Memoria para optar al titulo de Antropóloga Social

Since the 21st century, in Peru, there has been an increase in social conflicts, mainly socio-environmental, linked to the growth of the extractive industry due to the boom in commodities. fte foregoing demonstrates a paradox between economic growth and governability that, in some cases, has resulted in episodes of extreme violence. In this scenario, the Peruvian State has developed important reforms and various tools for the management of social conflictivity through dialogue. However, the constant failure to comply with the agreements derived from the dialogue has generated the questioning of the various mechanisms. fte purpose of this article is to propose a model of analysis to study compliance with the agreements derived from the dialogue and suggest manners to improve them. fte data were recorded through tools like the bibliographic review, documental and semi-structured interviews. fte research concludes that the political content is fundamental for consensus, but its viability will depend on the technical implementation of the agreements and the promises reached. To this aim, it is proposed to explain the difficulties in the compliance management of the agreements based on three levels of analysis: a) state capacities; b) internal management of the agreement; and, c) governmental coordination. Exploratory hypotheses are being outlined for future research. / Desde el siglo XXI, en el Perú, se ha registrado un aumento de los conflictos sociales, principalmente socioambientales, vinculados al crecimiento de la industria extractiva por el boom de los commodities. Lo anterior evidencia una paradoja entre el crecimiento económico y la gobernabilidad que, en algunos casos, ha devenido en episodios de extrema violencia. Ante este escenario, el Estado peruano ha desarrollado importantes reformas y diversas herramientas para la gestión de la conflictividad social a través del diálogo. Sin embargo, el constante incumplimiento de los acuerdos derivados del diálogo ha generado el cuestionamiento de los diversos mecanismos. Este artículo tiene como objetivo proponer un modelo de análisis para estudiar el cumplimiento de los acuerdos derivados del diálogo y sugerir rutas de mejora. Se registraron datos a través de herramientas como revisión bibliográfica, documental y entrevistas semi estructuradas. La investigación concluye que el contenido político es fundamental para el consenso, pero su viabilidad dependerá de la implementación técnica de los acuerdos y las promesas alcanzadas. Para ello, se propone explicar las dificultades en la gestión del cumplimiento de los acuerdos a partir de tres niveles de análisis a) capacidades estatales, b) gestión interna del acuerdo y c) coordinación gubernamental. Se esbozan hipótesis exploratorias para futuras investigaciones.

Sociólogo / Lo ambiental y lo indígena, son dos dimensiones de conflicto social y discusión pública que se han instalado en el Chile neoliberal para quedarse. Las razones son múltiples. Por un lado, transformaciones sociales, culturales y políticas ocurridas a nivel mundial durante los últimos cincuenta años han puesto en el primer plano una serie de movimientos sociales diversos, portadores de problemáticas sociales parciales –en contraposición a los partidos- y que coexisten en un espacio plural, y muchas veces atomizado, de contestación o crítica del orden social y la cultura. Por otra parte, en el Chile de la globalización neoliberal, se ha implantado desde hace un cuarto de siglo el llamado modelo de diversificación de exportaciones –la fórmula mágica para integrarse a dicha globalización- que implica y depende entre otras cosas de la explotación a gran escala de recursos naturales renovables y no renovables por industrias extractivas así como por la agroindustria exportadora. La expansión urbana y los megaproyectos energéticos y de infraestructura asociados a este modelo de industrialización tardía, terminan de dibujar un escenario de vertiginosas transformaciones geográficas, sociales, culturales y políticas de los espacios rurales que habían permanecido durante largo tiempo al margen de la llamada modernización. La única eventual piedra de tope que pudiera vislumbrarse para este proceso –además de un colapso ambiental- son justamente los movimientos sociales o ciudadanos que, por ahora desde sus ámbitos parciales, eventualmente se resisten a las transformaciones de los planificadores, por considerar que atentan contra la vida, los derechos humanos o los intereses fundamentales de quienes