La calidad en los servicios públicos es una exigencia constitucional y una obligación irrestricta de la administración pública. En ese sentido, es un tema de interés y preocupación de la institución objeto de estudio- brindar un servicio de calidad, siendo necesario conocer el nivel actual de la calidad de servicio, dicha problemática conduce al planteamiento de la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de la calidad de servicio global, por área de atención, según dimensiones y grado de instrucción percibida por los contribuyentes de una institución pública del departamento de Lambayeque, durante octubre 2019 a enero del 2020? El estudio buscó determinar la calidad deservicio global, por área de atención según dimensiones y grado de instrucción, percibida por los contribuyentes de una institución pública del departamento de Lambayeque, durante octubre 2019 a enero del 2020, a fin de implementar estrategias que permitan optimizar el servicio. El trabajo se desarrolló con una muestra de 220 contribuyentes. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario con aplicación de la escala Likert. Se tuvo como base el modelo Servqual. En relación con los niveles de calidad de servicio por área de atención, se evidenció satisfacción en el servicio de trámites, mientras que en el área de orientación y cabinas se percibió insatisfacción. En cuanto a las dimensiones, la insatisfacción se registró en fiabilidad, contrario a elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y empatía que reflejaron satisfacción.

Derecho Tributario es una institución cuya finalidad es contribuir al desarrollo económico de un Estado de Derecho para lograr el bien común, ejercitando la potestad tributaria que la encontramos en el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú; no obstante, dicha potestad está limitada por principios constitucionales. Siendo así, este Derecho emplea el tributo como una herramienta jurídica de recaudación en sus tres dimensiones; mediante impuestos, para satisfacer necesidades de la población, al construir carreteras, hospitales, etc.; contribuciones, para ejecutar obras que beneficien a un sector de contribuyentes; y tasas, que solventan la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente. Las Municipalidades gozan de potestad tributaria para crear, modificar o suprimir, contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dicha potestad se complementa con la Ley General de Municipalidades, para recaudar tributos mediante ordenanzas municipales; con la Ley de Tributación Municipal, para fijar los conceptos tributarios que se apliquen en su jurisdicción, como es el caso de las tasas (por arbitrios, derechos y licencias); y con el principio de proporcionalidad, para generar tributos justos y razonables. En ese sentido, dentro de la relación jurídico–tributaria, dicha potestad tributaria y el principio de proporcionalidad, cumplen una doble función; permitiendo captar recursos con un sustento legal, generando una obligación para el contribuyente; y garantizando que la aplicación de los tributos no sea confiscatoria ni desproporcionada, facilitando la trasparencia de la actividad recaudatoria. Actualmente las Municipalidades distorsionan el ejercicio de la potestad tributaria, ya que los costos aplicados en los derechos de tramitación (en procedimientos de evaluación automática) son cuestionados, pues no se ajustan al Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, generando la vulneración de los principios de no confiscatoriedad y proporcionalidad. Entonces, debe fortalecerse normativamente el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM y la Ley de Tributación Municipal, estandarizando los procedimientos de 8 evaluación automática (físicos y virtuales) relacionados a la entrega de información de datos personales y aplicando tasas accesibles para el contribuyente; asimismo, debe establecerse su gratuidad en aquellas Municipalidades que cuenten con excedentes ingresos. Con ello, el contribuyente vería respaldados sus derechos y aprobaría la gestión tributaria de su Municipalidad y, finalmente, el citado Decreto encontraría su eficacia normativa.

El objetivo de la presente investigación ha sido identificar los factores que promueven el incremento patrimonial no justificado y su efecto en los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz en el período 2021. El método utilizado ha sido la encuesta, a fin de recoger información de los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz, que se encuentra en el CIUU 5122-5 – venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. Las conclusiones que llegamos a determinar son que los factores sociales, culturales, económicos y tributarios influyen significativamente en el incremento patrimonial no justificado de los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz – 2021.

En la actualidad, la mayoría de los países en el mundo evidencian dificultades en torno al sistema tributario, esto se debe a la poca confianza que existen en sus entidades, a la elevada evasión tributaria, esto puede obedecer a distintos factores socioeconómicos que determinan o condicionan el comportamiento de los contribuyentes, perjudicando así a la población, con los recursos que se recaudarían. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue determinar qué factores socioeconómicos influyen en el comportamiento tributario de los contribuyentes peruanos, siendo un tema muy relevante para población, para lo cual se utilizó una revisión de distintas fuentes confiables.

