El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Poder Judicial y los Tribunales Arbitrales, han señalado en la mayoría de resoluciones, que mediante el enriquecimiento sin causa se puede pagar la utilidad al contratista que ejecutó prestaciones a favor del estado sin mediar un contrato, lo que es un error, ya que el enriquecimiento sin causa brinda una tutela semi – resarcitoria, es decir solo busca reponer el equilibrio patrimonial. En el presente trabajo utilizo el método dogmático porque considero que en el Perú existe un profundo desconocimiento conceptual de la figura del enriquecimiento sin causa, además utilizo el método jurisprudencial ya que analizo las sentencias que resuelven casos que versan sobre enriquecimiento sin causa, de lo cual he concluido que salvo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no corresponde reconocer la utilidad a los proveedores del estado que hayan ejecutado prestaciones sin contrato, pues al realizarse el pago de esta manera se le está restando coherencia al sistema de contratación estatal, ya que el proveedor se ve beneficiado al lograr el mismo resultado que si celebrará un contrato público, evitando el gasto de tiempo y dinero que implica participar en una licitación. Asimismo, considero necesario establecer mediante una modificación normativa que establezca que el enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación pública no da derecho al reconocimiento de la utilidad al proveedor, ya que la legislación vigente no ha regulado adecuadamente las consecuencias de esta fuente de obligación, por lo que se generan pronunciamientos diversos, entorno a la manera de aplicación de esta figura.

En el presente trabajo académico se analiza el criterio jurisprudencial que ha establecido en reiteradas oportunidades la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (por medio de la Casación No. 841-2015 y la Casación No. 23-2016), que señala que los “defectos administrativos” que se presenten dentro de una contratación pública directa, por causal de exoneración, no podrán constituir indicios de la comisión de delitos como negociación incompatible o colusión desleal. Ante ello, presentaremos como conclusión que dicho criterio es erroneo, pues parte de una incorrecta interpretación de las normas que regulan la contratación estatal.

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis del Laudo arbitral emitido bajo el expediente 1908-308-18, llevado a cabo ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, entre el Consorcio Puentes del Norte y Provias Nacional. La controversia materia de análisis se dio en el marco de la ejecución del Contrato N° 012-2017-MTC/20 suscrito por las partes, el cual tuvo como objeto el diseño y construcción de siete puentes por reemplazo en la Región de Puno, pactado bajo la modalidad concurso oferta a suma alzada, en el régimen de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 184- 2008-EF). Conforme a la modalidad contractual pactada, el Consorcio Puentes del Norte se obligó a elaborar el expediente técnico y, posteriormente, la ejecución de la obra; sin embargo, durante la primera etapa de ejecución del contrato (elaboración del expediente técnico) surgió la controversia, relacionada a la denegatoria de aprobación del expediente técnico por parte de la Entidad contratante. En síntesis, dicha controversia se centra en sí -tomando en cuenta la modalidad contractual pactada (concurso oferta con precios a suma alzada)- correspondía que Provias Nacional apruebe el expediente técnico presentado por el Consorcio, cuyo monto previsto como presupuesto para la ejecución de obra superaba al precio ofertado durante la licitación. Así, el Laudo arbitral y el Voto en discordia analizan el alcance de las obligaciones de las partes (en el marco de la modalidad contractual escogida) y su regulación en la normativa de contratación pública aplicable, para determinar si es que el Consorcio cumplió o no con la elaboración del expediente técnico. En ese contexto, el presente Informe Jurídico presenta un análisis de las principales instituciones y problemas jurídicos que son materia de pronunciamiento en el Laudo arbitral, a la luz de la normativa de contrataciones del Estado aplicable al caso, la Ley vigente, pronunciamientos del OSCE y doctrina. / The purpose of this Legal Report is to carry out an analysis of the Arbitration Award issued under file 1908-308-18, carried out before the Center for Conflict Analysis and Resolution of the PUCP, between "Consorcio Puentes del Norte" and Provias Nacional. The matter of analysis occurred within the framework of the execution of Contract No. 012-2017-MTC/20 signed by the parties, which had as its object the design and construction of seven replacement bridges in the Puno Region, agreed under the lump sum “offer – tender” modality, under the regime of the State Procurement Law (Legislative Decree No. 1017) and its Regulations (Supreme Decree No. 184-2008-EF). According to the contractual modality agreed, the obligation of Consortium was to prepare the design of the works and, subsequently, the execution of the works; however, during the first stage of execution of the contract (preparation of the work design) the controversy arises, related to the denial of approval of the design by Provias. In summary, the discussion centers on whether -taking into account the agreed contractual modality (lump sum prices)- it was appropriate for Provias Nacional to approve the works design presented by the Consortium, whose budget for the execution of the works exceeded the price offered during the tender. Thus, the Arbitration Award and the Dissenting Vote analyze the scope of the obligations of the parties within the framework of the chosen contractual modality and its regulation in the public procurement regulations applicable to the case, to determine whether the Consortium complied with the development of the design of the works. In this context, this Legal Report presents an analysis of the main institutions and legal problems that are the subject of pronouncement in the Arbitral Award, based on the public procurement regulations applicable to the case, the current Law, OSCE opinions and doctrine.