son sus miembros. Pero eso no es todo: estas transformaciones –destinadas a poner determinados recursos a disposición del mercado global- son consideradas por estos movimientos, sean “ambientalistas” o “indigenistas”, como profundamente injustas, pues conllevan la usurpación de los humildes, de los comunes, en manos poderes abusivos- y esto aún tratándose de bienes difusos, como es el caso de los patrimonios medioambientales y culturales. Así, de un tiempo a esta parte, cada vez que se reivindican derechos o patrimonios colectivos, ya sea desde el mundo indígena o desde algún frente medioambiental, se invoca este nuevo discurso común de radicalidad social, discurso que va encadenando luchas parciales que trascienden así el simple conflicto puntual de intereses y pasan a formar parte de movimientos sociales que se perfilan políticamente, con expresiones discursivas y orgánicas que apuntan, a través de problemáticas locales o parciales, a la institución global de la sociedad: al orden social injusto y la cultura alienada. El llamado conflicto Ralco pareció en su momento involucrar dos perspectivas o expresiones de este nuevo radicalismo social. Por primera vez “ambientalismo” e “indigenismo” articulados en un frente común contra intereses políticos y económicos de gran envergadura, se instalaron durante algunas semanas en el centro del debate público, suscitando la solidaridad y apoyo de amplios sectores de la sociedad. A pesar de ello, tres años después el embalse se inundó y ello bajo el manto de un aparente consenso social en torno a él. La pregunta que da inicio a nuestra indagación es entonces cómo los poderes que impulsaron la mega inversión –transnacional y Estado- lograron configurar en el tiempo un escenario de consenso, propicio a sus intereses, a partir de un disentimiento inicial fundamental y de fuerte carga política por parte de las comunidades indígenas afectadas y amplios sectores sociales. Según postulamos acá, este seudo consenso que de hecho constituye la base política para la ejecución del proyecto, se montó sobre un trasfondo de agresiones psico-sociales sistemáticamente ejercidas contra las agrupaciones indígenas locales que se resistían inicialmente al megaproyecto. En una etapa ulterior del conflicto, aquel grupo minoritario que -habiéndose sustraído de alguna manera a las agresiones psicológicas de la empresa- pretendió realizar su propia contraofensiva, fue cooptado por agencias mediadoras funcionales a las instancias de resolución de conflictos diseñadas desde el Estado. Claro está que la “guerra psicológica”, el chantaje y las manipulaciones más escabrosas son pan de cada día en todo tipo de conflictos económicos y políticos, pero en Ralco adquieren la gravedad de agresiones etnocidas, toda vez que apuntan a la desarticulación de una sociedad minoritaria, oprimida colonialmente al interior del Estado chileno. Pero cuando decimos que se cometió un etnocidio o genocidio cultural, es decir un crimen en contra de las comunidades Mapuche-Pewenche del Alto Biobío y en contra del pueblo Mapuche en general, necesariamente debemos apuntar a un criminal, un culpable. ¿Endesa, con complicidad del Estado? Pero estas entidades están formadas por personas ¿quiénes son entonces responsables y quiénes no? ¿Cuáles funcionarios, profesionales, agentes, actores políticos, activistas, incidieron realmente en los acontecimientos? ¿Existieron infiltrados o conspiraciones? ¿Son culpables aquellos que dejaron (o dejamos) hacer? Surge la pregunta por la propia responsabilidad. Surge la pregunta por la responsabilidad de todos y cada uno. Es necesario entonces aclarar que no es el propósito de este estudio establecer culpabilidades, no tenemos la prerrogativa, pero fue inevitable que el estudio tomara forma de denuncia. Nuestro principal esfuerzo se dirige aquí a elucidar, a través del conflicto Ralco, las dinámicas institucionales que hacen posible, en la era de la globalización neoliberal, la dominación de la sociedad estatal chilena sobre sociedades colonizadas al interior del Estado -los llamados pueblos indígenas- y esto con la esperanza de que un mejor conocimiento sobre éstas dinámicas permitirá en el futuro establecer oportunamente responsabilidades, partiendo por las propias, en nuevos episodios de agresión colonial y genocidio cultural. Así se ampliarían las posibilidades de que movimientos sociales más amplios puedan ejercer una defensa articulada de sus patrimonios y derechos colectivos, develando y combatiendo las injusticias que, en el nuevo milenio, han cambiado sus formas para persistir.

