Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dada la necesidad de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal Chileno y sus Leyes Complementarias es que el Departamento de Ciencias Penales de nuestra Universidad ha tomado la tarea de recopilar y completar dicho Repertorio. El objetivo general es poder entregar una herramienta para el estudio de la práctica del Derecho Penal en Chile, la cual sea completa, es decir que contenga la evolución de los conceptos, teorías y discusiones que se han dado a través de los años. Al mismo tiempo, se quiere cubrir la necesidad de servir tanto de apoyo incluso a la misma jurisprudencia -por la labor de sistematización realizada- y, también de apoyo a los abogados litigantes, para que puedan fundamentar sus teorías del caso con fallos de nuestros tribunales.

Ingeniera Civil Matemática / Esta memoria tiene como objetivo la construcción de uno o más índices de temor al crimen, además del análisis de la influencia de variables sociodemográficas y de victimi- zación sobre éste o estos índices. El temor al crimen es un concepto desarrollado por criminólogos internacionales durante el siglo XX. La subjetividad de la definición del temor al crimen y la multidimensionalidad que presenta lo hacen difícil de medir. En esta memoria de título se explora la posibilidad de obtener índices que contengan la mayor cantidad de información posible respecto a la percepción de inseguridad de los individuos. Para esto, se intenta representar variados aspectos del temor al crimen, todos ellos introducidos por expertos. Estos aspectos corresponden a niveles de temor afectivo, cognitivo, de comportamiento y de percepción. Y engloban varias aristas, tales como reac- ciones instintivas, acciones que los individuos realizan para evitar los delitos y percepciones sociales. Para la medición de estos aspectos del temor al crimen se analizan las bases de datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, realizada anualmente en Chile, la cual es representativa a nivel país y contiene una sección completa de Percepción y reac- ción frente al delito. Las variables medidas en esta sección son seleccionadas dependiendo de su competencia en cada aspecto del temor al crimen. A partir de esta selección se aplican desarrollan tres métodos estadísticos para la obtención de los índices: CATPCA, SEM y clasificación de grupos. Se obtienen resultados consistentes para los cuatro años considerados (2008, 2009, 2010, 2011). Para el análisis descriptivo de los índices obtenidos, observando la influencia de factores sociodemográficos y de victimización, se utilizan Regresiones Lineales, Test χ2 y Modelos Mixtos. Sostenidamente, considerando los diferentes índices obtenidos y los métodos descripti- vos utilizados, se hallan las variables de Nivel Socioeconómico y algunas variables de victimización (como Victimización General o Robo en el hogar) como las más relevantes dentro del análisis.

En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional oficializó el pase de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. Un año antes, en noviembre de 2020, la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad española Alfonzo X el Sabio, organizaron el Foro titulado “La Corte Penal Internacional y las situaciones sobre Venezuela”. El presente libro recoge las ponencias de este evento, las cuales componen un contenido importante pues se convierten en doctrinas para el Derecho Internacional y muy en particular para la joven Corte Penal Internacional, a donde fueron enviados los resultados de este evento.

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El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte.

Introducción: La violencia se considera como un fenómeno mundial que no discrimina raza, sexo, condición socioeconómica ni grupo etario. La violencia se puede expresar en ambos sexos y de distintas formas: física, psicológica y/o verbal y sexual; siendo a menudo, acompañado de muerte violenta o feminicidio, siendo esta la más grave expresión de la violencia basada en género. Objetivo: Describir las características epidemiológicas y médico-legales de víctimas de muerte violenta y feminicidio en la provincia de Jaén-Perú, 2013-2020. Materiales y métodos: Estudio censal de 160 casos. Diseño tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. Se solicitó la autorización al Ministerio Público para recolección de datos. Se empleó una ficha de registro. Para el análisis estadístico se usó el programa Excel 2016 y Software RStudio versión 4.0.3. Resultados: En Jaén, los accidentes de tránsito y homicidios son las principales causas de muertes violentas (41,3% y 38,7% respectivamente), seguidos por suicidios y accidentes laborales. Estos sucesos son más comunes en hombres. En cuanto a los feminicidios, el 80% de las víctimas convivían con su agresor, el 40% tenía educación primaria completa, el 60% se dedicaba a las labores del hogar y el 40% murió a manos de su pareja. Los incidentes con mayor ocurrencia tuvieron lugar en el distrito de Jaén. Conclusiones: Pese a los intentos por reducir la violencia, el Estado peruano debe brindar mayor protección y seguridad al país, previniendo más defunciones a causa de muerte violenta y feminicidio en el país.

