Nos ha parecido importante revisar el marco regulatorio de la fiscalización laboral. Si la gran mayoría de las infracciones cursadas por la Dirección del Trabajo, y que son reclamadas vía recurso de protección, son dejadas sin efecto por los tribunales de justicia, nos enfrentamos a una falta de certeza jurídica y eso no es bueno. Asumiendo como necesaria e indispensable la fiscalización, el presente trabajo ha intentado hacer un diagnóstico de la forma en que la Dirección del Trabajo ha venido realizando su tarea de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, y de los fundamentos de tal fiscalización.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La importancia de la actividad del Estado como medio de dar satisfacción a las necesidades colectivas de la comunidad nacional y como instrumento esencial de la política de Gobierno en la regulación y promoción del desarrollo cultural, social y económico del país, justifican una preocupación preferente de las autoridades sobre los procedimientos que aseguren una adecuada programación de los niveles financieros que dicha actividad irroga y su compatibilización con las variables económicas globales y con los objetivos de la política monetaria. Las autoridades del Ministerio de Hacienda y sus organismos dependientes iniciaron, a partir del mes de octubre de 1973, los estudios pertinentes y la aplicación de las medidas respectivas que permitieran alcanzar los objetivos antes enunciados y que al mismo tiempo dieran dinamismo a la gestión financiera de todos los organismos públicos, mejorando la eficiencia y la racionalidad en el manejo de los fondos públicos

El presente artículo de investigación pretende teorizar la coexistencia de las potestades administrativas funcional de la CGR y disciplinaria de entidades de la administración pública. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se examina la naturaleza jurídica de las sanciones administrativo funcional y disciplinario, para luego demostrar la inexistencia del ne bis in ídem entre estas potestades. El método de investigación aplicado permite el análisis, reflexión e interpretación de su objeto de estudio con bases teóricas y conceptuales que profundizan los contenidos encontrados en fuentes bibliográficas, con un enfoque crítico que logra generar nuevos conocimientos a través de la teorización. La teoría obtenida respalda la coexistencia de estas potestades luego de demostrar la inexistencia de la vulneración del ne bis in ídem, pues una de las tres identidades requeridas no alcanza la subsunción en el supuesto que plantea este principio: la identidad de fundamento, puesto que, a pesar de que tienen una naturaleza restrictiva, el fin específico que persigue cada potestad es distinto.

El presente trabajo tiene por objetivo general determinar los problemas o limitaciones que afectan la capacidad del Sistema Nacional de Control para detectar e investigar casos de corrupción. Para ello, se toma como referencia la labor del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, desde el año 2010 hasta el 2014. / Articulo de Investigacion

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria busca ser material de consulta para quienes necesitan saber la opinión de la Contraloría General de la República en materias reguladas por la Ley Nº 19.880, “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado”. El contenido de esta obra consiste en una enumeración de cada uno de los artículos de la Ley ya mencionada, seguida de una o más conclusiones producto del análisis de dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República en aplicación de ese particular artículo. El método consistió en usar el buscador del sitio web de la Contraloría General de la República para encontrar dictámenes en que dicho órgano aplicara un artículo de la Ley Nº 19.880. El mismo procedimiento se repitió para cada uno de los artículos de la Ley. Una vez obtenidos los dictámenes, se analizó el contenido de cada uno de ellos para encontrar la aplicación concreta que de esa disposición hace el organismo contralor. Los resultados de dichos análisis constituyen doctrina administrativa emanada de la Contraloría General de la República, la que es compilada bajo el epígrafe “Doctrina Administrativa” a continuación del texto de cada artículo. Luego de la doctrina, se reproducen las partes pertinentes del texto de los dictámenes relevantes en orden cronológico, dejándose el encabezado del dictamen como nota al pie.

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.