Sociólogo / La nueva Guerra de Arauco. La Intifada Mapuche. La rebelión mapuche, vientos de guerra soplan en la Araucanía. Estos son algunos ejemplos respecto de cómo la prensa se refiere al conflicto actual en el sur del país en el cual están involucradas organizaciones y comunidades mapuche, en un proceso de recuperación de tierras, por un lado, y grandes empresarios, forestales principalmente, por otro. El “conflicto mapuche” es un concepto que se encuentra en el imaginario social chileno, creado, principalmente, desde una elite intelectual y periodística la cual se ha encargado de definir los distintos aspectos que involucran este conflicto. El que sea llamado “conflicto mapuche” ya es una manera sesgada de definirlo en cuanto no se hace referencia ni a los distintos actores involucrados, ni a un lugar determinado en el que ocurre. Por este motivo es que para este trabajo lo hemos definido como conflicto Movimiento Mapuche- Estado Chileno- Empresa Privada, en cuanto entendemos que se encuentran involucrados estos tres actores quienes se relacionan de manera distinta entre sí y poseen una participación particular en el conflicto. Existen relaciones de poder que se ven reflejados en el concepto mismo de “conflicto mapuche” y en definitiva en la construcción social que se ha hecho de la representación respecto del movimiento mapuche. El discurso tiene una gran importancia en la construcción de esta representación y, particularmente, el discurso de la prensa se constituye como un factor primordial en cuanto a la formación de opinión respecto a este tema. Es por esto que hemos decidido hacer el análisis de cómo la prensa define y se refiere al conflicto. Sin embargo, antes de poder analizar directamente el discurso en la prensa, debemos preguntarnos a que intereses responde y a quienes representa la prensa dominante en Chile. En otras palabras, hay que definir el contexto desde el cual surge este discurso particular, y para esto debemos intentar determinar los aspectos económicos e históricos del conflicto y, especialmente, el de los actores que son representados por la prensa. En los últimos años se ha escrito una gran cantidad de literatura respecto de la situación actual del pueblo mapuche y del movimiento mapuche. La discusión hace referencia a un nuevo renacer de los movimientos indígenas en toda América Latina. Actualmente, los movimientos de este tipo se articulan de manera distinta, al existir un claro retroceso de los movimientos de mediados del siglo pasado ligados a las relaciones de clase, principalmente del movimiento obrero, lo indígena aparece nuevamente en escena de manera autónoma. Algunos autores ven una nueva dinámica en estos, en los que la identidad juega un rol preponderante, “...actúan para defender los derechos de las minorías, preservando las identidades de quienes son explotados y oprimidos [...] muestran su fuerza ya no con el lenguaje de la revolución sino con el ideal de las identidades como bandera”, lo que los distanciaría de los antiguos movimientos sociales ya que ahora “sus reivindicaciones y los factores de su movilización tienden a centrarse en cuestiones de carácter cultural y simbólico relacionado con problemas de identidad , en lugar de las reivindicaciones económicas que caracterizaron el movimiento obrero”. Lo cierto es que ya no podemos estudiarlos a partir de las antiguas conceptualizaciones, las lógicas de acción son distintas y las relaciones con los distintos actores sociales también se han transformado. En las últimas dos décadas han resurgido con fuerza en distintos países Latinoamericanos las organizaciones y las movilizaciones indígenas en las que se pueden apreciar un conjunto de demandas similares a nivel continental. Estas demandas son parecidas a las de décadas anteriores en cuanto todavía se relacionan con el derecho a la tierra y a aspectos culturales básicos de cada pueblo, sin embargo, ahora están relacionadas con una fuerte demanda por autonomía, la cual ha sido bastante cuestionada, en Chile particularmente, por los grupos de poder económico y político. En la tercera parte del capítulo VI detallamos la discusión que existe en torno a esta demanda. Desde un comienzo hay que tener presente que influyen factores económicos pero también sociales, culturales, históricos, políticos, filosóficos, religiosos. Lo peligroso entonces es desconocer que los factores que influyen en el