El tema central de la tesis es desarrollar elementos relevantes de la cooperación internacional de los Estados Parte y no Parte del Estatuto de Roma y su importancia para el funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a las situaciones de los países que está examinando. Se considera trascendente la investigación dado que permitirá establecer la relación necesaria que debe existir entre algunos mecanismos de la cooperación internacional y su importancia en el funcionamiento efectivo de la CPI. La tesis ayudará a conocer cómo hacer más efectiva la justicia penal internacional que ejerce la Corte. Lo que se quiere demostrar es que la Corte Penal Internacional CPI juzgará con rigor y dentro del marco de la legalidad a los responsables de los más graves crímenes perpetrados contra la humanidad y se evitará la impunidad, si los Estados, ostentando voluntad política, fortalecen e institucionalizan los mecanismos de cooperación existentes. Asimismo, el objetivo de la investigación es identificar lineamientos de acción por parte de los Estados a fin de superar la relación entre lo normado en el Estatuto de Roma sobre la cooperación internacional de los Estados Parte de la CPI y el real desempeño de la justicia penal internacional ejercida por la Corte en las situaciones que viene conociendo. En ese sentido, las Oficinas de Enlace constituyen el vínculo adecuado, idóneo y oportuno para optimizar la cooperación internacional entre la Corte y los Estados, de manera ágil y eficaz, que garantice el cumplimiento de las solicitudes de cooperación que sean enviadas a los países. Las Oficinas de Enlace y los Funcionarios de Enlace, específicamente, tendrían como objetivo colaborar en la superación de los impases y obstáculos que se presentan para la CPI en materia de cooperación en diferentes aspectos como la conducta de los Estados, la necesidad de realizar labores de proyección exterior, la situación y participación de las víctimas en los procesos, entre otros. Con la implementación e institucionalización de las Oficinas de Enlace se facilitará la tramitación y diligenciamiento de las posibles solicitudes que pudiera enviar la Corte a los Estados Parte, debido a que se evitará o serían menos frecuentes los conflictos entre los Poderes del Estado, en especial los Poderes Ejecutivo y Judicial, al ejecutar órdenes de detención y arresto emitidas por la CPI.

La persecución y sanción de crímenes internacionales enfrenta aparentemente una barrera en el Perú: el principio de legalidad. Dado que no están implementados (o no lo están debidamente) en el derecho interno, aplicarlos directamente desde el derecho penal internacional es para un nutrido sector de la doctrina, un imposible jurídico que solo podría solucionarse si antes se tipifican correctamente en el Código Penal o en una ley penal especial. Ello, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del nullum crimen sine lege, en virtud del cual el Estado -se sostiene- sólo puede sancionar penalmente las conductas calificadas como delito antes de su comisión en una ley previa, estricta, escrita y clara. La presente investigación parte de la premisa que, al día de hoy, es insuficiente la respuesta que ofrece el principio de legalidad estricta y formal al momento de investigar y procesar hechos que califican como crímenes internacionales ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La impunidad generada en ciertos casos, los vacíos legales y el desconocimiento del real desvalor de dichas conductas lleva a la autora de este trabajo a optar por una salida que permita revertir este escenario y con ello, garantizar de manera idónea las obligaciones internacionales de investigar, perseguir y sancionar tales hechos, en conformidad con los principios constitucionales del derecho penal. Esta tesis propone, así, una interpretación alternativa del principio de legalidad que, primero, reivindique el fundamento material que lo legitima, según el cual la ley penal, antes de ser un mandato de autoridad, debe ser la válida expresión de una conducta merecedora de sanción penal solo en tanto salvaguarda de bienes jurídicos fundamentales, y segundo, que recoja el sentido que de este brinda el derecho internacional, cuyas fuentes -tratados, costumbres y principios- finalmente autorizan la prohibición de los crímenes internacionales y obligan a los Estados vinculados a sancionar estos actos, por encima, incluso, de su legislación interna. Esta nueva lectura habilita, por tanto, procesar los crímenes internacionales ocurridos en Perú, según la tipificación que recogen las fuentes de derecho penal internacional, conforme a un modelo de aplicación, aquí sugerido, para operadores del derecho.

El presente informe jurídico analiza la sentencia del 19 de abril de 2004 de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) que condenó a Radislav Krstic por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su participación en los crímenes cometidos en Srebrenica en 1995, en el contexto de la Guerra de Bosnia. El problema principal del caso consiste en la modificación de la Sala de Apelaciones en la modalidad de atribución de responsabilidad para condenar a Krstic genocidio. Mientras la Sala de Juicio lo consideró como coautor mediante una empresa criminal conjunta, la Sala de Apelaciones consideró que la modalidad que mejor se ajustaba a sus actos era la de ayudante y alentador al genocidio. El informe analizará los motivos de esta decisión, analizando los fundamentos de la Sala de Apelaciones para cambiar la modalidad de atribución de responsabilidad, basándose principalmente en que Krstic no compartía la intención genocida. Para profundizar en ello, se analizará la intencionalidad específica requerida en el delito de genocidio a partir de doctrina y jurisprudencia. También se analizará en profundidad las modalidades de atribución de responsabilidad para este delito, con el fin de determinar si la modificación de la Sala de Apelaciones fue adecuada. Finalmente, el autor sostendrá que el cambio de modalidad de atribución de responsabilidad no fue adecuado y que la modalidad de coautor a través de la empresa criminal conjunta era la más adecuada para Krstic. / This legal report analyzes the decision of April 19, 2004 of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) that convicted Radislav Krstic of genocide, war crimes and crimes against humanity for his participation in the crimes committed in Srebrenica in 1995, in the context of the Bosnian War. The main problem of the case is the modification of the Appeals Chamber of the ICTY regarding the mode of liability for convicting Krstic for genocide. While the Trial Chamber established that Krstic was a co-perpatrator for his participation in a joint criminal enterprise, the Appeals Chamber considered that he was an aidor and abettor to genocide, as he did not shared the genocidel intent with the main authors. The report will analyze the reasons for this decision, disclousuring the arguments of each instance for attributing each mode of liability for genocide, based mainly on whether or not Krstic shared the genocidal intent. To delve deeper into this issue, the specific intent for the crime of genocide will be analyzed using doctrine and case law. Modes of liability for attributing this crime will be analyzed in deep too, with the porpuse of determining if the modification of the Appeals Chamber was justified. Finally, the author will argue that the change in the mode of liabiity was not appropriate and co-perpetration through a joint criminal enterprise was the most suitable mode of liability for Krstic.