El presente informe jurídico tiene por objeto revisar los principales problemas jurídicos que plantea el laudo derivado del tercer proceso arbitral seguido por el Consorcio Neshuya contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, el cual resolvió las divergencias surgidas entre dichas partes por la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Tingo María – Pucallpa, sector Aguaytía – Pucallpa, Tramo III: Neshuya – Pucallpa”. En ese orden de ideas, el informe aborda el marco normativo vigente al momento de surgidas las controversias y, a partir de ello, analiza si el pronunciamiento recogido en el laudo resulta adecuado. Cabe señalar que este expediente, a pesar de su relativa antigüedad, nos permite analizar, entre otros aspectos, el tratamiento de las materias arbitrables, especialmente lo referido a la potestad de la Contraloría General de la República para aprobar adicionales y el enriquecimiento sin causa; así como también, la ejecución de mayores metrados. Es así que la importancia del presente informe reside, precisamente, en que tales tópicos mantienen plena vigencia en la actualidad y, a pesar de las sucesivas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su aplicación todavía resulta compleja y continúa siendo causa de controversias entre contratistas y el Estado. Finalmente, realizado el análisis correspondiente, se concluye que la decisión emitida por el Tribunal Arbitral fue correcta a la luz de la normativa aplicable.

El sector público realiza licitaciones que tienen como objetivo la construcción y/o reestructuración de diversos espacios. Ante esto, las empresas constructoras se ven en la necesidad de analizar la mejor fuente de financiamiento para poder llevar a cabo la obtención y ejecución de las obras. Es así, que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las fuentes de financiamiento óptimas para la obtención y ejecución de obras de construcción civil conseguidas por parte de la empresa G.R.A.P.H en licitaciones públicas en el Perú. Para ello, se identificaron los pasos de la licitación y las características de los proyectos de construcción, así como se conocieron las diferentes fuentes de financiamiento por las que puede optar una MYPE del sector construcción en el Perú. Todo esto, para que, finalmente, se determinen las mejores fuentes de financiamiento de acuerdo a las necesidades que cada proyecto presentó. Para lograr lo mencionado, se realizó el estudio de dos obras que G.R.A.P.H realizó, los cuales son Huacrapuquio y Queñua. En ambas obras se pudo determinar que G.R.A.P.H prefiere pagar al contado e inmediatamente a sus proveedores; por lo cual, no optan por financiarse con ellos. Asimismo, se evidenció que la mayor obtención de sus activos lo han realizado mediante leasing y lo restante mediante el alquiler de estos, así, no poseen desabasto de maquinarias en la ejecución de sus obras. De la misma manera, se concluyó que otra fuente de financiamiento para G.R.A.P.H son las cartas fianza, las cuales son relevantes en una licitación pública. En complemento, con los respectivos análisis de ratios financieros se llegó a concluir que la MYPE G.R.AP.H posee un alto nivel de liquidez, así como una mayor relación de capital, con respecto a la deuda, lo cual la convierte en una empresa financieramente estable.

virtud a la incorporación del cuarto párrafo del artículo 17 del DS 024-2002-MTC, existe una incertidumbre jurídica respecto a si la cobertura del Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT) debe extenderse también a los ocupantes de un vehículo no asegurado ante la colisión con un vehículo asegurado. Al respecto, las Compañías de Seguro sostienen que dicho seguro no contempla a las víctimas que se transportaban en el vehículo no asegurado en virtud a que el mismo no cuenta con un seguro, no formando parte del riesgo asegurado. Sin embargo, es menester señalar que el SOAT tiene por finalidad resguardar los derechos de vida e integridad personal, teniendo una naturaleza de carácter social. En virtud a ello, el presente informe tiene por finalidad determinar cómo debe interpretarse el cuarto párrafo del artículo señalado mediante diversos métodos interpretativos contemplados en la doctrina jurídica. Para así, demostrar que el método interpretativo aplicable es una interpretación sistemática y finalista de la norma, por la cual se reconoce que la obligación de la aseguradora presente al momento del siniestro de indemnizará a todas las víctimas, incluyendo a los ocupantes del vehículo no asegurado; y por la cual, se faculta a esta para repetir contra los responsables solidarios señalado en la norma. Esto último como un medio para restituir a la aseguradora los gastos incurridos por el riesgo inicialmente no asegurado. / By virtue of the incorporation of the fourth paragraph of Article 17 of DS 024-2002-MTC, there is a legal uncertainty as to whether the coverage of the Compulsory Traffic Accident Insurance (SOAT) must also be extended to the occupants of an uninsured vehicle in the event of a collision with an insured vehicle. In this regard, the insurance companies maintain that such insurance does not cover victims who were transported in the uninsured vehicle because it does not have insurance, not forming part of the insured risk. However, it is worth noting that the purpose of SOAT is to safeguard the rights to life and personal integrity, having a social character. Accordingly, the purpose of this report is to determine how the fourth paragraph of the article referred to should be interpreted by means of various interpretative methods provided for in legal doctrine. To demonstrate that the applicable interpretative method is a systematic and final interpretation of the rule, which recognizes that the obligation of the insurer present at the time of the claim will compensate all victims, including the occupants of the uninsured vehicle; and by which, it is empowered to repeat against those jointly and severally liable as stated in the standard. This latter method makes it possible to refund to the insurer the expenses incurred by the initially uninsured risk.