conflicto son múltiples y se entrelazan entre sí, lo que suele suceder y lo que suelen predicar muchos personajes que pretenden analizar la situación. De esta manera se simplifica enormemente y no se da cuenta de la amplitud y la complejidad del tema. Es decir, que no es a través de simplemente medidas de reparación económicas, que comparativamente podrían parecer buenas para cualquier habitante del país, que se puede resolver el problema y los conflictos que existen actualmente. Se hace necesario entonces un análisis múltiple y profundo de la realidad para poder acercarse. Este estudio tiene por finalidad aportar conocimiento en pro de una visión amplia del problema, obviamente se hace imposible en esta instancia abarcar todos los aspectos y es por eso que vamos a tratar de acotar el estudio a algunos que nos parecen importantes tratando de no perder de vista el resto. Para este estudio, hemos considerado tres actores principales en el conflicto, actores de cierta forma independientes pero que se relacionan entre sí de distinto modo. El primero es el movimiento mapuche. Por movimiento mapuche entendemos a las comunidades y organizaciones mapuche movilizadas que poseen un sustento teórico y político con representación en la población mapuche general y que se enfrentan a los otros dos actores. No apelamos al pueblo mapuche pues aparece como una definición muy amplia y no suficientemente precisa para nuestro caso, a pesar que el movimiento mapuche invoca y representa al pueblo. Segundo hemos considerado al Estado chileno. Intentaremos mostrar la relación histórica que ha mantenido desde su nacimiento en el siglo XIX con el pueblo mapuche, a través de las distintas leyes y políticas aplicadas por los distintos gobiernos, a los indígenas, y con el movimiento mapuche. Guardaremos especial atención a la relación que ha mantenido a lo largo de estos tres gobiernos de la Concertación y, principalmente, en el actual gobierno del presidente Lagos, así como trataremos de definir las relaciones entre el Estado y, el tercer actor, la empresa privada. Para el análisis de la empresa privada nos hemos centrado en el sector forestal. Sin embargo, tal como lo precisamos en el título, trataremos de establecer la relación que existe entre Poder, Imaginario y Discurso. Para esto vamos a abordar el examen de la prensa escrita y el rol que tiene en la sociedad y, principalmente, la relación que existe entre estos medios y el poder. En este sentido es que nos remitiremos al análisis del discurso en la prensa, pues en el discurso se reproducen las asimetrías de poder y se establece como un medio de coerción y de legitimación social. Particularmente, la prensa emite un discurso específico en el cual se pueden constatar los mecanismos discursivos a través de los cuales se reproduce el poder y se legitiman ciertas posiciones y percepciones sociales. Por lo tanto, no pretendemos realizar una teorización en torno a las causas ni respecto de las relaciones de poder y dominación subyacentes en el conflicto, para esto existen un gran número de estudios a los cuales el lector se puede remitir, pretendemos aportar una mirada que privilegia el estudio de cómo en la prensa y a través de ella se reproducen estas relaciones de dominación. Trataremos de entender entonces el conflicto no como un conflicto étnico propiamente tal, pues no se presenta como el enfrentamiento entre dos etnias distintas, sino más bien como un conflicto social al interior de la sociedad chilena en el que se entrecruzan una diversidad de factores que no se basan únicamente en el carácter étnico, que por cierto es de gran importancia, sino también en factores económicos, sociales y culturales que van más allá de lo puramente étnico. Por último, debemos precisar que el trabajo se centra en las construcciones y percepciones sociales que surgen desde el poder económico y político respecto del conflicto que se reflejan en la prensa dominante, por lo tanto, no ahondamos en las representaciones que surgen desde las organizaciones y comunidades mapuche. Dejamos de lado estas últimas pues suponen otro tipo de trabajo y de metodología. Nos preguntamos entonces ¿por qué el movimiento mapuche aprece como una amenaza para los intereses de los poderes económicos? ¿cuáles son los intereses que amenaza? ¿cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación, de prensa escrita especificamente, en el conflicto?