El informe jurídico analiza la condición de funcionario público en el delito de colusión (simple y agravado), desde lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Cas.1095-2021 Nacional. El problema jurídico es identificado por la condición de consultores de la que se encontraban premunidos los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, mismas que personas interponen la excepción de improcedencia de acción, en el marco de una investigación penal. En razón a ello, el objetivo principal del informe jurídico es determinar si, en el marco de una contratación pública, el abogado que funge como consultor del Estado es considerado funcionario público, y por ende autor o cómplice del delito de colusión. El informe recurre a los fundamentos ontológicos de los Delitos Contra la Administración Pública para poder entender la razón de considerar al funcionario público como un sujeto distinto al particular. Bajo dicha premisa, se explica el concepto de infracción de deber desde su autor original, Claus Roxin, hasta lo establecido por autores nacionales. Luego, se desarrolla la naturaleza del funcionario público y del delito de colusión desde la legislación vigente, doctrina (nacional e internacional) y la jurisprudencia. Todo ello con el objetivo de apoyar la posición de que los consultores contratados por el Estado sí son funcionarios públicos, pero no pueden ser considerado como autores del delito de colusión. / The legal report analyzes the condition of publico oficial in the crime of collusion (simple anda aggravated), based on the decisión of the Permanent Criminal Court in Cas. 1095-2021 National. The legal issue identified by the condition of consultants that lawyers Jorge Danos and Ana Sofía Reyna had, same people who filed the exception of inadmissibility of action, within the framework of crime research. For that reason, the main objective of the legal report is to determine whether, in the context of a public procurement, the lawyer acting as a consultant to the State is considered a public official, and therefore a perpetrator or accomplice to the crime of collusion. The report uses the ontological foundations of Crimes against Public Administration to understand the reason for considering the public official as a subject different from the private individual. Under this premise, the concept of breach of duty is explained from its original author, Claus Roxin, to what has been established by national authors. Then, the nature of the public official and the crime of collusion are developed from the current legislation, doctrine (national and international) and jurisprudence. All this with the aim of supporting the position that consultants hired by the State are public officials, but cannot be considered as perpetrators of the crime of collusion.

