Los derechos de los pueblos indígenas son considerados como derechos humanos de tercera generación. Derechos que cuestionaron el pensamiento liberal de los derechos humanos, pues su ejercicio es de titularidad y ejercicio colectivo, superando el concepto individualista del ser humano. Poco a poco la legislación internacional y nacional ha ido incorporando los derechos de estos pueblos en las políticas públicas de los Estados. Todo ello se ha venido impulsado por la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre derecho de los pueblos indígenas en países independientes (1989), así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). El primer paso para dicha incorporación en la legislación nacional, es el reconocimiento y desarrollo constitucional sobre el derecho de estos pueblos. Después de experiencias comparadas fallidas (Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela) y un sin número de tensiones normativas y conflictos socioambientales en tierras de comunidades campesinas y nativas, en reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial –ahora reservas indígenas-, etc. es un proceso complejo y dialectico, donde el reconocimiento constitucional y legal expresa dichas tensiones normativas. Del otro lado de esta antípoda, se encuentra una visión de desarrollo de las sociedades contemporáneas que no contempla un espacio coherente, a nivel político, a nivel normativo, al menos de coordinación, con el ejercicio de los derechos antes mencionados. Es más, la opción de desarrollo proviene de la promoción de inversiones extractivas en los Andes Amazonía del Perú. Este modelo que otorga derecho a terceros produce una suerte de tensiones desde su concepción, por ejemplo a nivel constitucional, hasta su implementación en el marco legal nacional y sectorial (inversiones en extractivas, minería, energía, infraestructura). Así, para solucionar las tensiones normativas pasa por analizar, evaluar y recomendar las correcciones necesarias entre el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y la visión de desarrollo desde la extracción de los recursos naturales (políticas y normativas) en los Andes Amazonía Peruana en la Constitución de 1993, las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano y la legislación nacional de comunidades campesinas y nativas, de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, y del derecho a la consulta previa, libre e informada. Para analizar estas tensiones normativas producidas por la incompleta incorporación de derechos de los pueblos indígenas, se hace necesario identificar en un primer momento la contradicción, por ejemplo, entre el derecho constitucional de la propiedad indígena, y su contradicción con el principio constitucional de la soberanía de los recursos naturales. Un segundo campo de comprobación de esta contradicción es la legislación de comunidades nativas y campesinas y sus restricciones en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas frente al otorgamiento de derechos de aprovechamiento a terceros (inversiones minerías y de energía); el régimen de protección de pueblos indígenas en aislamiento y la relativa intangibilidad de las tierras de estos pueblos para permitir inversiones extractivas, y la inaplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada en proyectos de servicios públicos, procedimiento formal de 120 días sin considerar la diferencia cultural o la restricción de la representatividad indígena, son algunos de los ejemplos de una serie de tensiones y vacíos que la presente investigación pretende presentar con la finalidad de comprobar la hipótesis que no es adecuado el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas frente a las inversiones extractivas, por lo que es necesario reformar el marco jurídico en este campo. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Señala que el Programa del Vaso de Leche es uno de los programas más representativos de la política social del Estado, es administrado en la actualidad por los gobiernos locales mediante unidades administrativas responsables de las diversas etapas, hasta finalizar en la distribución a los comités distritales del programa. Cada unidad de seguridad alimentaria representa, a nivel distrital, lo que antes de su desactivación era el PRONAA; por lo que sus responsabilidades como oficinas descentralizadas están estructuradas en función a lo que antes realizaba el organismo estatal. La estructura burocrática de cada unidad de seguridad alimentaria posee funciones predeterminadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero sus formas de organización de procesos son distintas para cada caso y se adaptan a la realidad de cada distrito. Los cambios en las estructuras burocráticas de las unidades de seguridad alimentaria, tienen efecto en el servicio que brindan. Existe una cuota de responsabilidad respecto a la calidad del servicio que dicho programa brinda y la cual recae en la parte administrativa del gobierno local. El servicio que brinda cada unidad de seguridad alimentaria tiene como base una cadena de valor que garantiza el cumplimiento del servicio, a través de la organización de objetivos, actividades y tareas operativas; siendo el producto final un servicio a la población objetivo del programa y de forma más directa con las representantes de las organizaciones sociales del Programa del Vaso de Leche de cada distrito. La percepción que las representantes de las organizaciones sociales tienen, del desempeño de las unidades de seguridad alimentarias distritales refuerza la legitimidad por rendimiento que el gobierno local pueda obtener. El trabajo que desarrolla en un tiempo limitado de tiempo y que tiene efectos a nivel político, puede afectar la imagen de una unidad administrativa, así también la imagen del gobierno local a través del servicio que brinda a la ciudadanía. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La censura Ministerial es una de las herramientas de control político y por la cual el congreso hace efectiva la responsabilidad política de los Ministros de Estado, estando el Presidente de la República en la obligación de aceptar la renuncia del censurado en un plazo de 72 horas, conforme a lo dispuesto en Constitución Política del Perú. Si bien la norma constitucional ha señalado que el Presidente de la República deberá aceptar la renuncia del Ministro censurado, no se ha establecido disposición alguna respecto a si esta persona puede ser nombrada nuevamente como Ministro durante el resto del periodo de gobierno. Ante este escenario, la presente investigación ha desarrollado los fundamentos y alcances de la censura Ministerial, conforme ha sido regulada en el artículo 132 de la Constitución. De esta forma, y tomando en consideración las características del régimen político, se puede afirmar que el Presidente de la República no está facultado constitucionalmente para nombrar como ministro a quien antes fue censurado por el Congreso y durante su periodo de gobierno. En este sentido, el Ministro censurado no podrá ser nombrado Ministro en el mismo Despacho Ministerial que ocupó cuando se aprobó la Moción de Censura. El fundamento de dicha afirmación es la confianza política que requiere el Consejo de Ministros para su desempeño en el cargo, tanto del Presidente de la República como del Congreso. Al aprobarse una Moción de Censura, el Parlamento declara extinguida dicha relación respecto al Ministro censurado. / Tesis

