Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado de Derecho, concepto permanentemente advocado por iuspublicistas y estudiosos del derecho en general, lo podemos aproximar como la existencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales que, trazado en la Constitución, se desarrolla normativamente y es vivenciado en la práctica con la finalidad de hacer respetar y promover en la mayor medida posible, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Este Estado de Derecho es actualmente concebido también como un instrumento configurador de uno de los fines mas elevados del sistema y ethos social; el bien común. La doctrina concuerda en el requerimiento de un ordenamiento jurídico que rija la vida en sociedad dentro de todo sistema de poder, y cuyas normas se apliquen en forma objetiva e impersonal a gobernantes y gobernados. Además, resulta imprescindible que las funciones del poder se distribuyan entre órganos separados, y que cada autoridad actúe dentro de las competencias que la constitución y la ley les atribuyan. Se agrega a ello, que la interpretación de las normas jurídicas debe ser de aproximación objetiva, esto es, con desatención de criterios ideológicos, y preferentemente razonada por tribunales independientes en base a una separación real y no meramente teórica respecto de otras potestades. Por último, uno de los más importantes factores relativos a este orden ideal, consiste en realizar la seguridad jurídica en el entendido de que el obrar de las autoridades sea calculable en sus efectos para todo ciudadano y en consecuencia aquellas sean responsabilizadas por sus actos, toda vez de ejercer sus atribuciones lo hagan conforme al marco jurídico que las rige. Ahora, para la concreción de dicho ideal resulta imprescindible la existencia de un control jurídico efectivo encomendado a órganos independientes de las actuaciones, por ejemplo, de la Administración Pública; a fin de precaver que su interferencia en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo ocurra en aquellos casos excepcionales previstos por la norma jurídica en general.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia General de dicho organismo, nos 7-8 y 9-10, año 1969. Período: julio, agosto, septiembre y octubre de 1969. Total de fallos: 332.

Tesis (magíster en derecho, mención en derecho público) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / A través del presente Informe en Derecho se intentará dilucidar la interrogante acerca de la fuerza vinculante que tendrían los dictámenes que emite la Contraloría General de la República, en uso de las atribuciones que le concede su propia Ley Orgánica Constitucional Nº 10.336, de 1964, el alcance de dicha fuerza, si es que existe, y la configuración de la aludida potestad

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En los últimos años, el concepto de participación ciudadana se ha ido internalizando en los países de Latinoamérica, es así como éstos han manifestado su intención de incorporarla a la gestión pública, ya sea a través de la modificación y/o creación de normativas y/o la implementación de diversos mecanismos de participación que le permitan a la ciudadanía influir en las decisiones públicas. Lo anterior, cobra relevancia ya que diversos autores han reconocido que la participación ciudadana es uno de los conceptos fundamentales en los regímenes democráticos. Las Entidades de Fiscalización Superior, EFS, no se han mantenido al margen de esta tendencia y han reconocido su importancia y los beneficios que se pueden obtener, no obstante, este proceso no ha sido sencillo, dado que además de significar un cambio cultural importante en relación a cómo históricamente se han hecho las cosas en este tipo de instituciones, ha implicado durante años el desarrollo y difusión de orientaciones técnicas y buenas prácticas en torno a esta materia, y aun así, la implementación de mecanismos de participación en las EFS, se ha materializado con lentitud. En este contexto, el presente estudio de caso tiene como objetivo general Construir un índice de participación ciudadana aplicable a las Entidades de Fiscalización Superior y analizar la situación actual de la Contraloría General de la República de Chile respecto a otros países de la región . El índice desarrollado, está compuesto por tres dimensiones (Normativa de transparencia y participación aplicable a la EFS; Mecanismos de participación ciudadana en la EFS y; Fomento de la participación ciudadana en la EFS), las que responden a una relación de causas y efectos entre sí. Luego, de la aplicación del aludido instrumento en los 4 países seleccionados (incluyendo Chile), se desprende que en general- las EFS evaluadas tienen implementados pocos mecanismos de participación ciudadana de tercer nivel, es decir, que impliquen participación directa de la ciudadanía en los procesos de fiscalización. Asimismo, se concluye que si bien la EFS de Chile ha tenido avances en torno a esta materia, se encuentra en un nivel de implementación bajo , resultado que no parece concordante con las intenciones que ha manifestado públicamente esta institución. Finalmente, se recomienda a la EFS Chilena, para avanzar a un nivel de desarrollo superior, incorporar mecanismos de participación ciudadana de tercer nivel, trabajar de manera constante en la capacitación de sus funcionarios para que visualicen sus beneficios, apoyar integralmente el proceso de cambio institucional que implica introducir más mecanismos de participación, capacitar a los ciudadanos respecto a los límites y alcances de las atribuciones de la Contraloría.

This paper discusses the main variables, analysis and conclusions of the studies conducted by the Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú and the Contraloría General de la República from Peru. The author bases its investigation on the comparison between the two organisms; furthermore, he contrasts its conclusions andproposals with the data collected in the development of arbitration. / El artículo comenta las principales variables, análisis y conclusiones de los estudios efectuados por Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Contraloría General de la República. Para ello, el autor efectúa una comparación entre ambos, así como contrasta ambas conclusiones y propuestas con los datos que recoge en el desenvolvimiento del arbitraje.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Para quienes integramos el presente grupo de trabajo, fue sintomático ver en los medios de comunicación y en las intervenciones de las principales figuras políticas del país, un discurso monotemático en relación con la Administración Pública en donde se pretendía caracterizar todos sus males a través del ejemplo paradigmático de una institución como la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría. En ese contexto, la Contraloría fue objeto no sólo de múltiples críticas sino que inclusive la elección de su máxima autoridad fue a vista de la población, un buen ejemplo de cómo el Estado “funciona” . Frente a ello, surge la inquietud de efectuar un reconocimiento de las cosas que funcionaron y de aquellas que no lo hicieron, y entonces surge la necesidad de alcanzar una propuesta de cómo dicha Institución debe funcionar, es decir, determinar como genera valor público. / Tesis

El artículo parte recordando que el artículo 41 de la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ley 26850 del año 1998, estableció -por primera vez-, como una de las claúsulas obligatorias en los Contratos de Adquisiciones y Contrataciones, la de la solución de controversias. Son arbitrables, en materia de bienesy servicios, los adicionales que no superen el 25% del monto total del contrato original y ,al tratarse de obras, cuando dichos adicionales no superen el 15%. Cuando superen dichos porcentajes se requerirá la aprobación previa de la Contraloría General de la República, al ser materias no arbitrables. La razón por la cual no son arbitrables es que se considera que, a través de estos posibles o eventuales adicionales, se podría estar modificando o alterando el Presupuesto General de la República, razón por la cual se establecen estas normas que, evidentemente, son de orden público.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes y resoluciones de la Dirección del Trabajo y de los dictámenes de la Contraloría General de la República. Período: enero-diciembre de 1983 (Dirección del Trabajo); mayo de 1974 (Contraloría General de la República). Dictámenes: 245 (Dirección del Trabajo); 52 (Contraloría General de la República)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia Municipal dicho organismo, números 236, 237 y 238; y dictámenes de la Dirección del Trabajo publicados en Boletín de la Dirección del Trabajo, números 139 a 142, correspondientes al año 2000. Total de documentos analizados: 314