La delincuencia y la corrupción son los problemas principales que afronta el Perú en los últimos años. Dentro de este contexto, el crimen organizado es la modalidad delictiva que constantemente se ha venido fortaleciendo debido a diversos factores, como es la captación y la participación de efectivos policiales en las actividades de las organizaciones criminales, dificultando su combate y generando una especie de sensación de inseguridad y una acentuada desconfianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú (PNP).Esta situación genera perjuicio en la población en general, así como en la imagen de dicha institución policial. La principal causa de dicha problemática es el deficiente proceso de captación de futuros agentes para las escuelas de formación policial. En dicho proceso, no se evalúa el aspecto de integridad moral, el cual para el caso de funcionarios que representan la ley y que son encargados de hacerla cumplir, resulta un aspecto fundamental y necesario. Con el propósito de contribuir a la solución del referido problema, la presente investigación tiene como propuesta un proyecto de naturaleza innovadora que consiste en un nuevo enfoque para la captación de personal en la PNP mejorando el respectivo perfil policial en base a valores y fortalezas morales que podrán ser evaluadas mediante la aplicación de un examen de poligrafía, el mismo que sería parte integral de evaluaciones en todos los procesos de admisión, debiendo tener un plan de seguimiento conforme a determinados indicadores. Para desarrollar el presente Proyecto, fueron empleadas herramientas cuantitativas y cualitativas, con base a análisis de distintas fuentes de información primaria y secundaria / Trabajo de investigación

Las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas han usado la violencia como un elemento subsidiario y poco profesionalizado. En el inicio de este nuevo siglo, en México, en el contexto de cambios políticos – el tránsito del PRI al PAN- surgió una nueva agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas: Los Zetas. Este cártel contó, entre sus miembros fundadores, a ex fuerzas especiales entrenados en la escuela contrasubversiva francesa. A su vez, su estrategia de expansión ha incluido el entrenamiento a sus nuevos miembros en la misma doctrina. La difusión de este nuevo y particular modus operandi, para un cártel, ha afectado plenamente la dinámica del tráfico ilícito de drogas en la región. La respuesta del Estado mexicano, a través de sus políticas de seguridad para hacer frente al tráfico ilícito de drogas se ha visto influenciada por la aparición y empoderamiento del cartel de los Zetas. La decisión del expresidente Felipe Calderón de usar las fuerzas armadas contra el narcotráfico generó una espiral de violencia inesperada. Todo este argumento presentado, líneas arriba, busca responder a la pregunta: ¿cómo se explica la dinámica de las políticas de seguridad pública antidrogas del Estado mexicano a partir de la aparición de un cartel militarizado, los Zetas, en el período 2006 – 2012? Este estudio brinda un enfoque novedoso del abordaje en investigaciones relacionadas al tema, pues aborda el fenómeno desde la aparición de un actor y su modus operandi no convencional, el mismo que fue recibido, previamente, de parte del Estado. El estudio propone un análisis descriptivo de la manera en que se ha desarrollado este fenómeno. Con ese propósito de ha consultado fuentes secundarias: literatura especializada, reportes oficiales de Naciones Unidas, informes institucionales, entre otros. / Tesis

La presente investigación aborda los problemas que enfrentan las autoridades encargadas del Programa de Protección y Asistencia a Testigos y Colaboradores de la Justicia del Ministerio Público, para la lucha contra casos de corrupción cometidos por organizaciones criminales. Para la comprensión de la problemática aludida y el planteamiento de posibles soluciones, el trabajo ha sido sub-dividido en tres capítulos: el primero, hace referencia a la importancia de la figura del colaborador eficaz y el testigo en la persecución de actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales; el segundo capítulo analiza el mecanismo a través del cual el Ministerio Público capta colaboradores eficaces y testigos que coadyuven en la investigación de los casos referidos: el Programa de Protección y Asistencia a Testigos y Colaboradores de la Justicia del Ministerio Público; el tercer capítulo, analiza el trabajo realizado en la realidad por el Programa de Protección y Asistencia a Testigos y Colaboradores de la Justicia del Ministerio Público, incidiendo - sobretodo- en sus falencias. A partir de ello, el trabajo plantea posibles soluciones a los mismos y expone el impacto de estas medidas en la persecución fiscal de actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. / Tesis