Da a conocer una visión más completa sobre el populismo en el Perú, buscando dar una perspectiva histórica y sociológica que contribuya a un análisis político más profundo. Estas perspectivas no siempre son complementarias, pero su integración es necesaria para analizar un fenómeno tan recurrente en nuestra historia política, y que goza de tanta mención, que su definición se ha vuelto terriblemente vaga e imprecisa. Por estas razones contribuye a perfilar algunas características de lo que se denomina populismo en nuestro país, y de este modo identificar las razones que posibilitaron su aparición, las características del liderazgo populista en nuestro país, y de cómo se generó la construcción de la identidad política colectiva alrededor del populismo. / Tesis

Contenido del tomo I: Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina: 1919-1945. Contenido del tomo II: El auge del nacionalismo y el antisemitismo: 1932-1945.

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El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza y estudia los alcances de los principios de continuidad y causalidad en todos los contratos de trabajo sujetos a modalidad regulados por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas especiales, ello bajo la premisa de que, en virtud al principio de continuidad laboral, toda relación laboral en nuestro país es, por regla general, de naturaleza indefinida, siendo que excepcionalmente, ante la existencia de una real causa objetiva, se quebrará esta regla de indefinición, permitiéndose el acceso a la contratación temporal. Corrige las deficiencias que, a la fecha, revisten la normativa al no guardar, en algunos casos, simetría con los principios de continuidad y causalidad laboral. / Tesis

Plantea la compleja relación del discurso político y la cultura política popular en la ciudad. Investigación que realiza una breve revisión histórica, social, cultural y política, para identificar y explicar el nuevo discurso político del fujimorismo, en la versión de Keiko Fujimori, el cual se encuentra conectado con las nuevas identidades políticas en la ciudad, identidades políticas polimorfas que han surgido como expresión de una nueva cultura política popular. Metodológicamente, es una investigación aplicativa, de naturaleza descriptiva, comprensiva y hermenéutica. El estudio se plantea como cualitativo, hace uso de dos técnicas cualitativas: análisis del discurso y entrevistas a profundidad. / Tesis

El trabajo de Michel Foucault ha rondado de una u otra manera tanto a la filosofía como a las ciencias sociales en las últimas décadas. Particularmente su reflexión y análisis respecto a las formas de poder, entorno en el que la propuesta de un análisis de la biopolítica debe ser comprendido. Esta propuesta de análisis de una biopolítica, en los últimos años, ha encontrado mucha recepción; tanto en las ciencias sociales como en la filosofía política, particularmente en autores italianos que han desplegado en la última década una serie de discursos al respecto, aportando con nuevos métodos conceptos y vías de análisis, constituyendo lo que en el presente estudio cabe considerar como una semántica biopolítica actual. Respecto de esta semántica, es decir, del estado actual de los discursos, me interesa particularmente lo que refiere al problema del neoliberalismo como forma de racionalidad política y, al decir de Foucault, como el régimen de verdad en el que hay que entender las actuales formas de la biopolítica. Esta semántica ha generado una diáspora1 interpretativa, donde se entrelazan diversos intereses, tonalidades y por supuesto distintas formas de entender la noción de biopolítica y su aplicabilidad. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es ingresar en esa diáspora y ofrecer elementos de valoración de estas distintas recepciones de la reflexión biopolítica presentada por Foucault. Es necesario aclarar que no se busca establecer una interpretación oficial que deslegitime cualquier otra interpretación. Eso finalmente no es más que un tecnicismo, que además desconoce las perspectivas hermenéuticas más contemporáneas y las propuestas del propio Foucault en la materia. Lo que pretendo poner en juego no es el problema de las interpretaciones; sino el de los usos, entendiendo que todo concepto es en cierto sentido una lucha y que incluye en su interior disputas legítimas de sentido.