EI SOAT es un seguro vehicuIar obIigatorio cuyo objetivo es garantizar Ia atención inmediata de Ias víctimas, sean ocupantes o terceros de vehícuIo coberturado, ante Ia ocurrencia de un siniestro. AI respecto, existe una controversia entre Ias compañías de seguros y Ios accidentados respecto de si eI SOAT debe cubrir a Ios ocupantes de un vehícuIo que no cuenta con dicho seguro. Por un Iado, Ios accidentados señaIan que eI SOAT cubre a todas Ias personas, independientemente de Ia caIidad que estas posean; mientras que Ias compañías de seguros sostienen que su póIiza únicamente deberá ser apIicada a Ios ocupantes deI vehícuIo asegurado, así como a Ios terceros no ocupantes deI mismo, restringiendo este término para Ios peatones. Bajo esta úItima interpretación, no podrá ser posibIe que se brinde Ia cobertura deI SOAT a Ios ocupantes de un vehícuIo sin SOAT, Ios mismos que potenciaImente quedarían a su suerte. Sin embargo, desde nuestra óptica, cuaIquier disposición normativa que haga referencia aI SOAT debe interpretarse, considerando eI propósito sociaI bajo eI cuaI fue concebido. En consecuencia, a Ia Iuz deI cuarto párrafo deI artícuIo 17 deI Decreto Supremo 024-2002-MTC, Ias compañías de seguro se encuentran obIigadas a indemnizar a Ios ocupantes deI vehícuIo sin SOAT, teniendo Ia posibiIidad de repetir Io pagado contra Ios responsabIes soIidarios. / The SOAT is a mandatory vehicIe insurance whose objective is to guarantee the immediate attention of the victims, whether they are occupants or third parties of the covered vehicIe, in the event of an accident. In this regard, there is a controversy between insurance companies and accident victims as to whether the SOAT shouId cover the occupants of a vehicIe that does not have said insurance. On the one hand, the injured parties point out that the SOAT covers aII peopIe, regardIess of their quaIity; whiIe insurance companies maintain that their poIicy shouId onIy be appIied to the occupants of the insured vehicIe, as weII as to third parties who do not occupy it, restricting this term to pedestrians. Under this Iast interpretation, it may not be possibIe for SOAT coverage to be provided to the occupants of a vehicIe without SOAT, the same ones who wouId potentiaIIy be Ieft to their own devices. However, from our point of view, any reguIatory provision that refers to SOAT must be interpreted, considering the sociaI purpose for which it was conceived. ConsequentIy, in Iight of the fourth paragraph of articIe 17 of Supreme Decree 024-2002-MTC, the insurance companies are obIiged to indemnify the occupants of the vehicIe without SOAT, having the possibiIity of repeating what was paid against the joint and severaI responsibIe.