Esta investigación versa sobre la figura del agente encubierto, desde un punto de vista doctrinario, legislativo y jurisprudencial, analizando si la labor provocadora del agente encubierto mediante su actuación dentro de la criminalidad organizada es eficaz y se encuentra dentro de los límites de la legalidad a fin de establecer los fundamentos para la exención de responsabilidad penal de dicho agente. En ocasiones los efectivos policiales tienen conocimiento que determinadas personas vienen dedicándose al tráfico ilícito de drogas en el contexto de una organización criminal, lo que dificulta la obtención de pruebas; siendo necesaria la intervención del agente encubierto para investigar y recabar información suficiente a fin de sancionar a dichas personas. Sin embargo, la investigación no es sencilla cuando el agente no tiene acceso a la información confidencial del grupo criminal, por lo que, por ejemplo, propone un negocio de comercialización de drogas, realizando una función provocadora pero que propiamente no induce a la comisión del delito de tráfico de drogas sino que solo hace aflorar una decisión criminal previamente formada en los sujetos, pues con anterioridad venían dedicándose a la comisión de dicho ilícito, por lo tanto, en estos supuestos el agente encubierto deberá estar exonerado de responsabilidad penal.

El delito de organización criminal, se ha venido modificando con el devenir del tiempo, todo ello en razón de la constante variabilidad de la técnica legislativa con la finalidad de cubrir y regular las conductas que antes no eran sancionadas, en los dispositivos legales se encontraba bajo el numen iuris de asociación ilícita para delinquir, dicha figura no tenía relación con el contenido regulado en el artículo, es por eso que el legislador se encuentra en la necesidad de modificar la norma para que se encuentre acorde tanto con el contenido regulado y también con los parámetros establecidos por la normativa internacional. Como consecuencia de estas modificatorias del artículo, este cambia la figura normativa, tanto en su rango de extensión como en el número de sujetos integrantes para la configuración del delito, siendo que antes el requisito mínimo era de dos o más personas y hoy en día se requiere como mínimo la intervención de tres personas, además de ello nos damos cuenta que este delito es subsidiario, es decir, se puede aplicar cuando los otros delitos no han sido probados. Además de ello tenemos distintas manifestaciones de organizaciones criminales la cuales existen en el devenir del tiempo y que es un reto para la justicia el sancionar a los sujetos intervinientes por la complejidad que existente dentro de este aparto organizado para delinquir, es por ello que el estado de ha dotado de mecanismos y políticas criminales para poder combatirlos y sancionarlos hoy en día. Finalmente en el apartado tercero se puede observar las distintas apariciones y formaciones de organizaciones criminales, con la finalidad de identificar el tipo de delincuencia existente en la sociedad, así mismo esta figura facilita al juzgador al momento de atribuir responsabilidades a sus integrantes, siendo que en nuestro sistema jurídico se usan dos tipos de atribución de responsabilidad penal, tanto el de responsabilidad por el hecho propio y por pertenecer a la organización criminal, ya que esta contiene un injusto propio que radica en la peligrosidad de integrar este ente colectivo.

El delito de banda criminal es una figura delictiva que se encuentra regulada con fines de tipificar conductas humanas a manera de peligro abstracto, pero que sean sancionadas por cumplir el solo propósito de formar un grupo organizado, que podría afectar la seguridad pública, ya que su propósito sería la comisión de ilícitos. El crimen organizado es un problema latente en la realidad nacional y trasnacional, que pone en jaque a diversos estados que se ven afectados por una situación social donde la delincuencia ha llegado a acaparar niveles inimaginables. La presente investigación tiene por finalidad exponer que nuestra legislación no tiene una debida normativa frente a los delitos de organización, situación que la jurisprudencia ha tratado de corregir, pero no es suficiente, ya que se vulnera el principio de legalidad por tratar de hacer interpretaciones que van más allá de lo razonable. Se tiene como objetivo general demostrar que, en el Perú el delito de banda criminal es inaplicable como delito de organización; y, como objetivo específico, poner en manifiesto que es una forma de coautoría y no un tipo penal independiente. En consecuencia, la hipótesis gira en torno a si es necesario tipificar el delito como se encuentra normado; o, en su defecto, si debe ser derogado o modificado; o, si sólo debe sancionarse el concurso de dos o más personas como agravante especifica de los delitos que sean realizados por la banda criminal.

