La presente tesis busca establecer, por un lado, las bases teóricas en relación al discurso de odio en el Perú y en el mundo - tanto en espacios de la vida pública real como en la interacción vía on line - y, por otro lado, su incorporación en la agenda pública y su adecuado tratamiento legislativo. El discurso de odio es una figura atentatoria de las normas que protegen la equidad, la justicia y la dignidad, por lo que resulta necesario su regulación en la legislación nacional. En contextos como el actual, el discurso de odio es paticularmente perturbador de la convivencia pacífica en las sociedades del siglo XXI, sociedades cada vez más multiculturales y diversas, por ello la necesidad de abordar el problema, más aún, cuando organismos internacionales han solicitado la implementación de este tema en la agenda y legislación nacional. En los últimos años, la sociedad peruana ha presenciado crisis políticas, demandas por la igualdad de género, la pandemia del COVID-19, elecciones generales muy politizadas, lo cual alienta preocupantes procesos de precarización social, crisis económicas, desempleo, aumento de la violencia, crisis migratorias, etc que constituyen precisamente los principales argumentos del discurso de odio. Ello sumado a la experiencia humana en el espacio digital que implica el incremento de humillación, denigración y violencia contra grupos, colectivos y personas que se ven cada vez más expuestos al discurso de odio. En un escenario así, resulta imperativo plantear las condiciones y fundamentos para el tratamiento legislativo del discurso de odio en el Perú. La investigación en esta perspectiva, plantea estrategias para incorporar el discurso de odio en la agenda pública y política nacional. Se busca con ello un fortalecimiento de medidas que protejan a las víctimas del discurso de odio, entendiendo que se sopesará un adecuado equilibrio entre las normas que protegen la equidad, la justicia, la dignidad y la libertad de expresión. / This thesis seeks to establish, on the one hand, the theoretical bases in relation to hate speech in Peru and in the world - both in real public life spaces and in online interaction - and, on the other hand, its incorporation in the public agenda and its adequate legislative treatment. Hate speech is a figure that violates the norms that protect equity, justice and dignity, so it is necessary to regulate it in national legislation. In contexts such as the current one, hate speech is particularly disruptive of peaceful coexistence in 21st century societies, societies that are increasingly multicultural and diverse, hence the need to address the problem, especially when international organizations have requested the implementation of this issue in the national agenda and legislation. In recent years, Peruvian society has witnessed political crises, demands for gender equality, the COVID-19 pandemic, highly politicized general elections, which encourages worrying processes of social precariousness, economic crises, unemployment, increased violence, migratory crises, which are precisely the main arguments of hate speech. This, added to the human experience in the digital space, implies an increase in humiliation, denigration and violence against groups, collectives and individuals who are increasingly exposed to hate speech. In such a scenario, it is imperative to raise the conditions and foundations for the legislative treatment of hate speech in Peru. In this perspective, the research proposes strategies to incorporate hate speech in the national public and political agenda. It seeks to strengthen measures to protect the victims of hate speech, with the understanding that an adequate balance between the norms that protect equity, justice, dignity and freedom of expression will be weighed. Keywords:

El presente trabajo tiene por finalidad discutir la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional, emitida a raíz de la demanda de habeas corpus interpuesta por Alberto Fujimori en el Expediente 02010-2020-HC/TC. A través de dicha sentencia se ordenó anular la Resolución Nº 10 del 3 de octubre de 2018 que dejó sin efecto el indulto humanitario otorgado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Se revisa los argumentos esgrimidos por el colegiado respecto a la competencia del Juzgado Supremo para emitir la mencionada resolución, los límites de la discrecionalidad presidencial para el otorgamiento de derechos de gracia y la obligatoriedad de cumplir con las Resoluciones emitidas por la Corte IDH. En ese sentido, se cuestiona la suficiencia de los argumentos esgrimidos en la Sentencia en cada uno de los puntos señalados y el cambio repentino de postura respecto a la integración de las resoluciones provenientes de tribunales internacionales. Finalmente, se dan alcances de un análisis que, además de considerar el contexto político en el que se desarrollaron los hechos, aborda la labor de verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de un indulto, adaptando estos últimos en la medida que sean necesarios para asegurar la constitucionalidad y convencionalidad de la decisión. / The purpose of this paper is to discuss Judgement 78/2022 of the Constitutional Tribunal, issued following the habeas corpus petition filed by Alberto Fujimori in Case File 02010-2020-HC/TC. Through this judgement, the annulment of the Resolution Nº 10 of October 3, 2018, which nullified the humanitarian pardon granted to Fujimori by former president Pedro Pablo Kuczynski in 2017, was ordered. This paper reviews the arguments presented by the court regarding the jurisdiction of the Supreme Court to issue said resolution, the limits of presidential discretion in granting such clemency, and the obligation to comply with resolution issued by the Inter-American Court of Human Rights. In that sense, the sufficiency of the arguments presented in the Judgement on each of the indicated points is questioned, as well as the sudden change in stance regarding the incorporation of resolutions from international courts. Finally, this paper provides insight into an analysis that, besides considering the political context in which the events took place, examines the task of verifying the proper fulfillment of the requirements for granting a pardon, adapting these as necessary to ensure both the constitutionality and conventionality of the decision.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de la normativa existente para determinar si las personas condenadas a penas privativas de libertad por crímenes de lesa humanidad pueden acceder a los diversos beneficios penitenciarios y/o penas sustitutivas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación se inició debido a le existencia de cuatro proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso, ellos establecen penas alternativas a las penas privativas de libertad de los reclusos, incluyendo expresamente a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Para determinar si proceden aquellos beneficios penitenciarios y/o penas sustitutivas analizaremos nuestra normativa interna y aquellos instrumentos internacionales ratificados por Chile. Si bien nuestra premisa es que no debiesen concederse beneficios a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, este trabajo tiene por objetivo fundamentar en base a la normativa vigente en qué casos proceden

Esta investigación está dedicada al estudio de los crímenes de guerra y, en el marco de esta categoría de Derecho Internacional Penal, busca constatar los términos de su incorporación al derecho interno colombiano. En este sentido, se persigue identificar si, y de qué manera, la práctica jurídica nacional incorpora las exigencias del Derecho Internacional Penal en materia de elementos constitutivos, de responsabilidad penal individual y de ejercicio de la jurisdicción competente. Particularmente, se pretende desvelar los límites de la acción penal nacional en materia de crímenes de guerra y los límites de la jurisdicción en su ejercicio penal, con el fin de establecer el papel de cooperación y complementariedad de la Corte Penal Internacional (CPI). El Capítulo I desarrolla los antecedentes remotos y recientes de la noción de crímenes de guerra. El estudio histórico privilegia la dimensión jurídica, teniendo en cuenta la evolución del Derecho Internacional, a partir de la construcción de la soberanía estatal y haciendo énfasis en la consolidación del concepto de crímenes de guerra como categoría especial de Derecho Internacional Penal. El Capítulo II aborda los elementos constitutivos de los crímenes de guerra. Para ello, define la naturaleza y alcance de los elementos de los crímenes en el marco del Estatuto de Roma y de la jurisprudencia de la CPI, así como las discusiones doctrinales relativas a su naturaleza vinculante. La investigación define, en primer lugar, los elementos materiales de los crímenes de guerra del Estatuto de Roma, relativos a los conflictos armados internacionales y no internacionales. En segundo lugar, se aborda el elemento de intencionalidad de los crímenes de guerra en el Derecho Internacional Penal y en el derecho penal colombiano. En tercer lugar se estudian los elementos contextuales de los crímenes de guerra, desarrollando la tipología actual de los conflictos armados, con una especial referencia a la existencia, naturaleza y características del conflicto armado colombiano a la luz de la jurisprudencia y la doctrina. El Capítulo III emprende el análisis de la responsabilidad internacional penal del individuo. Con este propósito, la investigación identifica los principios que rigen la responsabilidad internacional penal del individuo por crímenes de guerra y define el modelo de responsabilidad del Estatuto de Roma y del Derecho Penal colombiano. A continuación el Capítulo III presenta las teorías de la responsabilidad internacional