En este caso legal, la demandante argumenta que su tía, la demandada, revocó la donación de un inmueble debido a intereses personales de sus hermanos, quienes consideraban que la propiedad era un patrimonio familiar. La demandada afirma que tomó esta acción debido al cambio de conducta de la demandante después de recibir la donación, alegando agresiones psicológicas y riesgo para su salud. Sin embargo, la demandante sostiene que la carga de la prueba no debería recaer exclusivamente en ella, ya que la demandada fue quien afirmó inicialmente un hecho en vía administrativa al solicitar la revocatoria de la donación. El problema principal se centra en determinar si la carga de la prueba recae únicamente en la demandante para demostrar los hechos en disputa. El argumento es que la carga de la prueba debería haber sido atribuida a la demandada, ya que fue ella quien afirmó originalmente el hecho en vía administrativa. Los problemas secundarios abordan la validez de utilizar la historia clínica y el informe médico como pruebas suficientes para demostrar que la donataria estuvo expuesta a un estado de peligro inminente. Se argumenta que estos medios probatorios son insuficientes para generar un razonamiento probatorio adecuado. Además, se cuestiona la aplicación del numeral 2 del artículo 744 del Código Civil, ya que la relación entre las partes es de tía y sobrina, no de ascendiente. También se discute si la donataria tenía la obligación legal de velar por la integridad y salud de la donante, concluyendo que no existía tal obligación en este caso. En resumen, se plantea que la carga de la prueba no debió atribuirse exclusivamente a la demandante, que los medios probatorios presentados son insuficientes y que la donataria no tenía la obligación legal de cuidar de la donante. / In this legal case, the plaintiff argues that his aunt, the defendant, revoked the donation of a property due to the personal interests of his siblings, who wanted the property for being a family patrimony. The defendant affirms that she took this action due to the change in the plaintiff's behavior after receiving the donation, alleging psychological aggression and risk to her health. However, the plaintiff maintains that the burden of proof should not fall exclusively on her, since the defendant was the one who initially asserted a fact in administrative proceedings when requesting the revocation of the donation. The main problem centers on determining whether the burden of proof falls solely on the plaintiff to prove the facts in dispute. The argument is that the burden of proof should have been attributed to the defendant, since it was she who originally asserted the fact in administrative proceedings. Secondary issues address the validity of using the medical history and medical report as necessary evidence to demonstrate that the donee was exposed to a state of imminent danger. It is argued that these means of proof are insufficient to generate an adequate evidentiary reasoning. In addition, the application of numeral 2 of article 744 of the Civil Code is questioned, since the relationship between the parties is aunt and niece, not ascendant. It is also discussed whether the donee had a legal obligation to ensure the integrity and health of the donor, concluding that there was no such obligation in this case. In summary, it is argued that the burden of proof should not be attributed exclusively to the plaintiff, that the evidence presented is insufficient and that the donee did not have a legal obligation to take care of the donor.