Conforme al artículo 95°-A del Código Tributario, la consulta particular, especie del instituto de la consulta tributaria, es un procedimiento que permite a los deudores tributarios consultar a la Administración Tributaria sobre el régimen jurídico aplicable a hechos o situaciones concretas, vinculados con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de esta y obtener una respuesta por escrita por parte de aquella, siendo que los criterios esbozados en dicha respuesta son vinculantes para los distintos órganos de la SUNAT, de este modo se otorga seguridad jurídica a un acto declarativo de la Administración, que permite a los deudores tributarios tener elementos suficientes para tomar decisiones con una posición clara y predictible respecto a las consecuencias jurídicas de sus actividades y de ser el caso determinar correctamente su obligación tributaria. La presente investigación analiza mediante la argumentación jurídica y el estudio de casos, la naturaleza jurídica de la consulta particular, partiendo del estudio de la consulta tributaria y de la consulta institucional, así como del uso de la legislación comparada. La investigación concluye determinando que la consulta particular viene a ser una manifestación del derecho de petición reconocido en el inciso 20 del artículo 2° de la Constitución Política, así como de los principios de seguridad jurídica, predictibilidad o de confianza legítima. Además, se identifica que la regulación actual constituye una barrera de acceso a la consulta particular que ha determinado que en los más de seis años de vigencia del artículo 95°-A del Código Tributario, únicamente la SUNAT haya atendido una consulta, poniendo en evidencia la necesaria reforma normativa de esta.

Las mypes son impulsadoras del crecimiento económico en el país y por ende son generadoras de empleo, pero existe un conocimiento mínimo en la aplicación de las leyes o normas. Es importante señalar el conocimiento ante temas tributarios ya que establece un problema, puesto que la mypes si tienen beneficios y no los conocen. Por lo tanto, el artículo de revisión tuvo como intención analizar los efectos de la Ley N° 28015 en las mypes del sector comercial, teniendo en cuenta el desconocimiento que tienen los contribuyentes ante estos beneficios que brinda el Estado para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. De igual manera, se tuvo en cuenta la investigación de fuentes secundarias y revisión de literatura. Por último, se recopiló la información y se logró entender que los contribuyentes no aprovechan estos beneficios que trae la Ley 28015 pero aun así se encuentran formalizadas, esta investigación dará conocer los beneficios que presenta la ley para el buen aprovechamiento de los contribuyentes en las mypes comerciales.

Este estudio se centra en la convicción de la legitimidad del deber constitucional de contribuir que ostenta todos los ciudadanos, pero ello, en concordancia con la vigencia efectiva de sus derechos esenciales. De esta forma, se debe asegurar que la coerción ejercida por la Administración Tributaria responda a los principios de legalidad, debido procedimiento y derecho de defensa. Los instrumentos procedimentales de defensa que el ordenamiento jurídico brinda a los contribuyentes, precisamente, son los recursos impugnatorios: recurso de reclamación, de apelación, de apelación de puro de derecho y la queja. De tal forma, el interés se circunscribe en los efectos que pueden tener los recursos impugnatorios en el procedimiento de cobranza coactiva. Formulándose la interrogante: ¿Cuáles son los efectos de los recursos impugnatorios en el procedimiento de cobranza coactiva de índole tributario de contribuyentes en la ciudad de Chiclayo? Teniendo como objetivo general determinar los efectos de los recursos impugnatorios en el procedimiento de cobranza coactiva de índole tributario de contribuyentes en la ciudad de Chiclayo. Por otro lado, utilizando las técnicas consistentes en encuesta y análisis documental, acompañado del método deductivo, sistemático e inductivo. Teniendo como principales resultados: i) se discute mayormente aspectos formales referidos al acto de notificación de los actos administrativos (valores y resolución de ejecución coactiva), en consonancia con ello, la queja constituye el recurso impugnatorio más utilizado. Sin embargo, con gran frecuencia es declarada improcedente por una carga probatoria impuesta por el Tribunal Fiscal al contribuyente; consistente en la acreditación de la existencia del procedimiento de cobranza coactiva, aun cuando ninguna disposición normativa lo establece. ii) Existe un desconocimiento generalizado acerca de la funcionalidad de cada uno de los recursos impugnatorios que pueden ser utilizado ante la SUNAT, lo que acarrea consecuencias graves pues un gran número de estos medios impugnatorios son declarados improcedentes por haber sido interpuestos erróneamente. De ello, lógicamente también se desprende que solo un 15% de procedimientos de cobranza coactiva son suspendidos por mandato dispuesto por el Tribunal Fiscal. iii) Los recursos impugnatorios serán usados por contribuyentes de acuerdo con cada caso concreto, pudiendo guiarse de la propuesta elaborada en esta investigación. Concluyendo que los recursos impugnatorios permiten tutelar los derechos fundamentales de los contribuyentes siempre que sean utilizados de manera adecuada, conforme a las características funcionales de cada uno de ellos.