El presente artículo aborda el PL en el que se plantea la incorporación de la cláusula resolutoria expresa en los contratos de la LCE. Al respecto, se analiza la naturaleza de dicho mecanismo y sus requisitos. A partir de ello se concluye que no resulta conveniente su incorporación en el reglamento contractual de los contratos de la LCE. Esto, porque colisiona con el principio de continuidad y porque actualmente la administración no nos asegura que sean diseñadas y ejecutadas adecuadamente. En ese mismo sentido, se determina que no es conveniente plantear una consecuencia tan grave como la nulidad del contrato por la no inclusión de una cláusula resolutoria expresa. Ello, en la medida que se trata de un diseño especial que necesariamente debe contemplar ciertos requisitos que, de omitirse, conllevarían a que se trate de una cláusula de estilo y, por ende, se tenga como no puesta. / This article deals with the PL in which the incorporation of the express resolution clause in the LCE contracts is proposed. In this regard, the nature of said mechanism and its requirements are analyzed. Based on this, it is concluded that its incorporation into the contractual regulations of LCE contracts is not convenient. This, because it collides with the principle of continuity and because currently the administration does not assure us that they are properly designed and executed. In the same sense, it is determined that it is not convenient to raise a consequence as serious as the nullity of the contract due to the non-inclusion of an express resolutive clause. This, to the extent that it is a special design that must necessarily contemplate certain requirements that, if omitted, would lead to it being a style clause and, therefore, be considered as not set. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación versa sobre el criterio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, establecido a través de sus informes técnicos, para aplicar los impedimentos para ser proveedor del Estado establecidos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales son extensivos al cónyuge, conviviente o a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades señaladas en el citado artículo, a los servidores que se encuentran bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, determinando que de configurarse este supuesto, es decir, de encontrarse comprendidos en los impedimentos del artículo 11° de la Ley de Contrataciones con el Estado, las entidades públicas deben proceder a su inmediato despido. Considero que no existe una justificación constitucional razonable para limitar el ejercicio del derecho al trabajo, así como el acceso y permanencia en el empleo público por criterios basados en lazos de consanguinidad o afinidad con persona alguna; y que no podrían aplicarse impedimentos previstos en normas de una contratación pública de bienes y servicios, a un régimen de carácter laboral como el que constituye el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios, siendo aplicables a este los impedimentos que regulan el servicio civil. Por ello para reforzar mi planteamiento recorro a las distintas fuentes del derecho, la normativa, la jurisprudencia y la doctrina. / This research work deals with the criteria of the National Civil Service Authority in its capacity as the governing body of the Administrative System for the Management of Human Resources of the State, established through its technical reports, to apply the impediments to be a provider of the State established in Article 11 of the State Contracting Law, which are extended to the spouse, partner or their relatives up to the second degree of consanguinity and second degree of affinity of the authorities indicated in the aforementioned article, to the servers who are under the Special Regime for Administrative Contracting of Services, determining that if this assumption is configured, that is, if they are included in the impediments of article 11 of the Law of Contracting with the State, public entities must proceed to their immediate dismissal. I believe that there is no reasonable constitutional justification for limiting the exercise of the right to work, as well as access and permanence in public employment by criteria based on ties of consanguinity or affinity with any person; and that impediments provided for in the norms of a public procurement of goods and services could not be applied to a labor regime such as that constituted by the labor regime of Administrative Contracting of Services, the impediments that regulate the civil service being applicable to this. Therefore, to reinforce my approach, I go to the different sources of law, regulations, jurisprudence and doctrine.

