Ante la situación actual que atraviesan las empresas a nivel nacional e internacional frente a la comisión de actos de corrupción vinculados a la actuación de sus trabajadores, adquiere relevancia el análisis acerca de la necesidad o no de implementar programas de cumplimiento normativo (Compliance), en los términos establecidos en la reciente Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, y sus modificatorias. A partir de ello, se desprende que las empresas públicas deberán analizar, considerando los beneficios o desventajas, si tal medida resulta eficiente. Asimismo, se analiza la naturaleza y alcances del Compliance, a fin de determinar si existe un posible conflicto de competencia con las funciones del Sistema Nacional de Control. Finalmente, se proponen recomendaciones e incentivos a fin que las empresas públicas implementen tal iniciativa, pese a que la normativa no lo regula como una obligación. / Given the current situation of companies at national and international level against the commission of acts of corruption linked to the performance of their workers, the analysis of the need or not to implement regulatory compliance programs becomes relevant, in the terms established in the recent Law Nº 30424, Law that regulates the administrative responsibility or legal persons for the crime of transnational active bribery. From this, it follows that public companies must analyze, considering the benefits or disadvantages, if such a measure is efficient. Besides that, the nature and scope of Compliance is analyzed, in order to determine if there is a possible conflict of competence with functions of the National Control System. Finally, recommendations and incentives are proposed so that public companies implement such initiative, although the regulations do not regulate it as an obligation. / Trabajo de investigación

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE).

La información que llega a las personas de a pie sobre corrupción, falta de ética, comportamiento amoral o abiertamente inmoral de algunos servidores y funcionarios públicos puede provocar, por un lado, indignación, que se expresa en sentimientos de rabia y diferentes formas de protesta; y, por otro lado, desinterés y hasta desprecio por los asuntos públicos.

El presente trabajo tiene por objetivo general determinar los problemas o limitaciones que afectan la capacidad del Sistema Nacional de Control para detectar e investigar casos de corrupción. Para ello, se toma como referencia la labor del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, desde el año 2010 hasta el 2014. / Trabajo de investigación

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas.

This thesis analyzes issues related to natural resources, corruption, human development, economic growth, prices of minerals and fiscal fluctuations. It is composed of two studies. The first one analyzes the effects of corruption on economic growth, human development and natural resources in Latin American and Nordic countries using a Bayesian panel VAR model. The results reveal some relevant contrasts between both groups of countries: (i) in Latin America there is support for the sand the wheels hypothesis in Bolivia and Chile, support for the grease the wheels hypothesis in Colombia and no significant impact of corruption on growth in Brazil and Peru. By contrast, the response of growth to shocks in corruption is significantly negative in most of periods in all Nordic countries; (ii) corruption negatively affects human development in all countries from both regions; (iii) corruption tends to spur natural resources sector in Latin American countries, especially in Brazil, Colombia and Peru. By contrast, corruption is detrimental for the activity of natural resources sector in all Nordic countries. Furthermore, results for the full sample, Latin American and Nordic countries are obtained from two alternative approaches, namely, a Panel Error Correction VAR model and an Asymmetric Panel VAR model. The second study analyzes the evolution of the effects of fluctuations in mineral commodity prices on fiscal variables, especially those associated with fiscal revenues, in Peru by means of VAR models with time-varying parameters and stochastic volatility (TVP-VAR-SV). Different alternative specifications are compared using the marginal likelihood and the deviance information criterion. It is found that an increase of 1% in the growth of mineral commodity prices generates increases of around 1.5% and 2.5% in the growth of taxes from mining and mining canon, respectively, thus reflecting a remarkable sensitivity of these variables to external shocks. In turn, these responses are increasingly more pronounced until reaching a peak around 2009 and then decrease, which is in line with the dynamics of the commodities boom. In the variance decomposition, the importance of shocks in mineral commodity prices in explaining fluctuations in taxes from mining and mining canon increases in line with the increasing tendency of mineral prices until the Great Recession, where shocks in mineral commodity prices explain between 40% and 50% of fluctuations in taxes from mining and mining canon, and then it is reduced. This shows the importance of allowing time-varying parameters and stochastic volatility in contrast with a standard VAR.

La Municipalidad Distrital de San Marcos cambió de una etapa de escasez económica a una etapa de bonanza económica (Salas, 2011): pasó de recibir 400 mil soles en el año 2005 a 211.3 millones de soles en el año 2007, y un promedio de 115 millones de soles por año en el periodo 2010-2012 por concepto del canon minero (CEDEP, 2010; Instituto Nacional de Estadística, 2012; MIM, 2012), situación que ha configurado una nueva realidad política, social y económica en la población sanmarquina. Asimismo, esta realidad económica ha despertado intereses personales y de grupo en un sector de la población por ejercer cargos políticos en la municipalidad y así poder ser parte de los funcionarios que administran o toman decisiones sobre el abultado presupuesto municipal, sin importar, en muchos casos, si se adecúa o no a las normas o a los intereses de la ciudadanía.