El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre las relaciones contractuales entre las Entidades Públicas y los sujetos privados. Específicamente, este trabajo analiza una controversia surgida en torno a la validez de las adendas de un contrato de arrendamiento suscrito entre un Gobierno Local y una empresa privada sobre un bien de titularidad estatal. El objetivo principal de ello es dilucidar la naturaleza jurídica de este tipo de contrataciones, con la finalidad de determinar cuáles son las normas aplicables a este tipo de controversias. Los objetivos secundarios se centran en analizar, por un lado, el razonamiento lógico jurídico aplicado por el Árbitro Único que resolvió la controversia y, por otro lado, evaluar si los argumentos de la defensa de la parte demandante fueron adecuados en este caso concreto. El mencionado análisis se desarrollará tomando en cuenta las normas del Derecho Administrativo y Arbitral y Civil que regulan las materias aplicables a la controversia, específicamente las normas consagradas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado y las normas supletorias aplicables del Código Civil. Finalmente, después del análisis efectuado, concluimos que el análisis jurídico y lógico utilizado por el Árbitro Único respecto de la nulidad de las adendas al contrato de arrendamiento analizado fue incorrecta. El Árbitro Único concluyó que las adendas al contrato son actos administrativos, por lo que resultaba de aplicación la Ley del Procedimiento Administrativo General. A nuestro parecer, ni el contrato ni las adendas son actos administrativos, por lo que la Ley del Procedimiento Administrativo General no resultaba aplicable, sino más bien la Ordenanza Municipal, por ser la norma especial y las disposiciones supletorias del Código Civil.

Mediante el presente trabajo se analizan los fundamentos del presente Laudo Arbitral (Segundo Arbitraje) que evalúa la eficacia de la Resolución administrativa que aprueba una liquidación final de un contrato de obra, en torno a criterios de “irregularidad” y “extemporaneidad”. Dicha evaluación se da en observancia a la normativa aplicable sobre ejecución contractual en la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente al momento de suscitada la controversia, y en atención a normativa supletoria aplicable, en lo que resulte compatible. En ese sentido, se evalúa los componentes integrantes de la liquidación final del contrato de obra y la observancia a los plazos establecidos en la normativa aplicable, esto en relación al Primer Arbitraje, que resuelve la primera controversia sobre la Ampliación de Plazo N°9, que antecede al presente arbitraje materia de análisis. Adicionalmente, se evalúa las atribuciones y límites del Tribunal Arbitral y la delimitación en sus pronunciamientos sobre las pretensiones planteadas por el Consorcio en este Segundo Arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior, se amerita evaluar el fondo que motivó el presente Segundo Arbitraje; es decir, el sustento de la Liquidación administrativa en base al hallazgo de Contraloría sobre la Ampliación de Plazo N°3. / The present dispute develops in order to determinate the tecnichal conceptos includes in the cost of a public work, that are involves in two arbitrations. Also, will be evaluate the rules to aply acording to the nature of the dispute. Finallly, it also will be analize the limits about the pronouncement in the arbitration, acording it nature and other legal provisions and principles involved.

