El problema jurídico que aborda en el presente trabajo académico consiste en poner en relieve la necesidad de regular un tipo penal independiente para el particular que se concierta con el funcionario público en el marco de una contratación estatal. Sostenemos esta necesidad en la medida que no compartimos el actual tratamiento que se le da al extraneus en el delito de colusión, debido a que dogmáticamente su conducta no puede ser considerada como accesoria y por ende limitarse a un supuesto de participación. El presente trabajo académico propone regular el tipo penal de colusión activo, donde se establezca autoría de este delito para el extraneus que se coluda con el funcionario público en el marco de la contratación estatal. El primer problema jurídico identificado en el presente trabajo es el considerar al delito de colusión como un delito de participación necesaria, lo que en la práctica puede generar impunidad o sentencias sin fundamento jurídico. Mencionamos ello porque en muchas ocasiones existen problemas por parte de la fiscalía para identificar a la persona concreta dentro de la persona jurídica con la cual se habría coludido el funcionario público. Ello lleva a que no se pueda aplicar el delito de colusión y se opta de manera subsidiaria por el delito de negociación incompatible, que claramente tiene una pena mucho menor al delito de colusión. Así mismo, encontramos que la pena que se le impone actualmente al extraneus en el delito de colusión. Mencionamos ello, porque al tratárselo como cómplice primario, el artículo 26 del código penal, establece que le corresponde la misma pena que al autor. En nuestra opinión ello es equivocado, porque no se le puede imponer la misma sanción al particular que no tiene deberes para con el estado, y al funcionario que sí tiene estos deberes especiales. Se estaría vulnerando claramente el principio de proporcionalidad, sobre todo si reparamos en que estamos ante un delito de infracción de deber.

El presente estudio plantea la necesidad de conocer cual es el nivel de desarrollo de las compensaciones totales que perciben los directivos de los organismos públicos obtenidos como muestra, para poder analizarlas y evaluar su nivel de desarrollo frente a los modelos propuestos para la Región. La aproximación de la investigación se realiza mediante el estudio de caso de los directivos de 10 organismos públicos y para poder responder a estas demandas se han seleccionado dos métodos: el primero, es una propuesta de clasificación de las compensaciones totales aplicada al caso peruano basada en la teoría de los autores Longo, Armstrong y Mukerjee, y en el marco normativo peruano referido a las compensaciones. Esto busca dar a conocer con mayor detalle la estructura real de las compensaciones totales de los directivos de las áreas de apoyo de las entidades seleccionadas. El segundo, es una metodología propuesta por Francisco Longo en el 2002 para evaluar los Subsistemas de Gestión de Recursos Humanos, dentro de los cuales está incluido el Subsistema de la Gestión de la Compensación. Una versión calibrada de éste modelo de evaluación consta de 4 puntos críticos que permiten determinar el estado de la Gestión de la Compensación de un conjunto de entidades analizadas. La aplicación de este método a las entidades estudiadas permitirá conocer el grado de desarrollo de la gestión de la compensación de las mismas, a través de la evaluación en una escala del 0 al 5. Finalmente, como resultado de la aplicación de la propuesta de clasificación de las compensaciones totales y de la evaluación de las entidades con la metodología propuesta por Longo se presentan conclusiones y se brindan algunas recomendaciones respecto a los espacios de mejora que fueron identificados a lo largo de la presente investigación en materia de Gestion de la Compensacion.

El presente trabajo académico analiza la relevancia del control difuso en sede administrativa, también conocido como control difuso administrativo. Para ello, en principio, se desarrolla lo señalado por la doctrina sobre el tema; así, se observa que existe un sector que se encuentra de acuerdo con la aplicación del control difuso por parte de los tribunales administrativos, invocando para ello la supremacía constitucional, no obstante, existe otro sector doctrinario que se apone a su ejecución fundamentado su posición en el principio de separación de poderes. Posteriormente, se analiza el cambio jurisprudencial que ha tenido el máximo intérprete de nuestra Constitución Política a lo largo de los años, haciendo un énfasis en la sentencia que permitió la aplicación del control difuso administrativo y la que posteriormente la dejó sin efecto, para ello se determina el concepto del precedente vinculante y de la figura del overruling. Finalmente, se desarrolla la contribución del control difuso en sede administrativa en la Buena Administración, y como debe entenderse el principio de legalidad en el marco del cambio de tipo de Estado que ha tenido nuestro país, esto es el paso de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho

Este trabajo se propone demostrar que la programación multianual de inversión pública es un instrumento con enorme potencial para mejorar la eficiencia del gasto público en inversiones. Su correcta aplicación está vinculada a una adecuada interconexión con los otros Sistemas Administrativos Transversales del Estado (SATs), y de un horizonte suficiente para poder actuar de manera previsora y ser efectivos en la identificación de los proyectos de inversión, así como en su formulación, evaluación, ejecución y puesta en funcionamiento. Si bien se entiende que la tarea es compleja, el informe demuestra que es posible llevar adelante una programación de inversiones de mejor calidad y cobertura para la eficiencia y logros de desarrollo económico y social. Las técnicas sugeridas son sencillas, pero no por ello carentes de fortaleza en el ejercicio de previsión, identificación de prioridades y propuestas de asignación y ejecución del presupuesto asignado. Los instrumentos son aplicables a todos los sectores y niveles de gobierno, y sus complejidades técnicas se encuentran al alcance de cualquier profesional. El Perú es el único país que maneja un instrumento específico para la programación de inversiones. En otros países esta programación se hace dentro de su proceso de planeamiento, tema que recibe otro tratamiento en este país. En ese sentido, se utiliza el planeamiento como una fuente de consolidación de prioridades, pero no alcanza el objetivo de programar inversiones. Este hecho que parece el producto de una carencia, ha sido propiciador de una oportunidad. La programación de proyectos demanda vinculaciones con presupuesto que habrían sido casi imposibles sólo con planeamiento, pero al estar en el Ministerio de Economía y Finanzas, la programación tiene enorme espacio de coordinación para lograr un presupuesto de inversiones ajustado a la visión multianual de la cartera de proyectos. En el informe se señalan espacios para mejorar la metodología actualmente aplicada, lo cual supone una contribución para continuar la mejora de la utilización de este instrumento

El desarrollo de la presente tesis se encuentra orientada a analizar el escenario de las contrataciones públicas, respecto a la implementación de una política de centralización de las mismas en el Perú, para tal efecto es necesario fijar dos (2) puntos bases desde los cuales se realizará el análisis de la presente tesis. Así, tenemos: i) Concepto de centralización de la compra, es decir, realizar las adquisiciones y contrataciones del Estado a nivel de una sola autoridad, en un solo procedimiento de selección con el objetivo de satisfacer las necesidades de más de una entidad, bajo la unidad de un requerimiento. ii) Determinar estrategias de contratación para facilitar la gestión de las contrataciones que realicen las entidades públicas; el desarrollo dichas estrategias deben tener en consideración el tipo de producto que contrata el Estado y estar a cargo de una central de compras. Teniendo en consideración estas dos (2) premisas es que se analizan los problemas que tienen las entidades en la gestión de sus contrataciones; problemas que son comunes en toda entidad pública, independientemente del nivel de gobierno. Estos problemas, que son enumerados en el Capítulo II (inconveniente con el requerimiento, contrataciones inoportunas, elevados costos, corrupción y colusión), son el insumo que permite justificar la necesidad de implementar una política de centralización, siendo que será a través de ella que se mitigarán los efectos negativos de aquellos problemas. Así, la tesis seguirá desarrollando cuáles son las ventajas (homologación del requerimiento, reducción de costos directos e indirectos en las contrataciones, obtención de mecanismos para luchar contra la corrupción) y desventajas (concentración de poder en un solo organismo, inviabilidad para describir el requerimiento, trabas y costos burocráticos, intervención política) de la centralización de las compras, analizará cada una de ellas, concluyendo que haciendo un balance entre ambas, las ventajas presentadas ayudan a resolver problemas objetivos de la compra pública, por el contrario las desventajas refieren a factores subjetivos por falta de capacidades o especialización de funcionarios o mal manejo en la gestión pública en general. Bajo este esquema se continuará explicando cómo es la centralización en el Perú, se desarrolla sus antecedentes con la Unidad de Compras Corporativas hasta la creación de una Central de Compras, explicando cómo se encuentra hoy organizada, sus funciones principales y su campo de acción. Finalmente, teniendo en cuenta el funcionamiento de la Central de Compras en el Perú se ha elaborado un análisis de las actividades realizadas y el impacto en el sector que éstas han tenido, así con las expectativas que se generan en los próximos años. DESARROLLO DE DESCRIPTORES A continuación se definirán las palabras claves que contienen la presente tesis: i) Acuerdo Marco: forma de centralización mediante el cual se realizan contrataciones a través de una tienda virtual. ii) Centralización: estrategias para optimizar la gestión de las contrataciones del Estado desarrollada por una sola autoridad. iii) Compras corporativas: forma de centralización mediante la cual con una sola contratación se puede satisfacer la necesidad de varias Entidades públicas. iv) Contratación Pública: se refiere a la acciones desarrolladas por las diferentes Entidades del Estado para realizar las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios u obras con las que se satisface la necesidad publica, a fin del cumplimiento de sus objetivos, bajo el ámbito de una ley específica de la materia. v) Eficiencia y Eficacia: satisfacción oportuna de la necesidad del Estado. vi) Estandarización: uniformización de las características técnicas de los productos que puede adquirir o contratar el Estado. vii) PERU COMPRAS: Entidad del Estado Peruano especializada y encargada de la centralización, llamada Central de Compras. viii) Política Pública: se define como el conjunto estrategias la intervención del Estado para poder resolver problemas públicos.

