Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar uno de los ilícitos denominados “funcionarios” relativamente menos estudiado, que se encuentran tipificados en el Capítulo V del Libro II de nuestro Código Penal, y que ha sido denominado por la doctrina como el delito de “negociaciones incompatibles”, previsto y sancionado en el artículo 240 del mencionado texto punitivo. Nos ha parecido importante abordar este tema, ya que, a pesar de los esfuerzos legislativos por adecuar estos tipos penales a las nuevas exigencias internacionales sobre la materia, este ilícito en particular no ha sido abordado todavía por la Doctrina y la Jurisprudencia en términos mayormente significativos. A partir de esta constatación hemos abordado este estudio con la finalidad de proporcionar una visión integral de esta materia y realizar un estudio actual de los problemas doctrinales y jurisprudenciales más relevantes que ha suscitado la interpretación de este tipo penal en nuestro Derecho

La propuesta del presente trabajo de investigación, que ha constituido un reto, podría aplicarse a todos los gobiernos locales, en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y sancionar el soborno de manera eficaz en el proceso de otorgar licencia de funcionamiento, lo que es clave para el establecimiento de un sistema que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos de rendición de cuentas como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El objetivo de la presente tesis tiene como finalidad aportar directrices de política criminal para combatir los efectos de la corrupción pública en nuestro país mediante el uso de figuras jurídicas y sanciones que no solo prevengan la expansión del hecho delictivo de corrupción, también deben proveer una pronta reparación del daño causado. Para tal efecto, es conveniente desarrollar el contenido de tales figuras (suspensión de la pena, reparación civil) y sanciones relevantes (suspensión definitiva, muerte civil) que se usaran como parte de la nueva normativa propuesta. Es un nuevo enfoque para combatir la corrupción pública que, dista del enfoque tradicional, debido a que se ha centrado en las consecuencias del delito y no en la prevención del mismo; enfoque del cual se ha realizado cuantiosa normativa al respecto, sin desacreditar la necesidad de un sistema de prevención delictual efectivo. La propuesta que presento nace en respuesta a la tendencia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, en demostrar mayor preocupación por una respuesta punitiva exacerbada que, se traduce que en cuanto mayor es la pena dada por el delito, más efectiva es la prevención y disuadirá la acción delictiva, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta tendencia se centra en la actividad punitiva que deja de lado figuras jurídicas existentes en nuestro ordenamiento, que responden de manera más efectiva al problema, ocasionando la errónea aplicación de nuestro ordenamiento jurídico y que nos lleva finalmente al problema principal: basándonos en las figuras jurídicas y sanciones mencionadas y, considerando que existen métodos mucho más provechosos para explotarlas. ¿Qué reglas de política criminal para combatir la corrupción pública se deberá aplicar en el Perú?

En principio, desde el año 2017, la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, inspirada en una tendencia de integridad, ha considerado pertinente la inclusión de una Cláusula Anticorrupción en los contratos estatales, comprendida por un conjunto de compromisos pactados entre las partes basados en términos de veracidad y honestidad, a fin de prevenir la continua comisión actos de corrupción; sin embargo, su contenido presenta ciertas falencias que limitan cumplir su rol preventivo y de fomentar integridad entre las partes suscritas al contrato. En razón de ello, resulta necesario establecer mejoras en el contenido de la Cláusula Anticorrupción, regulado en el numeral 04 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, plasmándolas dentro de un Proyecto de Ley, bajo el desarrollo de una investigación cualitativa sujeto a un análisis pormenorizado de las deficiencias que presenta la Cláusula Anticorrupción en consonancia a la doctrina, casuística nacional y su convención con los principios de la Contratación Pública, lo cual conllevará a determinar concretamente las mejoras fundamentales para el contenido de la Cláusula Anticorrupción, orientadas en lograr cumplir su rol preventivo, siendo tales: Inserción del contratante, es decir, el Estado, como sujeto obligado a desplegar una conducta de integridad, incorporar el término ilícito en el segundo párrafo del numeral 04° del artículo 138° del Reglamento de la Ley N° 30225 a fin ampliar su ámbito de aplicación y atribuir a la Junta de Resolución de Disputas la facultad de atender los casos de incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción.