El Estado garantiza el bienestar en el ámbito de la salud de las personas a través del acceso a medicamentos de calidad, y en el momento oportuno mediante la contratación pública eficiente, haciendo uso de la tecnología y de procesos más ágiles, menos burocráticos. Asimismo, otorgando un marco regulatorio a la actuación de los funcionarios y servidores públicos que cumplen sus funciones en pro del beneficio de la población. Toda compra ejecutada requiere del uso de los recursos públicos; es decir, del dinero de la población. En el Perú es un derecho acceder a medicamentos, aún persiste algún sector de la población que no puede beneficiarse, según la Encuesta Nacional de Usuarios en Salud [SUSALUD], en el 2015 el 55% de los pacientes del Ministerio de Salud [MINSA], a través del Seguro Integral de Salud [SIS], no consigue sus medicamentos recetados por falta de stock en las farmacias de los hospitales retardando la cura de las enfermedades y sus tratamientos, que probablemente sea origen de mayores dolencias, incluso, la muerte por falta de medicamentos. Por lo mencionado, es importante contar con procesos de adquisición de medicamentos eficientes y oportunos. En ese marco, se han impulsado reformas en la gestión de adquisiciones, algunas de las cuales incluyen la aplicación de modalidades modernas como es el caso de la Subasta Inversa como un mecanismo de selección de proveedores, que responde a un tema de actualidad, en la que interactúan las entidades públicas contratantes y a proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores [RNP] para proveer una gama de productos, entre los cuales están productos en salud descritos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes [LBSC] cuyas especificaciones de diseño, cantidad, calidad, entrega y términos relacionados a las condiciones se definen previo a la fase de Convocatoria. El presente estudio propone como principal objetivo analizar elementos más importantes que hacen más eficiente el proceso de compra centralizada de medicamentos a través de Subasta Inversa, herramienta estratégica de selección de proveedores, realizada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), que es la central de compras de recursos estratégicos en salud para el MINSA, desde la postura del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y del Área Usuaria (AU) de las instituciones de salud, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016. La información analizada es extraída de la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado [OSCE], del CENARES y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], que es información pública. Así como entrevistas xii semiestructuradas realizadas a los funcionarios y servidores públicos involucrados en las compras públicas de medicamentos de los hospitales de Lima metropolitana a través de las compras corporativas descentralizadas y facultativas. La importancia de estudiar y analizar el proceso de Subasta Inversa surge del reconocimiento de la búsqueda de eficiencia para adquirir bienes (medicamentos) y servicios canalizados a través de la materialización de las compras públicas. La experiencia internacional muestra que el incremento en el uso de las herramientas electrónicas como Subasta Inversa ha dado resultados positivos. De esta la manera, la investigación contribuye a identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la Subasta Inversa esperando contribuir directamente a mejorar los niveles de disponibilidad de medicamentos. Entre los más importantes hallazgos de la investigación se tiene evidencia de que i) las compras por Subasta Inversa han permitido, efectivamente, reducir el precio de los medicamentos, esto es visible en el ahorro en 22.5%, en promedio para periodo 2012-2016, con respecto al Valor Referencial1, ii) el uso de las Fichas Técnicas de los medicamentos permite asegurar las condiciones de la adquisición en teoría; no obstante, en la simplificación de las especificaciones se ha perdido parte del proceso que garantizaba la calidad, es una diferencia con respecto al modelo clásico de compras, iii) el ahorro en tiempo con respecto a la modalidad clásica disminuye en 41.6%, equivalente a 81 días hábiles en la etapa de selección de proveedores, y iv) el Área Usuaria se encuentra poco satisfecho con la gestión de la compra corporativa gestionada por el CENARES. A modo de recomendación, tras la evidencia de implementar una herramienta con predictibilidad documentaria y mejora de precios con la cual se ha logrado pues una mejor experiencia, aún los problemas de desabastecimiento de medicamentos persisten, pues requerirían abordar el análisis de la cadena de suministro. Es necesario destacar que para el éxito de la gestión de compra, la elección de una herramienta mediante la cual se ejecute deberá caminar adaptándose a la demanda de los usuarios finales y a cambios en el sistema de salud. Por ello, la importancia de mejorar la comunicación y coordinación de las entidades involucradas en las etapas de programación y ejecución contractual.

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia.

El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un lado, tenemos al clásico Contrato Administrativo, regulado por normas públicas con larga trayectoria y de usual utilización, como es la Ley de Contrataciones del Estado. En contraposición lo anterior, la utilización de contratos de estándares internacionales para la construcción, como son los NEC, se ha popularizado estos últimos años, siendo empleados para la ejecución de proyectos de infraestructura pública de diversos tipos, situación que irrumpió a partir de la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2019. Tomando en consideración lo hasta ahora expuesto, es oportuno preguntarnos ¿Resulta justificado ese cambio de tendencia para el provecho de la obras públicas en nuestro país?, ¿Esta transición del Contrato Administrativo (regulada por la Ley de Contrataciones del Estado) al contrato privado (específicamente el tipo NEC) resulta beneficiosa para la ejecución de obras públicas en nuestra coyuntura?, ¿El Contrato Administrativo en nuestro país ha evidenciado inutilidad y/u obsolescencia para la ejecución de obras públicas frente a marcos contractuales de derecho privado (como es el Contrato NEC)? El presente trabajo de investigación buscar dar respuesta a esas y otras preguntas, con el objetivo de clarificar si un tipo contractual resulta ser mejor que otro (ya sea en todo o en parte) para la ejecución de obras públicas en el Perú. / The current evolution in the execution of public works in our country shows the growth of a very interesting trend as regards the contractual framework that is decided to be used for this activity: on the one hand, we have the classic administrative contract, regulated by public regulations with a long history and of usual use, such as the Government Procurement Law. In contrast to the above, the use of international standard contracts for construction, such as the NEC, has become popular in recent years, being used for the execution of public infrastructure projects of various types, a situation that burst into the execution of the works for the Pan American and Parapan American Games in 2019. Taking into consideration the above, it is appropriate to ask ourselves: Is this change of trend justified for the benefit of public works in our country? Is this transition from the administrative contract (regulated by the Government Procurement Law) to the private contract (specifically the NEC type) beneficial for the execution of public works in our situation? Has the administrative contract in our country shown its uselessness and/or obsolescence for the execution of public works compared to private law contractual frameworks (such as the NEC Contract)? This research work seeks to answer these and other questions, with the objective of clarifying whether one type of contract is better than another (either in whole or in part) for the execution of public works in Peru. / Trabajo académico