El procedimiento administrativo cuenta con una serie de principios que guían su adecuado funcionamiento. Uno de estos principios será el Principio de Confianza Legítima, el cual tiene como finalidad proteger las expectativas legítimas de los administrados, así como la estabilidad del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en los últimos años, Indecopi ha emitido algunos conocidos pronunciamientos sobre productos industrializados que no están cumpliendo con dicho principio. Entonces, cabe preguntarnos ¿A qué se debe la falta de aplicación de este principio? ¿Podría existir alguna alternativa de solución?, ello teniendo en consideración que este principio tiene como base la seguridad jurídica, la cual es una garantía para el correcto funcionamiento del mercado. Para encontrar una respuesta a este cuestionamiento, en la presente investigación, a través de un análisis a fondo de la normativa vigente, así como de la doctrina relacionada a la materia se podrá demostrar finalmente que, - en muchas ocasiones - los administrados pueden ser inducidos a error por la propia Administración Pública y la aplicación del Principio de Confianza Legítima es de suma importancia para evitar que se produzca un impacto negativo en la elección y expectativa de los consumidores respecto a los productos, así como en el propio desenvolvimiento del mercado. / The administrative procedure has a series of principles that guide their own operation. One of these principles will be the Principle of Legitimate Expectations, which will have the purpose of protect the legitimate expectations of the administrators as well as the stability of the legal system. However, in recent years, Indecopi has released some wellknown decisions about industrialized products in which it is possible to see the evidence non-application of this principle. Considering this situation, it is appropiate asking ourselves why is this principle not being applied? Could there be any alternative of solution? especially, taking into consideration that this principle will be based on legal security which is a guarantee for the correct functioning of the system. In order to find an answer to this issue, in this research, through a exhaustive analysis of the current laws, as well as the analysis of the doctrine related to the matter; The objective of this article will be to demonstrate that in many occasions the individuals are induced to make mistakes by the Public Administration and the application of the Principle of Legitimate Expectations would have great importance, otherwise, this could have a negative impact on the election and expectations of consumers regarding the products, as well as on the development of the system.

La autora realiza un análisis crítico a la actividad administrativa de fiscalización ejercida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debido a la reincidencia en la comisión de infracciones por parte de los usuarios de transporte; ante tal escenario, desde un enfoque de regulación responsiva, desarrolla dos nuevas estrategias para lograr el cumplimiento de las normas para la prevención del COVID19 en la prestación del servicio de transporte terrestre: la aplicación de una pirámide de cumplimiento y el nudging. / The author realizes a critic analysis of the administrative activity of inspection in charge of Urban Transport Authority of Lima and Callao (UTA), due to the relapse of the infringements by the transport users; in this context, since an approach of responsive regulation, develops two (2) new strategies in order to fulfill the prevention rules for the COVID-19 in the provision of the terrestrial transport service: the application of a compliance pyramid and the nudging.