B penal aplicadas por los tribunales ad hoc, de la CPI y de la jurisdicción penal colombiana y acomete el análisis de las formas de participación en los crímenes de guerra, como autoría directa, co-autoría o co-perpetración, autoría indirecta o mediata y co-autoría indirecta, así como las formas accesorias de participación. El Capítulo IV estudia la jurisdicción competente para perseguir y sancionar los crímenes de guerra en Colombia. De la misma manera, el estudio incluye los límites de la jurisdicción relativos a la imputación, al comportamiento de los órganos del Estado, a los medios disponibles y al tratamiento que reciben las víctimas. Finalmente, el Capítulo IV se aproxima a las modalidades de cooperación y complementariedad de la CPI, inspirándose en los desarrollos de la propia corporación en la materia. Las conclusiones son una síntesis de conceptos y hechos que se consideran probados a lo largo de la investigación, que sirven como punto de partida a una serie de sugerencias y propuestas con miras al fortalecimiento de las instituciones democráticas en Colombia en su tarea de prevenir, perseguir y sancionar los crímenes de guerra que ofenden profundamente la dignidad humana. / This thesis is dedicated to the study of war crimes, and under this category of International Criminal Law, seeks to confirm the terms of its enactment into the Colombian law. In this sense, it aims to establish the role of cooperation and complementarity of the International Criminal Court (ICC). Chapter I develops remote and recent history of the notion of war crimes. The historical study establishes the legal dimension and emphasis of the concept of war crimes as a special category of International Criminal Law. Chapter II examins the nature and scope of the elements of war crimes under the Rome Statute, the jurisprudence of the ICC, and the doctrinal discussions concerning their binding character. The research defines the material, mental, and contextual elements of war crimes. In doing so it develops the current typology of armed conflict with special reference to the existence, nature, and characteristics of the Colombian armed conflict in the way of the jurisprudence and doctrine. An analysis of international criminal responsibility of the individual is offerred in chapter III by identifying its governing principles. In addition to including an analysis of the forms of participation in war crimes, the chapter also presents the theories of international criminal responsibility applied by the ad hoc tribunals, the ICC, and the Colombian criminal jurisdiction. The jurisdiction to prosecute and punish war crimes in Colombia is closely studied in chapter IV. This chapter includes the limits of the internal jurisdiction and is closed by the modalities of cooperation and complementarity of the ICC, inspired by the developments of the cooperation itself in the matter. a The findings are a synthesis of concepts and facts substantiated through research, which serves as a starting point to a number of suggestions and proposals for strengthening democratic institutions in Colombia in their efforts to prevent, prosecute and punishing war crimes that deeply offend human dignity.

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

This article discusses, in a general manner, the most important transitional justice mechanisms at which victims of serious human rights violations, constitutive of international crimes such as crimes against humanity, can participate. The analysis is mainly conducted in the light of international law areas such as international human rights law and international criminal law. Transitional justice mechanisms are examined under two categories: transitional justice mechanisms that are mainly of a retributive nature and those that are mainly of a restorative kind. In each category, possibilities, advantages, challenges and limitations faced by the victims of serious human rights violations/international crimes are examined. Some concluding remarks are provided. / El presente artículo presenta de manera general los más importantes mecanismos de justicia transicional, a través de los cuales pueden participar las víctimas de serias violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes internacionales, tales como crímenes de lesa humanidad. El análisis se desarrolla, principalmente, desde la óptica de áreas del derecho internacional, tales como el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Los mecanismos de justicia transicional son considerados en dos categorías: mecanismos de justicia transicional de tipo, principalmente, retributivo y aquellos que son de tipo, principalmente, restaurativo. En cada una de las dos categorías, se examinan las posibilidades, ventajas, desafíos y limitaciones que las víctimas de serias violaciones de derechos humanos/crímenes internacionales pueden encontrar. El artículo concluye con reflexiones finales.