El precio constituye la condición de mayor complejidad para las partes en los contratos de obra pública, asumiendo el Estado y el contratista distintas obligaciones y riesgos según el sistema de contratación o modalidad de ejecución contractual por la que se haya optado. Si bien en el aspecto teórico y doctrinario existen condiciones que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, los únicos supuestos que serán atendibles en sede administrativa son los previstos en nuestra normativa de contratación pública (típicos); es decir: (i) las prestaciones adicionales de obra y presupuestos deductivos, (ii) el sistema de reajuste de precios, (iii) los mayores gastos generales por ampliación de plazo, (iv) los mayores metrados de obra en contratos a precios unitarios y (v) los intereses por retraso en el inicio de obra o en el pago de valorizaciones. No obstante, se advierten diversos problemas en su aplicación, como la carencia de una metodología y criterios uniformes para la evaluación de prestaciones adicionales; ausencia de normativa específica que regule las condiciones, requisitos y procedimientos para la aprobación de reducciones de obra o presupuestos deductivos; la indefinición del trámite de los mayores metrados superiores al 15% del monto del contratado, entre otros que detallamos en nuestra investigación. Adicionalmente a los supuestos regulados (típicos), concurren otras circunstancias que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, tales como: (i) los sobrecostos por mayor permanencia de equipos en obra, (ii) la disminución de los rendimientos por situaciones imprevisibles, (iii) las partidas de ejecución continua no susceptibles de ser paralizadas y, (iv) los hechos imprevisibles y mayores metrados en los contratos sujetos a modalidad que incluyen la elaboración del expediente técnico. Si bien dichos supuestos no tienen acogida en sede administrativa, ello no obsta para que sean reclamados en otros fueros, en cuyo caso el Estado no solo se verá obligado a reconocer los mayores costos de la obra (sin que el monto se encuentre necesariamente justificado), sino que deberá asumir las costas y costos del proceso, perjudicándose además el normal desarrollo de la obra. En torno a estos supuestos, analizamos los aspectos que deberían considerarse para su regulación. Como corolario de nuestro trabajo, proponemos adoptar un nuevo enfoque respecto la modificación del precio en los contratos de obra, que privilegie el logro de los objetivos y metas, ampliando los supuestos de hecho y estableciendo mecanismos de control basados en incentivos, evitando márgenes de previsión que generen controversias entre las partes. De la mano con ello, se deberá mejorar la calidad de los estudios y expedientes técnicos, incorporar instrumentos que orienten la asignación de riesgos a la parte que se encuentre en mejor posición para gestionarlos, así como fortalecer los órganos encargados de la administración de los contratos y el personal que en ellos laboran.

El presente trabajo busca determinar la naturaleza de la responsabilidad conjunta de los integrantes del comité de selección teniendo como parámetro el principio de causalidad. Se parte de la hipótesis que, contrariamente a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no se trata de un caso de responsabilidad solidaria. Este tema adquiere particular relevancia si se considera que este género de responsabilidad implica la aplicación indiscriminada de la misma sanción, sin indagar el nivel real de participación y las circunstancias particulares de cada uno de los integrantes del comité de selección, los cuales constituyen criterios de razonabilidad exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Para tal propósito se acoge como marco teórico los modelos de responsabilidad conjunta en Derecho Administrativo en su relación con aquellos elaborados por el Derecho Penal, según los planteamientos de Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales y Claus Roxin. Partiendo de este supuesto, se concluye que la responsabilidad de los integrantes del comité de selección es un caso de coautoría que proviene del concierto de manifestaciones de voluntad de sus integrantes, que implican el quebrantamiento de las obligaciones que, en tal calidad, les corresponden.

El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD.

El trabajo propuesto comprende el análisis y la mejora de los procesos de adquisiciones y contrataciones en una empresa del Estado del sector hidrocarburos, de manera que éstos se desarrollen de forma eficiente en el manejo de los recursos como tiempo y costos. Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de las contrataciones en esta empresa del Estado, cuyos procedimientos son realizados por el Departamento de Logística de la empresa y se rigen bajo el Reglamento de Contrataciones de ésta. También, se investigaron los conceptos teóricos de procesos, gestión de compras y costos, que conjuntamente con el diagnóstico y análisis de los tiempos y los costos, sirvieron para definir las alternativas de mejora que se desarrollarían para optimizar el proceso en estudio. Así mismo, es importante mencionar que en el Departamento de Logística nunca se había realizado estudios de mejora de procesos. Con la implementación de estas propuestas se logrará ordenar y estabilizar los procesos, así como las principales causas que mermaban su productividad. Es importante indicar que con las alternativas de mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose procesos más eficientes, y se iniciarán a tiempo los proyectos de la empresa que requieran bienes y servicios. Se debe resaltar que a partir de este estudio, el Departamento de Logística podrá utilizar metodologías de excelencia para mejorar sus procesos en el futuro y complementar el presente trabajo con otras herramientas de la Ingeniería Industrial, las cuales no podrían funcionar sin el análisis desarrollado.