En nuestro sistema jurídico imperante, como en todo sistema jurídico real, pugnan el sentido axiomático, la sujeción a las normas y principios fundamentales; y, el sentido fáctico, que las normas cumplan la finalidad para la cual han sido creadas. En ningún otro instituto procesal, como en la recusación en materia penal adquiere más evidencia este conflicto. La recusación en el orden penal cuya finalidad es el asegurar que un juez libre de intereses defina en el fondo y en sus incidentes la imputación particular o social que ha recaído sobre un ser humano amenazando su libertad, trasciende en su significado el propio subsistema penal y se incardina en las profundas raíces de la dogmática constitucional de las que surgen las garantías procesales, que deben ser entendidas siguiendo la alteridad del derecho, como derechos intrínsecos del procesado como también de la víctima y del Estado( representado por el Ministerio Público) en su Función de hacer manifiesta la función preventiva general de la norma penal. En particular en Bolivia, éste instituto, reseñado jurídicamente por los artículos 316 y 320 del Adjetivo Penal Ordinario, ha sido trastocado de su finalidad, por la cultura jurídica peculiar, que lo ha convertido en una práctica dilatoria, que dificulta el funcionamiento del órgano judicial en su principal función, además de generar un enorme perjuicio a los actores procesales. La contemplación del anterior problema, ha motivado esta tesis, que se concentra en la identificación científica de la situación descrita, su interpretación jurídica- fáctica y la proposición de reformas normativas que tiendan a enfrentarla, bajo el sometimiento a un extenso marco teórico y de referencia histórica de la evolución de esta institución procesal, que por si solo tiene relevancia de ilustración, y las posibilidades de cambio normativo que nos dota la Constitución Política recientemente aprobada.

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proyecto de Repertorio al Código Penal y sus Leyes Complementarias dependiente del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en adelante simplemente “Repertorio”, nace a partir de la necesidad de dar una debida actualización, sistematización, complementación y revisión al Repertorio existente, cuya última actualización data del año 1995, en tanto este constituye una importante herramienta para la interpretación y aplicación de las leyes, siendo de gran utilidad para el ejercicio de la profesión legal y el análisis crítico de las normas penales. Así, lo que se busca con la revisión de la jurisprudencia, especialmente de nuestros más altos tribunales, es una correcta actualización de las discusiones legales que se dan en el día a día y su evolución, con el fin de contribuir al debate legal y enriquecer las controversias que ocurren en sede judicial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto evaluar críticamente la regulación de los delitos contra la Administración de Justicia y proponer mejoras en su regulación vigente, así como respecto de su tratamiento en el Anteproyecto de Códig.o Penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La Ley 19.617, publicada en el Diario Oficial del día 12 de julio de 1999, introdujo una serie de modificaciones al Código Penal, primordialmente, en varios de los delitos regulados en el Título VII del Libro II. Se trata del más importante cambio hecho al tradicional esquema de estos delitos. Esta verdadera readecuación sistémica se traduce en lo que toca a la antigua figura del abuso deshonesto, en particular, en una importante reforma que -además de otorgarle una nueva denominación, abuso sexual- viene a hacer una significativa reestructuración en su formulación típica, con lo que adquiere una nueva fisonomía. El anterior artículo 366 del Código Penal plasmaba la aludida figura en una fórmula poco feliz, dotada de una gran ambiguedad por su defectuosa construcción, que acarreaba enormes dificultades en su interpretación haciendo dificil captar el correcto significado de la norma, dando cuenta de una absoluta falta de precisión de la acción típica y de los medios comisivos a emplear para su perpetración, dejando solamente en claro, en definitiva, la enorme vaguedad conceptual que ofrecía la aludida disposición. La ley 19.617 hace un valioso esfuerzo por superar este cuadro de cosas con el determinado propósito de delinear