En la investigación se estableció como objetivo principal determinar la incidencia que representan las estrategias de cobro implementadas y proponer estrategias complementarias para mejorar la eficiencia en el área de recaudación enfocada en el impuesto predial y arbitrios dispuestos por el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, periodos 2021 y 2022 y de esta manera evaluar la efectividad de dichas estrategias sobre el proceso de recaudación tanto del impuesto predial como de los arbitrios; esto busca contribuir con la realización de una gestión eficiente en la cobranza que realiza el departamento de recaudación y control de deuda. Como resultados se obtuvo que en la entidad existe deficiencias en su gestión de recaudación, mismas que quedan evidenciadas al no lograr el 100% de efectividad en torno a sus metas de recaudación. Asimismo, se concluye que con la aplicación de nuevas estrategias para realizar el proceso de cobro hará más efectiva la recaudación. De esta forma se muestra que la implementación y ejecución de estrategias para realizar la gestión de cobranzas influye directamente en los ingresos recaudados, por lo que, la entidad debe cumplir con cada uno de los procedimientos o acciones establecidas para recaudar y poder lograr la eficiencia en sus gestiones.

El impuesto temporal a los activos netos (en adelante, ITAN) es un impuesto que grava el patrimonio de las empresas que pertenecen al régimen de tercera categoría, para funcionar como un crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, sin embargo, parte del gremio empresarial y de la doctrina en materia tributaria considera que el ITAN está directamente ligado con el cumplimiento del IR, pese a que el Tribunal Constitucional en la (Sentencia N.º 03797- 2006-PA/TC, 2006) donde se discutió su constitucionalidad determinó que es un impuesto autónomo independientemente del IR, en ese sentido el ITAN tiene como hecho generador de riqueza el patrimonio de los contribuyentes y no la renta que las empresas generan con la actividad empresarial, siendo en la práctica un tributo confiscatorio. Por otro lado, otra crítica que tiene este impuesto es que el art. 4 de la disposición en mención establece la devolución de la obligación cuando la empresa incurra en pérdidas, no obstante, una de las características de todo tributo es ser un pago definitivo sin posibilidad a devolución. La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la naturaleza jurídica del ITAN, en base a los criterios dogmáticos que diferencia la obligación tributaria sustancial y formal, con la finalidad que los legisladores establezcan claramente la diferencia entre la obligación tributaria desde sus dos aristas, a fin de evitar que se trasgredir los derechos de los contribuyentes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto realizar una recopilación normativa y administrativa, así como análisis teórico y práctico, de los principales aspectos de la tributación de los domiciliados o residentes en Chile que desarrollan negocios en el extranjero por medio de Establecimientos Permanentes. Considera en concreto; las diferencias comparativas entre desarrollar negocios en el extranjero vía de Establecimientos Permanentes (considerados acá como entidades dependientes a la matriz por compartir personalidad jurídica) y sucursales (considerados acá como entidades independientes de la matriz por no compartir personalidad jurídica); los aspectos tributarios internos y externos del desarrollo de negocios vía Establecimientos Permanentes; la repercusiones de la falta de definición unitaria y coordinada de la institución del Establecimiento Permanente en Chile; y la determinación de los créditos de aprovechamiento en la tributación en Chile por los impuestos pagados en el extranjero. Cabe señalar que este trabajo no comprende las modificaciones a la tributación interna que la nueva reforma tributaria de septiembre de 2014 comprende, 2 cuestión que altea solo tangencialmente ciertos aspectos de este trabajo, en el Capítulo Segundo del mismo, cuando aplica