A pesar del carácter histórico del conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, los cambios en la estructura de la sociedad, como la diferenciación funcional y la consolidación de una sociedad mundial, afectaron su comportamiento. El movimiento político mapuche, frustrado en un sinnúmero de oportunidades, fue diferenciándose, paralelamente con el escenario sociopolítico de Chile. Oscilando entre posturas nativistas y desarrollistas, criticando la integración forzada a un proyecto político excluyente y denunciando el empobrecimiento que trajo para ellos la usurpación de sus tierras. Luego de la pacificación, la integración respetuosa, la reforma y contrarreforma agraria, la división de las comunidades en dictadura, el retorno a la democracia y la creación de una nueva ley indígena, el diagnóstico persiste. Las expectativas mapuches fueron defraudadas nuevamente. Las políticas que el Estado de Chile ofreció al mapuche no fueron suficientes, la integración al desarrollo amenaza con la destrucción de las formas de vida tradicionales. Es en este escenario que finalizando el siglo pasado, surge la Coordinadora Arauco Malleco. Intransigentes weichafes (guerreros) que asumieron el pasado como fuente de inspiración para su acción política y desecharon toda instancia de dialogo con la institucionalidad. Para el Estado de Chile, una asociación terrorista, duramente sancionada y altamente perjudicial para sus objetivos. En la contraposición de sus observaciones puede esbozarse la estructura de persistencia del conflicto en la actualidad, pues un conflicto es un sistema autopoiético. De eso trata este estudio cualitativo de carácter documental que aborda la primera década del siglo XXI.

Analiza la dificultad que presenta la aplicación de los contenidos y requisitos que maneja un negociador occidental clásico, dentro de contextos de conflicto en los cuales se ven inmersa la cultura Jíbaro – Awajún. Establece las características más relevantes de dicha cultura al momento de manejar sus conflictos, en el contexto interno y externo en el cual se desenvuelve. Indaga y analiza los fundamentos de contenidos y requisitos que maneja un negociador clásico, y que responden a un contexto y a un pensamiento determinado de un contexto cultural en particular. Determina que en los contextos de conflictos donde se encuentran inmersos los Awajún, un negociador clásico debe incorporar las características culturales más relevantes al momento de manejar sus conflictos. / Tesis

La presente investigación estudia el conflicto social, partiendo desde una perspectiva histórica en la cual ciertos eventos históricos del pasado explican un conflicto en el presente. Para esta tarea se toma el caso del conflicto sucedido en el año 2016 en la región La Libertad entre el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, y el centro poblado Barro Negro del distrito de Usquil, provincia de Otuzco. En ese sentido, el estudio reconstruye la trayectoria económica de cada actor en conflicto, analizando la manera en que estas influenciaron en el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre la minería y en la forma en que cada uno se relaciona con agentes privados como lo son las empresas mineras. De otro lado, la investigación también realiza un análisis del proceso del conflicto en su conjunto, incluyendo sus expresiones de violencia, pero no limitándose a ellas. De igual manera, se evalúa el accionar del Estado como ente responsable de prevenir y/o solucionar los conflictos sociales. En este punto se hace énfasis en la utilidad de la mesa de diálogo como mecanismo eficaz para la resolución de conflictos / Tesis

Muestra cómo se activa y redefine el liderazgo comunal a partir de un caso específico y puntual: el caso de la comunidad campesina de Andaymarca, Huancavelica. Los estudios sobre liderazgo comunal que se han registrado en Perú, presentan diversos matices según regiones y localidades, manteniendo singularidades propias según los contextos a los que se adhieren. Se abordó, para el presente caso, qué características particulares posee el liderazgo comunal, de qué oportunidades se vale, cómo obtiene legitimidad, y qué límites y resistencias encuentra, así como también se expondrá cómo la presencia del proyecto hidroeléctrico ha sido un punto de quiebre en la elección de “líderes convencionales” en la comunidad –ya identificados con signos de debilidad y ensombrecimiento–, para situar un nuevo perfil de dirigente comunal. La metodología que se utilizó en la investigación es básicamente cualitativa, empleando la etnografía como marco referencial.

