Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una rama del Derecho que debe ir progresando de la mano con la evolución social es el Derecho del Trabajo, debido al objeto que regula y al número de relaciones que caen bajo esta rama jurídica. De manera general, son pocas las personas que a lo largo de su vida, como empresario o trabajador, no conciertan alguna relación laboral, y han de realizar, en consecuencia, las prestaciones y contraprestaciones a tal relación ligada. Por esto mismo, es importantísimo el número de sujetos a quienes afecta. Para el trabajador, el resto del Derecho adquiere una importancia, no diremos secundaria, sino ocasional, pues mientras aparece como sujeto de determinadas relaciones jurídicas solamente en ciertas ocasiones, en cambio, es protagonista - sujeto - de relaciones laborales en todo momento. De partida, el concepto de “contenido ético-jurídico del contrato de trabajo” ha sido poco desarrollado por nuestra doctrina nacional, quizás por su poco orden en el tratamiento positivo, lo cual no quiere significar su inexistencia, sino que más bien su poca consideración. Y si el tratamiento de este contenido del contrato de trabajo ha sido exiguo, podemos decir que su protección ante los delitos que lo acechan ha sido casi nula. Así las cosas, el objetivo de este trabajo es hacer una exposición de la situación actual de la protección penal a las actividades que emanan de la relación jurídica laboral, también de la evolución que esta ha experimentado en la historia de nuestro ordenamiento positivo y cómo se ha abordado este tema en el derecho comparado. Finalmente, explicaremos las razones por las que creemos que es necesario poseer un Derecho Penal del Trabajo acorde con la actualidad nacional, y más precisamente, que atienda a la protección penal que se le debe dar al contenido ético-jurídico del contrato de trabajo, elemento tantas veces olvidado por nuestros juristas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende realizar un examen pormenorizado del contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, analizando las diversas situaciones que pueden desarrollarse con ocasión de esta relación contractual. Para tales efectos, se considerará no sólo la regulación contenida en la Ley N° 18.101 (en su versión modificada por la Ley N° 19.866), sino también la extensa normativa contenida en el Código Civil. Recurriendo a la normativa general y a los principios que informan el Derecho de los Contratos, así como a las características propias de esta institución, esta investigación pretende realizar un exhaustivo análisis del contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos en el Derecho Chileno. Con la finalidad de desarrollar este objetivo de la manera más precisa posible, el presente trabajo se divide de la siguiente manera: en el Capítulo I se realizará una descripción del contrato de arrendamiento, poniendo especial énfasis en su finalidad económica; por su parte, en el Capítulo II se analizará la evolución de la legislación sobre la materia, destacando la orientación de mercado presente en la actual regulación; finalmente, el Capítulo III desarrolla propiamente la formación y efectos de esta relación contractual, poniendo un especial énfasis en la identificación de las posibles problemáticas relacionadas con la aplicación de la normativa y el desarrollo de soluciones a éstas. Precisamente, será este el rasgo que permite definir la orientación del presente trabajo, el cual pretende antes que nada proporcionar guías para la correcta aplicación práctica de la normativa legal, considerando siempre las consecuencias económicas de la solución adoptada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El término "capital" admite diversas acepciones. Algunas están relacionadas directa o indirectamente con valores que fi-guran en cuentas del activo de los estados financieros; en tanto que otras corresponden, contablemente, a cuentas del pasivo. El capital social es un concepto jurídico-contable, que expresa en términos monetarios el valor de los bienes que consti-tuyen el aporte de los socios o accionistas al fondo social. El trabajo de alguno de los socios no puede ser objeto de un aporte avaluado en dinero. Capital y trabajo son categorías diferentes. El capital social es una cantidad o cifra matemática; por lo tanto, no es un bien u objeto de derecho susceptible de apropiación. En las sociedades anónimas puede estar en tres estados, que no son alternativos: nominal, suscrito y pagado. El capital nominal de las sociedades anónimas se divide en partes alícuotas denominadas acciones, que representan una cuota de participación en el patrimonio de la compañía. Al momento de su emisión, las acciones son cosas genéricas; sin embargo, el régimen de inscripción al que están sometidas permite atribuirles cierta determinación. Su incorporación al Registro de Accionistas hace oponible frente a la compañía y a terceros el derecho de su titular, quien inicia con ello el poder de hecho sobre cosas determinadas a que se refiere el artículo 700 del Código Civil. Su titular será poseedor de cosas incorporales, y si no adquirió el dominio de ellas por tradición, podrá adquirirlo por prescripción. Sobre ellas pueden constituirse, además, otros derechos reales distintos del dominio. El capital social no experimenta aumentos ni disminuciones como consecuenca de las utilidades o de las pérdidas de la sociedad. Estas sólo alteran la cuenta de capital propio o patrimonio financiero, la cual puede arrojar como resultado una cantidad positiva o negativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En esta tesis se intentará dar una visión general a la situación que enfrenta la televisión por cable en el país en cuanto al tema de la censura. Creemos que este trabajo se hace necesario pues el tema no ha dejado de estar presente, con más o menos fuerza, en el debate nacional de la última década y no se han elaborado obras que traten en profundidad el problema. Por esto último es que esta memoria estará obligadamente revestida del carácter de “objetiva” ya que, como lo dijimos, no existen libros o tesis sobre la censura en la televisión por cable y la mayoría de las interpretaciones de las leyes, e incluso algunas clasificaciones y definiciones son originales de los autores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo consta de tres capítulos y un anexo, ellos se presentan de modo tal que en el primer capítulo, precedido de una breve reseña histórica de la evolución que esta materia ha seguido en nuestro ordenamiento jurídico, se analiza el marco conceptual que sirve de sustento a la normativa en estudio revisando así la noción de maternidad, el bien jurídico protegido, los aspectos constitucionales que dicen relación con la protección de la maternidad, el ámbito de aplicación de dichas normas, así como la renunciabilidad de éstas por parte de la trabajadora o trabajador beneficiario; del mismo modo se analiza la aplicación de las normas básicas de protección a la maternidad en el derecho comparado permitiendo de esta forma tener una visión del estado en que nuestro derecho se encuentra en relación con otros países; de igual forma en el primer capítulo se hace un análisis de la normativa que, emanada de tratados e instituciones internacionales, ha ido fijando pautas a los diversos Estados; En el Capítulo segundo de este trabajo se analizan los principales derechos que emanan de las normas de protección a la maternidad a la luz de la jurisprudencia judicial y administrativa, esta última fundamentalmente emanada de la Dirección del Trabajo a través de su facultad de interpretar la legislación laboral y emitir dictámenes de carácter obligatorios y en algunos casos ilustrando también opiniones de otros organismos públicos como la Contraloría General de la República. El Capítulo Tercero se ha reservado para dar una visión respecto de cómo se hace efectiva la fiscalización de las normas materia de este trabajo así como de las consecuencias de su infracción. Por último consideré conveniente incluir un anexo donde se han recopilado las normas emanadas de la Organización Internacional del Trabajo ( O.I.T.) las cuales dan cuenta de los avances logrados desde aquella primera etapa marcada por el Convenio Nº3 de 1919 hasta el Convenio 183 recientemente propuesto en Junio del año 2000.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria de prueba que a continuación se presenta, analiza la securitización de activos, entendida como la operación financiera compuesta de diversos actos jurídicos, unidos para un fin económico determinado, que por regla general es la obtención de recursos líquidos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todos mirábamos impresionados las imágenes casi oníricas que transmitía la televisión aquel día 11 de septiembre del 2001. Casi sin poder creerlo nos enfrentábamos, nuevamente, al terrorismo internacional, nos enfrentábamos nuevamente a la muerte indiscriminada de personas. Se habló del “regreso del terrorismo”, pero en realidad éste nunca había estado en retirada. Porque como puede comprenderse, la calificación de un acto como terrorista dependerá del prisma con que se mire. Si ya es de suyo complejo catalogar un acto como terrorista bajo premisas relativamente uniformes, lo es aún más establecer los criterios de responsabilidad penal de los jefes de estas organizaciones. Es, precisamente, este el objeto al cual se avoca la presente investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A contar del 1 de julio de 2005 comenzó a regir la Ley 1966, también denominada AUGE, que establece un sistema de acceso universal con garantías explícitas en materia de salud, el cual contempla los mecanismos legales necesarios para establecer e implementar el "Régimen de Garantías en Salud" que, en síntesis, implica dotar al Ministerio de Salud de las atribuciones necesarias para definir un conjunto priorizado de enfermedades y condiciones de salud y las garantías explícitas que tendrán las prestaciones de salud asociadas a ellas. La reforma al sistema de salud, importa un enorme desafío para el Estado, por el que garantiza a todos los usuarios tanto del sistema público como privado de salud, el acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera en esta materia. En la práctica, es posible advertir que los recursos públicos son insuficientes para dar cobertura a las garantías establecidas por la ley, por tanto, se hace necesario buscar alternativas dentro de la propia legislación vigente, que permitan al Estado dar cumplimiento a las obligaciones que ha contraído con ocasión de la reforma al sistema de salud. En razón de ello, la presente memoria de licenciatura, tiene por objeto determinar la factibilidad jurídica de la actuación de particulares en la prestación de acciones de salud dentro del sistema estatal, como uno de los posibles mecanismos que posibiliten el cumplimiento de los fines que el legislador ha tenido en mente al elaborar la reforma al sistema de salud, mediante la explotación de la capacidad hospitalaria pública actualmente existente, lo que importa un mayor aprovechamiento de los recursos fiscales y en definitiva una opción eficiente y menos onerosa de dar real y efectivo cumplimiento a las garantías establecidas en la ley. A través del análisis de la normativa vigente en materia de seguridad social y las reformas introducidas a esta normativa a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1996, daremos por establecida la factibilidad jurídica de la incorporación de privados en la prestación de acciones de salud, algo que estaba reservado exclusivamente a los órganos estatales dependientes del Ministerio de Salud.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde hace algunas décadas vemos que en la vida social y económica de los distintos países ha adquirido enorme relevancia el fenómeno deportivo, de la mano de un aumento de su popularidad, de las consecuencias positivas que genera desde variados puntos de vista –culturales, sanitarios, sociales, comerciales, etc.- y de su consideración como un derecho al que deben tener acceso todas las personas que deseen incursionar en él, sea profesionalmente o como actividad meramente recreativa. El deporte, por ello, ha dejado de ser visto con una mirada abstencionista o que lo relega a una cuestión puramente privada, dependiente por entero de la voluntad y acción de sus cultores o aficionados. De acuerdo con lo anterior, el derecho no ha podido quedar indiferente a tal realidad y ha reaccionado en consecuencia, generándose una serie de normas que hasta antes de tal fenómeno eran desconocidas, y que han provocado el nacimiento de una nueva institucionalidad y regulación, al punto de reconocerse la existencia de un Derecho Deportivo o del Deporte, dentro del cual se enmarca el trabajo que presentamos a continuación. Como disciplina nueva, él demanda un tratamiento y preocupación que ya ha comenzado a ocupar a quienes hemos optado por las ciencias jurídicas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo realiza un análisis crítico al objeto social único o exclusivo de las empresas de servicios públicos. Para ello analizamos en cada industria: telecomunicaciones, gas, electricidad y servicios sanitarios, en qué consiste dicha restricción, las circunstancias sociales, políticas, económicas y jurídicas bajo las cuales fueron impuestas y cuáles son sus fundamentos. Luego ponemos sobre el tapete los nuevos negocios realizados por dichas empresas, que pueden o no estar circunscritos dentro del giro social determinado por ley, para luego exponer cuales son los riesgos y beneficios que conlleva la ampliación del objeto social. Por último, exponemos los resguardos existentes en las diferentes leyes sectoriales para impedir, aminorar o sancionar los posibles efectos negativos que dicha práctica conlleva, concluyendo finalmente si se justifican dichas limitaciones o bien existen otras formas de obtener los mismos objetivos.