Esta investigación analiza si, durante el periodo de operatividad de la DARES, las compras corporativas intersectoriales de medicamentos fomentaron una mayor participación de postores en las subastas y una mayor competencia en precios. El periodo analizado está comprendido entre los años 2006 y 2012. Para ello, se ha estimado una serie de modelos para evaluar los factores: (a) que posibilitan una mayor participación de postores; (b) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de presentación de propuestas económicas iniciales en sobre cerrado; y, (c) que explican el comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales (pujas finales). En ese contexto, se ha encontrado evidencia que, cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección, la agregación de la demanda tuvo un efecto positivo sobre la participación de postores. Asimismo, la bonificación establecida en la Ley N° 27143, que hasta el 2008 lo recibían aquellos postores que fabricaban los productos en territorio nacional, influyó en forma positiva sobre la participación de los mismos, pese a que luego haya generado que en algunas subastas ganen postores que no ofrecieron la puja menor. De otro lado, en cuanto al comportamiento de los postores en la etapa de sobre cerrado, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores fueron más agresivos en sus ofertas iniciales. También, se ha encontrado que un mayor número de postores inscritos en cada ítem subastado incentivó que los postores fueran más agresivos en sus ofertas iniciales de sobre cerrado; mientras que aquellos postores con mayor experiencia o mayor control sobre su cadena de comercialización presentaron ofertas iniciales menos agresivas. Finalmente, respecto al comportamiento de los postores en la etapa de lances verbales, se ha encontrado evidencia que, después del 2008, los postores, en promedio, fueron más agresivos en sus pujas finales. Sin embargo, durante el periodo de operatividad de la DARES, los postores que tuvieron mayor participación de mercado fueron menos agresivos en sus ofertas finales. Esto último está asociado al hecho que, coincidentemente, dichos postores compitieron por ítems en los cuales había una mayor cantidad de medicamentos subastados y una menor participación de postores. Asimismo, se ha encontrado que, un mayor número de postores que calificaron a la etapa de lances verbales ha fomentado una mayor competencia en precios. De otro lado, se ha encontrado que, a mayor cantidad de ítems subastados, los postores fueron menos agresivos en sus pujas; incluso, este comportamiento de los postores se acentuó cuando la DARES estuvo a cargo del proceso de selección.

En esta tesis doctoral la autora responde la pregunta dirigida a definir qué es y para qué sirve la doctrina de los actos propios en el Derecho de Contratos en el Perú. Su objetivo al elaborar este aporte fue no solamente reunir las principales posiciones teóricas sobre la estructura y consecuencias de la doctrina de los actos propios, sino además contrastar dichas posturas con numerosos casos prácticos. La hipótesis que plantea se desarrolla en cinco capítulos, para concluir que la doctrina de los actos propios es un principio de derecho derivado del principio de la buena fe, aplicable para impedir que un sujeto actúe de manera incoherente con una conducta anterior, cuando de esta deriva confianza en otro sujeto que merece protección, por haber asumido razonablemente que no habría variación en el sentido de dicha conducta. La doctrina de los actos propios es crucial para garantizar operaciones contractuales seguras, pues protege las expectativas razonables generadas por la conducta de las partes en determinado sentido, cuando se ven defraudadas por la contradicción no justificada en el pacto o en la ley. / In this dissertation, the author defines and explains the own acts doctrine under Contract Law in Peru. The objective is not only to gather the main theoretical opinions on the structure and consequences of the own acts doctrine, but also apply them to a variety of real-world cases. The dissertation’s hypothesis is developed in five chapters, to conclude that the own acts doctrine is a principle of law derived from the principle of good faith. It is applied to prevent a subject from acting in a manner that is incoherent with a previous action, when a second subject is deserving of protection as they have assumed there will not be a variation in the original subject’s behaviour. The doctrine is crucial in guaranteeing safe contractual operations. It protects reasonable expectations generated by the behaviour of the parties involved in the contract, when these are unfulfilled due to a contradiction that is not justified in the contract or the law.