Demuestra la hipótesis de que el estudio del conflicto minero Conga, a manera de estudio de caso, revela que en el contexto del conflicto, los discursos y argumentos utilizados por los tres sectores involucrados, demuestran que el tema central de diferencias y tensiones es de corte biopolítico. Las diferencias giran en torno a una premisa implícita biopolítica, a saber la defensa y conservación de la vida. Para confirmar esta hipótesis de trabajo, utilizaremos como marco teórico, la propuesta conceptual del desarrollo histórico del estado liberal biopolítico, es decir un estado que desarrolla políticas públicas que demuestran una preocupación por desarrollar la conservación, seguridad, preservación y promoción de la vida. Sin dejar de tomar en cuenta el interés histórico del liberalismo político y económico, de promover la ciudadanía y democracia y el desarrollo del capitalismo, mediante la explotación masiva de recursos naturales y producción masiva de mercancías a nivel mundial. De esta manera, el estudio de caso del fallido Proyecto Conga (1995- 2012) permitirá evaluar el contexto y problemática desde un enfoque biopolítico. También un enfoque reflexivo del tema, desde la perspectiva geoética y de responsabilidad social y ambiental, nos permitirá esbozar los componentes o elementos de una propuesta de un posible plan de contingencia que a futuro, ayude a mejorar la seguridad, negociación y niveles de sana convivencia y entendimiento, reconociendo que el tema central de conflicto ambiental, encubre el núcleo común a tratar, es decir la conservación, preservación y promoción de la vida, es decir un problema de corte biopolítico. Esto último permite afirmar, que ante un problema de conflicto socioambiental, los diferentes sectores representantes del estado peruano, empresas mineras y comunidades, deben negociar una solución de corte biopolítico. Concluimos finalmente, que el conflicto socioambiental del Proyecto Conga (1995-2012), y en general, todos los conflictos socioambientales que enfrentan las diferentes inversiones y proyectos mineros, son mayormente de corte biopolítico. De allí que se concluya que es necesario diseñar propuestas geoéticas, de seguridad, de prevención, solución y negociación de corte biopolítico. / Tesis

La presente es una investigación de tipo cualitativa que se planteó el objetivo de comprender la gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa, en el período 2007-2017. Los ejes conceptuales son dos: uno sobre la naturaleza del conflicto social y otro sobre las capacidades de la gestión estatal. Para el primer eje asumimos la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Tilly 1978, McAdam 1982, Tarrow 1983) porque permite comprender las diferentes complejidades de los movimientos y conflictos sociales, y su interrelación con las estructuras institucionales sociales y estatales. Para el segundo eje adoptamos la definición de capacidad estatal desarrollada por Fabián Repetto quien la entiende como “la aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social” (Repetto 2004: 8). De este autor también tomamos definiciones de “capacidad administrativa” y “capacidad política” del Estado. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista a profundidad (semiestructurada) y el análisis de fuentes secundarias. Los tipos de actores elegidos para las entrevistas fueron: primero, pobladores y dirigentes opuestos al proyecto minero. Segundo, representantes de la empresa minera Southern Copper Corporation. Tercero, funcionarios de instituciones estatales principalmente de nivel regional y local, cuyas funciones estuvieron relacionadas al conflicto. También entrevistamos a miembros de la sociedad civil que tuvieron participación en episodios del conflicto. Se realizaron tres estancias de trabajo de campo en el Valle de Tambo. Fueron 25 actores entrevistados en 2016. La observación participativa se realizó en 2015. Como resultado encontramos siete características de falta de capacidad estatal para gestionar conflictos sociales. Primero, desarticulación y centralismo del gobierno nacional. Segundo, pérdida de la imparcialidad del Estado. Tercero, gestión estatal favorable a la empresa minera, lo que ha generado que la población perciba al Estado como ausente y desinteresado de las necesidades locales. Cuarto, falta de capacidades legales y administrativas para fiscalizar operaciones extractivas. Quinto, pérdida de capacidad para canalizar demandas de la población. Sexto, pérdida de capacidad técnica para evaluar proyectos mineros. Séptimo, gestión deficiente del uso de la fuerza policial bajo un enfoque de criminalización de la protesta. / Tesis