En el presente informe, se analizará la procedencia del pago por la segunda entrega del producto papilla en el marco de la ejecución del Contrato N° 10-2012-MIDIS-PRONAA y su Primera Adenda, objeto de controversia en el proceso arbitral seguido entre la empresa Consorcio de Alimentos S.A.C. y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. En esta oportunidad, se verificará si se cumplió con el procedimiento adecuado de recepción y conformidad y si las penalidades por mora y otras penalidades fueron aplicadas correctamente de acuerdo al mencionado contrato y la normativa de Contrataciones del Estado aplicable. Como conclusión, se determinó que el pago por la segunda entrega del mencionado producto no resulta procedente, pues no se cumple con los requisitos establecidos en el mencionado contrato y la normativa aplicable. / In this report, the feasibility of the payment for the second delivery of the baby food will be analyzed during the execution of Contract N° 10-2012-MIDIS-PRONAA and its First Addendum, object of arbitration controversy in the arbitration process followed between the company Consorcio de Alimentos S.A.C. and the Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. On this occasion, it will be verified whether the appropriate reception and conformity procedure was followed and whether the penalties for late payment and other penalties were applied correctly in accordance with the aforementioned contract and the applicable rules. In conclusion, it was determined that the payment for the second delivery of the baby food is not appropriate, because the requirements established in the aforementioned contract and the applicable rules were not accomplished.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad jurídica de la declaratoria de nulidad de un contrato administrativo, de oficio, por los árbitros en el marco de la resolución de conflictos en contrataciones del Estado, para lo cual, se parte del análisis de un caso en concreto en el que, en efecto, un tribunal arbitral declaró la nulidad de oficio de un contrato administrativo por la causal de fin ilícito. Se utiliza el método de resolución de casos, a través de la construcción del árbol de problemas planteando una pregunta principal, como problema jurídico a resolver. Luego, se plantearán otras 3 cuestiones a resolver, referidas a la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez de un contrato; a la naturaleza del contrato administrativo, y; al cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de nulidad de oficio del contrato por fin ilícito, en el caso concreto. Finalmente, se concluirá que los árbitros serán competentes para resolver nulo de oficio un contrato administrativo si es que la materia sobre la validez del contrato es arbitrable para el caso en concreto y si es que se cumplen con las causales de nulidad previstas en el artículo 219° del Código Civil. / The objective of this work is to determine the legal viability of the declaration of nullity of an administrative contract, ex officio, by the arbitrators in the framework of the resolution of conflicts in State contracting, for which, it starts from the analysis of a specific case in which, in effect, an arbitral tribunal declared the nullity, ex officio, of an administrative contract on the grounds of an illicit purpose. The case resolution method is used, through the construction of the problem tree proposing a main question, as a legal problem to solve Then, other 3 questions to be resolved will be raised, referring to the competence of the arbitrators to rule on the validity of a contract; the nature of the administrative contract, and; to the fulfillment of the requirements for the declaration of nullity ex officio of the contract for illicit purpose, in the specific case. Finally, it will be concluded that the arbitrators will be competent to resolve null, ex officio, an administrative contract if the matter on the validity of the contract is arbitrable for the specific case and if the grounds for nullity provided for in article 219 of the Code Civil are met.

El objetivo de la presente investigación es explicar qué criterio general y método de interpretación serían los que más se ajustan a las normas administrativas referidas a las contrataciones del Estado, y cuál es la justificación de la inserción del numeral 49.6 en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo ello con motivo de dilucidar si el numeral 49.6, incorporado mediante el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, debe ser interpretado de tal forma que se aplique también a las Adjudicaciones simplificadas que derivan de Concursos Públicos y Licitaciones Públicas. El método empleado en el desarrollo de la presente investigación es el uso de las diversas fuentes del derecho, como la legislación y la doctrina. Así, nos apoyamos en el criterio interpretativo de las normas administrativas propuesto por el abogado Carlos Balbín, ya que su propuesta está ligada a diversos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Las principales conclusiones fueron que, de acuerdo a la finalidad pública, los principios de las contrataciones con el Estado y los derechos de los administrados, el beneficio dirigido a las pequeña y micro empresas no puede ser utilizado en las adjudicaciones simplificadas cuando derivan de otros procedimientos de selección, ya que dicha figura jurídica existe solo con la finalidad de concluir rápidamente con el procedimiento de selección, debido a que esta tiene menos etapas procedimentales, además de menos exigencias y complejidades. / The objective of this research is to explain what general criterion and method of interpretation would be the ones that best conform to the administrative regulations referring to State contracting, and what is the justification for the insertion of numeral 49.6 in the Regulation of the Law of State contracting, all of this for the purpose of elucidating whether numeral 49.6, incorporated by means of Supreme Decree No. 168- 2020-EF, should be interpreted in such a way that it also applies to simplified awards that derive from Public Tenders and Public Tenders. The method used in the development of this research is the use of various sources of law, such as legislation and doctrine. Thus, we rely on the interpretative criterion of the administrative rules proposed by the lawyer Carlos Balbín, since his proposal is linked to various articles of the Law of General Administrative Procedure. The main conclusions were that, according to the public purpose, the principles of contracting with the State and the rights of the administrated, the benefit directed to small and micro enterprises cannot be used in simplified awards when they derive from other procedures. of selection, since this legal figure exists only for the purpose of quickly concluding the selection procedure, because it has fewer procedural stages, as well as fewer demands and complexities.

