El objetivo general establecer el impacto de la ausencia de catálogo de infracciones por responsabilidad administrativa funcional en la corrupción de funcionarios, 2019 a 2021. La metodología utilizada fue cualitativa. Se concluye que hubo un impacto social pues la ciudadanía percibió la normalización de la corrupción e incluso el inadecuado actuar del TC, así como mermo la iniciativa a denunciar estos hechos. Es decir, existió una percepción negativa de la ciudadanía respecto a la imposibilidad de procesar y sancionar a funcionarios que no actúan conforme a ley. Así también impactó en la ineficacia de los informes de control pues no conllevarían a la identificación de sanciones. Así mismo, conllevó a que únicamente a través del procedimiento disciplinario se determinaron sanciones por conductas sancionadas en función a la potestad disciplinaria de las entidades como empleadores, pero no permitió excluir a funcionarios corruptos de la administración pública. Finalmente se afirma que ocasionó un impacto institucional en la corrupción de funcionarios, pues no se pudo cumplir con los fines del control gubernamental. / The general objective was to establish the impact of the absence of a catalogue of offences for functional administrative responsibility on the corruption of civil servants, 2019 to 2021. The methodology used was qualitative. It is concluded that there was a social impact as citizens perceived the normalisation of corruption and even the inadequate action of the TC, as well as a decrease in the initiative to denounce these facts. In other words, there was a negative perception among citizens regarding the impossibility of prosecuting and sanctioning officials who do not act in accordance with the law. It also had an impact on the ineffectiveness of control reports, as they would not lead to the identification of sanctions. It also meant that only through the disciplinary procedure were sanctions determined for conduct sanctioned in accordance with the disciplinary powers of the entities as employers, but it did not allow corrupt officials to be excluded from the public administration. Finally, it is affirmed that it had an institutional impact on the corruption of civil servants, as it was not possible to fulfil the purposes of governmental control. / Trabajo académico

La Municipalidad Distrital de San Marcos cambió de una etapa de escasez económica a una etapa de bonanza económica (Salas, 2011): pasó de recibir 400 mil soles en el año 2005 a 211.3 millones de soles en el año 2007, y un promedio de 115 millones de soles por año en el periodo 2010-2012 por concepto del canon minero (CEDEP, 2010; Instituto Nacional de Estadística, 2012; MIM, 2012), situación que ha configurado una nueva realidad política, social y económica en la población sanmarquina. Asimismo, esta realidad económica ha despertado intereses personales y de grupo en un sector de la población por ejercer cargos políticos en la municipalidad y así poder ser parte de los funcionarios que administran o toman decisiones sobre el abultado presupuesto municipal, sin importar, en muchos casos, si se adecúa o no a las normas o a los intereses de la ciudadanía. / Tesis

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas. / Tesis

Tesis(magister en derecho penal) / El objeto de este trabajo es comprobar la hipótesis consistente en que las figuras penales de exacciones ilegales contenidas en los arts. 147, 157 y 241 del Código Penal, presentan un común elemento del tipo, definido como una conducta ilícita que contiene un requerimiento de naturaleza imperativa o perentoria, asociado a una situación interpersonal de preeminencia, comunicado al sujeto pasivo, y consumado mediante su percepción y comprensión de su significado. Sería un elemento dotado de entidad y función propias, independiente de otros medios comisivos, como la conminación o el engaño, que eventualmente pueden o deben concurrir en algunos tipos penales. La finalidad del trabajo se obtiene mediante una metodología de investigación que comprende la pertinente normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia, implicando un proceso interpretativo de carácter dogmático, crítico y sistemático, orientado a determinar, en general, la naturaleza, función y características de la exigencia ilícita, como elemento esencial, dando lugar a soluciones precisas respecto de diversos problemas de relevancia que se presentan en la práctica. Luego, se analiza cada una de las figuras penales, con el fin de comprobar la hipótesis, precisando los respectivos elementos de la tipicidad, especialmente los sujetos, los medios comisivos, los objetos materiales y los elementos subjetivos; y finalmente, se procede a tratar las principales cuestiones concursales que se presentan entre los tipos penales materia de esta tesis y otros delitos, comunes y especiales. Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis, mediante la concepción precisa y autónoma de la conducta ilícita fundamental, consistente en la exigencia o imposición de carácter imperativo o perentorio, planteada como prestación obligatoria ante el sujeto pasivo, basada en la preeminencia del sujeto activo, y ejecutada mediante la comunicación del requerimiento, que se completa cuando el sujeto pasivo percibe el mensaje ilícito y adquiere comprensión de su significado. Esta acepción fundamental permite diferenciar conceptualmente a la conducta ilícita propia de las exacciones típicas, de otros medios comisivos eventuales o requeridos en particular por algunas de las figuras penales materia del trabajo.