La presente investigación, comprende un análisis sobre los efectos que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46° de la Ley N° 27785, emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC, ha ocasionado sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; así como, explorar de manera referencial los efectos que la falta del ejercicio de la potestad sancionadora de dicha Entidad, ha ocasionado respecto a la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional; y, a su vez, realizar un breve análisis respecto a los argumentos planteados en la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31288, que cuestionan la nueva tipificación de las conductas infractoras. Para tal efecto, en la investigación se ha recurrido a la consulta bibliográfica, hemerográfica, documental, normativa, así como a la búsqueda en recursos de internet, tales como blogs y noticias. Como conclusiones de la investigación, se tiene que no obstante el reconocimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría, dicha Entidad no ha podido sancionar a los servidores y funcionarios públicos que incurrieron en inconducta funcional por más de dos años; que los procedimientos administrativos sancionadores que estaban en trámite, han debido ser concluidos por la imposibilidad jurídica de continuarlos; que en el lapso de tiempo en que la Contraloría no pudo ejercer su facultad sancionadora, miles de funcionarios públicos involucrados en inconductas funcionales, no han podido ser sancionados, ocasionándose perjuicio para la Administración Pública; y, que el análisis de la nueva tipificación de las infracciones introducidas por el TC, debe realizarse caso por caso y teniendo en cuenta la definición de conceptos jurídicos indeterminados y la tipificación indirecta. / This investigation includes an analysis of the effects that the declaration of unconstitutionality of Article 46 of Law No. 27785, issued by the Constitutional Court in File No. 00020-2015-PI / TC, has caused on the sanctioning capacity of the Government Accountability Office; as well as, to explore in a referential way the effects that the lack of exercise of the sanctioning capacity, has caused regarding the fight against corruption and functional misconduct; and, in turn, carry out a brief analysis of the arguments raised in the unconstitutionality claim against Law No. 31288, which question the new classification of the offending conducts. For this purpose, the research has resorted to the bibliographic, hemerographic, documentary, and normative consultation, as well as the search in internet resources, such as blogs and news. As conclusions of the investigation, it is necessary to say that despite the recognition of the sanctioning capacity of the Government Accountability Office, this Entity has not been able to sanction the public servants and officials who incurred in functional misconduct for more than two years; also, the administrative sanctioning procedures that were in process must have been concluded, due to the legal impossibility of continuing them; moreover, in the period of time in which the Government Accountability Office was unable to exercise its sanctioning capacity, thousands of public officials involved in functional misconduct have not been able to be sanctioned, causing damage to the Public Administration; and, in addition, the analysis of the new classification of the infractions introduced by the Constitutional Court, must be carried out on a case-by-case, and taking into account the definition of undetermined legal concepts and the indirect typing.

La presente investigación tiene como objetivo determinar los criterios para la imputación de la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado en delitos especiales y de infracción de deber, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica del fichaje y análisis documental. Al analizar la doctrina comparada, se ha logrado advertir que no existe un desarrollo jurídico sobre la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado, para los efectos de imputar responsabilidad penal a los sujetos que cometen delitos especiales o de infracción de deber. En el Perú tampoco se ha abordado el análisis de la problemática, donde los sujetos investidos con estatus superior a los comunes, cometen delitos especiales y de infracción de deber en la condición de integrantes de una estructura criminal. Por ello, se concluye que el problema deberá ser resuelto considerado la tesis del injusto personal, en la medida que el instrumento cualificado ejecute materialmente la conducta. Asimismo, se deberá recurrir a los criterios del injusto personal, el dominio típico de la organización y el dominio del riesgo típico del resultado, alineándose a la tesis de la unidad del título de imputación. / The objective of this research is to determine the criteria for the imputation of perpetration-bymeans in apparatuses of power with a qualified fraudulent instrument in special crimes and breach of duty, using qualitative methodology, with the use of the technique of documentary analysis. In analyzing comparative doctrine, it has been noted that there is no legal development on perpetration-by-means in apparatuses of power with a qualified malicious instrument, for the purpose of imputing criminal liability to individuals who commit special crimes or breach of duty. Peru has also not addressed the analysis of the problem, where the subjects invested with a higher status than the common ones, commit special crimes and breach of duty in the condition of members of a criminal structure. Therefore, it is concluded that the problem should be solved by considering the thesis of personal wrongdoing, to the extent that the qualified instrument materially executes the conduct. Likewise, the criteria of personal unjustness, the typical dominion of the organization and the dominion of the typical risk of the result should be used, aligning with the thesis of the unity of the title of imputation.

En la presente investigación, se planteó como objetivo principal fortalecer la aplicación de los controles internos y concurrentes para detectar y prevenir los riesgos en la contratación de personal fantasma en las municipalidades, para conseguirlo, se analizó el fenómeno y las causas de corrupción, los casos de contratación de personal fantasma en municipalidades y su afectación al erario público, asimismo, se examinó la normativa del Sistema Nacional de Control, se hizo un breve repaso por los tipos y modalidades de control gubernamental, y se verificó la publicación de informes de control concurrente entre los años 2017 al 2022 en materia de contratación de personal operario municipal. La metodología empleada fue analítica-descriptiva con un enfoque cualitativo de tipo documental, que permitió analizar los puntos de vista de cada autor, conceptos, teorías y estadísticas. Los resultados develan a la corrupción como el principal problema que dificulta el desarrollo del país, su presencia abarca todas las regiones, causando pérdidas millonarias en el erario público de las municipalidades, instituciones en las que además existe una deficiente implementación del Sistema de Control Interno; también, se advierte la escasa realización de servicios de control concurrente en la contratación de personal operario municipal; concluyéndose que el control interno se fortalece e implementa mediante el desarrollo de sus ejes y componentes, y el control concurrente, a través del aumento de metas y la obligatoria programación de estos servicios, así como la aplicación de operativos sectoriales e hitos de control específicos en los servicios de serenazgo y limpieza pública.

La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

El propósito de esta investigación es proponer la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción para garantizar los derechos de control ciudadano, utilizando la metodología cualitativa de revisión documental, obtuvo como resultados que la revocatoria es un derecho de control ciudadano a todas las autoridades de elección popular, pues del modo en que se les legitima en el cargo, es factible de deslegitimarlos, atendiendo a conductas de corrupción, que menoscaban su integridad y dificultan el adecuado funcionamiento de la administración pública. Se ha demostrado que el cargo de congresista debe ser pasible de revocatoria, ante la comisión de actos de corrupción como medida de control ciudadano, no debiendo exceptuarse del control constitucional, más aún cuando a partir de dicho cargo se pueden favorecer animismos, o a terceras personas con quienes tienen vínculo, perjudicando así al Estado. Se propone la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción, para garantizar los derechos de control ciudadano.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública