Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente contiene una revisión de las observaciones realizadas por la doctrina, referidas a la circunstancia eximente de responsabilidad criminal por locura o demencia y total privación de razón contenida en el artículo 10 N° 1 del código penal. Dichas observaciones están ordenadas cronológicamente y analizan términos como la locura, la demencia, el intervalo lúcido, la privación total y transitoria de razón, y hace mención a los trastornos psíquicos que tradicionalmente se han incluido en el concepto de enajenación mental o han generado discusión acerca de su posible inclusión o exclusión en sede judicial tales como, las psicosis, las antiguas monomanías, las oligofrenias, las personalidades psicopáticas, las neurosis, la situación del sordomudo y del sonámbulo, el paroxismo, la locura moral, y el cómo la doctrina ha ido avanzando conjuntamente con la Psiquiatría en el tecnicismo que permite la amplitud de la norma en estudio. Asimismo, este trabajo hace especial mención al problema de la ebriedad y a la aplicación de la atenuante del artículo 11 N° 1 en relación con la locura o demencia, es decir, la posibilidad de una imputabilidad disminuida a raíz de la graduación de la locura o demencia como perturbaciones en la voluntad del individuo. Lo anterior con objeto de obtener una noción del alcance atribuido por la doctrina y la jurisprudencia nacional a los términos introducidos por esta circunstancia eximente, el límite de la enajenación mental y la privación total de razón en contraste con el individuo que goza de juicio y que es, por consiguiente, responsable. En consideración a dicho objeto y mediante la revisión bibliográfica que se expone a continuación, este trabajo entrega un catastro de la opinión de la doctrina y Jurisprudencia en esta materia, aunque no acabada, desde la época de dictación del código hasta nuestros días.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo de investigación tiene por objeto la sistematización de jurisprudencia nacional relativa a la agravante de responsabilidad penal establecida en el artículo 12 N° 16 del Código Penal, denominada por la doctrina como reincidencia propia específica. Esta circunstancia modificatoria de responsabilidad constituye un interesante objeto de estudio, toda vez que en nuestra doctrina no existe univocidad en relación con sus requisitos de procedencia, y además se discute sobre las posibles contravenciones a principios del derecho penal tales como el principio de non bis in idem y el principio de legalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo central de esta memoria será proponer una interpretación de este artículo basado en el modelo de la teoría de las normas, a través de una reconstrucción de una concepción coherente del riesgo permitido limitado exclusivamente al ámbito de la imprudencia. En otras palabras, se pretende entregar una lectura que reconozca al riesgo permitido en nuestra normativa, señalando los criterios relevantes para establecer el límite entre los riesgos sancionables (delito imprudente) y los tolerados (la mala fortuna)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Como resultado de la reforma introducida a nuestro Código Penal en el año 1969 por la Ley Nº 17.155, se perfeccionó la redacción contenida en el párrafo 14 del Título VI del Libro II del Código Penal, que se denomina “Crímenes y delitos contra la salud pública”. Dentro de este acápite se encuentra el artículo 315, que tiene por objeto regular la responsabilidad penal que surge de la manipulación de productos destinados al consumo público, que afecte o puedan afectar nocivamente la salud. El objetivo la presente investigación es realizar un estudio de este artículo, ya que en él se prevé un delito alimentario de suma relevancia, que da origen a lo que modernamente se conoce como “responsabilidad penal por el producto”, la cual es una rama del Derecho Penal que trata de “la responsabilidad criminal por las afectaciones a la vida y salud de los consumidores causadas por la fabricación y puesta en el mercado de productos defectuosos”1. Para nuestro objetivo, no sólo nos basamos en lo señalado por la doctrina nacional, sino que también por la doctrina y jurisprudencia española, no solo en razón de su exhaustivo estudio por parte de la doctrina y vasta experiencia en la materia, sino que también, porque en el artículo 363 del Código Penal español se tipifica un delito muy similar a nuestro artículo 315.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación ofrece una interpretación de ciertos elementos del tipo penal de tortura, establecido por el artículo 150 A, introducido al Código Penal en 2016, basada en la interpretación que los tribunales chilenos han hecho de esos mismos elementos al aplicar el anterior artículo 150 A del mismo cuerpo legal, vigente en Chile entre los años 1998 y 2016.

Tesis (magíster en derecho, con mención en derecho penal) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El tipo penal contemplado en el artículo 161 A del Código Penal protege la intimidad y sanciona conductas de intromisión. Las conductas de intromisón suponen la obtención ilícita de la información, obtención ilícita que pueden llevar a cabo tanto sujetos ajenos a una conversación como interlocutores de la misma. La obtención ilícita de información por parte de los interlocutores se materializará a través de engaños idóneos y determinantes. Los delitos contemplados en la disposición en estudio se cometerán cuando se ejecute una conducta de intromisión y, además, se ejecuten los verbos rectores tipificados. La sentencia de la Corte Suprema, dictada en el denominado “Caso de la Doctora Cordero”, es polémica porque albsuelve a los interlocutores que grabaron subrepticiamente a la afectada. La polémica surge porque parte de la doctrina entiende que el tipo penal sanciona a los que realicen meras grabaciones subrepticias, no siendo necesario que la conducta sea de intromisión, planteamiento del cual en el presente trabajo se discrepa.