El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.

El presente informe analiza la Casación Nº 231-2017 Puno, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de setiembre de 2017. La casación resuelve el proceso seguido en contra de Bernardo Natividad Meza Alvarez, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, Helard Huamán Maman, Jose Haytara Carreón, y Jose Domingo Choquehuanca, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Melgar y en ilegítimo favor de la Empresa Alabama S.A. al haberse interesado directa e indebidamente en el Proceso Exonerado 001-2010-MPM-A. En la decisión adoptada, la sala resuelve declarar la absolución de los procesados. Para lo cual sustenta su casación en una serie de fundamentos entre los cuales resalta la determinación del patrimonio como bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible. Asimismo, la sala estableció que el interés en provecho propio o de terceros, se expresa a través de la afectación patrimonial, en sintonía con ello, el delito de negociación incompatible sería un delito de peligro concreto dado que no se habría acreditado mediante pericia alguna el peligro real e inminente para el patrimonio. En el presente informe se sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible no es el patrimonio, sino es la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública (bien jurídico especifico) y el correcto funcionamiento de la administración pública (bien jurídico genérico), los cuales son afectados a través del actuar interesado del funcionario público y no a través de la acreditación de un daño patrimonial. Asimismo, argumentamos que nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto y no de peligro concreto, conforme lo aseverado por la Corte Suprema, por lo que la absolución de los imputados sería desacertada

A partir de los diferentes casos de corrupción de autoridades regionales, se pudo conocer el caso de Wilfredo Oscorima, exgobernador regional de Ayacucho 2010-2018, quien fue condenado a cinco años de cárcel en el 2015 y en el 2016 logró salir de prisión y continuar con su gestión. Oscorima ha estado involucrado en más de 14 investigaciones relacionadas a denuncias de corrupción, pero aún así logró ser reelegido en 2014. Por consiguiente, esta tesis busca explicar la continuidad de Wilfredo Oscorima en el Gobierno Regional de Ayacucho. En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años. En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años. Asimismo, se revisaron los datos de la situación socioeconómica y las características políticas de la región, ya que probablemente influyeron en las dinámicas antes mencionadas. La tesis sostiene que, por medio de su solvencia económica, Oscorima pudo establecer relaciones clientelares duraderas con la población, cierto control de los medios locales y conexiones con las autoridades judiciales. Tras analizar las diferentes maneras que permitieran a Oscorima mantener el poder en la región, la investigación encontró que la construcción de grandes proyectos y relacionarse con autoridades y funcionarios locales también le permitió ganar legitimidad entre la población, contribuyendo a la reelección del gobernadora en los comicios de 2014. Por tanto, la tesis examina un caso de dinámicas políticas subnacional que muestran cómo los gobernadores pueden construir un dominio político-electoral sobre una región en Perú. La tesis está basada en fuentes de bibliografía secundaria, una revisión exhaustiva de archivos de medios de comunicación nacionales y regionales y entrevistas a informantes clave con conocimiento profundo sobre la política en Ayacucho.

La información que llega a las personas de a pie sobre corrupción, falta de ética, comportamiento amoral o abiertamente inmoral de algunos servidores y funcionarios públicos puede provocar, por un lado, indignación, que se expresa en sentimientos de rabia y diferentes formas de protesta; y, por otro lado, desinterés y hasta desprecio por los asuntos públicos.

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas.

El informe jurídico ofrece un análisis de los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de negociación incompatible, a través de la Casación N° 23-2016 ICA. Se desarrolla un estudio sobre el rol y responsabilidad penal del tercero o sujeto particular debido a la falta de tratamiento univoco en los tribunales. También, un análisis sobre la “finalidad indebida” como búsqueda de un provecho o beneficio que no requiere concretización. Por último, una reflexión general sobre la aplicación del principio de confianza o principio de desconfianza en los delitos de corrupción de funcionarios, con atención a la división horizontal y vertical de roles. / This legal report offers an analysis of the elements of the objective and subjective typicity of the crime of incompatible negotiation, through Casación No. 23-2016 ICA. It develops a study on the role and criminal responsability of the third party or private individual due to the lack of univocal treatment in the courts. Also, an analysis on the "undue purpose" as a search for an advantage or benefit that doesn’t require concretization. Finally, a general reflection on the principle of trust or the principle of distrust in crimes of corruption of officials, with attention to the horizontal and vertical division of roles.