nítidamente el objeto de prohibición, con miras a un mayor apego al principio de la taxatividad, lo que se traduce en el intento por precisar los contornos de la conducta punible y las circunstancias en que tiene cabida su comisión. En las páginas que siguen se verán las técnicas legislativas que emplea la reforma para el logro de tales objetivos, se tratará de hacer una contribución a la tarea de asentar el sentido y el alcance que ha de darse a las normas de la nueva ley en materia de abuso sexual, y cuál es la orientación que tienen, desde el punto de vista del bien jurídico a tutelar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proyecto de análisis de jurisprudencia, del Departamento de Ciencias Penales, nace a partir de la necesidad de dar una debida actualización y complementación al Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal y sus Leyes Complementarias, en tanto éste constituye una importante herramienta para la interpretación y aplicación de las leyes, siendo de gran utilidad para el ejercicio de la profesión legal y el análisis crítico de las normas. Así, lo que se busca con la revisión de jurisprudencia es una correcta actualización de las discusiones legales que se dan en nuestros tribunales de justicia con el fin de contribuir al debate legal y enriquecer las controversias que ocurren en sede judicial. Con ello, se tiene una visión amplia del devenir jurídico en el siglo XXI, considerando aquellas controversias de importancia en cuanto a la trascendencia de la sanción, el efecto de las modificaciones legales sufridas por un gran número de artículos del Código Penal, así como la aplicación práctica de una serie de normas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las rupturas familiares de la modernidad y las posteriores desapariciones de niños (ya sea dentro o fuera del país) en manos de alguno de sus progenitores, aparece como un problema propio de nuestros tiempos, reflotando una de las viejas discusiones que se han dado en el delito de sustracción de menores respecto de la determinación del sujeto activo. Teniendo en cuenta las diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales, así como también la evolución del artículo 142 del Código Penal, habría que diferenciar entre la solución dada para el caso de los guardadores y de los progenitores. Tratándose de los guardadores, no sería aplicable la referida norma, por encontrarse regulada una figura especial en el artículo 355 del Código Penal y que sería plenamente aplicable a los mismos. Sin embargo, tratándose de los progenitores, sería posible que en ciertos casos les sea aplicable el artículo 142 por ser un tipo penal abierto en cuando al sujeto activo, eso sí, habría que efectuar una serie de distinciones partiendo siempre de la base de encontrarnos en situaciones de crisis familiar, ya que de lo contrario el menor se encontraría irrefutablemente en la esfera de protección de sus padres y no resultaría afectado el bien jurídico protegido por la norma

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En la primera parte de este trabajo efectuamos un estudio general acerca de los delitos contra la salud pública, centrándonos específicamente en el análisis dogmático del tipo penal del artículo 313 d del Código Penal Chileno, que regula el delito por fabricación o expendio de sustancias medicinales deterioradas o adulteradas, peligrosas para la salud, por su nocividad o menoscabo de sus propiedades curativas, en relación con el tipo penal del artículo 317 del mismo cuerpo jurídico, que establece una agravación de la pena cuando como consecuencia de la conducta anterior se hubiere producido la muerte o enfermedad grave de alguna persona. Posteriormente en la segunda parte, observamos un importante caso de la jurisprudencia nacional, conocido popularmente “como el caso ADN Nutricomp”, en donde analizamos la aplicación concreta de los tipos penales en estudio, y apreciamos los problemas de causalidad que traen aparejados, comparando la respuesta que se ha dado respecto de este fallo, con dos casos de la jurisprudencia alemana y española, conocidos como el “caso Contergan” y el “caso Aceite de Colza”, para finalmente reflexionar respecto a lo que consideramos nosotros es la solución adecuada del caso

Das Leben gilt als das höchste geschützte Rechtsgut, ohne das andere Rechtsgüter gar nicht erst wahrgenommen werden können. Es wird sowohl auf internationaler Ebene wie auch auf nationaler Ebene geschützt. Der Schutz des Lebens und die Ahndung von Straftaten gegen das Leben gehören wohl zu den ältesten Errungenschaften menschlicher Gesellschaften. Dabei wird das Leben nicht erst in kodifizierten Strafgesetzbüchern geschützt. Auch bei Religionsgemeinschaften kann der Wert des Lebens und dessen Unantastbarkeit in Normen und Anweisungen verankert sein. So alt wie das Leben selbst, sind wohl auch Straftaten gegen das Leben. So findet sich die Beschreibung einer der ersten Morde der jüdisch-christlichen Geschichte in der Bibel, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Im Umgang mit Straftaten gegen das Leben haben unterschiedliche Rechtsordnungen unterschiedliche Rechtslösungen hervorgebracht, in denen sich deutlich die jeweilige Werteordnung widerspiegelt: Denn Leben ist nicht immer gleich Leben. Unterschiedliche Rechtsordnungen definieren den Beginn und das Ende des Lebens unterschiedlich. Auch ist weibliches Leben nicht gleich männliches Leben, was sich in der unterschiedlichen Bewertung der Tötung einer Frau zeigt. Kaum andere Straftaten werden so kontrovers und medial präsent diskutiert wie Mord und Totschlag, Schwangerschaftsabbruch, Suizid und Sterbehilfe. Dabei soll es ein Ziel dieser Arbeit sein, herauszufinden, welche Unterschiede in der Auffassung über das Leben und dessen Schutz in den Rechtsordnungen Spaniens und Deutschlands vorhanden sind. Diese Arbeit befasst sich nicht mit internationalem, sondern mit nationalem Strafrecht. Generell scheint sich der Bedarf an Rechtsterminologie eher auf das Zivilrecht zu beschränken (vgl. Mayer 1998/1999), jedoch ist auch ein Bedarf an Rechtsterminologie für die Übersetzung von Strafrecht nicht nur im Rahmen einer immer stärkeren Harmonisierung und Internationalisierung des Rechts vorhanden. Die Übersetzung nationalen Strafrechts kann im Rahmen der Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten globalisierter Lebenswelten von Individuen von Bedeutung sein. So ist es z.B. Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen von EU-Mitgliedsstaaten erlaubt, ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der EU frei zu wählen, womit nationale Rechtsordnungen über die der eigenen Staatsangehörigkeit hinaus relevant werden. Verglichen werden in dieser Arbeit die Rechtsordnungen Spaniens und Deutschlands, beide Teile des Civil Law, weswegen gewisse Ähnlichkeiten der Rechtsbegriffe und der rechtlichen Lösungen anzunehmen sind. Interessant wäre, wenn weitere Vergleiche mit anderen Rechtsordnungen folgen würden. Dies gilt besonders für spanischsprachige Rechtsordnungen in Lateinamerika. Zu untersuchen wäre, inwieweit die Rechtsterminologie und die rechtlichen Lösungen übereinstimmen, was eventuell auf die Übernahme von oder Beeinflussung durch deutsches oder spanisches Strafrecht schließen lassen könnte. Auch für Übersetzende im Bereich des Rechts scheinen solche vergleichende Arbeiten nützlich. Zielsetzung der Arbeit ist die Erstellung einer zweisprachigen Terminologiedatenbank, die für einen möglichst breiten Personenkreis funktional sein soll. Erstrebt wird eine Darstellung, die es Personen ermöglicht, je nach Notwendigkeit, unterschiedlich tief in die Materie vorzudringen. Die in dieser Arbeit untersuchte juristische Terminologie stammt aus den aktuell gültigen Rechtsordnungen Spaniens und Deutschlands. Rechtssprachen sind demnach Spanisch als Rechtssprache der Rechtsordnung Spaniens und Deutsch als Rechtssprache der Rechtsordnung Deutschlands. Aufgrund mangelnder Normierungsautorität und der Besonderheit juristischer Terminologie ist die Terminologiearbeit im Rahmen dieser Diplomarbeit deskriptiv. Bei der Bearbeitung von Themenfeldern wie Sterbehilfe allerdings, die einen nicht einheitlichen Sprachgebrauch aufweisen, ist allein die Auswahl und Ordnung der Begriffe und Benennungen in gewisser Weise präskriptiv. Da Rechtssprache und Rechtsbegriffe dynamisch sind wäre eine diachronische Betrachtung zu erwägen. Diese terminologische Untersuchung geht jedoch synchronisch vor. Allerdings wurde versucht, eventuelle wichtige Hinweise zum Sprachgebrauch und zur Entwicklung der Begriffe aufzunehmen. Des Weiteren wird bezüglich der Entwicklung und Entstehung der Begriffe auf den fachlichen Teil dieser Arbeit verwiesen.

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