La Ley de Contrataciones del Estado vigente en el Perú, reconoce como mecanismo heterocompositivo de solución de controversias obligatorio, salvo excepciones, al arbitraje. Al estipular al arbitraje como obligatorio, se desnaturaliza la figura de esta institución jurídica como mecanismo adecuado de solución de controversias, dado que éste es esencialmente voluntario. Bajo este orden de ideas, a partir de la identificación, comparación y análisis de un supuesto normativo que es real en el Perú: la obligatoriedad del arbitraje en los contratos de los que forma parte el Estado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE); se postula, en aras de la coherencia que debe imperar en nuestro Sistema Jurídico, devolverle la voluntariedad como carácter esencial, proponiendo soluciones que a la vez de significar modificaciones legislativas que guardan coherencia con nuestra Constitución y la Ley que norma el Arbitraje, suponen un verdadero entendimiento de la institución arbitral y una coherente utilización de éste como mecanismo de solución de controversias, garantizando la Autonomía de la Voluntad, la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el respeto de los derechos de los contratantes en los contratos públicos en el ámbito de la LCE, bajo un marco de Legalidad. / Trabajo de investigación

El análisis de la aplicación del principio de predictibilidad o confianza legítima en las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, ya sean derivadas de un procedimiento administrativo sancionador o de un recurso de apelación, tienen como efecto jurídico abstracto la generación de confianza legítima en el administrado, confianza que deberá ser creada por el Tribunal en la línea de que guíe su conducta sobre la base de anteriores pronunciamientos emitidos en los mismos supuesto, con la finalidad de que su discrecionalidad al resolver determinados asuntos no se convierta en arbitrariedad y así no pueda tener dos pronunciamientos totalmente antagónicos frente a casos idénticos, en los cuales se presentan los mismos argumentos y se aplica igual normativa (Martinez Zamora, 2014). Sin embargo, del análisis de diversas resoluciones, tanto de procedimientos administrativos sancionadores como de recursos de apelación, se puede constatar que, en la práctica, el Tribunal de contrataciones del OSCE, ha vulnerado el principio de predictibilidad o confianza legítima, pues ante supuestos de hecho sustancialmente iguales sometidos a apelación o a un procedimiento administrativo sancionador han aplicado criterios diferentes y obtenido resoluciones antagónicas de forma inmotivada, generándose arbitrariedad por parte del Tribunal de Contrataciones del OSCE, inseguridad jurídica y la vulneración de derechos y principios conexos.