El presente estudio es un análisis de los casos Beatriz y Sonia que ejemplifican la problemática de la violación al derecho de la autonomía del propio cuerpo de la mujer cuando se aplica la absoluta penalización del aborto en El Salvador y se analizan los aspectos en los cuales dos leyes, que garantizan los derechos de la mujer, entran en discordancia con dicha penalización. Como fundamento teórico se exponen las nociones de la autonomía del cuerpo, los derechos de la mujer y se hace una breve discusión en torno al conflicto moral que existe entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho a la autonomía del cuerpo de la mujer. Se parte de la hipótesis de que la penalización del aborto es una violación de los derechos de la mujer y las preguntas principales de la investigación son ¿Cuáles son los derechos humanos de las mujeres que pueden ser violentados cuando se aplica dicha penalización? y ¿Cuáles son las contradicciones entre la penalización del aborto y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminacióncontra las Mujeres y Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres? Para el análisis y la interpretación del material se hace uso del Método de Estudio de casos y el Análisis de Contenido Cualitativo. Se concluye, entre otras cosas, que la penalización del aborto es una norma que reproduce valores discriminativos y de dominación que subordinan a la mujer.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar cuál es la causa de justificación que puede aducir la mujer embarazada para poner término a un embarazo perjudicial para sus intereses jurídico penalmente relevantes. Para ello, se analizará el estado de la discusión moral y jurídica sobre el estatuto del feto, y, utilizando el célebre “Caso del Violinista” elaborado por Judith Jarvis Thomson como un supuesto análogo a la situación de embarazo, se estudiará la sistemática de los derechos de necesidad, así como también los requisitos de procedencia de cada una de las justificantes, para así determinar si la realización de una acción abortiva puede ser subsumida en alguna de ellas. El análisis conlleva a afirmar que la norma permisiva pertinente en el caso en cuestión resulta ser la del estado de necesidad defensivo, definido, en primer lugar, en torno a la noción de involucramiento de un individuo en la generación de un peligro para los bienes jurídicos de un tercero y, en segundo lugar, en atención a su especial estándar de ponderación, consistente en la prohibición de una causación de daños desproporcionada. Asimismo, el trabajo se aboca al análisis y posterior rechazo de las clásicas críticas que los contrarios al aborto suelen esgrimir, para finalizar con el estudio del Derecho positivo nacional con el objeto de determinar cuál norma de nuestro ordenamiento jurídico penal contiene la causa de justificación del estado de necesidad defensivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende analizar al estado de necesidad introducido en nuestra legislación en diciembre del 2010 con la modificación al artículo 10 N° 11 realizada por la ley 20.480. En primer lugar, se resume el estado de la doctrina chilena al respecto y de la discusión sobre la naturaleza de la eximente: si es meramente exculpante, o también justificante. Para ello se utiliza la conceptualización de las eximentes de justificación y exculpación como instancias de normas de comportamiento y reglas de imputación, respectivamente. Luego, tomando como punto de partida el caso de Karina Sepúlveda, absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Puente Alto en base a un estado de necesidad exculpante, se expone sobre la doctrina de la culpabilidad, y las distintas formas e interpretaciones que ha tenido desde inicios del siglo XX en adelante. Finalmente, se elabora sobre los requisitos legales para que opere un estado de necesidad exculpante, con una mención de las consecuencias que le asignan las distintas teorías

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nos parece que una manera adecuada y útil de comenzar el análisis de los delitos de hurto y robo en nuestro sistema jurídico es mediante la exposición del tratamiento legal que dichos ilícitos han tenido a lo largo de los años, tratamiento inserto en el Código Penal, con sus diversas modificaciones. El presente acápite también nos parece interesante desde el punto de vista de la política criminal estatal, pues del análisis de la evolución legal de los delitos de hurto y robo se pueden apreciar los criterios considerados por el legislador para tipificar una u otra conducta, o para aumentar o disminuir las penas. Este punto nos parece relevante, pues la historia de la ley servirá para comprender los objetivos perseguidos por el legislador y también servirá para comprender las críticas que la doctrina formula para varias de las disposiciones que se estudiarán a lo largo del presente trabajo. Antes de comenzar, es necesario aclarar que en este acápite se tratarán globalmente las disposiciones relativas a hurto y robo contenidas en el Código Penal y las leyes más importantes que han modificado dicho cuerpo legal. Esta aclaración vale porque en el análisis de los artículos del Título IX del Código Penal se hará mención a las modificaciones particulares que han sufrido los respectivos artículos, cuando ello proceda.