es imperativo para alertar de los problemas existentes y fomentar la toma de acciones de mejora. En este proyecto la evaluación se efectúa en base a la Resolución Ministerial N° 126-2009- PCM y las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.1. Asimismo, se sigue la metodología de Evaluación de Conformidad con la Accesibilidad en sitios Web establecida por la W3C y se emplea los métodos de evaluación automatizada y con expertos. Los principales resultados del proyecto de tesis incluyen la comparación de las herramientas automatizadas empleadas, la determinación del nivel de cumplimiento de los sitios Web con el marco normativo peruano y el estándar internacional y, por último, el establecimiento de un conjunto recomendaciones para la mejora de la accesibilidad.

El propósito de este trabajo es recopilar las diferentes posturas que tienen los autores sobre la naturaleza jurídica de la iniciativa privada. En ese sentido, coincidir con el concepto de iniciativa privada como un derecho de gracia, reconocido en nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, resulta interesante que se analice el procedimiento actual para el desarrollo de una iniciativa privada y cuestionar el marco jurídico, que no proporciona seguridad o estabilidad para el inversionista, considerando que debería establecerse que todo rechazo a una iniciativa privada debe ser debidamente motivada, con la finalidad de no afectar derechos constitucionales, no sólo el derecho de petición, sino otros derechos económicos como la libertad de empresa. Además, es imprescindible reconocer que, si bien la Administración Pública está dotada de prerrogativas, que le permiten rechazar una propuesta privada, esta solo debe justificarse cuando un determinado proyecto atente contra el interés común o cuando existan otras prioridades como país que no permitan concretar las propuestas de proyectos. Finalmente, se debe considerar que la iniciativa privada es fuente de desarrollo de todo país, por lo cual deberían implementarse mecanismos jurídicos más dinámicos, cortos, con plazos razonables, con decisiones motivadas, que atraigan capitales, que motiven la creatividad del particular, en beneficio del bien común.

En nuestro medio nacional es ampliamente reconocida la potestad sancionadora de la Administración Pública, la cual se torna inevitable a efectos de asegurar que los administrados se adecúen a lo esperable en nuestro ordenamiento. Sin embargo, a pesar de la amplitud con la que se ha aceptado y aplicado en los distintos ordenamientos o sectores en los que a la entidad inmiscuida se le ha otorgado dicha potestad, nos topamos con un desarrollo dogmático y jurisprudencial –a nuestro criterio- todavía exiguo que se haya encargado de delimitar a conciencia los principios, reglas y garantías que deben regir en cada momento en que se impongan una sanción administrativa por la verificación de una infracción administrativa. De ahí que surge la necesidad de revisar críticamente las resoluciones emitidas por entidades de la Administración Pública que imponen sanciones y la forma en que han venido aplicando los derechos, garantías y principios de las cuales goza el administrado