It is known the case of the public attorneys that, having the opportunity to settle a controversy aroused between the public entity and the contractor, prefer to submit that dispute to arbitration with higher costs that this decision cause to the State. The reason? The concern of having «the reasonableness of his decision to settle the dispute» subjected to an administrative responsibility procedure.This paper aims to discuss this problem and analyze a possible solution. Thus, taking into consideration the Colombian experience and the recent Peruvian regulation in the «Reglamento de la Ley de APPs», the authors suggest to include in the «Nueva Ley de Contrataciones del Estado» the «Amicable Compositor» as a mechanism of alternative dispute resolution. / Es conocido el caso del procurador público que ante la posibilidad de transar los conflictos que surgen entre las entidades públicas y los contratistas, prefiere llevarlos a arbitraje con los mayores costos que dicha decisión genera para el Estado. El motivo responde a la preocupación de que se cuestione «la razonabilidad de su decisión de transar» imputándole responsabilidad mediante acciones de control.El presente artículo tiene como finalidad traer a discusión esta problemática así como una posible solución. De esta forma, teniendo en consideración la experiencia colombiana así como su reciente regulación en el Reglamento de la Ley de APPs, los autores proponen incluir en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado la figura del «Amigable Componedor» como mecanismo alternativo de solución amigable de conflictos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende exponer y sistematizar de una forma coherente y práctica la abundante y en ocasiones disímil jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, recaída en el actual Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto primitivo se encuentra contenido en la Ley Nº 19.070, vigente desde el 1º de Julio del año 1991, modificado por varias leyes posteriores y refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 1996 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial Nº 35.672 de fecha 22 de Enero de 1997, mismo que a la fecha también ya ha sufrido algunas modificaciones de relevancia. Para todos los que se vinculan de alguna forma a la función docente, este trabajo puede representar una ayuda en orden a conocer y eventualmente interpretar adecuadamente la normativa contenida en el referido Estatuto Docente y su Reglamento, así como el gran número de normas que lo complementan e informan

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Dentro de nuestro país cohabitan diversos pueblos indígenas que han subsistido hasta la actualidad. Sin embargo, el desarrollo del mundo moderno y sus proyectos económicos, en tanto manifestación concreta de éste, han ido crecientemente entrando en conflicto con estos pueblos, los que durante largos años se vieron desprotegidos y algunos incluso exterminados, como es el caso de los Onas en el extremo sur de Chile. En este contexto, presente en diversas partes del mundo, el año 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Éste constituye en la actualidad el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y fue ratificado por nuestro país el año 2008, entrando finalmente en vigencia en septiembre del año siguiente. Con ello el Estado de Chile ha adquirido el deber de llevar a cabos procesos de consulta indígena cada vez que se prevea la emisión de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en forma directa a uno o más pueblos indígenas. Deber que, desde su entrada en vigencia ha sido altamente controvertido, respecto de su obligatoriedad, forma de aplicación, entre otros aspectos. El objeto del presente trabajo consiste en el análisis del deber de consulta indígena en nuestro país definiendo su concepto, analizando la normativa correspondiente que la regula y configura sus elementos, para llegar a su aplicación específica por los órganos de la Administración del Estado en las distintas áreas desde la perspectiva que ha ido adoptando la Contraloría General de la República por medio de la jurisprudencia administrativa y así poder confirmar o refutar la hipótesis de que los dictámenes de la Contraloría General de la República, en materia de Consulta Indígena, no han sido uniformes

La Contraloría General de la República, es una de las entidades que impone las sanciones más gravosas en nuestro país, como es el caso de inhabilitaciones de hasta 5 años por responsabilidad administrativa funcional, por lo que resulta indispensable que durante el procedimiento sancionador se apliquen los principios establecidos, para así garantizar un debido procedimiento, pues de lo contrario, su no aplicación estaría afectando los derechos de los administrados. Lo que se pretende con el presente trabajo académico es realizar en primer lugar un análisis del principal medio probatorio en este procedimiento, el Informe de Control, pues a raíz de este se decidirá el inicio o no de un procedimiento administrativo sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional. Asimismo, determinar si la naturaleza del informe de control y su carácter de prueba preconstituida, podría vulnerar las garantías que tiene el administrado de tener un debido procedimiento. El carácter de prueba preconstituida y la presunción de veracidad que tiene el informe de control, pone en situación de desventaja al administrado, pues finalmente, la única forma de desvirtuar los cargos imputados será acreditando su inocencia o actuar diligente. A ello se suma el sustento técnico y legal con el que debe contar el informe. Estas características que tiene el Informe se encuentran en conflicto con principios que constituyen garantía del debido procedimiento, como lo son el impulso de oficio, presunción de licitud, verdad material y motivación, por lo que es obligación de la Contraloría General de la República hacer cumplir todos los parámetros establecidos para la elaboración del Informe de Control, así como la aplicación de las garantías que implican el debido procedimiento.