Es común encontrar en las calles adyacentes a los locales de las comisarías de la División Territorial Centro 2 de la Región Policial Lima, numerosos vehículos estacionados y abandonados a cargo y custodiados por la Policía Nacional del Perú. Los vehículos llegan hasta las comisarías por disposición del Poder Judicial y el Ministerio Público, generando obstaculización del tránsito peatonal y vehicular, por ende, la incomodidad del vecindario. Ante tal situación, se hace necesario considerar una política pública que solucione el problema y en esa línea nos preguntamos ¿Cómo se realiza la gestión del patrimonio vehicular proveniente de la custodia dispuesto por el Poder Judicial y Ministerio Público a las comisarías de la DIVTER Centro 2 de la REGPOL Lima durante los años 2014 – 2016? nos interesa conocer la forma en la que se realiza dicha gestión y cómo repercute en las labores que desempeña la policía. Investigar la gestión del patrimonio vehicular nos permite a su vez describir su expresión política y su repercusión en el prestigio institucional de la policía. Teniendo en consideración que ocuparse del cuidado de los vehículos que les son entregados para ser custodiados no les permite cumplir sus otras funciones, como la de combatir el delito en todas sus modalidades. Finalmente, la investigación es importante porque aporta a la literatura académica que investiga sobre los conflictos gubernamentales y la coordinación en las instancias policiales. Lo que, a su vez, permite entender la respuesta de la institución policial ante un problema que se mantiene en el tiempo. Para lograr los objetivos planteados, se ha empleado una metodología cualitativa, donde se han realizado un conjunto de entrevistas y la búsqueda y análisis de fuentes secundarías. Por último, la experiencia del autor fue fundamental para comprender la complejidad del fenómeno analizado.

En el presente trabajo se exponen los argumentos jurídicos que sirven de base para permitir la introducción paulatina de directrices para el otorgamiento de subvenciones de viudez a las parejas del mismo sexo, en virtud a la promoción de la actividad de fomento, como marco de una ayuda hacia personas en estado de necesidad que cumplan con ciertos requisitos que hagan posible su regulación. Dichas personas podrían ser consideradas beneficiarias dada la naturaleza igualitaria que deben tener los administrados. Para solucionar dicha problemática planteamos como objetivo principal otorgar subvenciones a las parejas del mismo sexo por el fallecimiento del conviviente en el marco de la actividad de fomento del Estado. Esta investigación encuentra su justificación porque actualmente a las parejas del mismo sexo les es denegado el acceso a beneficios de índole económico y social, como heredar o tener acceso a un seguro social, sin considerarse el núcleo duro del derecho a la pensión en su vertiente de acceso y no ser privado de ella bajo medidas de discriminación, más aún cuando existe la protección de los derechos humanos de todas las personas, en concordancia con los Tratados Internacionales de los que el Perú es miembro, resultando factible que a través de medidas benéficas se pueda priorizar su atención por parte del Estado, a fin de satisfacer una necesidad de interés general. La autora en el devenir de la investigación plantea una sucinta introducción, seguida del marco jurídico extranjero donde se regula el acceso a pensiones de viudez/viudedad a personas del mismo sexo, bajo los parámetros de una normativa establecida, en comparación a nuestro marco nacional que únicamente contiene peticiones administrativas a parejas heterosexuales, que en algunos casos resulta procedente y en otros no, en virtud a los cumplimientos de la normativa. Con este estudio se sostiene la posibilidad de otorgar una subvención a las parejas del mismo sexo que pierden a su conviviente, dado que bajo la inexistencia de marco normativo no pueden gozar de una pensión, pero como dicha situación involucra a una parte de la sociedad se convierte en un problema de interés público que debe ser atendida por el Estado, con el otorgamiento de ayudas –denomínese beneficios -en el marco del respeto al principio de legalidad. Luego de realizado el análisis, desarrollaremos nuestra hipótesis con el abordaje de la legislación comparada de algunos países y en el marco que se le otorga a la promoción de la actividad de fomento en nuestro país. En España, por ejemplo, se promociona una cultura de expansión de pensamiento e inclusión por parte de las autoridades estatales de la citada actividad, a fin de no restringir de modo alguno los derechos de una persona, a partir de su orientación sexual. Finalmente, presentamos nuestras conclusiones, siendo una de las principales que, ante la doctrina comparada existente en favor del otorgamiento de pensiones a parejas del mismo sexo y el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación, el Estado peruano podría enfocar dicha problemática como un rol que solamente ejercería la Administración Pública en aras de su papel como protector de la ciudadanía, logrando que el fomento a través de la entrega dineraria (subvención) pueda ser el mecanismo que coadyuve a enfrentar el estado de necesidad en el que se puedan encontrar dichas personas y por otro lado, se logra la satisfacción de un interés particular (del beneficiado) y de un colectivo (el universo de parejas del mismo sexo en dicha situación), logrando un impacto positivo y resultados favorables para regular esta situación que a la fecha carece de normativa.

Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.