El presente informe aborda la interpretación realizada por el Tribunal Arbitral del arbitraje seguido entre Obrascón Huarte Lain S.A. y Provías Nacional, respecto a los requisitos para una de ampliación de plazo bajo contratos de obra. Este análisis resulta importante en tanto pone en evidencia que la posición de la entidad podría generar incentivos perversos para la dilatación del arbitraje. De igual modo, aborda el análisis realizado por la Corte Superior respecto a la demanda de anulación de la entidad, en el sentido de que el laudo debió anularse por padecer de una motivación incongruente, aparente y defectuosa. En el informe se concluye, por un lado, que los requisitos para que proceda una ampliación de plazo deben analizarse considerando la oportunidad en que fueron presentados y no la fecha en que se emite el laudo; y, por otra parte, que para considerar que un laudo arbitral sí está motivado, no se necesita una determinada extensión. Lo que se debe verificar es que exista motivación (fundamentación jurídica); congruencia y no contradicción; y, suficiencia de la motivación, lo que sí ocurrió en el Laudo materia de análisis. / This report addresses the interpretation made by the Tribunal of the arbitration between Obrascón Huarte Lain S.A. and Provías Nacional, regarding the requirements for an extension of time under construction contracts. This analysis is important as it shows that the government entity's position could generate perverse incentives to delay the arbitration. Likewise, it addresses the analysis carried out by the Peruvian Superior Court regarding the government entity's claim for annulment, in the sense that the award should have been annulled due to incongruous, apparent and defective motivation. The report concludes, on the one hand, that the requirements for an extension of time must be analyzed considering the opportunity in which they were presented and not the date on which the award is issued; and, on the other hand, that in order to consider that an arbitral award is motivated, a certain extension of the grounds for the decision is not needed. What must be verified is that there is motivation (legal basis); consistency and non-contradiction; and, sufficiency of the motivation, which did occur in the award subject to analysis.

El laudo materia de análisis trata de un procedimiento de recepción de obra en el marco de contratación pública. En este caso arbitral, la discusión se centró en si es que la entrega física de la obra suponía su recepción conforme la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento vigentes al momento de celebrar el Contrato (Ley No. 26850 y Decreto Supremo No 084-2004). A nuestro parecer, la recepción de la obra, regulada en el normativa de contrataciones con el estado, supone la ejecución de un procedimiento establecido para determinar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la ejecución de la obra. En ese sentido, la simple entrega física de la obra no puede interpretarse como la recepción de la obra si no se ha cumplido con el procedimiento establecido. / The award subject of analysis deals with a procedure for the reception of works within the framework of public procurement. In this arbitration case, the discussion focused on whether the physical delivery of the work implied its receipt in accordance with the Law on Contracting with the State and its Regulations in force at the time the Contract was entered into (Law No. 26850 and Supreme Decree No. 084 -2004). In our opinion, the reception of the work, regulated in the contracting regulations with the state, supposes the execution of an established procedure to determine the fulfillment of the conditions required for the execution of the work. In this sense, the simple physical delivery of the work cannot be interpreted as the reception of the work if the established procedure has not been complied with.

En nuestro país existen 2769 empresas inhabilitadas para participar en procesos de contratación pública, con sanción vigente. En el último informe oficial de la OSCE, publicado en el año 2017, se ha demostrado que, en el supuesto más grave, por cada proceso de contratación pública en el 72% de procesos de adjudicación, se ha otorgado la buena pro con la participación de solamente, un postor. El índice de competencia es de 1. ¿Qué hacemos para que estas empresas inhabilitadas, puedan participar nuevamente y mejorar así el índice de competencia por proceso? Por medio de la Directiva Nº 24-2014— sobre contrataciones públicas— el Parlamento Europeo, establece un tema muy importante. En el numeral 6 del artículo 57, se prevé la posibilidad de evitar la inhabilitación de un proceso de contratación pública, por medio de un sistema denominado “Self Cleaning”, es decir, un programa de “auto-limpieza”, “auto-saneamiento” o “rehabilitación empresarial” de cara al delito cometido y por el que fue inhabilitada la empresa; dicho programa, para su validez, debe ser desarrollado por la propia empresa y sometido a evaluación por la entidad que tramita el proceso de contratación pública. Se trata, en buena cuenta, de un programa de regeneración ex post a la sentencia firme que determinó la inhabilitación de la empresa. Precisamente sobre este tema versa, el presente trabajo; se plantea la posibilidad de implementar el sistema de Self Cleaning en nuestro ordenamiento jurídico. Se considera el sistema de Self Cleaning como modelo de regeneración empresarial ex post, que permite rehabilitar empresas ya inhabilitadas para participar en procesos de contratación. Ello incrementa el indicador de competencia; reduce los efectos negativos en los empleados de las empresas inhabilitadas, consorciadas y demás afectados colaterales; además permite preservar la lex artis de cada empresa. / Trabajo de investigación