La presente trabajo investigación tuvo como objetivo, formular fundamentos que permitan justificar la inclusión de los artículos 308 y 308-A del CP, sobre tráfico ilegal de especímenes silvestres de flora y fauna y especies marinas en el art.3 inciso 15 de la ley n°30077, debido a que su regulación actual en la norma penal, presenta en su aplicación una serie de deficiencias que obstaculizan la investigación fiscal e impiden tener la certeza de estar ante la presencia de los movimientos de una organización criminal. Además, la investigación también analiza la serie de daños a la biodiversidad y la vulneración a derechos fundamentales que el delito ocasiona. Entre uno de los derechos vulnerados que se observó, fue la vulneración al derecho a la salud, debido a que la práctica de este delito viene ocasionando una serie de transmisión de enfermedades por zoonosis, causantes del fallecimiento de cientos de personas en todo el mundo. Así mismo, la metodología de la presente tesis se desarrolló dentro de un tipo de investigación teórico básico, bajo un enfoque cualitativo de tipo documental, mediante el cual se desarrollaron, analizaron y discutieron las principales ideas de diversos juristas e instituciones del Estado.

La presente investigación, la autora desarrolla el menester de implementar la intervención de las comunicaciones y la geolocalización en tiempo real, como medida limitativa de derechos, en etapa de ejecución de sentencia para hacer efectiva la misma; teniendo en consideración que existen sentencias por delitos graves en las cuales los condenados se encuentran libres. Dentro de nuestro ordenamiento legal no existe norma que habilite tal restricción al derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en etapa procesal de ejecución de sentencia. Lo que se pretende es dotar de herramientas legales a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público como órgano persecutor y encargado de vigilar el cumplimiento de las sentencias, para que a través de las escuchas telefónicas de los condenados o terceros, se pueda obtener la ubicación exacta de los mismos y así cumplir con la eficacia de una sentencia condenatoria. Esto pasará por presentar una propuesta normativa para incorporar lo antes descrito en la Ley contra el Crimen Organizado.

La presente tesis busca conciliar dos conceptos: la autonomía del delito de lavado de activos, como ficción desarrollada para hacer efectiva la política criminal del Estado y la imputación necesaria, que busca impedir la arbitrariedad. Para esto, se hace un desarrollo teórico del delito de lavado de activos y, específicamente, de su autonomía, así como de la imputación necesaria. Luego, se hace un análisis separado de la autonomía procesal y la autonomía sustantiva a la luz de las distintas posturas propuestas por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, con especial énfasis en lo propuesto por la Sentencia Plenaria Casatoria 1- 2017/CIJ-433. Esto, teniendo en cuenta que muchas de las propuestas existentes sobre la autonomía, incluyendo la desarrollada en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 CIJ-433 son vulneratorias de la imputación necesaria o, en el otro extremo, pueden llevar a volver ineficaz la lucha contra el lavado de activos, en el contexto de una sociedad en donde este delito resulta complementario a las abundantes y diversas formas de criminalidad organizada que conviven al interior de ella. Así, finalmente, el trabajo arriba a una concepción de autonomía que sí respeta la imputación necesaria, pero a la vez permite que el tipo penal resulte eficaz para los fines de política criminal del Estado. / This thesis seeks to reconcile two concepts: the autonomy of the money laundering, as a fiction developed to make the criminal policy of the State effective, and the necessary attribution, which aims to prevent arbitrariness. To achieve this, a theoretical development of the money laundering is undertaken, specifically focusing on its autonomy, as well as the necessary attribution. Subsequently, a separate analysis is conducted on procedural autonomy and substantive autonomy in light of the various positions proposed by legislation, doctrine, and jurisprudence, with special emphasis on what is proposed by Plenary Cassation Judgment 1-2017/CIJ-433. This is done considering that many existing proposals on autonomy, including those developed in Plenary Cassation Judgment 1-2017/CIJ-433, are violative of the necessary attribution or, at the other extreme, may render ineffective the fight against money laundering in the context of a society where this offense is complementary to the abundant and diverse forms of organized crime that coexist within it. Thus, the work ultimately arrives at a conception of autonomy that respects the necessary attribution while also allowing the criminal type to be effective for the purposes of the State's criminal policy.