Due to the crisis lived in Mali since 2012, due to a non-international armed conflict between the government and different armed groups, the Security Council of the United Nations Organization declared that the situation in Mali constituted a threat to international peace and security. This led to the military intervention in Mali by France. This article aims to analyse the arguments with which the French government attempted to justify its intervention in order to determine if those arguments are legal or not. / Debido a la crisis que vive Malí desde el año 2012, a causa de un conflicto armado no internacional entre el gobierno y varios grupos armados, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas declaró que dicha situación representaba una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Ello condujo a la intervención  militar de Francia  en la República de Malí. Este artículo tiene como objetivo analizar los argumentos con los que el gobierno francés justificó su intervención para así determinar sidichos argumentos son legales o no.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La sentencia Osorio Rivera y familiares vs. Perú, trata sobre un caso de desaparición forzada ocurrido en el año 1991; tuvo sentencia por la Corte IDH en el año 2013. Tiene relevancia analizar este caso hoy en día debido a los argumentos planteados por la Corte para sentenciar que, efectivamente, este es un caso de desaparición forzada y las medidas de reparación innovadoras que se dieron para los familiares. El objetivo principal de este trabajo es analizar los argumentos planteados por la Corte IDH para resolver las cuestiones de fondo: cómo se asevera, en este caso, que existió una desaparición forzada y la responsabilidad internacional del Estado peruano en ello; problemas jurídicos secundarios como: excepciones preliminares planteadas por el Estado peruano, los procesos llevados en el fuero interno, adaptación a los estándares internacionales del tipo penal de desaparición forzada en nuestra legislación a lo largo de este caso, los derechos de las víctimas y las medidas de reparación planteadas en la sentencia, en favor de los familiares de la víctima directa. Si bien hoy en día vivimos un contexto político, social, económico distinto al de aquella época, existe aún trabajo pendiente por parte del Estado y la sociedad para reparar y reconciliar a la población; la adaptación o no, del Derecho a dicha tarea repercute directamente en la posibilidad que tenemos, como sociedad, de adaptar nuestras instituciones (en todos sus ámbitos) a fin de asegurar y garantizar los Derechos Humanos y que crímenes como este no se vuelvan a repetir.

El objetivo de la presente investigación es determinar las principales consecuencias jurídicas de la criminalidad del reclutamiento y la utilización de niños y niñas para participar en las hostilidades y aplicarlo al caso peruano. En ese sentido, se examina la prohibición y la criminalización del reclutamiento y la utilización de menores de edad, conforme al Derecho Internacional convencional como consuetudinario, con la finalidad de esclarecer los efectos que implica. Así, se enfatiza cuál es el carácter que tenía la norma prohibitiva del reclutamiento y si era posible sancionarla en los años en que se desarrolló el CANI peruano (1980-2000). En efecto, el reconocimiento de los elementos que conforman el derecho consuetudinario permite determinar la norma consuetudinaria de prohibición de reclutamiento de menores de 15 años. Del mismo modo, las legislaciones nacionales, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, las resoluciones de la ONU constituyen pruebas para resolver que la violación a la norma que prohíbe el reclutamiento es un crimen de guerra según la costumbre internacional, sin afectar el principio de legalidad. Finalmente, se propone el estudio del reclutamiento de niños y niñas ocurrido en el Perú, de acuerdo con las obligaciones internacionales. Los resultados demuestran que, respecto al CANI 1980-2000, el Estado peruano debió investigar, juzgar y sancionar a los responsables del reclutamiento de niños y niñas. Asimismo, a las víctimas de reclutamiento y sus familiares les corresponde una reparación integral. En relación con el reclutamiento, en la actualidad, llevado a cabo en la zona del VRAEM, el Estado, de alguna manera, ha declarado que existe un CANI entre las fuerzas del orden y grupos senderistas como el MPCP. En ese sentido, el accionar de las fuerzas armadas y el MPCP debiera estar sujetas a las normas del DIH, tanto en la conducción de hostilidades como en la protección de personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar. De esa forma, resulta preciso aclarar que, en este contexto, la comisión del reclutamiento también califica como crimen de guerra y debiera ser sancionado como tal.