Al igual que pasa con las actividades lícitas y productivas a favor de una sociedad, la actividad delincuencial también modifica sus procedimientos ilícitos para continuar obteniendo ingresos económicos. En el caso de los vehículos siniestrados, la delincuencia aprovecha los vacíos jurídicos y otros factores para “lavar vehículos” que tienen un origen irregular. Este origen proviene del robo de vehículos, de su irregular ingreso y permanencia en el país, así como cuando son solicitados por la autoridad judicial. El Estado, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), es el encargado de planificar y desarrollar estrategias para asegurar la tranquilidad y paz social de la comunidad. En cuanto al robo de vehículos y delitos conexos, se ha creado la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIVPIRV PNP), la cual ha ganado prestigio en la resolución de este tipo de actividades delictivas; sin embargo, en la actualidad no cuenta con la información necesaria y oportuna para llevar a cabo un adecuado procedimiento de identificación de vehículos siniestrados. Existiendo el riesgo de emitir un certificado de identificación vehicular con información falsa. La normatividad vigente no contempla todas las actividades y funciones que deben cumplir los diferentes actores que intervienen en este problema. Esa falta de definición y coordinación, que debe ser establecida por el Estado, permite que vehículos con procedencia irregular sean reemplazados por vehículos siniestrados (al utilizar sus placas de rodaje). Al establecerse puntualmente cuál es el procedimiento que se debe realizar por cada actor, se generará la información necesaria a ser utilizada por el personal de la DIVPIRV y de esta manera se podrá contrarrestar adecuadamente esta modalidad delictiva. Paralelamente, la DIVPIRV deberá implementar procedimientos efectivos que permitan contrarrestar el uso de los vehículos siniestrados para “lavar vehículos” con origen irregular. De esta manera se generará un mejor clima de seguridad ciudadana, se mejorará la imagen institucional y la población recuperará la confianza en el Estado de derecho. / Without a view to making a comparison with lawful an productive activities in favor of a society, criminal activities also change their ilegal procedure to continue getting economic revenue. In the case of sinister vehicles, crime take advantages of legal gaps and other factors to use vehicles that have an irregular origin. That origin is manifested when the vehicles come from theft, from their irregular income and stay in the country, as well as when these are requested by the judicial authority. The Estado, through the Policia Nacional del Peru (PNP), is in the charge of planning and developing strategies to ensure tranquility and social peace of the community. As for the theft of vehicules and related offences, it has been created the Division de Prevencion e Investigación de Robo de Vehiculos (DIVPIRV PNP), which has gained prestige in the resolution of such criminal activities; however, at present it doesn´t have necessary and timely information to realice appropriate procedure for identifying sinister vehicles. Therefore, there is a risk of issuing a vehicle identification certificate with false information. Current legislation does not contemplate the activities and functions that the different actors must fulfill. This lack of definition, which must be established by the Estado, allows vehicles of irregular origin to be replaced by sinister vehicles (by using their license plates). By establishing the procedure to be carried out by each actor, the necessary information will be generated to be used by the DIVPIRV staff and in this way, this criminal modality can be adequately countered. At the same time, the DIVPIRV must implement effective procedures to counteract the use of sinister vehicles to use vehicles of irregular origin. In this way, a better climate of citizen security will be created, the institutional image will be improved, and society will regain confidence in the rule of law.